ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "JOSÉ LUÍS PANIAGUA C/ ART. 1º DE ticS1. o J ,s 'l,.'IJICUE Y SENTENCIA NÚMERO: Se se,,A -( -JO 1 V-º"'c;Id de Asunción, Capital de la Repúblia dI Paraquay, a los '1<2,.J.;un días n-i-.i, f-ebre ro del año dos mil G1 -h eco: ro , estando en la Sala de tl s de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "JOSÉ LUÍS PANIAGUA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4333/2011", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor José Luis Paniagua por derecho propio y bajo P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y JIMÉNEZ ROLÓN.
A la cuestión planteada, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: B señor José Luis Paniagua, bajo patrocinio del Abg. Marcos Santacruz Poletti, promueve la presente acción de inconstitucionalidad en contra del Art. 1 de la Ley Nº 4333/2011 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 º DE LA LEY Nº2018/02 QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE Expresa que se dedica a la importación de vehículos usados en forma habitual y que la Ley en cuestión le lesiona en sus derechos constitucionales previstos en los Arts. 46, EI Art.1 º de la atacada Ley Nº4333/2011 dispone: "Modificase el Artículo 1de la Ley Nº2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS, modificada por la Ley Nº2. 153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
Art.1 º .- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar, de origen. cepcionase de esta prohibición a las maquinarias agrícolas usadas, maquinarías e c nstruccíón usadas y tractocamíones con , de veinte toneladas de cei id 'd de arga; de /quier procedencia, model o año de fabricación, sujeta al c plí í nto de as disp icio s de la Ley Nº125/9 "QUE EBA L NUEVO EGI N TRI UTAR " y / Ley Nº1 34/83 "D jCOME NTE" y s s modifica iones. odrán er í portado , los vehículos deportivos clásicos de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad superior a diez años contados a partir del año de su fabricación, debiendo ser ceitificados, a ese efecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, como vehículos antiguos de colección de circulación restringida a ocasiones especiales, conforme a las normas vigentes. Los mismos estarán sujetos a medidas y controles técnicos vehiculares, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº3850 del 15 de octubre de 2009 "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL DE RODADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que acredite la inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de trasferencia de vehículos usados, cualquiera sea su tiempo de uso. A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser importado, y que vaya más allá de las restricciones vinculadas al sistema de aire acondicionado, que no podrá utilizar CFCO11 y/o CFC-12. Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del autovehículo estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo E n primer término cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone la restricción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 º tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Ley Nº4333/11.
No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser verificar si la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Constitucional.
Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la libertad de concurrencia y a la libre circulación de productos. "Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley "Artículo 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS. Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la República".
Señalemos, inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedicarse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su preferencia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejando ver que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de -;Gf;QRTE . , '-S'lJiREMA --- f: DE J :, TICIA . ., :-''q, ehícúlorestringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de -':1.., d'aseLlla actividad lícita dsu elección, no sehalla cercenada. En cuanto a su 'l, .Y.'JeJQtCI0 ptro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco ,;:.,-.r,:es-taie r.t'.rj,.gida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar 1 , s; sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante ' si i'fll ,1, tmen establecido con los proveedores. Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación puesta Cabe señalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido" introducidos legalmente". Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros. Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del Estado de su rol establecido En relación a la vulneración al Art. 179 de la Constitución Nacional, a la que alude el actor, ella es inexistente, pues la norma impugnada en la acción no es de carácter Por último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. En otras palabras, escapa a las atribuciones y a la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o efectividad de las leyes, o que las políticas que implanten o ejecuten sean mejores o peores. Debemos, en el marco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución Nacional, es decir, ue hayan sido dictadas por Órgan ºf competencia, con respecto de las formas req rida , y sin contradecir los princi I0s y g rantías establecidas por a Con itu ión Nací nal.
e iI enio Jhnéne.z 1i - 9'vfinistro orm impugna UT RIZA LA Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE .
CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1 º de la Ley Nº4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto la acción debe ser 1. El señor JOSÉ LUIS PANIAGUA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", MODIFICADA POR LA LEY Nº 2153/03".
2. El accionante alega la vulneración de los Artículos 46, 4 7, 86, 107, 108, 128 y 137 de la Constitución. Y funda su acción manifestando, entre otras cosas, que: "Esta ley lesiona gravemente mis derechos constitucionales; pues me dedico a la actividad comercial de importación de vehículos en forma habitual, de ahí que la ley impugnada al limitar la importación de vehículos a una antigüedad de 1 O años al de su fabricación lesiona 3. A los efectos de arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto 4. "Artículo 1º- Modificase el Artículo 1 º de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma "Art. 1 º- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años. contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen" (subrayado 5. En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores 6. Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de evitar los abusos que el individualismo económico provoca.
Distorsionada la igualdad de condiciones -supuesto constitucional de la igualdad ante la ley por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo 14. No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la salud y la vida, reconocidos constitucionalmente como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda norma que integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuestiones estas 15. Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la salud y el bienestar social se encuentran en un lugar de privilegio.
16. Al respecto, la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a 17. Manteniendo esta misma línea de razonamiento, cabe resaltar que la contaminación del aire es el enemigo número uno de los que padecen asma. El reconocido alergista, Doctor Juan Carlos Sisul afirmó en fecha 16 de noviembre de 2019 en el Diario La Nación, Pág. 33, que se trata de uno de los elementos más letales para las personas alérgicas, incluso subrayó que lo que hace es empeorar los cuadros respiratorios, situación que se agrava con la suma de la pandemia por el Covid 19 que enfrenta actualmente nuestro 18. Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad. ES MI VOTO.
A su turno, el Doctor JIMÉNEZ ROLÓN, dijo: Adhiero al sentido de la decisión arribada por los Ministros que me precedieron, sin embargo paso a fundamentar mi postura en los E n el sub iudice se trata de determinar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por José Luis Paniagua, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra el Art. 1 de la Ley 4333/11 "Que modifica el arlículo 1º de la Ley Nº 2.018/02 'Que autoriza la libre imporlación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados', E I accionante, acreditó su legitimación activa con la documental agregada a f. 03, que consiste en la constancia de su matriculación en carácter de comerciante, específicamente Como fundamento de su presentación, sostuvo que se dedica a la actividad comercial de importación de vehículos y que la norma impugnada restringe las disposiciones de los arts.
46,47,86, 107,108,128,137 de la Constitución. En ese sentido, alegó que la ley impugnada, en beneficio de una minoría, prohíbe la importación de vehículos con antigüedad mayor a 1 O años, lo que lesiona la libertad de concurrencia, la libre circulación de productos y su derecho a dedicarse a una actividad laboral que es completamente lícita. Solicito, en consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada, y señalo jurisprudencia de la Sala ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL encia de la Sala Constitucional favorable a su pretensión. (fs.13/15).
erio Público contestó la vista pertinente en los términos del Dictamen Nº 294 de ,...,, ... l.... :3 " e marzo de 2016 (fs. 17/19). Señaló que la ley impugnada limita injustamente la importación de vehículos sin observar parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducirlos al país. Agregó que en tal sentido, deberían observarse las condiciones mecánicas y no meramente la antigüedad. Por otro lado, expresó que se debe respetar también el derecho del consumidor final, quien debe tener la posibilidad de optar por la oferta más conveniente a sus intereses. Por todo ello, recomendó hacer lugar a la acción E n primer lugar, debo resaltar que esta Acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 24 de noviembre de 2015 y quedó en estado resolutivo, el 11 de abril del 2016 (f. 20), Desde esa fecha, se han sucedido una serie de inhibiciones que impidieron el dictado de la sentencia definitiva. La integración de esta Sala Constitucional fue puesta a consideración de/esta Magistratura recién en fecha 29 de agosto de 2019 y notificada al accionarte en fecha 13 de agosto de 2021. De tal suerte, demora en dictar sentencia en este juicio, en estado resolutivo desde el 11 de abril de 2016, no puede atribuirse a esta Magistratura.
Ahora bien, la norma atacada de inconstitucional - Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2. 018102 'Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153103'- dispone: "Artículo 1º- Modificase el Artículo 1º de la Ley Nº 2.018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153103, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1 º - Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el Como sabemos, el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 137 impone que todos los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitución. El análisis de la constitucionalidad de una norma supone siempre un contraste entre las normas constitucionales involucradas y la ley inferior. Por ello, a fin de conocer la conformidad de esta última con la Constitución, es fundamental que el juzgador conozca cómo opera o qué protege el derecho o principio constitucional en cuestión, puesto que una violación - irrazonable o desproporcionada- a un derecho individual podrá producir tal lesión al individuo que tacharía Para facilitar la lectura de este análisis e identificar claramente las cuestiones constitucionales que se plantean en esta acción, conviene caracterizar los argumentos traídos Cesar M. Dícs"'I J Ministro os Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro convenga a sus intereses dentro del mercado. En segundo lugar, se hizo alusión a una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, al decir que la ley no cuenta con parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducir al país vehículos con más de diez años de antigüedad. En ese sentido, criticó el criterio de la antigüedad utilizado por el legislador, e indicó que el parámetro de restricción debió haber sido la condición Antes de pasar a juzgar el caso concreto, debemos partir de una premisa fundamental y básica: todo derecho es susceptible de limitaciones. Los derechos fundamentales de las personas están sujetos a límites, ya sean explícitos o implícitos. Advertir esta circunstancia no Las restricciones legislativas a derechos individuales son admisibles bajo ciertas condiciones: razones de interés general, orden público, o algún propósito estatal según las necesidades de cada sociedad democrática. Ese es el estándar que fue fijado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (vide: Opinión Consultiva OC-6/86 de fecha 9 de mayo de 1988) y por los precedentes de la Sala Constitucional de esta Excma. Corte Suprema de Justicia (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 774 de fecha 17 de septiembre de 2019).
En el mismo sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean constitucionalmente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realización de otros derechos, bienes o valores constitucionales, respetando al contenido esencial del derecho que se está limitando. Por ello la doctrina ha dicho que el desarrollo legislativo o la determinación de una restricción no expresada en el texto constitucional, pero que deriva implícitamente del derecho de terceros o del bien común general siempre debe seguir ciertos requisitos, entre los cuales se cuenta la cláusula del contenido esencial de derechos y la exigencia de justificación, ya que la facultad normativa de las limitaciones de derechos constitucionales no puede ser ejercida de manera arbitraria. (PRIETO SANCHÍS, Luis. 2003. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid. Trotta. págs.232/241 ).- La justificación supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que se requiere la presencia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de razonabilidad, que ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y razonables, nunca caprichosas o arbitrarias. La razonabilidad: "supone la existencia de una política legislativa que pueda ser controlada en cuanto a su proporcionalidad entre el objetivo claramente definido y legítimo, y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Juan Vicente. 2009.
Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 11. Primera Edición. Buenos Aires: La Ley. p. 473), La proporcionalidad supone que el daño o deterioro que se produzca al ejercicio del derecho Esto quiere decir que la regulación no debe restringir otros derechos fundamentales, a menos que dicha limitación se encuentre autorizada por la Constitución, o justificada por un objetivo una finalidad pública, y sea la menos gravosa en relación con los derechos limitados. En ese caso, en cumplimiento con el principio de proporcionalidad, los medios empleados deben ser idóneos y adecuados al fin perseguido con la toma de la medida de autoridad.
Teniendo en cuenta lo expuesto, vayamos al estudio del fondo de la cuestión.
La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que se introduzcan al país por importación: 1 O años.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ya, debo decir que no considero que la reglamentación a la importación de 1.. ,,t .orno ""(Q usados de cierta antigüedad constituya una violación a un derecho fundamental ll t1 derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licitud, al garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República.
La Constitución consagra la libertad económica, siempre y cuando las actividades comerciales La tutela constitucional del comercio se. realiza a los efectos de garantizar la libertad económica de actividades no prohibidas, por tanto, lícitas. Y la determinación de cuáles son las actividades económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que el Estado realiza en uso de su "poder de policía", debe, lógicamente, reglamentarse por normas inferiores. Por eso, la imposición de una limitación, en sí misma y por sí sola, no deviene inconstitucional.
EI ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitaciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar general, etc. Un sinnúmero de leyes y reglamentos existen en este sentido en nuestro derecho, e incluso se establecen prohibiciones absolutas vinculadas a la actividad comercial, como el caso de bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restringidas y condicionadas -productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, animales Es natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Congreso pueda dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.
Lo que se reprocha no puede ser, entonces, la limitación al derecho, sino que la determinación legislativa de restringir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad es arbitraria y discriminatoria. Y eso nos lleva necesariamente al control de razonabilidad de la ley, y de su conformidad con el principio de igualdad.
En este estadio, debemos preguntarnos si la restricción legal es razonable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo estatal, y si la medida es apropiada y La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la importación de vehículos usados con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente 0-0913769, para identificar su vtctor Ríos 1e Ministro Si recurrimos al documento de iniciativa de esta propuesta legislativa, el propósito estatal resulta evidente: "Cuando se pretende prohibir /a importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano . también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de /os vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí si que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año a año aumentan /as víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo a /as condiciones físicas y mecánicas de /os vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de /os autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no so/o para prohibir la importación de autos usados de no más de diez años, sino de hacerlo con relación a /os que tengan una antigüedad superior a cinco años. Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se reduce en protección/a favor de una mayoría que carece de autos, pero que debe respirar /as emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o físicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se /es prohíba a /os otros que importan vehículos con más o menos antigüedad".
EI propósito detrás de dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las externalidades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una externalidad. Esta externalidad es una falla del mercado y podría dar lugar a una intervención del Estado.. El gobierno puede imponer multas, puede subsidiar /os gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una reglamentación para atenuar /as externalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o puede intentar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a /os individuos de ocasionar externalidades negativas . El Estado en lugar de imponer sanciones por la contaminación o de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento de reducir las externa/idades negativas. Han establecido niveles de emisión para los automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con /os vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a /as compañías aéreas y a /os ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar" (SOLA, Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, En conclusión, la restricción del art. 1de la Ley 4333/11 es constitucional. Por todas las consideraciones que anteceden, la presente acción de inconstitucionalidad debe ser Cesar r.1. fiiesel Junghanns Dr. Víctor Ríos F Ministro Asunción, de de 2.02Y.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la NO HACER LUGA LUIS PAN AGUA, de CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
n de lnconstitucionalidad promovida por el - r JOSÉ lo expuesto en el exordio de la presente solucí n.
r M. riese! Junghanns R, 01eda Dr. Víctor 'tos Ministro