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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 95/2024

21 de febrero de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUÍN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY Nº5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY Nº1860/2002 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO AERONÁUTICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY" Nº: 1368 AÑO: 2019

Antecedente ART 1 DE LA LEY Nº5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY Nº1860/2002 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO AERONÁUTICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGU

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"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY Nº5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARA GUA Y" ,t:-i 1,c:.'ACU O Y SENTENCIA NÚMERO: 1Vove,vi to -1 01 iet.l-ro , estando en la Sala de v Aue" la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala si ttN

is,onal, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y usT'ÁvO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY Nº5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY Nº1860/2002 QUE ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" , a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado JOSÉ EFRAIM CARDOZO FIORIO bajo patrocinio del Abogado JOSÉ MARÍA CARDOZO SAGUIER en nombre y representación del Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: El Abg Jose Efraín Cardozo Fiorio, bajo patrocinio del Abg. José María Cardozo Saguier, por el Sr.

Joaquín Guillermo Mosquera García, en su calidad de piloto aviador, de nacionalidad colombiana, promueve la presente acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 5221/2014 "Que modifica el artículo 93 de la Ley Nº 1860/2002 Que establece el Código Adjunta a su presentación los siguientes documentos: 1) Libreta de familia (f.9); 2) Carta de convalidación Nº253 expedida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (f.8); 3) Copia autenticada de la cédula de identidad policial Nº7109520 perteneciente al Sr.

Joaquín Guillermo Mosquera García (f.5); 4) Copia autenticada del carnet de admisión permanente Nº00158149, expedido en fecha 20 de marzo de 2012 (f.5); y, 5) Copia autenticada de la licencia de piloto comercial otorgada por la Autoridad de Aeronáutica de la Sostiene la vulneración de los Arts. 46 "De la iguald d de las personas", 86 "Del derecho al trabajo" y 107 "De la libertad de concurt: ia" d nuestr Cart ag a, y funda su acción diciendo, entre otras cosas, que: "( ... ) L no a tacada de i constit ionalidad impide que mi mandante pueda ser contratado a ti ufo e so para t: servt ios en el rubro de su profesión, pues n otra s, 'fl.jfica el and to legal d q e "deber, n ser de nacionalidad paraguaya" quia es realicen ncion s aer, ,n uticas o m neradas bordo de Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro aeronaves con matricula paraguaya, lo cual resulta abiertamente contrario a los principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional, además de contravenir numerosos tratados, convenciones, pactos y declaraciones de principios internacionales -universales y La norma cuya inconstitucionalidad se pretende reza: "Las personas que realicen funciones aeronáuticas remuneradas indicadas en /os Anexos del Convenio de Chicago, a. - bordo de aeronaves con matricula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula - extranjera arrendadas por operadores o explotadores nacionales, así como los que desempeñan funciones en la superficie, deberán ser de nacionalidad paraguaya y poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil.

Por razones técnicas, la Autoridad Aeronáutica Civil podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero por un plazo que no excederá de un año a contar de la fecha de dicha autorización, estableciéndose un porcentaje gradual de reemplazo del personal extranjero por personal paraguayo, que se realizará de la siguiente forma: a /os ciento ochenta días 50(cincuenta por ciento); a los trescientos sesenta y cinco días el 100(cien por ciento).

Una vez vencido el plazo de un año, excepcionalmente podrá ser admitida la continuidad de /os extranjeros como instructores de vuelo, en forma provisoria, por un periodo que no podrá En primer término, cabe destacar que lo que se halla en discusión en la presente acción de inconstitucionalidad no es el requisito exigido a los pilotos de poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil; sino el requisito de poseer nacionalidad paraguaya a los efectos de integrar una tripulación de vuelo en E n efecto, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional establece en su Art. 32 que tanto el piloto como los demás miembros de la tripulación deben poseer certificados de aptitud y de licencias expedidos o convalidados por el Estado en el que la aeronave este matriculada. Ello constituye un requisito ineludible para todo trabajador que pretenda En nuestro país la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) es la autoridad competente a los efectos de emitir la licencia que acredita que la persona se halla en buen estado de salud y que cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarias para desempeñarse como personal de abordo, lo cual garantiza que el trabajador, ya sea nacional o extranjero, cuenta con la aptitud necesaria para el ejercicio adecuado de su labor.

La cuestión a ser analizada en la presente acción de inconstitucionalidad gira en torno a la determinación de si la norma impugnada es o no violatoria de los derechos laborales, de las garantías de la igualdad y del principio de no discriminación, en cuanto prescribe que las personas que realicen funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matrícula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por operadores o explotadores nacionales, así como los que desempeñan funciones en la Pa ra ello debemos traer a la luz las disposiciones constitucionales relacionadas al caso.

Art. 46, primer párrafo: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los Artículo 86: "Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo licito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y /os derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables". Artículo 87: "El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacionaf'.

Artículo 88, primer párrafo: "No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o Art. 107, primer párrafo: "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica licita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades ... ".

CORTE SUPREMA STICIA "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY Nº5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" 1. .t.-Ji-ilRere humano al trabajo, reconocido expresamente por la Constitución Nacional, oofii,pttnde . aspectos importantes: el derecho a elegir libremente una actividad lícita y el derech , rcer o desarrollar la actividad elegida. Por tanto, los sujetos activos de tales 1: - 9 -i;, on las personas tanto físicas como jurídicas, y los sujetos pasivos son el Estado y las emás personas. De allí que tanto las autoridades públicas como las personas privadas vean su actuar condicionado por estos preceptos constitucionales.

Las normas constitucionales transcriptas consagran garantías en favor de todos los habitantes de la República del Paraguay -no sólo de los nacionales- que les aseguran la igualdad en derechos, específicamente en cuanto al trabajo -ya sea éste realizado en relación de dependencia o ya se trate del ejercicio independiente de un oficio, profesión o actividad económica-, así como proscriben cualquier tipo de discriminación hacia el trabajador por motivos de su origen, su sexo, su edad, religión, orientación política, etc.

AI garantizar constitucionalmente tanto la prohibición de la discriminación laboral así como la libertad de concurrencia, el Estado Paraguayo, en su carácter de Estado Social de Derecho, asume sendos compromisos. En primer lugar, y como presupuesto básico de la libertad económica, debe permitir que los habitantes de la República se dediquen a la actividad económica de su preferencia, dentro del sistema de oferta y demanda imperante en el mercado económico, asumiendo una postura pasiva y absteniéndose de aplicar cualquier Yendo más lejos y en el mismo sentido, el Estado se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de las actividades económicas, lo cual implica no sólo una postura pasiva sino un intervencionismo destinado a paliar los desequilibrios entre la oferta y la demanda que se producen en el mercado de trabajo, lo que supone la adopción Entonces, el reconocimiento expreso de estos derechos fundamentales supone la consecuencia de que el Estado queda inhibido de actuar en desconocimiento de ellos. Esto conlleva que cualquier ley que impida el ejercicio de uno de esos derechos fundamentales En otro orden de cosas, debemos reconocer que si bien el Art. 87 de la Ley Suprema establece una discriminación positiva hacia el trabajador nacional, al momento que establece que se dará preferencia al mismo, ello no implica que esté permitido limitar el ejercicio de una profesión exclusivamente a trabajadores paraguayos, así como tampoco equivale que ante la oferta de trabajadores extranjeros mejor calificados o más idóneos que los nacionales, se P o r su parte, la norma impugnada establece una limitación al libre ejercicio de la profesión de piloto por parte de todo aquel que no sea de nacionalidad paraguaya.

Entendernos que esta limitación legal constituye una seria restricción al derecho al trabajo y, como tal, debe estar fundada en la necesidad o en el bien común y debe responder a estrictos parámetros de justificación, razonabilidad y proporcionalidad, sin desconocer que en ningún caso puede ser contraria a lo establecido por las as juras de mayor La razonabilidad normativa de una reglament ion, est es, andato de que las normas legales mantengan coherencia con las cons itucio ale de s e e que s aplicación no resulte contradictoria con lo estab en la nstitu Naci al, no se gota en el hecho de que las normas jurídi s co e ido a lo establecido Gustavo E. Santander Ministro 3 Dr. Victor Ríos Ojeda Mini"""º expresamente en la Ley Suprema, sino también a las normas jurídicas de mayor jerarquía, ergo, que las de inferior jerarquía no se hallen en litigio con la de superior posición.

'- De allí que también debemos considerar si la norma impugnada respeta las obligaciones internacionales legalmente asumidas por el Estado Paraguayo, principio al cual - debe someterse el legislador en su actuar. Se trata del respeto del "conjunto de derechos de las personas (atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho - internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional como el derecho - consuetudinario y los principios de ius cogens) y los derechos implícitos expresamente .

incorporados a el] ordenamiento jurídico por la vía del artículo 29 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los cuales constituyen limites a la soberanía" (Nogueira Alcalá, Humberto (2008): Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, Santiago de Chile, Editorial Librotecnia, Segunda edición corregida, Tomo 1, p. 37).

AI respecto, la propia Constitución Nacional adopta el principio de la supremacía constitucional, que rige tanto para las actuaciones del órgano legislativo así como para las decisiones administrativas o judiciales, establecido por el Art. 137 de la Carta Magna, el cual posiciona en el segundo peldaño de la pirámide de jerarquía de las normas jurídicas a los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, esto es, por encima E n cuanto a las obligaciones internacionales en materia de derechos laborales asumidas por el Paraguay, en primer lugar como Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declara su adhesión a la "Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo" (1998), la cual reafirma el compromiso de los Miembros de respetar, promover y poner en práctica los derechos y obligaciones expresados en los convenios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la En cuanto a instrumentos internacionales de Derechos Humanos, entre los que se halla el derecho al trabajo, el Paraguay ha suscrito y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Específicamente a nivel regional, tenemos a la "Declaración Sociolaboral del MERCOSUR del 2015", que constituye una revisión de la Declaración firmada el 1 O de diciembre de 1998 en la ciudad de Río de Janeiro, que puntualmente en su artículo 4 dispone: "1. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, conforme a la legislación vigente y las prácticas nacionales, la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de sexo, etnia, raza, color, ascendencia nacional, nacionalidad, orientación sexual, identidad de qenero, edad, credo, opinión y actividad política y sindical, ideología, posición economice o cualquier otra Al respecto de la Declaración Sociolaboral del Mercosur como fuente del Derecho Internacional, Peña dice: "La Declaración Sociolaboral del Mercosur responde a las características definitorias de los tratados, especificadas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, comentadas en los párrafos anteriores. Efectivamente, este instrumento es una declaración internacional de Jefes de Estado, fruto de un consenso, y como tal, conjuga visiones e intereses diversos, cuya principal virtud es el reconocimiento conjunto de la dimensión social de la integración, que entraña compromisos jurídicos regidos por el Derecho Internacional. En efecto, no obstante la denominación que se le ha dado, no se trata solo de declaraciones de intenciones o principios, sino que proclama "principios", "derechos" y compromisos concretos asumidos por los Estados Partes, con varias cláusulas completas y autoejecutables. Se trata de una Declaración de derechos fundamentales de carácter social, que incluye derechos de dimensión individual y de dimensión colectiva. No es, pues, una mera declaración de propósitos políticos, la Declaración Sociolaboral del Mercosur es un instrumento internacional que entraña compromisos juriaicos regidos por el CORTE s TI e IA "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY N5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" aciana/; al ser así, tiene carácter de tratado en /os términos definitorios de la e:::; de Viena" (PEÑA, Miryam. La Declaración Sociolaboral del Mercosur. Su -. d directa por los Tribunales Paraguayos. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El Paraguay también celebró el "Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Chile y Bolivia", el 06 de diciembre de 2002, que consagra derechos a los inmigrantes. Particularmente en lo que nos atañe, el artículo 9 reza: "1. IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de /as Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de /os nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar v ejercer toda actividad licita en /as condiciones que disponen /as leves: peticionar a /as autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de /as Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de 3. TRATO IGUALITARIO CON NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de /as Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben /os nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales ... " (lo subrayado es Del importante compendio de normas constitucionales y de tratados, convenios y acuerdos internacionales referidos, podemos concluir que la disposición legal que se ataca por vía de la inconstitucionalidad es violatoria principalmente del Principio de Supremacía de la Constitución, consagrado en el Art. 137, al quebrar la sujeción que deben reflejar las normas legales en relación con aquellas de mayor jerarquía -las normas constitucionales y As í también consideramos que la norma impugnada es violatoria de las garantías de la igualdad, consagradas por los Arts. 46 y 47 de la Constitución Nacional. Al respecto, debemos señalar que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguar' (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Final e indudablemente, debemos concluir que la Ley Nº 5221/2014 cercena el derecho al trabajo y a la libre concurrencia, establecidos en los Arts. 86, 88 y 107 de la Ley Suprema, al prohibir al extranjero que realice cualquier función aeronáutica remunerada. Por ello, con la vigencia de la norma impugnada no sólo se viola abiertamente el derecho al trabajo del accionante, sino que incluso se lo condena a cambiar su residencia a otro país, dado que dentro el territorio nacional no podrá ejercer la profesj; que librérnente ha elegido y para la cual se ha formado durante muchos años de su vida.

Por los motivos expuestos, considero que correspo de h r lugar la presente acción de inconstitucionalidad y declarar inaplica e espe o del ñor Joaq ín Guillermo Mosqueda García el Art. 1 º de la L Q./20 4, e cu to est Ieee el re de nacionalidad paraguaya a lo efectos de ali ar fu eradas a C,c,,;¡¡ el Ju gha ns - Ministro'. 5 Dr. vto»: Rfns (Tieda Gustavo E. Santander Dans Ministrn i;;,SffO bordo de aeronaves con matricula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por explotadores nacionales. Asimismo, corresponde ordenar 'el levantamiento de la medida cautelar decretada por el A.I. Nº 3063 de fecha 31 de diciembre A su turno, el Doctor VICTOR RIOS OJEDA dijo: El profesional abogado JOSÉ - EFRAIM CARDOZO FIORIO, bajo patrocinio del Abg. JOSE MARIA CARDOZO SAGUIER, - en representación del Señor JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCIA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 5.221/14 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY Nº 1.860102. QUE ESTABLECE EL CÓDIGO AERONÁUTICO Expone el accionante que su mandante es piloto profesional de aeronaves, de nacionalidad colombiana-radicado en Paraguay- y la norma legal impide que el mismo pueda ser contratado a título oneroso para prestar servicios en el rubro de su profesión, puesto que establece expresamente que "deberán ser de nacionalidad paraguaya".

La norma impugnada dispone: "Articulo 1 º Modificase el artícuío 93 de la Ley N.

1.860/02 "QUE ESTABLECE EL CÓDIGO AERONÁUTICO DE LA REPÚBLICA DEL PARA GUA Y", que queda redactado como sigue: "Art. 93. Las personas que realicen funciones aeronáuticas remuneradas indicadas en los Anexos del Convento de Chicago, a bordo de aeronaves con matricula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por operadores o explotadores nacionales, así como los que desempeñan funciones en la superficie, deberán ser de nacionalidad paraguaya y poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil.

Por razones técnicas, la Autoridad Aeronáutica Civil podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero por un plazo que no excederá de un año a contar de la fecha de dicha autorización, estableciéndose un porcentaje gradual de reemplazo del personal extranjero por personal paraguayo, que se realizará de la siguiente forma: a los ciento ochenta días 50(cincuenta por ciento); a los trescientos sesenta y cinco días el 100(cien por ciento).

Una vez vencido el plazo de un año, excepcionalmente podrá ser admitida la continuidad de los extranjeros como instructores de vuelo, en forma provisoria, por un periodo que no podrá La norma cuestionada incluye la nacionalidad paraguaya como requisito excluyente para el personal que realice funciones aeronáuticas remuneradas, a más de las licencias y habilitaciones expedidas por la autoridad de aplicación nacionales, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), permitiendo de manera excepcional y por razones técnicas la concurrencia de personal extranjero que gradualmente debe ser reemplazado por personal paraguayo otorgando plazos de 180 días (50), 365 días (100) y vencido este último plazo de un año, podrá extenderse la continuidad por única vez de manera excepcional por El Convenio de Chicago, en su art. 1.2.1 dispone que nadie puede integrar una tripulación de vuelo sin poseer una licencia válida según las especificaciones del mismo Anexo. Asimismo, el "Reglamento de Licencias al Personal Aeronáutico-DINAC R 61", Aprobado por Resolución N.º 356/13 de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, contempla la obligación del piloto de acreditar su idoneidad, conocimientos aeronáuticos, instructivo de vuelo, experiencia de vuelo y pericia según la clase de aeronave que va a operar para la obtención de su correspondiente licencia y habilitación. La idoneidad exigida debe cumplir con firmeza los distintos aspectos que hacen al vuelo, con la única intención de garantizar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la aeronave, durante el tiempo del vuelo, por lo que el principal bien jurídico protegido es la vida del ser llumano.

La promoción del pleno empleo forma parte de la teleología constitucional, pero siendo la vida fundamento natural de los derechos constitucionales, su protección efectiva debe ser el criterio de ponderación de todos los derechos, debiendo prevalecer aquel que otorgue la garantía más efectiva a la vida. En el caso de autos, no es la nacionalización sino la idoneidad y pericia de los pilotos las que garantizan más eficazmente la mencionada "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY N5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" t,,,tV wº 1. . 1 .-g'f'nisi rincipal de la Tripulación de vuelo, y en especial la del Piloto que conduce ,Uiqiai,.on s salvaguardar la vida y seguridad de sus pasajeros, quienes se constituyen en verd titulares del interés público, sin distinción de nacionalidad. De igual manera la - . -:-. capacitación con elevados estándares de calidad en la persona a cargo de la ae 'ave no puede admitir distinción entre paraguayos y extranjeros, ya que la excelencia técnica depende únicamente de su formación, por lo que la excepción prevista en la norma impugnada es inconstitucional, violatoria de las garantías de la igualdad consagradas por los Por lo tanto, en virtud a las manifestaciones vertidas entendemos que la norma impugnada efectivamente vulnera el orden prelativo enunciado en la Constitución (Artículo 137), al transgredir normas de entidad constitucional. Por lo que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 1 de la Ley Nº 5.221/14 (que modifica el Artículo 93 de la Ley Nº. 1.860/02) en lo concerniente al requisito de ser de nacionalidad paraguaya a los efectos de realizar funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matrícula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por explotadores nacionales. Asimismo, corresponde, ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta en autos. ES MI VOTO.

A su turno, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Me adhiero al voto del Ministro preopinante, pero sobre la base de las siguientes consideraciones:

En primer término, cabe recordar que el derecho a la igualdad puede opera desde dos distintos ámbitos; es decir, implica: 1) el tratar igual a los que están en igualdad de condiciones y 2) el no tratar igual a los que están en desigualdad de condiciones.

En segundo término, considero que el criterio de la nacionalidad como justificación para excluir a ciertas personas de la posibilidad de acceder a un trabajo privado lícito escogido desde su libertad de modo alguno puede sustentarse constitucionalmente. En efecto, el Art. 46 de la CN expresamente dispone: "Todos los habitantes de la república son iguales en dignidad y derechos". Por su parte, el Art. 86 de la CN literalmente expresa: "Todos los habitantes de la república tienen derecho a un trabajo licito, libremente escogido y a Como puede notarse ninguna de las disposiciones precedentemente transcriptas establece la nacionalidad como criterio de protección del derecho a la igualdad, puesto que ambas normas constitucionales refieren expresamente a todos los habilitantes de la república sin ninguna distinción. Lo mencionado, indudablemente, guarda relación con la consideración de que el derecho a la igualdad es un derecho personalísimo deriva de la sola condición de ser persona y, por ende, merecedora del respeto a su dig liad umany Gustavo E. Santander Dans Ministro denuncia en autos. En este sentido, el criterio que habrá de regir es la idoneidad, la cual resulta suficientemente justificada con la habilitación para operar en vuelo expedida por la Asimismo, considero que el Art. 87 de la CN no se puede erigir en un principio o derecho fundamental que sea susceptible de entrar en colisión con el derecho constitucional - de la igualdad. En efecto, lo que esta norma pregona es la necesidad de que el Estado deba promover políticas públicas que tiendan al pleno empleo con preferencia al trabajador « nacional, pero de modo alguno consiste en una vía paralela subrepticia para aceptar la comisión de violaciones de derechos fundamentales como es el derecho a la igualdad que se ve nítidamente afectado cuando la norma cuestionada restringe o elimina sin justificación jurídica válida la posibilidad de que las personas puedan dedicarse a la actividad privada licita de su elección por la sola condición de su nacionalidad extranjera. Ello es indudablemente discriminatorio y aplicar una interpretación contraria implicaría, sin lugar a dudas, un quebrantamiento de toda nuestra sistemática constitucional.

Por los motivos expuestos, considero que se debe hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 º de la Ley Nº 5221 "que modifica el Art. 93 de la Ley Nº 1860/2002 que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay", en lo que hace a la exigencia de la nacionalidad paraguaya a efectos de realizar las funciones aeronáuticas descriptas en dicha norma, conforme con los términos del Art. 555 del CPC. Asimismo, se debe levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta por A.I. Nº 3063 de fecha 31 de diciembre de 2 ( 37). ES MI Dr. Víctor Ríos Ojedn Ministro CORTE SUPREMA DE JUSTICIA "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA C/ ART 1 DE LA LEY Nº5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARA GUA Y" SENTENCIA NÚMERO: 9S os méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en ., cia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 de la Ley Nº5221/14 "Que modifica ,' ufo 93 de la Ley Nº 1860/02 Que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay", en relación al señor JOAQUIN GUILLERMO MOSQUERA GARCÍA, en lo concerniente al requisito de ser de nacionalidad paraguaya a los efectos de realizar funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matricula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por explotadores nacionales, todo ello de conformidad a lo establecido por el Art. 555 del ORDENAR el levantamiento de la Medida de dispuesta por Al. Nº 3036 de fecha 31 de diciembre de 201 ANOTAR, registrar y Ante mí: