OL,e¡ CORTE tE}l SUPREMA "---DEJUSTICIA 1, ,-:;;; i;J Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los vei .,J;uho días del es de v br .ero del año dos mil vQ.h1-- i e,c..,o. ro - estando en la Sala de 1.' e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. SeñoreMinistros de la Sala o I ucional, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ C/ ART. 1 DE LA LEY 4252/10 QUE MODIFICA LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY Nº 2345/2003", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Señora OLGA BEATRIZ OSORIO DE NARVAEZ por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ C/ ART. 1 DE LA LEY 4252/10 QUE MODIFICA LOS Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: La presente acción de inconstitucionalidad es incoada por la señora Oiga Beatriz Osorio Romero de Narváez, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Hugo Hernán Ortiz, contra el Artículo 1de la Ley Nº 4252/2010 "Que modifica /os artículos 3, 9y 10de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", por reputar dicha disposición como violatoria de los Arts. 6, En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por /os poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictad stá fuera de ley".
Todas estas características tienen importantes derivaciones en I ins itutos qu cr la misma Constitución, en. sus atribuciones y deberes, n s finali ad Y, modo de Como se mencionó supra, los tres n,,,-,--rcn,.u:, del Estad (E ec tivo, Le isl ivo y Judi ial) tienen el mismo rango quilibri entre ellos e da a trav s de un ste a de tren s y Gustavo E. Santander Dans Ministro . Cesar M. DieserJunghanns 1 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas dereserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art .. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio E s cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva alfuncionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito P o r todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta 1.- La Sra. OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ por sus propios derechos y bajo patrocinio de profesional abogado, en calidad de funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme instrumentales obrantes en autos, promueven ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ C/ ART. 1 DE LA LEY 4252/10 QUE MODIFICA LOS 2. Alega la accionante que, de la lectura de la norma impugnada se desprende que debe necesariamente jubilarse al cumplir los 65 años de edad, situación que amenaza sus derechos laborales de seguir permaneciendo en el ejercicio de sus funciones actuales en el Constitución Nacional, pues la misma otorga un trato discriminatorio ya que discrimina entre personas menores de 65 años que pueden trabajar y las de 65 años que obligatoriamente deberán jubilarse, sin tener en cuenta si están o no aptas para trabajar, con lo cual también 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/10 la señora OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6: - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad s Ia reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio d aqu llos trab dores y Gustavo E. Santande Ministro 3 los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos ros 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria".
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8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 8. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10. - Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones.
Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.
11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.
12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad. Levantar la medida cautelar dispuesta en autos por A.I.Nº A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Previo al estudio de la cuestión planteada, es oportuno advertir que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/06/23, por lo que procedo a emitir mi voto en fecha 06/07/23. Dicho esto, pasaré al análisis de fondo de la presente acción de inconstitucionalidad.
La señora OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 2º y 1 O CORTE PREMA . e,;I,../03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y '' .. Pé'nsio, :-. 1 Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la De los argumentos expuestos por la accionante se extrae que la misma cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que la recurrente revistela calidad de funcionaria pública y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que conforme a la normativa impugnada su jubilación será obligatoria al cumplir los 65 años de edad, por lo que significa que necesariamente debe abandonar su trabajo y perder su única fuente de ingresos y sostén de su familia, lo que le causaría un daño irreparable a la vez, declararía la ruina de mis ingresos y consecuentemente la disminución de la calidad de vida personal y familiar. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46, 57, 86 y 88, de la Constitución La disposición impugnada dispone cuánto sigue: "Art. 9º El aportante que complete 62 (sesenta y des) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentara 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100(cien por ciento).
Cumplidos /os 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria. Todos /os funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Aquel/os que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun . apelando a /as derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de /os empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier titulo, presten servicios PROMOVIDA POR "OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ C/ ART. 1 DE LA LEY 4252/10 QUE MODIFICA LOS La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad , de El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador - en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora OLGA BEATRIZ RIO ROMERO DE NARVAEZ. Ordenar el levantamiento de la medida cautelar de sus ensió de efectos dictada Ante mí: R, 01eda Dr. Víctor tos Ministro SENTENCIA NÚMERO: q (o Asunción, 21 de .f G6r ero VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima )C:-C.:..L .,) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE: ,1
RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promo'vida-por señora OLGA BEATRIZ OSORIO ROMERO DE NARVAEZ, de conformidad a lo establecido ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión e Efe tos, dispuesta por A.I. Nº 264 de fecha 6 de abril de 2022, dictada por esta S la.
ANOT AR, registrar y n Ante mí: . R'os Ojeda Víctor L pr. Mi.iústro