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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 98/2024

21 de febrero de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE AÑO 2021 Nº358. AÑO: 2022 Nº: 800

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CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE "--s.,,.vs,1: J,J,E Y SENTENCIA NÚMERO: iv ove-"<0. -1 o. 'l..l?,ºla i<tl ad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los vei ,-J:vno días Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, [11,;tefeS CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE AÑ.O 2021 Nº358", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Primer Turno de la ciudad de Coronel Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIÉSEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Mediante Al. Nº 276 de fecha 7 de abril de 2022 (fs. 40 y 42), dictado por Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, del Primer Turno, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, resuelve remitir estos autos a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de determinar si el art. 56 de la Ley Nº 1266/1987 "Del Registro Civil de las Personas", es o no constitucional.

El magistrado requirente considera que el referido art. 56 de la Ley Nº 1266/1987 "Del Registro Civil de las Personas", podría quebrantar principios de carácter constitucional, y, expresa que " ... la duda se articula sobre una triple faz de compatibilidad, la primera, se coteja el artículo en cuestión con las normas constitucionales, tal y como se hallan redactadas; la segunda, que coteja el artículo en cuestión con las normas del Pacto de San José de Costa Rica, tal y como se hallan redactadas; la tercera que evalúa dicha disposición conjuntamente con la OC-24/17 para determinar su constitucionalidad y por ende su aplicabilidad al caso concreto, todo a la luz de los resultados obtenidos en las dos interrogantes que preceden, o el s t5 e mine, la ódi Proce I Civil, d la ley, de reto o 1 inci o ñalado: "A . 18.- --- Dr. Víctor Ríos Ojeda l Mll)it10 de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".- A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite busca un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, Delimitada la previsión y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad procesal de este planteamiento, ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente los fundamentos de dicha duda. Debe señalarse que por providencia de fecha 22 de junio de 2018 se llamó "Autos para resolver", por tanto se ha dado cumplimiento a ese requisito. Respecto a la duda sobre la constitucionalidad o no, también encuentra cumplido, El art. 56 de la Ley 1266/1987 preceptúa: "El oficial del Registro Civil no inscribirá nombres ridículos, o que puedan inducir a error sobre sexo, ni más de tres nombres". Es este precepto normativo legal el señalado, por el Tribunal, como posiblemente contrario a El art. 56 de la Ley Nº 1266/1987, es una norma que limita la libre elección del nombre del recién nacido por parte del padre, la madre o apoderado o tutor de éstos, y pone en cabeza del Oficial del Registro Civil la decisión de la pertinencia o no de la inscripción de el o los nombres elegidos por quienes declaren el nacimiento a los efectos de su inscripción estableciendo categorías conforme a una enumeración acotada y taxativa (número máximo, ridiculez o inducción al error sobre el sexo). Cabe adelantar que la norma sospechada es la aplicable por el oficial registrador ante la declaración de un nacimiento para su inscripción, El primer argumento de los Magistrados se funda en el sistema, y consiste en que los esfuerzos hermenéuticos deben propender a la "norma total", esto es, no a la que surge de una disposición aislada, sino la que resulta del sistema considerado en su totalidad.

El criterio de interpretación que ineludiblemente se impone es el sistémico y contextual.

Este argumento interpretativo manda considerar al espectro normativo como un ordenamiento sistemático, armónico, ordenado, coherente y vinculado, es decir, como partes que están relacionadas de cierta manera. Su importancia ha sido puesta de manifiesto por la doctrina: "Condiciones de aplicación de los argumentos sistémicos. La medida en que el contexto total es explícitamente considerado puede determinar el nivel de profundidad de la comprensión de un significado determinado. El sistema jurídico, entendido como una totalidad compleja es una parte masiva y crucial del contexto total del precepto legal. Ello se refleja en la importancia que la teoría de la interpretación otorga a los argumentos sistémicos .. El eje de dichos argumentos es la relación entre una lectura del precepto interpretado en función del significado que puede otorgársele en relación con otros aspectos relevantes del sistema jurídico. La CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA S/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE ignificado ordinario de un precepto puede verse reforzada o excluida por "" de su contexto, su historia, su identidad de razón o, simplemente, la ltctJ::m,,("()1)- e la comprensión standard de sus conceptos". (ZULETA PUCERIO, Enrique, ? .t erpretación de la ley. Casos y materiales para su estudio. Buenos Aires. Ed. La A su vez, este criterio interpretativo está compuesto de una serie de principios, algunos de los cuales son especialmente relevantes para encontrar la solución adecuada al caso propuesto. El principio sistemático permite suponer que el significado de un precepto legal debe ser el que guarde mayor coherencia con el conjunto en que se inserta, y parte de la presunción de que el derecho es un todo ordenado, coherente y completo. Por su parte, el principio de armonización contextual dice que los preceptos legales que pertenecen a un sistema normativo más amplio (verbigracia la Constitución) deben ser interpretados en el contexto armonizado con el resto del contexto, y que ninguna norma puede ser interpretada de manera aislada. Finalmente, el principio sedes materiae atribuye a un enunciado legislativo el significado que puede desprenderse de la ubicación del precepto interpretado dentro del sistema o contexto normativo del que forma parte; en este principio está incluido el denominado a rubrica, que atribuye el significado a un precepto legal según la rúbrica o el título que encabeza el grupo de normas en que se encuentra el precepto. En doctrina también encontramos estos conceptos: "La atribución del significado se define así en función de su posición dentro de una secuencia mayor de enunciados, respecto de la cual se supone una relación de pertenencia y, por tanto, de identidad o comunidad de principios inspiradores" (ZULETA PUCIRO, Enrique. Op. Cit. Pág. 55). El argumento a rúbrica consiste: "en atribuir significado a un enunciado jurídico (o texto legal) en función del título o rúbrica que encabeza el grupo de artículos en el cual aquel se encuentra" (MENDONCA, Juan Carlos, La interpretación literal en el derecho, lntercontinental Editora, Asunción- Paraguay, año 2013, Así pues, si examinamos la ubicación del artículo hoy cuestionado, vemos que se encuentra en la "Ley del Registro Civil, y que está inserto en el Capítulo VI "De los y nacimientos". Dicho artículo está ubicado en el Capítulo correspondiente a la inscripción de nacimientos en la Oficina Registra!. El oficial del registro, órgano de la administración posee facultades y límites específicos conforme a la naturaleza de la función que la ley le asigna; éste, como órgano del Registro Civil, sólo puede expresar su volición en los actos que la ley le ordena y hasta los límites que ella le otorga. Ante lo dicho, es clarificadora la regla de interpretación que expresa: "Toda interpretación debe atenerse al principio según el cual el funcionario público, cuando obra en su calidad de tal, sólo puede ejecutar /os actos que están expresamente contemplados dentro de su competencia" (MENDONCA, Juan Carlos, Op. Cit., En lo que hace a la pretensión originaria de la parte accionante de la demanda de cambio o modificación de nombre en el asiento registra!, dicho procedimiento se encuentra regulado en el Capítulo XII "De la rectificación y cancelación de /as inscripcio es arts. , 118, 119, 120 y 121). El juez como operador e intérprete del siste juridjco, re liz una c gnición distinta y más amplia que el oficial del registro civil. Esta acu ad e ene e tra regla a en el artículo 42 del Código Civil in fin : " ... Sólo el juez odrá u orizar, r justa cau a, que Gustavo E. Sant a , Ministro Cesar M. Diesel J R, Oieda Víctor tos ' 0 MiinS, Sin entrar a opinar sobre el fondo de la cuestión, que es propia de los tribunales inferiores, echando mano de la doctrina y jurisprudencia de larga data, vemos que una característica del atributo del nombre es su inmutabilidad, la cual no es absoluta y cuyo requisito esencial para que opere el cambio de nombre o apellido es que medie justa causa, conforme lo prescribe el art. 42 del Código Civil. En este sentido, en lo que refiere a la inmutabilidad, la doctrina ha referido: "El nombre es un derecho-deber de identidad, de donde se sigue el carácter inmutable que le corresponde. Siendo un atributo de la persona, no se concibe que el nombre de ésta que ha de identificarla en la sociedad pueda experimentar variaciones susceptibles de introducir equívocos en el ámbito social, Jo que importa desvirtuar la función identificadora del nombre. Alega que el principio no es absoluto, pero debe existir causa grave que justifique la alteración, se cumpla un procedimiento regular para introducir el cambio y que se lleve al conocimiento del público a fin de eludir en Jo posible /os inconvenientes propios en toda variante en el elemento esencial de la identificación de /as personas" (Llambias, Jorge Joaquín, Tratado Derecho Civil-Parte General- pág. 305). La justa causa deviene" ... en circunstancias excepcionales en /os que el cambio de nombre es necesario, ya sea porque éste va en desmedro de algún interés social o porque atenta contra la dignidad de la persona que lo lleva" (Moreno Ruffinelli, José A., Derecho Civil, Parte General La Sala Civil de esta Corte Suprema lo ha entendido en estos términos: " .. .Entonces, si bien se reconoce la inmutabilidad del nombre, es decir, que nadie puede cambiarlo por propia voluntad, se admite la existencia de 'Justas causas" que justifican su mutabilidad, como ser un nombre ridículo u ofensivo a la dignidad moral de /as personas, o de aquellos que Jo someten a la burla, dejando ello a la apreciación judicial .. " (Ac. y Sent. Nº 46 de fecha 22 de febrero de 201 O). De lo dicho hasta aquí, que el nombre ridículo, ofensivo o contrario a la dignidad moral de la persona que lo porta, no es una limitante para el juez que decide dicha pretensión, sino que es un elemento de juzgamiento -entre otros- para la determinación de la existencia o no de la justa causa; con ello nos encontramos ante un esclarecimiento de la cuestión hermenéutica que se nos ha planteado. Entonces vemos que " ... /a búsqueda de una interpretación razonable o correcta dentro de toda la gama de argumentos sistémicos puede conducir a un rechazo de la alternativa que en un principio pude ser más Acorde con el significado ordinario de /as palabras .. " (ZULETA PUCERIO, Enrique, Op. Cit, pág. 69).

Pasando análisis de la norma consultada desde la perspectiva constitucional, nos encontramos con la normativa constitucional referente a la tutela jurídica del nombre - e atributo de la personalidad inherente a toda persona humana. Tenemos en primer término, el Art. 4, de la Constitución Nacional, que dice: "Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de /as personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos" ( las negritas son mías ). En concordancia con el art. 33 de la Carta Magna, que establece: "La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de /as personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a /os derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública", que junto al art. 22 in fine "el procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada", dejan en claro, la protección constitucional de la identidad personal, el nombre y honor de las personas. Por su parte, el Art. 49 de la Ley Suprema prescribe: "La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a /os hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes", y proclamando a continuación la igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer (art. 51 ), lo cual se refuerza en el art. 32, cuando expresa que "/a unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de /os componentes fundamentales en la formación de la familia". Por último el art. 25 de la Constitución establece que: "Toda persona tiene el derecho a la libre expresión CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE 1 stas disposiciones se desprende claramente que el art. 56 de la Ley Nº 1266/1987 no presenta resquicio alguno de inconstitucionalidad. Esto significa, que conforme al iter Por lo demás, hay que recordar que la premisa fundamental en materia de control de constitucionalidad de las normas jurídicas inferiores es que ellas deben interpretarse en el sentido de su constitucionalidad y no al contrario; es decir, la interpretación constitucional debe conducir o resultar en la adecuación de las normas jurídicas inferiores a la constitución. Esta labor hermenéutica constituye un verdadero principio al que denominan de "interpretación conforme" y es una consecuencia derivada del rango supremo de la Constitución. Así lo ha entendido la doctrina más autorizada: " ... La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación ... en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la materia de que se trate ... ". (GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. 2006. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Cizur Menor: Editorial Aranzadi, Pág.

Adviértase que la misma disposición, coherente con nuestras normas constitucionales e infraconstitucioríales, la podemos encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual constituye ley de la república, al haber sido ratificada por Ley No 01/89. En efecto, el Art. 18 del mencionado pacto expresa "Toda persona tiene derecho a un nombre propia y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de este derecho para todos mediante supuestos, sí fuere necesario". En un análisis literal de la norma, tampoco encontramos una dificultad para la armonización con el instituto aquí escrutado y con la norma consultada. Debemos recordar aquí la siguiente regla interpretativa: "Sin razones suficientes ningún argumento interpretativo puede ser invocado para dar a parte alguna del texto legal un sentido distinto del que resulta de su claro lenguaje" (MENDONCA, Cosa distinta es la aplicación de esta norma en la realidad fáctica. Ciertamente las circunstancias de hecho pueden -no en pocos casos- generar serias controversias que impidan una solución sobre la base de la hermenéutica arriba señalada. Sin embargo, la realidad fáctica es solo eso, y no puede determinar la constitucionalidad o no de las normas.

En otras palabras, una cosa es la norma jurídica que puede legislar supuestos de hecho sobre la base de los distintos operadores deónticos - lo permitido, pro r , facultado, ordenado- y otra muy distinta es su aplicación. El control de constitucionali d deb hacerse sobre la base de aquello que la norma legisla y no como la misma se a Canfor e al análi s realizado, la norma traída a revisión, en su redacción y por la car cterístic s arrib señ adas, no presenta per se una contravención a.una norma o prin ipio c nstituci nal. Por eso, r etimos: la relación fáctica del caso o puede determin r la nstitu ionali ad de la norma Ministro victor Ríos 1e Mntt'O Debemos reconocer que al decir que la norma no presenta per sé una colisión con normas internacionales o con las de la propia constitución, lo hacemos en el marco de una apreciación meramente teórica. Recordemos que el sistema de Control Constitucional que la Constitución Nacional nos otorga, por principio, prevé la procedencia en casos concretos y solo con efectos con respecto al caso. El sistema adoptado requiere la existencia de un agravio concreto (Ver Art 12 de la Ley 609/1995). Por ello, por el principio que hace a nuestro sistema, el pronunciamiento en abstracto no procede. Y es ese requerimiento normativo el que, a la luz de las consideraciones expresadas en párrafos anteriores, la que impide un pronunciamiento sin el peligro de caer en lo que podría constituir un anticipo en el fondo de la cuestión.

Por las consideraciones precedentes entiendo que pronunciarnos hoy en esta causa, sobre la constitucionalidad de la aplicación del art. 56 de la ley Nº 1266/1987 -para el caso concreto planteado entre las partes del juicio- por su posible colisión con una Opinión Consultiva de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, sería emitir juicio sobre una de las pretensiones del fondo de la demanda, lo que escapa la competencia de esta Sala y desvirtuaría la naturaleza de la atribución de la Sala Constitucional dispuesta en el art. 260 Consecuentemente, por las consideraciones mencionadas corresponde tener por evacuada la consulta elevada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, del Primer Turno, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú. ES MI VOTO.

Por A.I. Nº 276 de fecha 07 de abril de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Coronel Oviedo, se ordenó la .remisión de los autos "CRISTHIAN RUBÉN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE AÑO 2021, Nº 358" a la Corte La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc.

a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 56 de la ley 1266/1987, disposición que la Juzgadora E I artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer lugar1 En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada f;,.yit'§ttt'at,c nte stn el mas mtntmo sustento en nuestro Estado Constitucionet y Democréiico CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en e//a.

En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "2 estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicial'?- Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema. Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional4 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones cas conc 1 -a1lc;iue sólo tendrá efe.léf9(§11Ej€1fig h151roc Corte Suprema de JMtÍi8!?,Vp'?ir excepción en cualquwriimt;;ii51((!9JY se levarán no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz R d íguez, . F. (2017). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Univers dad A e ica , 5(1).Recuperado a partir de https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/r stajuridica a/articl /vi /171.

Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 06. Caso Traba adore s dos del Congreso Vs. Perú. Excepciones norma aplicable a la solución del conflicto puede ser incons (p.86). Asunción: Litocolor S.R.L. Ab ullo c. Pavón Martíne Secretario norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretar/a, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución"5 Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma consagra dos principios: 'el de la !ex superior', al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de Jerarquía', al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex superior7 El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden. "8 Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considere inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta "1 En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y 6 Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. La "Constitución Convencionalizada".

Néstor Pedro Sagües. Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014. Algunos problemas constitucionales. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental Editora. 2011. Pág. 47. La interpretación Literal en el Derecho. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. Pág. 85. Amaya, J. A. (2014). La Jurisdicción Constitucional. Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya. Pág.88. Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, 2014, Pág. 26. Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá. 2019. Pág. 75 CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA S/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE titucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Coronel Oviedo, debe ser rechazada por improcedente, debe ser rechazada por improcedente. ES MI VOTO.- A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos Sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida e preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el 'artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales .. ," (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos su Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 CN donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 CN, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional.

En efecto, el artículo 259 CN, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 CN, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en c a aso co reto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre I inc stitucion idad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulida I s qu resulten co trarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá ici r e po cción ante a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Bicia, y por vía de xcep en cuyo caso se eleva , 1os an edentes a a Corte.

avo E. S --- Ministro --' La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: 11 Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo 11 Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: 11 Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Co in cid ente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene orioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: CRISTHIAN RUBEN JACQUET MEDINA 5/ RECTIFICACIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE 1 -,"'t ' stenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, me usive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideraciones que anteceden, la rechazada por improcedente. ES MI VOTO.

Con lo que se dio certifico da Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: q Asunción, -Z-1 de flor r¿,ro de 2.02y.- y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional

RESUELVE:

NO EVACUAR la Consulta Constitucional elevada por el Juzgado d rimera stancia en lo Civil y Comercial Primer Turno de Coronel Oviedo, por improcedent .

Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro