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Acuerdo y Sentencia N° 52/2025

16 de diciembre de 2025

JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL".

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CORTE SUPREMA nEJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CUERDO Y SENTENCIA NÚMERO .... 0.... ACl ¡ eco Asunción, Capital de la República del :o/6 s O{-e e.y!e.,-i dí as, del mes de O{ l vi €.NI k::> re del "' veinticinco, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, César Antonio Garay y Alberto Martínez Simón, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a Acuerdo el expediente caratulado: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por Carlos Federico German García de Zúñiga del Puerto, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Osear Ariel Torres López contra el Acuerdo y Sentencia Nº 42 del 29 de abril del 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, Capital. Asimismo, los recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la Procuraduría General de la República, contra el apartado quinto de la misma resolución.-

CUESTIONES: /),.

En su caso, ¿se halla ajustada a Derecho?-- Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Martínez Simón, Jiménez A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MARTÍNEZ El recurrente, Carlos Federico García de Zuñiga -actor-, bajo patrocinio del Abg. Osear Ariel López, en el escrito por el que expresó agravios (fs. 69/74), dijo respecto de este or su parte, la n la recur ,..,":-r,Jiménez nulidad. En este no se advierten Sr1:rfariu vicios o defectos que autoricen a declarar de oficio su nulidad, conforme a los arts. 113 y 404 del C.P.C., corresponde declarar desierto este recurso respecto de la parte actora y tener por desistido respecto de la parte demandada.

A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: Cabe adherir al voto del Ministro preopinante por iguales fundamentos.-- A SU TURNO, EL MINISTRO GARAY DIJO: Suscribo juzgamiento al del señor Ministro Alberto Martínez Simón por motivaciones A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Por Sentencia Definitiva Nº 48 del 29 de enero de 2021, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Octavo Turno, Capital, dispuso: "l) HACER LUGAR a la presente demanda que por daños y perjuicios promueve CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZUÑIGA contra el ESTADO PARAGUAYO, y en su mérito condenar al ESTADO PARAGUAYO a pagar al actor la suma de GUARANÍES VEINTIOCHO MILLONES (Gs. 28.000.000) por concepto de pérdida de la chance, y GUARANÍES TRESCIENTOS MILLONES (Gs. 300.000.000) por concepto de daño moral, totalizando el monto de GUARANÍES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (Gs. 328.000.000) con los intereses indicados en el exordio de esta sentencia, dentro de los diez (10) días de que la sentencia quede firme y ejecutoriada. 2) IMPONER las costas a la demandada. 3) NOTIFICAR por cédula en soporte papel .... " (resolución que puede ser visualizada íntegramente en el Portal de Consulta de Casos Judiciales, conforme lo autoriza la Acordada Nº 1641 del 18 de mayo de 2022, dictada por la Sustanciados los recursos en la alzada, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, Capital, dictó el Acuerdo y Sentencia Nº 42 del 29 de abril de 2022 que dispuso: "1. TENER POR DESISTIDO del recurso de nulidad interpuesto. 2. REVOCAR la sentencia definitiva recurrida y, en consecuencia; 3. NO HACER LUGAR a la excepción de falta de acción opuesta como medio general de defensa por el Procurador CORTE SUPREMA or,JUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMAN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD la República, en representación del Estado 4. NO HACER LUGAR a la demanda de por daños y promovida por el señor Carlos Federico Germán Zúñiga contra el Estado Paraguayo. 5. IMPONER las costas en el orden causado en ambas instancias. 6. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia .... ". Esta resolución fue recurrida íntegramente por Carlos Federico García de Zuñiga del Puerto -actor- y, en su Como puede observarse, la apertura de esta instancia recursiva importa el estudio de los recursos interpuestos por ambas partes litigantes por lo que, por motivos de orden, se realizará el estudió de los mismos de manera independiente.- Luego de concedidos los recdos los autos a esta máxima instancia judicial, en ocasión de expresar agravios (fs. 69/74), el apelante afirmó que el Ad-quem utilizó un fundamento que no se compadecen con las constancias de autos, al considerar que su absolución se dió por el principio de "in dubio pro reo", por lo que no se encuadra en el presupuesto del art. 2 7 5 del C.P. P. , es decir, para el ,!¡'!:Y-,' Tribunal supuestamente ha existió duda sobre su participación (' en el hecho punible. Expresó que la mención del principio "in (dub i.o pro reo" por el Tribunal de Sentencia no hace al fundamento puntual de su absolución sino de una consideración genérica sobre las reglas que un Tribunal de Sentencia debe seguir para llegar a una condena. Manifestó que los motivos su absolución están expresados claramente en el primer a afo de la resolución del Tribunal de Sentencia quien ha s.0cto claro al concluir que no ha existido dolo en su su absolución de por su inocencia resupuesto exigido Paraguayo Ministro Alig. Mi ría Rita Mongcs Das Santos Send:irh1 privado de su libertad sin responsabilidad penal alguna en los hechos investigados. Luego continuó e hizo alusión a la indemnización por daños y perjuicios, manifestando que resultaba innecesario inmiscuirse en los conceptos y en el quantum indemnizatorio establecidos en la Sentencia Definitiva de Primera Instancia, en atención a que el Tribunal no se expidió al respecto en su resolución por lo que la Sentencia de Primera Instancia deberá quedar firme íntegramente en cuanto al importe y a los rubros indemnizatorios, más intereses moratorios desde la fecha de promoción de la presente demanda hasta el día del efectivo pago. Por todo ello solicita se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por su parte y revocar la resolución apelada, con imposición de Al contestar los recursos (78/87), la P.G.R. niega categóricamente que el Tribunal de Apelación haya errado en la apreciación de los hechos ya que de la lectura de la resolución recurrida se advierte que la misma se ajusta bien y exactamente a las constancias de autos y pruebas producidas durante el proceso. Entendió que el sometimiento a un proceso penal, con detención y prisión preventiva de ciudadanos como hechos lícitos del Estado no genera derecho a indemnización per se. Expresó que el demandante estuvo privado de su libertad basado en una actuación regular del Estado, no obstante, ello no significa que el mismo tenga derecho a una indemnización en los términos planteados en la demanda debido a que el proceso no culminó en una sentencia definitiva que haya decretado su culpabilidad y que luego fuera objeto de un recurso de revisión, caso en el que sí se daría la posibilidad de que el mismo optara entre la indemnización tasada o la indemnización requerida en el ámbito civil por lo daños y perjuicios. Tampoco su absolución se debió a la comprobación manifesta de su inocencia, por el contrario, el Tribunal de Sentencia señaló precisamente que no se podía conocer a ciencia cierta si el señor Carlos Federico García de Zúñiga del Puerto sabía o no de la verdadera intención del Sr. Montans CORTE SUPREMA nEJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD omendó a la Sra. Johanna Leiva que vaya a trabajar Entendió que, ante dicha falta de certeza punibilidad del acusado, el Tribunal aplicó el de presunción de inocencia para resolver la El actor de la demanda ha sido desvinculado por el beneficio de la aplicación del principio "in dubio pro reo" y no por la inocencia manifiesta demostrada en juicio. Por todo ello, solicitan la confirmación del fallo recurrido.

Por último, en cuanto a los rubros indemnizatorios la P. G. R. expresó que, en el hipotético caso de que esta Sala revoque la resolución recurrida, el Estado Paraguayo -a pesar de que el accionante pidió que se le abone la suma fijada en la resolución de referencia en concepto de pérdida de chance y daño moral- no debe abonar suma alguna en el concepto patrimonial indicado -pérdida de chance- pues el actor no solicitó dicho rubro en su escrito inicial de demanda, refiriéndose solamente al concepto de lucro cesante, el que no logró demostrar, con ningún medio de prueba. El lucro cesante como cualquier otro reclamo, debe ser probado por quien lo peticiona. Sostuvo, en síntesis, que no corresponde indemnizar al demandante en concepto de pérdida de de lucro cesante, como tampoco en concepto de daño Así delineada la discusión, las posiciones de '"j¡li;W«:'5,..

pueden sintetizarse de la siguiente manera: el recurrente -actor- sostiene que ha sido absuelto de culpa y pena por demostrarse su inocencia y no por el beneficio del principio de "in dubio pro reo" por lo que el Estado Paraguayo, tal como ilo establece el art. 275 del C.P.P. debe indemnizar por los daños causados a su libertad. Por su parte, la demandada el actor fue absuelto por duda razonable y no por fehacientemente su indemnización alguna por por ello, no carse en ninguno a favor de proceso penal.- Ministro Al.Jg. !Vfarfa Rita M9Jt'.'N Ons Sz:ll!II Germán García de Zúñiga del Puerto como consecuencia de un proceso penal de trata de personas en el que fue imputado, acusado y luego absuelto en juicio oral y público.

En este entendimiento, en primer lugar debe establecerse en qué términos o bajo qué fundamentos se otorgó la absolución para luego; si así correspondiere, analizar los presupuestos del daño y su cuantificación, aclarando que, de reunirse los requisitos que configuran el daño, la cuantificación solo será analizada hasta el monto máximo de 0 28.000.000 en concepto de pérdida de chance y 0 300.000.000 en concepto de daño moral, con sus intereses, que fue concedido en la instancia primigenia, dado que el Tribunal de Apelación, al revocar el fallo del Juzgado, rechazó todos los rubros, existiendo, en consecuencia doble rechazo para todo rubro superior a las 10 dicho constituye un prolegómeno necesario para el análisis a ser realizado, pero para un correcto planteamiento del problema se debe, además, identificar acabadamente el supuesto de hecho que nos ocupa; para ello debemos remitirnos a las posiciones de ambas partes en sus escritos de demanda y contestación, que servirán para la comprobación de los hechos En este sentido, el actor, en ocasión de plantear su pretensión (que obra en las constancias del expediente electrónico), expuso que fue procesado junto con otras personas por el Ministerio Público, Unidad Penal Nº 3 Especializada en la lucha contra la trata personas y explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, entonces a cargo de la Agente Fiscal Abogada Nathalia Acevedo, por la supuesta comisión del hecho punible de trata de personas, tipificado por el Art. 5inc. 2y Art. 6inc. 4de la Ley Nº 4788/12, en base a una denuncia radicada por María Johana Leiva ante la Dirección de Apoyo Técnico de la Policía Nacional - Opto. Anti Trata de Personas y Delitos Conexos, denuncia que fue comunicada a la citada Unidad del Ministerio Público, por lo que la Agente Fiscal ordenó su detención por resolución Nº JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMAN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD / ; mayo de 2013, cumpliéndose aquella el 05 de junio uesto a disposición del Ministerio Público. La Fiscal procedió a su imputación según acta de 02 del 05 de junio de 2013. Luego, por A.I. Nº 535 del 06 de junio del 2013, se decretó su prisión preventiva, presentándose, posteriormente, acusación en su contra y solicitud de elevación a juicio oral y público. Explicó que en ocasión de llevarse a cabo el juicio oral y público el Tribunal de Sentencia, luego del debate de la causa y el análisis de las pruebas de cargo y de descargo, concluyó con su absolución de culpa y pena, en virtud a la Sentencia Por ello, manifiesta el hoy accionante que ha cumplido dos años, dos meses y veintisiete días en privación de libertad de manera totalmente injusta, por pedido de la agente fiscal quien obró con negligencia. Expresó que dicha situación le ha perjudicado en su honor y reputación ante su familia y la sociedad, sumado que perdió todos los trabajos que como electricista y pintor cumplía en obras con una suma de ingreso promedio de Gs. 1.900.000. En base a dichos hechos solicita indemnización al Estado Paraguayo por los siguientes rubros y montos: Lucro cesante: 0. 56.366.666 y daño moral: 0.

1.000.000.000, con un interés del 2,8mensual desde en que recuperó su Por su parte, 9Ctor manifestando que no existe responsabilidad del Estado Paraguayo por daño alguno, pues el actor ha sido desvinculado . "de la causa penal aludida arriba por el beneficio de la .,/ ap l t ación del principio in dubio pro reo y no por inocencia comprobada en juicio, según lo resuelto por el Tribunal e por S.D. Nº 262 de así la decisión s 2 de setiembre de en el art. cosa que n pasó. Bajo ese fundamento, a de legi m1ción del actor pues no se estok cont plados por la ley l Estado Ahg, María mta Monges Dos Santos S,:trbl'ia Asimismo, expresó que, además de no corresponder la indemnización, tampoco probó los conceptos y montos reclamados reduciéndose a meras alegaciones con orfandad probatoria.--- Como desde ya puede verse, de tales posiciones opuestas es posible identificar el problema que nos ocupa: ambas partes entienden de manera distinta los argumentos por los cuales el Tribunal de Sentencia absolvió al accionante en estos autos.- En el caso de estudio, se trata de una indemnización por daños ocasionados por una medida cautelar de prisión preven ti va dictada en el marco de un proceso penal. Cabe expresar que el Estado Paraguayo, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de ejercer la investigación, persecución y sanción penal de los hechos punibles.

Evidentemente los hechos producidos en ese marco, en principio serán regulares, aunque pueden ser igualmente En efecto, de las relaciones de hechos realizadas por el actor en el escrito de demanda parecería que el mismo estuvo privado indebidamente de su libertad entre el 03 de junio de 2013 hasta el 02 de setiembre de 2015, un total de 2 años, 2 meses y 27 días (817 días) ya que por Sentencia Definitiva Nº 262 del 02 de setiembre del 2015, el Tribunal de sentencia resolvió la absolución de culpa y pena del actor de esta demanda y ese es el daño que alega y cuya reparación reclama en sede juriddiccional y directamente contra el Estado, por ello no puede sino considerarse como una responsabilidad directa del Estado por hecho lícito cometido por sus agentes.- Debemos hacer notar entonces que, revisado el expediente electrónico, constatamos que el actor efectivamente estuvo sometido a un proceso ante la Justicia penal ordinaria, por trata de personas, más no existe constancia de condena contra aquel, y lo que existió fue una medida cautelar de prisión preventiva que, precisamente, tuvo fin el 02 de mayo de 2015, Al respecto, debemos decir que la Justicia tiene la facultad de dictar las medidas precautorias necesarias -entre CORTE SUPREMA nFJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD preventiva- cuando existan indicios para evitar la posibilidad de fuga del imputado, al acto investigado o la posibilidad la pena que podría sobrevenir. En efecto, la de tales medidas precautorias responde a la circunstancia que el juzgador estima configuradas en el momento en que las ordena -art. 242 y concordantes del C.P.P.

' con los elementos de juicio con que cuenta en ese momento.- Sin embargo, ello no implica que el Estado esté exento de responsabilidad por los daños ocasionados al que hubiese sido privado de su libertad y que luego no sea condenado Nuestro Código Procesal Penal así lo dispone en su Libro Quinto, Titulo II, cuando regula sobre la "indemnización al imputado", en el que claramente impone una obligación indemnizatoria directa, de carácter objetivo, en cabeza del En ese sentido, el art. 275 del C.P.P. establece claramente: "También corresponderá esta indemnización cuando la absolución o el sobreseimiento definitivo se basen en la inocencia del imputado y éste haya sufrido privación de libertad durante el procedimiento". La indemnización a la cual se refiere la norma es la prevista en los art y El primero (art. 273 CPP) establece: la revisión del procedimiento, el condenado sea absuelto o se ; l.e imponga una pena menor, será indemnizado en razón del.

tiezz;,o de privación de l.ibertad o por el. tiezz;,o sufrido en ceso. El precepto regirá, analógicamente, para el caso en qóe a revisión tenga por objeto una medida. La multa o su (art. 274 CPP) reza lo iado dice: "El j ez, al r visión, :fijará oficio, la equiv ¡te día multa por c ad injusta Si el imputado Ah¡. M:irfa Rita Mor.ges Dos Santos 1nct:win ante los tribunales civiles; si no la acepta, podrá plantear su demanda libremente conforme a lo previsto en la legislación civil.ff Por su parte, el art. 276 del C.P.P. dispone: "El Estado estará siempre obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de su derecho de repetir contra algún otro obligado.

Para ello, el tribunal podrá imponer la obligación solidaria, total o parcialmente, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial. En el caso de las medidas cautelares sufridas injustamente, el tribunal podrá imponer la obligación, total o parcialmente, al denunciante o al querellante que haya declarado falsamente sobre los hechosff.- En síntesis, el art. 273 del C.P.P. consagra el derecho del condenado a ser indemnizado por el tiempo de privación de la libertad sufrida en exceso. El art. 275 del mismo cuerpo legal extiende este derecho a los casos de los imputados que hubiesen sido posteriormente absueltos o sobreseídos, basados en su inocencia. Finalmente, el art. 276 del C.P.P. establece, que el Estado estará siempre obligado al pago de la indemnización sin perjuicio de su derecho de repetición, indicando clarísimamente que es la República del Paraguay la que debe afrontar dicha indemnización, como se adelantó, en forma directa y objetiva ante la constatación conjunta de dos hechos: la falta de condena del imputado y que este, durante el proceso p eria L en el que no fue condenado, haya sufrido Entonces, según lo expuesto, el afectado puede optar por solicitar la indemnización tasada en el artículo anteriormente transcrito, ante el mismo juez que decretó su libertad, o bien iniciar una demanda ante el fuero civil, que fue lo elegido por el actor en el caso de autos. "Se ha optado, en consecuencia, por un sistema de responsabilidad directa (o por actos regulares) del Estado no sólo para el caso de error judicial (en sentido estricto), sino también para las medidas cautelares de privación de libertad dictadas erróneamente en el proceso. Cabe notar aquí una vez más que, ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD eti va la responsabilidad del Estado, no necesita o dolo de funcionario alguno". (Moreno Roberto, Sobre la Responsabilidad Civil del Fiscal, disponible en: http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/civil/Robert o-Moreno-Sobre-Responsabilidad-Fiscal.pdf) .

El apartado 153 de la exposición de motivos del Proyecto de Código Procesal Penal Paraguayo, en relación a la indemnización prevista en el art. 275 menciona: "Otra innovación importante, que refuerza el sistema de l excepcionalidad de la prisión preventiva, es que el régimen de indemnización previsto en la Constitución se extiende a los casos de prisión preventiva sufrida por error judicial.

La situación es la misma en términos valorativos y sería injusto que si la persona fue condenada y luego absuelta porque el error se descubre con posterioridad sea indemnizada y no lo sea cuando el error se descubre durante el trámite del proceso. Los días perdidos en prisión son los mismos y en ambos casos un error es la base de esa privación. Esta norma hará más cuidadosos a los tribunales en el uso de la prisión preventiva y también a los querellantes cuando hayan buscado la prisión de un modo negligente o por fines extraprocesales, . por ejemplo, para provocar el pago de deudas". (Corte Suprema 'de Justicia División de Investigación, Legislación y Publicaciones. "Colección de Derecho Penal. Código Procesal i Penal de la República del Paraguay". Concordado con Legislación Complementaria e Índice Alfabético Temático III. 2ª Ed.

Procesal Penal, en su Libro Quinto, Título la 'Indemnización al respecto de do' obvia para abilidad en los '.' mt:i Mongcs Dos Santos condiciones para ello. Nuestra ley penal de forma, siguiendo la tendencia de las legislaciones modernas y de las enseñanzas de la más actualizada y autorizada doctrina, así como de los mandatos contenidos en tratados de derechos humanos, extiende el derecho a obtener resarcimiento por error judicial al caso de medidas cautelares privativas o restrictivas de libertad, adoptadas durante la sustanciación de los procesos penales.

De esta manera se protege materialmente la libertad individual. Toda persona sospechosa o sindicada como autora o partícipe de un hecho punible, puede ver sacrificada su libertad como un modo de defensa del bien común, que da seguridad a la comunidad y respalda la eficacia del iuspunendi esta tal. A su vez, sin embargo, si ese sacrificio ha sido impuesto a un inocente comprobado, la comunidad debe resarcir a quien se ha visto obligado a sacrificar, en aras del bien común, el bien individual quizá más preciado de los seres humanos: su libertad; en efecto, el ciudadano debe soportar esta carga impuesta por la convi vencía civil izada, pero no tiene la obligación de soportar el daño. Este temperamento es concordante con los argumentos expuestos en oportunidad de explicitar suficientemente la responsabilidad directa del Estado por sus actos lícitos". (Ac. y S. Nº 378 del 01 de junio del 2015, dictada por la Sala Civil y Comercial de la C.S.J. en los autos "Domingo Giménez e/ Francisco Quintana y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios").

En resumen, nuestro ordenamiento legal actual, faculta a la persona que hubiese sido privada de su libertad como consecuencia de una medida cautelar decretada durante la sustanciación del juicio, a reclamar al Estado, de forma directa y objetiva, la indemnización de los daños sufridos, cuando se hubiese resuelto su posterior absolución o sobreseimiento definitivo y dicha decisión se hubiese basado He aquí lo neurálgico de la determinación a tomarse pues ella recae en el hecho de si el accionante que solicita la indemnización fue absuelto de culpa y pena por demostrarse CORTE SUPREMA nFJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD emente su inocencia o por aplicación de algún como el de in dubio pro reo, es decir, duda u otras circunstancias que determinaron su El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa María García Hulskamp, Víctor Manuel Medina y Claudia Criscioni, por Sentencia Definitiva Nº 262 del 02 de Setiembre del 2015 resolvió la absolución de culpa y pena del accionante en los "Análisis de los presupuestos de punibilidad en la conducta de Car los García de Zúñiga de conformidad al art. 5 inciso 2º de la Ley 4788/12.

El artículo 4º de la Ley 4788/12, en sus numerales 7 y 8 define: ... núm7 Explotación sexual: la obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico. Numeral 8 Servidumbre: las condiciones de trabajo o la obligación de trabajar o prestar servicios o ambas cosas, en las que el pre del servicio no puede cambiar voluntariamente .. - El Artículo 5º de la Ley 4788/12. Tip,f<%Ji'Zl4 trata de personas. Dice: 1º El que, con el propósito de someter a otro a régimen de explotación sexual; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionada con pena privativa de libertad de hasta ocho años. 2º El que, con el propósito someter a otro a un régimen de servidumbre, matrimonio trabajo o servicio forzado, práctica análoga a trasladare, esclavitud o captare, ecibiere a la na privativa de con el propósito Ministro ,, : ;;, f1. , ,!,. Rit:l Monr,cs Dos Santos Se:rtariu o recibiere a la victima directa, será sancionado con pena priva ti va de libertad de hasta ocho años. " El Articulo 6 º de la Ley 4 788/12. Circunstancias agravantes. Dice: En los casos del articulo anterior, se aplicará la pena privativa de libertad de dos a quince años cuando: l. la victima directa tuviere entre catorce y diecisiete años de edad inclusive; 2. el autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la victima directa; 3. el autor fuere funcionario público o cometiere el hecho en abuso de una función pública; o, 4. a efecto de la trata de personas, se trasladare a la victima directa del territorio del Paraguay a un territorio extranjero, o de este al territorio nacional.

Tipicidad objetiva: bien jurídico protegido: la autonomía laboral de las personas, siendo castigados los hechos que la vulneren en la Ley Nº 4788/12 Integral contra la trata de personas. Objeto material en la presente causa: la autonomía laboral y sexual de Maria Johanna Leiva. Resultado: la captación de la victima por medio del engaño con la promesa de ubicarla en un trabajo como empleada doméstica en la Argentina, remunerado y en el cual conviviría con una familia integrada por el acusado OSVALDO MONTANS, su esposa e hijos.

Nexo causal: existe nexo causal entre la conducta del acusado Carlos Federico Garcia de Zuñiga y la decisión de Johana Lei va de ir a la Argentina pues el contribuye causalmente a que ella contacte con Osvaldo y acepte su propuesta. Tipicidad subjetiva: durante el debate oral y público no se comprobó que Carlos Garcia de Zuñiga conocía que la victima iria a la Argentina a ser sometida a un régimen de explotación sexual y servidumbre. Se ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD e tanto el acusado Carlos García y la víctima relación de amistad o afinidad cuanto menos, tal relación es que el acusado ofreció a la oferta de trabajo que le había mencionado Juan Ángel Cáceres. Los testigos Juan Angel Cáceres, Gloria Cáceres y Ángel Fleitas coincidieron en que Carlos García no conocía a Osvaldo Mon tans, el que conocía a Osvaldo Montans era Juan Angel Cáceres y fue este el nexo directo entre la víctima y el acusado Osvaldo Montans. Así mismo, el informe de cruce de llamadas no muestra ninguna comunicación entre Carlos García y Osvaldo Montans, ni siquiera existe comunicaciones entre Carlos García y Juan Ángel Cáceres. Tampoco ninguna de las pruebas documentales arrimadas al proceso permiten concluir que Car los Garcia de Zuñiga conocía que la víctima iría a la Argentina para ser sometida al régimen descripto. La propia víctima en el momento de su declaración manifestó que ella desconocía si Carlos García de Zuñiga sabía que Osvaldo Montans la llevaría para otra cosa que no sea el trabajo de empleada doméstica. Lo que sí se tiene por acreditado es que luego de vol ver Johanna de la Argentina, Car los García de Zúñiga fue a su casa y en esa ocasión este le dijo que se enteró que le fue bien en dijo que le fue muy mal.

Por consiguiente, al no poder acusado Carlos García de Zúniga al momento de recomendarle a Johanna Leiva para el trabajo sabía de la v dadera intención de Montans, puesto que ni siquiera ha qu dado acreditado ningún tipo de vínculo entre ellos, ebe negarse el lado intelectual del dolo y por tanto el está obligado a 1 art. 18 del Código Penal, ausencia de Abg. Mmfa Rita Mour,es Dos Santos Secretari» que corresponde la absolución del acusado CARLOS GARCIA DE ZUÑIGA, pues se observa un impedimento para que este Tribunal pueda dictar una resolución en el sentido solicitado por el En virtud a Ministerio Público. Igualmente corresponde sean levantadas todas las medidas cautelares que pesan sobre el mismo.

las consideraciones establecidas precedentemente, es importante resaltar en primer lugar, lo preceptuado por el Art. 17 inc. lº de la Constitución Nacional que textualmente expresa: " ... En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivar pena o sanción toda persona tiene derecho a: 1) que sea presumida su inocencia .... ", e igualmente sostenido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 8.2 y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.2, y finalmente el Art. 4 del Código Procesal Penal, los cuales son parte de nuestro Derecho Positivo Nacional.

En oportunidad del dictado de la sentencia, luego del debate oral y público, se establece como se dijera ut supra, que sólo la certeza sobre la punibilidad del acusado autoriza al Tribunal a una condena, pues éste goza de un estado jurídico de inocencia constitucionalmente reconocido (Art. 1 7 inc. 1 º de la C.N.) y legalmente reglamentado (Art. 4 del C.P.P.) . Únicamente podrá ser declarado REPROCHABLE cuando las pruebas hayan producido la más plena convicción del Tribunal al respecto. En el proceso penal el Juzgador está obligado de conformidad a la valoración objetiva y en conjunto de las pruebas producidas con arreglo a la sana crítica a establecer o comprobar la existencia de un hecho punible e individualizar al autor y/o partícipe del mismo.

JOSE CAFFERATA NORES, expresa que el Juez en el proceso penal se somete a varios estados intelectuales hasta llegar a la verdad; en este sentido para descubrir ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD sobre la hipótesis delictiva que constituye del proceso penal, no existe otro camino ni legal que el de la PRUEBA, el Juez va convicción acerca del acontecimiento sometido a juzgamiento. La prueba va impactando en su conciencia, generando distintos estados de conocimiento; el máximo nivel al que puede llegar es el de la VERDAD, 1 u ego la CERTEZA, y entre la certeza positiva y la certeza negativa, está el in dubio pro reo.

POR TANTO, este Tribunal de Sentencia, en nombre de la República del Paraguay, y basado en las disposiciones de las leyes vigentes y la Constitución Nacional. Resuelve 2. Declarar en forma unánime no probados los presupuestos de punibilidad en la conducta de CARLOS FEDERICO GARCIA DE ZUNIGA. 3. Absolver de reproche y pena en forma unánime a CARLOS FEDERICO GARCIA DE ZUÑIGA, con C.I. Nº 4.659.449, paraguayo, de sobrenombre Choque, nacido en fecha 22 de febrero de 1977, soltero, domiciliado en Pindolo de la Ciudad de Areguá."

De la lectura de la resolución por la cual el aquí accionante obtuvo su absolución de culpa y pena, y de las demás constancias de autos, se puede verificar que efectivamente el Sr. Carlos Federíco Germán García de Zúñiga del Puerto fue privado de su libertad, por el espacio de 2 años, 2 meses y 27 días (817 días), corno consecuencia de una medida cautelar decretada durante la sustanciación del proceso penal. Dicha decisión se basó en el hecho de no haberse demostrado el dolo del Sr. Carlos Federico Germán García de Zúñiga del Puerto, es decir, que el mismo haya tenido del hecho punible que se cometió y por el cual basando la decisión en el art.

De las claridad, que el hechos indern Ali¡¡. M:ari3 Hita Monges Des Santos según lo dispuesto por la normativa ya citada. De no admitirse la procedencia de la indemnización en este tipo de supuestos se estaría vulnerando un principio que orienta y sustenta todo procedimiento penal -el principio de inocencia- el cual se halla consagrado en el art. 1 7 de la Constitución, como elemento esencial de la defensa en juicio. Sobre la base de esta presunción, toda persona aun aquella a quien se imputa la comisión de un delito, es considerada inocente hasta tanto esté firme la condena que se dicte por Tribunal competente, en base a la acusación del Ministerio Público, que demuestre su culpabilidad en el proceso penal respectivo, sin lugar a La ley admite, sin embargo, mediante la prisión preventiva, la reclusión de una persona cuando exista peligro de fuga, obstrucción a la investigación o sospecha que no cumplirá la sentencia. Esta posibilidad legal, que opera restrictivamente sobre la libertad de las personas, implica que el imputado se ve obligado a soportar ciertas molestias hasta tanto sea resuelta la causa según la cual se le atribuye un hecho punible. Sin embargo, cuando posteriormente no se condena al mismo y, por ende, se mantiene el estado presuncional -y constitucional- de inocencia del imputado que fuera privado de su libertad, la reparación por los daños ocasionados deviene inexcusable para el Estado. La falta reparación del perjuicio ocasionado por la privación de su libertad, a una persona declarada inocente, constituiría una violación al principio de igualdad ante la ley, pues ello significaría admitir la restricción del derecho a la libertad de una persona sobre la cual no recae la obligación de soportar En este punto, entendemos que la resolución dictada por el"Tribunal de Apelación no se ajusta totalmente a derecho y Para ello debemos realizar el estudio de los rubros indemnizatorios solicitados y sus respectivos montos. Conforme ya expresamos párrafos arriba, al momento de realizar la ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD hechos, en el escrito inicial de demanda electrónico Nº 491/2017) el actor solicitó los rubros y montos: Lucro cesante: Gs. 56.366.666.

El Juzgado de Primera Instancia, por S.D. Nº 48 del 29 de enero del 2021, resolvió hacer lugar a la demanda y otorgar Gs. 28.000.000 en concepto de pérdida de chance y Gs. 300.000.000 en concepto de daño moral, sentencia aquella que fue revocada por el Tribunal de Apelación, rechazándose, así, Como correctamente lo entendió la Jueza de Primera Instancia1 , el accionante parece haber confundido las figuras de lucro cesante y pérdida de chance. No obstante, cabe advertir, que se trata de rubros indemniza torios / categóricamente distintos. En efecto, ambas figuras buscan resarcir la frustración de una expectativa de ganancia, pero el lucro cesante refiere a un provecho que sin duda hubiera obtenido la víctima. Sin embargo, la pérdida de chance se ocupa de la privación ocasionada al dañado de participar en una oportunidad de la cual podría surgir un beneficio para quien la alega. En sentido concordante, Tanzi opina: "La chance es la posibilidad de un beneficio probable futuro que integra las facultades de actuación del sujeto, conllevando un daño aun cuando pueda resultar dificultosa la estimación de su medida. En esta concurrencia de factores pasados y futuros, necesarios y contingentes, existe una consecuencia actual y cierta. A raíz del acto impugnable se ha perdido una chance por la que deba reconocerse el derecxigir su el escrito inicial que reclaman l instituto de tienen el deber de érto Mrnrt' ez Sb Ministro CHANCE", que integra oldernberg", Editor' A.1g. l1,i;:_1 Hita Mmir;es Das Santos S111ia!ó'Íil la pérdida de chance, no así como sugieren, al lucro cesante.

Esto es así debido a que uno y otro rubro se diferencian en cuanto a lo que es objeto de indemnización, siendo en el primero de ellos la posibilidad de percibir una utilidad que fuera frustrada o la posibilidad de evitación de un perjuicio, extremos que tenían una razonable expectativa de realización, cumpliéndose el requisito de la certidumbre del daño en que la chance misma ha sido def ini ti vamente perdida y, en el segundo -el lucro cesante- el perjuicio sufrido como consecuencia de una ganancia cierta, que habría de producirse Nos encontramos, entonces, ante una pérdida de chance de obtener beneficios si el accionante no hubiese sido privado de su libertad. Este perjuicio refiere a una expectativa económica que ya estaba, efectivamente, recibiendo el accionante de esta demanda, conforme se puede ver de las pruebas agregadas a autos, específicamente, el informe remitido por la empresa Turtola S.A. y las testificales que fueron contestes al declarar que el actor trabajaba de pintor y electricista (expediente electrónico Nº 491/2017) .

Ahora bien, debemos decir que la conservación de dicha expectativa económica por todo el lapso que fue privado de su libertad no era cierta, sino meramente hipotética por lo que se inscribe en el concepto de pérdida de chance. Esto es así puesto que el ejercicio del oficio que realizaba Carlos Federico Germán García de Zúñiga del Puerto, así como los eventuales ingresos que este genere, no constituyen circunstancias invariables y ciertas, sino que, al contrario, son propensas a sufrir alteraciones con el transcurso del tiempo. De allí que el daño invocado deba regirse por las consideraciones de la pérdida de chance y no las del lucro cesante. Por ende, la imposibilidad de seguir ejerciendo su oficio supone, a lo mucho, una pérdida de la oportunidad de hacerlo y no un beneficio que necesariamente debería haber ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD correcto el monto de Gs.

de Primera Instancia en aún si tenemos en cuenta En materia de daño moral, nuestro sistema jurídico busca satisfacer a la persona afectada por el hecho pernicioso, a través de una suma de dinero, por las afecciones internas que sufrió la misma, debiendo otorgarse esa indemnización sólo cuando se hayan afectado de manera prolongada o permanente y en forma profunda, derechos absolutos como la vida, la integridad física, el honor, la imagen pública o privada o, como en nuestro caso, la libertad. De esta forma, se busca amparar a la víctima de un hecho dañoso, pero siempre que necesariamente haya sido afectada en grado evidente, en sus En casos como el que nos ocupa, la doctrina tiene dicho que: "Debe recordarse que el imputado es 'la persona a quien se señale como autor o partícipe de un hecho punible'. El solo hecho de que a una persona se lo denomine como 'autor de un hecho punible' o para hacerlo corto, 'criminal', entendemos es suficiente para crear un daño al honor y la intimidad, un daño moral"3 Es innegable que existen dos situaciones que han causado un grave daño moral al accionante: por un lado, el hecho de haber sido acusado de ser partícipe en un delito de trata de persona, entregando a una amiga para que la misma sea sometida sexual y físicamente; por el otro, haber estado privado de libertad por más de dos años a raíz de un hecho de comisión no ha sido ello ciertamente ha causado al situaciones espiritual, soportar las de angustia, como su honor, sufrimiento, congoja r tenido que penitenciario :i Rita Monges Dos fümtos Sv:rr.tiwhi de nuestro país, cuando era inocente. Basta uno con imaginarse estas circunstancias para convencerse fácilmente que cualquier persona en sus cabales entendería corno altamente agraviante esta situación por la que pasó el actor y, por ende, causante de evidentes pesares internos profundos, prolongados o permanentes que alteran claramente su calidad de vida a partir Así las cosas, la reparación integral del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo corno desde la perspectiva de la indemnización, pues el monto que se fije nunca puede representar exactamente el perjuicio, y menos sustituirlo por un equivalente. El dinero aquí no cumple una función valorativa exacta, sino de satisfacción frente al sufrimiento.

Es pues, un medio compensatorio, no un equivalente. La existencia innegable, del perjuicio empero, bajo estas circunstancias es la cuantificación del mismo resulta dificultosa en cuanto a su determinación exacta. Por esta razón, considero justo, que el monto a ser resarcido ascienda a la suma de Gs. 200.000.000 en concepto de indemnización por el daño moral ocasionado al accionante corno consecuencia de la privación de libertad producida durante el trámite de la causa penal del que resultara absuelto de culpa y pena.

En cuanto a los intereses el accionan te en el escrito inicial de demanda solicitó que corran desde que recuperó su libertad, sin solicitar porcentaje alguno, sin embargo, en esta instancia solicitó empiecen a correr dichos intereses desde la promoción de la demanda con un porcentaje del 2,8 mensual.' La P.G.R. manifestó su oposición y expresó que correspondía establecer los intereses a partir de quedar firme y ejecutoriada la resolución dictada en estos autos pero no En estas condiciones, y sin necesidad de extendernos mucho, debe señalarse que ya esta Sala Civil y Comercial ha establecido, en casos similares de indemnización por CORTE SUPREMA nEJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS que la tasa a ser aplicada sobre el monto dena será del 1,5, ex art. POR RESPONSABILIDAD 424 del e.e. y el art.

a Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, en su -- ...... acción modificada por Ley 2339/03, por lo que en este caso debe estarse igualmente a dicho porcentaje.

Dichos intereses deben correr desde la promoción de esta demanda, por así solicitarlos en esta instancia, a diferencia de lo que fuera pedido al plantear el juicio ante el Juzgado de la Instancia -donde solicitó que corrieran desde que recuperara su libertad- entendiéndose que, con esta actitud, el accionante renunció tácitamente al interés entre el momento más lejano en el tiempo -el día que recuperó su libertad- y el más cercano -el día en que planteó esta demanda- siendo ello enteramente atendible por corresponder a un rubro que es esencialmente renunciable en cualquier instancia.

En consecuencia, la resolución del Tribunal de Apelación debe ser revocada parcialmente, haciéndose lugar a la demanda indemnizatoria por la suma de Gs. 28.000.000 en concepto de pérdida de chance y Gs. 200.000.000 por daño moral. Asimismo, confirmar parcialmente en cuanto al rechazo de la demanda por En lo que concierne a las costas, al haber sido ese punto específico recurrido por la demandada, corresponde su estudio al tratar dicha apelación, pasemos a ello.

Recurso interpuesto por la ProcuraduQr' a General de la República (concerniente a las costas) ---

El entonces Procurador General de la , olfo Barrios Duba, "',/,' expresó agravios a contenido en el art. (92/100) y manifestó su cuanto al apartado quinto que impuso costas en ambas instancias sin tener en cuenta general que rige la imposición de las costas que el C.P C. que establece r con las costas el juicio tiene j( o lVfairtííneSü M" istro derecho a cobrar de su parte contraria los gastos incurridos por su conducta, pues si aquel hubiese actuado jurídicamente, los gastos no se hubieran ocasionado. La parte vencida en juicio se encuentra obligada a pagar todos los gastos de la adversa. La exoneración de las costas al litigante vencido constituye una excepción a la regla general, razón por la cual su apartamiento debe interpretarse siempre en forma excepcional y restrictiva. Entendió que no se encuentran motivos ni razones de orden legal ni jurídico para relevar al vencido de las costas. Entiende que las causales de exoneración invocadas por el Tribunal de Apelación no se compadecen con la normativa legal vigente. Explicó que no se ha requerido ninguna jurisdiccional y que en el caso que nos ocupa en ningún momento se produjeron vencimientos recíprocos, mucho menos el recurso interpuesto por el Estado ha prosperado parcialmente. La excepción opuesta como medio general de defensa forman parte de la contestación como un argumento más para obtener el rechazo de la pretensión del actor por lo que el rechazo de aquella de manera investigación profusa del alguna puede órgano interpretarse independientemente a lo resuelto. Al conseguir la revocatoria de la sentencia definitiva de primera instancia, se hizo lugar a nuestra pretensión, por lo que existe un claro vencedor y un vencido, por lo que las costas deben imponerse al actor en Por A. I. Nº 612 del 24 de agosto del 2023 se dio por decaído el derecho de la parte actora de contestar el traslado de la fundamentación de los recursos que importan a las costas Antes de estudiar el presente recurso no debemos pasar por alto que la cuestión de fondo -el rechazo de la demanda indemnizatoria- fue impugnada ante esta instancia, lográndose su revocatoria parcial. En ese escenario, resultaría inocuo el estudio de la imposición de costas realizado por el Tribunal de Apelaciones ya que al revocarse la decisión, la imposición CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD determinada para dicha revocatoria en esta ambién importan las costas de segunda instancia.

ien, respecto del monto indemnizatorio que no fue revocatoria sí corresponde realizar el estudio de de los recursos interpuestos por la P.G.R. contra la manera de imposición de las costas por parte del Tribunal Así las cosas, no presenta mayores inconvenientes advertir que la problemática aquí emerge por la forma en la que el Tribunal impuso las costas, esto es, en el orden causado tanto para primera como para segunda instancia, decisión con la que claramente el demandado y apelante, en cuanto hace a este punto, no está conforme pues considera que la misma debe ser aplicada a la perdidosa, es decir, a la parte actora cuya pretensión en segunda instancia fue rechazada totalmente.--- Se trata de resolver si procede o no la imposición de costas en el orden causado, en una demanda en la que el reclamo principal consistió en la indemnización de daños. El Tribunal entendió que se requirió de una profusa interpretación técnica y jurídica del órgano jurisdiccional sobre la cuestión controvertida y, también, que las pretensiones de las partes prosperaron parcialmente, y con ello dicha 'objetivo de la derrota, lo que se encuentra plasmado en el art. 192 del C.P. C. Esa regla general se asienta sobre la tesis de Chiovenda sobre la naturaleza de la condena en costas: ella es de tinte netamente procesal y objetiva. En otras palabras, se deben costas por el mero hecho objetivo del sin que quepa computar ni juzgar la culpa o del vencido en orden a establecer la condena.

manera, en costas 192 del C.P.C.

a un hecho S?l.n::riu al pie Nº 36, por LOUTAYF RANEA, Roberto. Condena en Costas en el Proceso Civil. Segunda reimpresión. Buenos Aires: Ahora, dicha regla del vencimiento objetivo en costas es general, mas no absoluta, lo que se infiere del epígrafe del art. 192 del C.P.C. que dice "principio general", y se confirma con el art. 193 del mismo cuerpo normativo.

Es claro pues, que el legislador consideró prudente establecer casos de excepción a la rígida regla del vencimiento objetivo en materia de costas, enrolándose, decididamente, en lo que la doctrina llamó el criterio del vencimiento relativo: "El criterio de vencimiento puede establecerse y aplicarse en forma estricta (o absoluta), o en forma relativa. En el primer caso la única pauta para determinar la condena en costas es el vencimiento puro y simple. En cambio, la forma relativa tiene 1 ugar cuando se introducen excepciones al principio general del vencimiento, estableciéndose la facultad j,udicial de eximir de costas al vencido cuando encontrare 'mérito' para elloN (Ibidem, p. 9) .- Sin embargo, no existe enumeración legal de los casos en que procede la exención de la condena en costas, sino únicamente dos directrices para el juez: que encuentre razones para la 'exención y que las exprese en su pronunciamiento, bajo Sobre la base de esas directrices, la jurisprudencia ha ido sentando, en forma pacífica, las causales que pueden justificar la exoneración parcial o total de las costas. La conducta procesal de actor y demandado, dificultando y facilitando, respectivamente, el esclarecimiento de las cuestiones controvertidas; la falta de interpretación más o menos uniforme sobre el derecho aplicable; el cambio de jurisprudencia; la dificultad o novedad de los problemas jurídicos debatidos, son los elementos que determinan la eximición, que escuetamente suele expresarse con 'razón probable para litigar'.N (PODETTI, Ramiro. la frase Tratado de CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD ocesales. Principios y normas generales, 2ª parte.

manifestar que la decisión dictada por el a la manera de interponer las costas no resultó ajustada a derecho. Tal como lo entendió el apelante, de las constancias de autos no se advierte que la cuestión haya requerido una profusa interpretación o que existieron pretensiones prosperadas parcialmente.

En ese escenario, lo que corresponde, conforme al principio general que rige las costas, es imponer las mismas a la parte vencida, es decir, la parte actora. Aclarándose que dicha imposición importa solo a la confirmatoria parcial de la resolución recurrida, es decir, el doble rechazo de la parte de la pretensión indemnizatoria.

En cuanto a las costas de esta instancia, las mismas deben ser impuestas a la accionada vencida, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 192 y 205, del C.P.C.

A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: cabe disentir respetuosamente del voto del Ministro preopinante, por los En el sub lite, se somete a decisión una demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil de fuente no voluntaria promovida contra el Estado.

Recuérdese que la responsabilidad civil de fuente no voluntaria del Estado -y sus organismos y entidades- puede provenir tanto de los actos ilícitos de sus funcionarios o empleados públicos, ex art. 106 de la Constitución y art. 1845 como de los actos lícitos o regulares de por imperio del art. 39 de la Carta Magna. En el primer a responsabilidad civil es que cumple la integra la causa Abg. iV: 11fa Rita MOlll!CS Dos fümtos Snt:l!'Íll congruencia causal (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 103 del 26 de noviembre de 2019; Acuerdo y Sentencia Nº 14 del 10 de marzo de 2020; Acuerdo y Sentencia Nº 32 del 8 de mayo de 2020; Acuerdo y Sentencia Nº 50 del 09 de junio de 2020; y, Acuerdo y Sentencia Nº 59 del 17 de junio de 2020) Insístase, nuevamente, que la imputación jurídica no deriva de la mera invocación de normas ex art. 215 literal "e" del Código Procesal Civil, ni tampoco del nombre que las partes otorgaron a una pretensión o defensa, que no vinculan al órgano jurisdiccional ni restringen el principio iura novit curiae; sino que resulta, exclusivamente, del título o la causa jurídica invocada al demandar, es decir, fáctica y jurídica del concreto efecto de la justificación jurídico -objetoDe manera que, en este tipo de pleitos, tiene vi tal importancia determinar la imputación jurídica formulada contra el Estado, a fin de esclarecer el tipo de responsabilidad civil de fuente no voluntaria -es decir, por actos ilícitos o lícitos- que sustenta la pretensión indemnizatoria, y de ponderar correctamente el Derecho aplicable.

Así, el actor, en el escrito inicial, fundó su pretensión en los siguientes términos: 11 he cumplido un total de DOS (2) AÑOS Y DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS (81 7 días) de privación de libertad de manera totalmente INJUSTA, desde el 03 de junio de 2013 hasta el 02 de setiembre de 2015, por expreso pedido de l.a Agente Fiscal. interviniente, quien de :forma total.mente NEGLIGENTE ha obrado en l.a citada causa penal.

con absol.uta :Eal.ta de OBJETIVIDAD que le exige el Art. 54 del Código Procesal Penal, omitiendo las pruebas de descargo que fueron presentadas por mi defensa técnica durante el periodo de investigación. Que, esta situación generada de :forma única y excl.usiva por l.a citada Agente Fiscal., me ha perjudicada en mi honor y reputación ... " (sic, disponible electrónicamente) Corrido el traslado de rigor, el Estado, representado por el Procurador General de a República y Procuradores CORTE SUPREMA nEJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD uso excepción previa de defecto legal; argumentó ha especificado de manera clara el tipo de civil imputable (disponible de contestar el traslado de la excepción previa, el actor recalcó que: "... es dabl.e remitirnos a 1.os expresado en mi escrito de demanda, al. describir el. hecho generador del. recl.amo indemnizatorio invocando el. actuar "negligente" de la Agente Fiscal. interviniente, al exigir mi prisión preventiva durante más de dos (2) años en la causa penal de la cual, finalmente fui absuelto de culpa y pena en Juicio Oral y Público y si bien existe una responsabil.idad directa de 1.a Agente Fiscal., sin embargo, 1.a presente demanda 1.a promuevo directamente contra el. Estado Paraguayo, por aplicación de expresas disposiciones legales que ampara este derecho y me habilitan para reclamarlo así contra el Estado Paraguayo ... J ,, (sic, disponible electrónicamente) (las Pues bien, de lo transcripto precedentemente se colige diáfanamente, ya en el escrito de promoción de la demanda, un obstáculo de fuste a la procedencia de la indemnización de En efecto, el actor imputó directamente al Estado responsabilidad civil de fuente no voluntaria por actos ilícitos, derivados del supuesto actuar negligente de una Agente Fiscal, al solicitar como medida cautelar su prisión ,:,.. ::::-':.. preven ti va en un proceso penal, del que resultó finalmente ( ,absuelto. Ciertamente, el actor en ningún momento sostuvo que e Estado tiene responsabilidad civil indirecta y subsidiaria -por icha irregularidad, sino todo lo contrario, afirmó que no la pretensión e. Le ado s Mi istto así . formulada, ilidad civil de reitera, sólo es funcionarios o Alif;, :,1,,,,., mta Monr,es Dos Santos debido a la postulación de un actuar ilícito de la Agente Fiscal interviniente en el proceso penal sustanciado contra el actor, consistente en la petición irregular de la medida cautelar de prisión preventiva. Por tanto, la responsabilidad civil de fuente no voluntaria del Estado, en el caso planteado, sería indirecta y subsidiaria; mientras que directa de la susodicha Agente Fiscal, quien, conforme a las afirmaciones del actor, se apartó de la ley. Ergo, el defecto aludido, insuperable so pena de vulnerar la congruencia causal y el derecho a la defensa del demandado, impone -forzosamente- la Finalmente, en cuanto al recurso del demandado interpuesto contra la decisión del Tribunal de Apelación respecto de la imposición de las costas en primera y segunda instancias en el orden causado, se debe considerar que el actor, a no dudar, pudo tener razón fundada para incoar la presente demanda, especialmente, por motivo de su absolución dictada en el proceso penal. Ello justifica la eximición de costas al actor y perdidoso, por aplicación del art. 193 del Rito Civil. Por tanto, el recurso del demandado merece ser En conclusión, corresponde confirmar los apartados segundo, tercero, cuarto y quinto del Acuerdo y Sentencia Costas en esta instancia también en el orden causado, por señalados y a tenor de la norma mencionada.

TURNO, EL MINISTRO GARAY DIJO: Coincido y asumo por las motivaciones del señor Eugenio ando S.S.E.E.

Mrrt.me:t:: SíiwGD M" ístre CORTE SUPREMA mJUSTICIA JUICIO: "CARLOS FEDERICO GERMÁN GARCÍA DE ZÚÑIGA DEL PUERTO C/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAS/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD Ante mí: Abg, Marfa Rita Mones Dos Santos secreta na SENTENCIA NÚMERO ..... 0..:'..-o cw , Asunción, 11 b de clÁCAvvdo,-e... de 2025.- STOSi los méritos del Acuerdo que antecede, la SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

1) DECLARAR desierto el recurso de nulidad interpuesto por Carlos Federico Germán García de Zúñiga del Puerto.

2) TENER por desistido, a la Procuraduría General de la República, del recurso de nulidad interpuesto contra el parlado quinto de la resolución recurrida.

4) IRMAR los apartados segundo, uarto y quinto ;, Ante mí: M , n:t" u00aes Dos fü111tos srrctanu