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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 84/2024

21 de febrero de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CATALINA CANDIA ALIENTE C/ ADM NAC DE ELECT-ANDE S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. AÑO: 2022 Nº: 2749.-

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CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CATALINA CANDIA V ALIENTE C/ ADM NAC DE ELECT ANDE SI INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD S' .. 'l: E,qJa''Ci,0;; d de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ve,rt,vh o días 'l.. dE?..ri'l:-.'de /-.. ,o del año dos mil .J ei, worv , estando en la Sala de Acuerdos tfeltf"Co: prema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, , , ,9re:S-éESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO NIA-NóER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CAT AUNA CANDIA VALIENTE C/ ADM NAC DE ELECT- ANDE S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: P ra cti cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Mediante A.I.Nº 705 de fecha 30 de agosto de 2022 (f. 22), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, dispuso remitir estos autos a la Sala Constitucional, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421 /04 "De Reordenamiento Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede pro se solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte remite estos autos para que la Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Ante supu stos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada Art. 18 in isa "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decis o sobre I constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirm tiva o ne ativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.

Facul des oc enatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de p e: remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de ut , a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su j i , na le , decreto u otro disposición normativa pueda ser contraria a reglas ' esar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" ara ferirse a la vía lo c.. ocesal revista en el citado Art. 18 inciso "a)", procediéndose inclu - a usa el término en 1 caratula o del expediente r ectivo o se ve también en est s autos), icha vía, por s naturale a, le nstituirse en a "consulta", en el sen ido del re uerimiento de Cesar M. Diesel dunghanns Ministro CSJ, Dr, Víctor Ríos Ojeda Ministro una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.

Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que, al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de los honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos".

Esto es, no existe el llamamiento de "autos", si bien por providencia de fecha 28 de julio del C o n respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Apelación en lo laboral acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso EI Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Articulo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante a demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.

Queda modificada la Ley Nº 1376/88 ''Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".

De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguar' (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).

En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CATALINA CANDIA VALIENTE C/ ADM NAC DE ELECT ANDE SI INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD 1, , ¡ .. ,.(,,5'Si e Es: tado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en ,,.cgaldád , e:;, ondiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón /;para r.e i;i r las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales

.- Según Gregario Badeni " .. ./a igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional.

En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) .... (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.

Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución.

A su turno, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: Por A.I. Nº 705 de fecha 30 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, se ordenó la remisión de los autos "JUICIO: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CATALINA CANDIA VALIENTE CI ADM NAC DE ELECT- ANDE SI INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL " a la Corte remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) d I Códig Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la it ionalida o no del artículo 29 de la ley 2421/04, disposición que el Tribunal ra aplica le al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.

EI artíc lo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades orias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de remití el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de los ectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, , decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas n prime gar, la norma de remisión contenida en el articulo 1,8 me: o a) del Código , que faculta la elevación de los autos a la Corte a los/efectos revistos en el O de la Constitución. Se refiere, en realidad, a la Consti ución dict da en el año la fecha se encuentra tota abso uJente derogada. abe aclara que el propio la Consti n de 1967 tampoc hacía referenci a la vía e la consulta Ministro Cesar M. Diesel Junghann Ministro es, 5 J. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 3 constitucional. Contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el articulo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer lugar."1 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento. en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. El Articulo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

7. En cuanto a la administración de justicia, el Articulo 247 de nuestras magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias e custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicial"4 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional 5 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna).

9. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma sub constitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inap/icabilidad de los disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.

El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicho Corte. El incidente no suspenderá el juicio. que proseguirá hasta el estado de sentencie". Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional -la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1) Recuperado a partir de https://revistacientifíca. uamericana. ed u. py/i ndex. ph p/revistaj u rid icaua/article/view/ 171 Nino, C.S Ética y Derechos Humanos., Astrea. 1989 Corte IDH. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas ..

Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay.- 5 "No es una consulta que el juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007). Cuestiones constitucionales (p.86) Asunción: Litocolor S. R. L. CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CATALINA CANDIA V ALIENTE C/ ADM NAC DE ELECT ANDE SI INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD arrnoruz esca ar a, recre ar a y ap rcar a, segun a ons I ucion .

an Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la ción de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos /os órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con /os demás órganos jurisdiccionales"7 11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... /a norma consagra dos principios: 'el de la /ex superior, al declarar que la Constitución es /a ley suprema de la República: y el principio de jerarquía", al establecer el orden de prelación de /os instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex superior''8 12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es /a Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de /os puntos angulares sobre /os que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad'. 10 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. .para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio d rquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la dec aración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta. "11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, a iera fuera u instancia al advertir la incompatibilidad de un acto a Iv cual iera a licable al caso, con principios, derechos y garantías stit ionales: debe á -por el principio de jerar ía- aplicar directamente la nstit , s Tra , Conveni s y Ac erdos In rnacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes.

Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar fundada 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, debe ser rechazada A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos Sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: al remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (sic).

Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un articulo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 CN donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 CN, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional.

En efecto, el articulo 259 CN, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 CN, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; (2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legitimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capitulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. ANA CAROLINA HIESTAND EN: NANCY CATALINA CANDIA VALIENTE C/ ADM NAC DE ELECT ANDE S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD - i " g_arés'ta e: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor ,...,,,::,1' eiicionar;; claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, - I pu -, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citara además, la norma, derecho, r.fr-, , . garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y cretas la petición" (sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, seria un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada Inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Co incidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso- no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función.

Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción Ratificamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consult d be ser Con lo que se dio por termi certifico, quedando acordaaata el cto, irmando SS.EE., todo por nte mí, d que . Diesel Junghanns Ministro CSJ.

Asunción, de Dr. Víctor Ríos Ojeda VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

NO EVACUAR la Consulta Constitucional elevada por Tribunal de Ap ación Gustavo E. Santander Ministro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro