← Sentencias
Auto InterlocutorioSala ConstitucionalAdministrativa

Auto Interlocutorio N° 8/2024

1 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ Y OTROS C/ RES. Nº 1 DE FECHA 29/10/2016 CONVENCIÓN ORDINARIA A.N.R.; RES. 5 DE FECHA 29/10/2016 CONVENCIÓN ORDINARIA A.N.R.; RES. Nº 7 DE FECHA 29/10/2016 CONVENCIÓN ORDINARIA A.N.R. Y RES. C.E. Nº 03/2016 DE FECHA 31/10/2016, COMISIÓN EJECUTIVA A.N.R." Nº 1835 - AÑO 2016.

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ Y OTROS C/ RES. Nº 1 DE FECHA 29/10/2016 CONVENCION ORDINARIA A.N.R.; RES. 5 DE FECHA 29/10/2016 CONVENCION ORDINARIA A.N.R.; RES. Nº 7 DE FECHA 29/10/2016 CONVENCION ORDINARIA A.N.R. Y RES. C.E. Nº 03/2016 DE FECHA 31/10/2016, COMISION EJECUTIVA A.N.R." Asunción, .( de tehrero de 2021 -cción de inconstitucionalidad presentada por los señores Silvio Adalberto Ovelar Benítez, rksen, Mario Abdo Benítez, EnriqueFausto Bacchetta Chiriani, Juan Carlos Galaverna ca Margarita Ovelar de Duarte, Osear Rubén Salomón Fernández, Eduardo Romalino Petta lih-LNOOin, Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Eber Osvaldo Ovelar Benítez, José María lbáñez ítez, Cesar Ariel Oviedo Verdun, Carlos Manuel Maggi Rolón, Andrés Retamozo Ortiz, Víctor Luis zález Segovia, Crecencio Herminio Cáceres Santacruz, Miguel Sosa Cabañas y Calixto Eduardo Be nal Amarilla, en contra de la Resolución N° l; Resolución Nº 5; Resolución N° 7, todas de fecha 29 de oc bre de 20)6, dictada por la Convención Ordinaria de la Asociación Nacional Republícana - Partido Co rado; y la Resolución C.E. N° 03/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada por la Comisión Ejecutiva

CONSIDERANDO:

A SU TURNO, EL MINISTRO CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, DIJO: Considero que la presente acción de inconstitucionalidad, debe ser rechazada in-Iimine, por las consideraciones que a continuación se detallan: Tenemos que las resoluciones impugnadas son las siguientes: Resolución Nº 1, Resolución Nº 5 y RESOLUCION nº 7, todas del 29 de octubre de 2016, dictadas por la Convención Ordinaria de la Asociación Nacional.Republicana, y la Resolución Nº C.E. Nº 03/2016, dictada por la Comisión Ejecutiva de la Asociación Surge de las manifestaciones de los accionantes que las resoluciones impugnadas de inconstitucionalidad, disponen entre otras cosas mandatos imperativos a los Senadores, Diputados y a cualquier representante del pueblo electo a través del partido colorado. Dichos mandatos imperativos giran entorno, a la designación del A pesar de las afirmaciones realizadas por los impugnantes, queda patente que al día de hoy el estudio de las cuestiones ventiladas en esta acción resultan inanes. Considero que por razones no imputables a esta Magistratura, por cuanto recibí esta causa recién en julio de 2021, a la fecha es inexistente el requisito de agravio actual, lo cual significa que la cuestión constitucional, que en su momento fue sometida a consideración de esta Corte, ha perdido virtualidad jurídica. En ese sentido, la Corte ha sostenido que la sentencia "debe sujetarse a la situación vigente en el momento en que se dicta. Y como que al presente, por las razones expuestas, los supuestos de hecho se han alterado sustancialmente, cualquier prol'tunciamiento sería un pronunciamiento en abstracto, lo que es vedaqo ya que la Corte solamente puede decidir en asuntos de carácter Consecuentemente, en estas condiciones corresponde el rechazo in limine de esta acción. Voto en ese OPINIÓN DEL -MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN: Me adhiero a la opinión del Ministro César Diesel Junghanns, por compartir los mismos fundamentos expuestos en su voto, en el sentido que considero que corresponde rechazar in limine la acción de inconstitucicnalidad, y agrego cuanto sigue: Como es sabido, toda acción judicial es motivada por una pretensión que el accionante desea satisfacer. En algunas ocasiones, esta pretensión consiste simplemente en la declaración de un derecho de que se busca su certeza iurídica y, consiste en la resolución de<un determinado conflicto en que el accionante supone se D aquí n ce el interés del sujeto con relación a esos derechos dudosos o controvertidos, intereses que se tr duce e la necesidad del desarrollo de un proceso para satisfacer con una resolución, en cada caso c ncreto, 1 derecho afirmado como fundamento de la pretensión, y constituye uno de los requisitos S n ernbar o, en ocasiones sucede que durantela sustanciación del proceso, por causas ajenas al mismo, d saparec n los supuestos, hechos o normas que motivaron la acción, desapareciendo asimismo la c ntrover ia, así, la cuestión que le dio origen se extingue o se aclara, circunstancia conocida como s straccn de la materia, y que trae como consecuencia, la desaparición del interés del sujeto en el proceso y en el d' tado de una sentencia, puesto que la misma deviene así innecesaria ante una pretensión que, como se Asues, para el dictado de una sentencia sobre el mérito de la causa, es necesaria 1a existencia de una sión, y al dejar de existir ésta, ya no existen - lógicamente- cuestiones que decidir o declarar, resultando así 1 sentencia en expresiones puramente abstractas o académicas, siendo esto indiferente a las partes. En este u sto, sostengo que n caso de resultar evidente el hecho extintivo o cuando haya conformidad de las parte io en su producción y en la consecuente declaración de conclusión del proceso, el órgano c1 tiih en r al examen de las cuestiones de fondo, debe desestimar la pretensión.

-.¡d1'6cl-o,o de te ínación del proceso no se encuentra .regulado expresamente, sin embargo, ello no es óbice a ,:WU'ª q e1 el juzgado , independientemente del grado de su .competencia, así lo declare, puesto que en caso de no enco trarse norma la situación, este debe considerar las disposiciones que regulan casos análogos y, en Siendo sí, en- atención. . lo expuesto acerca del carácter imprescindible que tiene para el proceso, la éxis! ncia del onflicto o. cue. ión dudosa a set aclarada, y del interés que-ia lución tienen las partes del JU1c1 , lo que justlfica la exist cia proceso, stengo -como exprese líneas riba- que desaparecer estos ebe desestimarse la pret ión, declararse tinto el proceso y disponers su archivo solución que impla el' cumplimíent principio de ec omía procesal, termitir al , la Cesar J Ministro-GSJ, posibilidad de considerar hechos sobrevinientes al inicio de la demanda, que hayan extinto la situación inicial y que, en consecuencia, tomen la actividad jurisdiccional en un dispendio innecesario.

Así lo ha entendido también las más autorizada doctrina, la que ha dispuesto: "frente a la ausencia de interés procesal, la pretensión deviene inadmisible, correspondiendo la desestimación ... De idéntica potestad goza la Alzada en los casos que la ausencia de interés procesal hubiera pasado inadvertida en la instancia de origen, o cuando la sustracción de materia acontece mientras se sustancia el procedimiento de segunda instancia. En esos supuestos la Cámara, sin entrar al examen de los agravios pronunciará sentencia desestimando la Pues bien, es claramente cierto afirmar que la acción de inconstitucional requiere un interés particular en la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma o precepto jurídico, por el daño o perjuicio ocasionado por el mismo a un bien jurídico concreto; es decir, ante la ausencia de interés, no debe dársele Así, vemos que debe existir un agravio actual, el cual será satisfecho con la declaración de inconstitucionalidad pretendida. Luego, agravio actual supone una lesión a un derecho subjetivo del cual detenta titularidad de forma directa, inmediata y actual, por el precepto jurídico efectivamente aplicado al mismo: "la actualidad del gravamen significa que debe subsistir al momento en que la Corte resuelve el recurso extraordinario. El alto tribunal está obligado a considerar las circunstancias existentes al instante en que se decide, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso citado." (Sagues, op. Cit., p.171).-- ..

De esto se sigue que en el caso de autos, a la fecha, no existe interés tutelable, desdeque la situación de hecho que motivó por la presente impugnación ya no se encuentra establecida, tal como lo apuntó el Ministro Por lo demás, resulta oportuno manifestar que, si bien nos encontramos en una etapa incipiente de la acción de inconstitucionalidad, es decir, de admisibilidad, se impone el estudio del interés. actual en una lesión concreta pues si ella no existiese, admitir la tramitación de la acción resultaría inane, teniendo en cuenta que no arrojaría un resultado distinto al aquí llegado y más bien atentaría contra el principio de economía procesal Por tales rezones, no cabe sino rechazar in limine la presente impugnación por inconstitucionalidad.

A SU TURNO, EL MINISTRO MANUEL DE.JESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Me adhiero a la conclusión arribada por los Ministros que me anteceden en orden de votación, en el sentido de que corresponde el rechazo in limine de la presente acción de inconstitucionalidad instaurada, pero por los siguientes fundamentos:

.. - En este caso en particular, la parte accionante impugna las siguientes resoluciones: 1) Resolución Nro. 1 de fecha 29/10/2016, dictada por la Convención Ordinaria de la ANR; 2) Resolución Nro. 5 de fecha 29/10/2016, dictada por la Convención Ordinaria de la ANR; 3) Resolución Nro. 7 de fecha 29/10/2016, dictada por la Convención Ordinaria de la ANR; 4) Resolución C.E. Nro. 03 de fecha 31/10/2016, dictada por Teniendo en cuenta las resoluciones impugnadas en autos, en primer lugar, se debe verificar si son impugnables por medio de la acción de inconstitucionalidad, por lo que el análisis debe iniciarse con la determinación de si son o no objeto de revisión por la vía (acción) del control de constitucionalidad las resoluciones dictadas por los órganos internos de los partidos políticos.

Al respecto, al -art, 132 de la Constitución establece que "La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los Por consiguiente, conforme con lo dispuesto en el Art. 132 de la Constitución, solo pueden ser impugnables por vía de la acción de inconstitucionalidad, las normas jurídicas y las resoluciones judiciale.-s

En cuanto al primer objeto, puede generar duda en cuanto a su contenido, es decir, si dentro de lamisma se incluyen tanto a las normas jurídicas públicas y las normas jurídicas privadas, la primera,. emitidas por las Se puede afirmar que las normas jurídicas que pueden ser objeto del control de constitucionalidad, son las públicas, dictadas por las autoridades públicas, porque el Art. 132 de la Constitución expresa que "La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley.

Es precisamente, la ley procesal civil que reglamenta el control de constitucionalidad, la que determina el tipo de norma jurídica impugnable por vía de la acción de inconstitucionalidad, consistente en las normas En efecto, el Art. 550 del C.P.C, al enumerar las normas jurídicas impugnables por vía de la acción de inconstitucionalidad, individualizada a los diferentes tipos de normas dictadas por las autoridades públicas y en el Art. 551 del mismo cuerpo legal, al declarar imprescriptibles las normas jurídicas de carácter general, A las disposiciones legales citadas, corresponde agregar, lo dispuesto en el Art. 137 de la Constitución que expresa "carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecidos en esta Constitución" y la finalidad del control de constitucionalidad es mantener la supremacía de la Constitución, circunstancia fáctica que permite afirmar que el objeto del control de constitucionalidad e's invalidar los actos Por consiguiente, de conformidad con las normas que reglamentan la acción de inconstitucionalidad y la disposición contenida en el Art. 137 de la Constitución, se puede afirmar que el objeto del control de constitucionalidad son las "normas jurídicas públicas" y en el caso analizado, la norma jurídica impugnada es una norma jurídica dictada por una entidad política que no se halla integrada a la estructura del Estado y por consiguiente, no emite norma jurídica pública y por tanto, no es objeto del control de constitucionalidad.

Lo afirmado precedentemente, no implica que la norma jurídica privada no puede ser revisada en su constitucionalidad, pero para el efecto, se debe recorrer, previamente, las acciones judiciales pertinentes y en Por consiguiente, en base a las consideraciones expuestas, corresponde el rechazo in limine de la presente acción de inconstitucionalidad porque las normas jurídicas dictadas por las entidades políticas no son objeto

POR TANTO, la

SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE: