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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 73/2024

21 de febrero de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL RHP DE LA ABG. SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) 5/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTURAL - EXP. Nº 2134-2021.

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CORTE SUPREMA nEJUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL RHP DE LA ABG. SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) 5/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTURAL - EXP. Nº .. 'l: t"r.En <o iudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veirr+-i<J"'o días t."iSll.t,me -hibr.e ria del año dos mil veinte y cLO.rcestando en la Sala de Acuerdos de la '(,ºc.."' brte e:::. rema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, D ' CESAR DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA Y GUSTAVO ..,..w .. N>IANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente c--aratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL RHP DE LA ABG. SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) 5/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABIUDAD CONTRACTUAL - EXP. Nº 2134 - 2021", a fin de resolver la consulta sobre constitucionalidad realizada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala lo Civil y Comercial Segunda Sala de la Capital?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, RIOS OJEDA Y DIESEL JUNGHANNS.

A su turno el Doctor Gustavo Santander Dans dijo: Mediante el AI.Nº 590 de fecha 20 de agosto de 2021 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala de la capital, se ordenó la remisión del proceso regulatorio de honorarios en el juicio " Luis Fernandez c/ Instituto de Previsión Social s/ Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual - Exp. Nº 100 -Año 2019" a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que esta se expida sobre la constitucionalidad o no del art. 29 Antes que nada, sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida e preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa::"Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio ley, decreto u otra disposición normat-i pueda ser contraria a reglas constitucion es ... " Sic). Ahora bien, convengamos que la re aisión aludida se refiere a un artículo co enido n la Constitución de 1967 que ha sido dero ada por la Ley Fundamental 1 2 vig nte actualmente, entonces, ev. dentement la normativ IOl-o-t--...J-, al proces striba n n artículo constitucional ab ido ha que ado rte. mbargo, e la práctica anterior del ro aje procesa fue ,ustavo L Santander Oans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 CN donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no SE! incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. í.!60 CN, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional.

En efecto, el artículo 259 CN, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad ". A su vez, en el art. 260 CN, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Códiqo Procesal Civil que dispone: " Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo ". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados E n concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a r evisión por los CONSULTA CONSTITUCIONAL RHP DE LA ABG.

SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) 5/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTURAL - EXP. Nº s''- ,i1í'PE?i.0res cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de 'l., !Qf9lime::, o, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un x:::,r.:c5of-ifras , que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sa , siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional ' sá ar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes jurídicos procesales pertinentes.

Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Cammpos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto e e su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser A SU TURNO, EL DR. VICTOR RIOS OJEDA manifestó: 1. Por A.I. Nº 590 de fecha 20 de agosto de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos DE PREVISIÓN SOCIAL (IP S INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OR RESPONSABILIDAD CONT ACT AL" a la Corte Suprema de Justicia.

.. - --- 2. La citada re isión, d ce el fa lo, fue realizada en virtud a lo establee do en el wt. 8 inc. ªO ocesal ivil, a e ectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la fV!;nistro 3 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro constitucionalidad o no del artículo 29 de la ley 2421/04, disposición que el Tribunal considera aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.

3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: " Facultades ordenetories e instructories. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos por el articulo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales .. ".

4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionaíidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago Nino2 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convenclonalldad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... 3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en " cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Juoiciet" 8 Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control En la Carta Magna del afio 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su articulo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodriguez, J. F. (2017). Control Constitucional la consulta constitucional. Revista Juridica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https: / / revistacientifica. uamericana.edu. py / index. php / revistajuridicaua/ article /view / 1 71.

2 Nino, CS- Ética y Derechos Humanos. Bs. As., Astrea, 1989. 3 Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas Corte IDH Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Geliman vs. Uruguay. CORTE SUPREMA JljUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL RHP DE LA ABG. SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD COl'ITRACTURAL - EXP. Nº -' qQ$frtu alidad - mal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse 't 4ig,l9lmi e::, ebe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al ,,tqutfresu licable una norma que considera inconstitucional?. La respuesta se encuentra 9 17€-Ql)a:B'en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional.

-.:.tB!.ll!fflmJretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 3 y 260 de muestra Carta Magna).

9. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constituciona/ista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución ". 6 1 O. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos 11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que:" ... /a norma consagra dos principios: el de la /ex superior, al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República, y el principio de jerarquía, al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de le x superior "8 12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo no jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente ebe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sttema. Se ún el modelo op ado (o si se prefiere, adapta por la República del Paragay, es la C rte Supre de Justi1a encargada final de e/a or el respeto y el manteni iento de di ho Cesar M. Dies-e11Junghanns G stavo E. antan er ans Ministro CSJ. mistro , . R, s . a t». Vic w "No es una consulta que el juez o Trib nal form la a la Cort Suprema de Justicia. Es un sometimierffl:itdt&fo de una cuestión constitucional; es decir, un so timiento e ficio a 1 Corte Suprema de justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto pue ser inc s tucio " Mendonca, J.C. (2007) Cuestiones constitucionales (p.86).

Asunción: Litocolor S.R.L 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre /os que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima ele la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad "10 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenernos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera Inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su incon.stitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a fa aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía.

Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarqu 'a como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta "11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá - por el principio de jerarquía - aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: " Toda sentencia judicial 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Capital, debe ser A SU TURNO, El DR. CESAR DEISEL JUNGHANNS manifestó: Mediante A.1.Nº 590 de fecha 20 de agosto de 2021 (fs. 43), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal" es o no constitucional.

Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el serio de la Sala Constitucional o por decisión del pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la 10 Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción 2014, pág. 26 11 Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá. 2019. Pág. 75 CORTE PREMA TICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL R.HP DE LA ABG.

SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTURAL - EXP. Nº 1.. n E: .. til--'üe como e su examme, a ey preve expresamen e una vra. a in ica a en !..,1f:re."1-i . co "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento edislv8' sobr c::s onstitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea éies ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a /os efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso a), procediéndose - incluso - a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido de requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento. Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, Debe señalarse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba - providencia de "autos" ejecutoriada - dado que la solicitud de la regulación de los honorarios se resuelve directamente, sin Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda - , el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar considerar E I Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En /os juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535199 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en reta ón de dependencia o no, no podrán exceder e 0(cincuenta por ciento) del mínimo egal, hasta cuyo importe deberán atenerse / s juec de la República para regu fir los honor ríos a costa d Esta 0Qued dific da la ey Nº 1376188 "Arance de Abogad s y Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la Repubtice son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado remo /eré los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".--- De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: " Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993.

En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida.

Según Gregario Badeni: " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) .... " .. (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Constitucional", Editorial Astrea, Bs.As. año 1992, Pág. 385).-- CONSULTA CONSTITUCIONAL RHP DE LA .ABG.

SONIA MARTINS EN EL EXPEDIENTE: LUIS FERNANDEZ C/ INSTITUTO DE PIREVISION SOCIAL POR RESPONSABILIDAD CONTRA1CTURAL - EXP. Nº ntes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la ldad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su s particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito Ufflnal. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.

Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Cución.

Ante llÚesar M. Diesel Jun Ministro CSJ. ad el acto, firmado SS.EE, todo por ante mí, de ue e cantander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 1- 3 - Asunción, 2.1 de fe6r ero de 202l(.- SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

NO EVACUAR la consulta constitucional elevada por el Tribunal de Apelación e lo Civil y Comercial Segunda Salad a Capital, por improcedente.

r --- Ante mí: Víctor Ríos Ojeda Ministro