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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1194/2024

30 de diciembre de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 10 DE LA LEY 2345/03" AÑO: 2019 Nº 1215

Antecedente LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 10 DE LA LEY 2345/03

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA C/ LEY Nº4252/2010 QUE MODF. 't, ''t".,A ! RDO Y SENTENCIA NÚMERO: H,l cieo ""'"'"( w:>./ro. ,,;:/'' 1!.t.fi"')a V'I..'-dAsnción, Capital de la República de 1araguay, a los f,i," días s, fA éie Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA C/ LEY Nº4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 10 DE LA LEY 2345/03", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Abg. Blanca Lilia lbarra Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el DOCTOR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta la Abogada Blanca Lilia lbarra Machuca, a plantear acción de inconstitucionalidad contra el Articulo 9 y sus concordantes de la Ley Nº4252/2010. La misma manifiesta que dicha normativa resulta violatoria a los Artículos 86,93,102,103,95,109,137,46,47 de la Constitución En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundn el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos p 'deres pued atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona , una, individual o colecti a, facultade extraordinarias o la suma del Poder Pública. La di adura está fuera de le '. Todas esta característica -1-¼erne-n importantes deriva iones e los institutos que rea la mism Constituci , en sus atrib ciones y d en su fina idad y modo de fun o amiento.

0. JYRAaA Cear M§tfO Cij, lustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeáa Ministro Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art.

203 C.N. de la formación y sanción-de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).

En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/ 03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la 'l, ,.--::J:-'o, que el beneficiario de una jbilación otorgadP?r ly, no puede, sin incurrir e11-tlnaac1nJusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de a, - ,eun agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los " '.(l! t efmanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA C/ LEY Nº4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 1 O DE LA LEY 2345/03" La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el I el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la funcié n públi a (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientra 7 que, por 1 otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante dp su derech al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección com persona de la tercera edad y sujeto de la S un ad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Po estas raz s, la no J de marras, s sist , no p ede ser reprochada de inccbnstitucional.

Gustavo E. Santander Dans Ministro M DieseJunghanns Cesar Ministro CSl, 1eda V' fOJ' !OS . Ministro 3 Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada y el levantamiento de la medida cautelar decretada. Es mi opinión.

1. La señora Blanca Lilia lbarra Machuca, por sus propios derechos y en causa propia promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley Nº 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.

2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 47, 57, 92 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: " ... Una jubilación en estas condiciones se ubica muy lejos del interés de la Ley, de consagrarlo como un eficaz sustituto de la remuneración del trabajador en actividad, burlando la disposición constitucional de protección a las personas de la tercera edad y a los Principios de tal institución. Es decir, se rompe el equilibrio que debería existir entre ambos polos: la remuneración del trabajador en actividad y la del haber del personal jubilado. Asimismo, la calidad de vida pregonada en la Carta Magna se ve ciertamente burlada cuando el Personal es obligado a una jubilación extemporánea porque generalmente conserva las aptitudes físicas y mentales para el digno trabajo que realiza, y que en nuestra sociedad es más gravoso aun, por el exiguo sueldo del mismo que le impedirá afrontar los azotes de la vida con alguna 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que la accionante, a la fecha de la presentación de la acción contaba con 66 años y por Resolución Nº 092/98 de fecha 13 de 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 Ley Nº 4252/1 O a la señora Blanca Lilia lbarra Machuca, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en los 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ... ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA C/ LEY Nº4252/2010 QUE MODF .

e::, ntre las que seencuentra la" jubilación", como derecho fundamental en la vida . r enferme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N. º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre Jos que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.

9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas genj3_raciones.

Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a p ar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya en entan tualmente problemas relevantes de acceso al mer o a 1, por motiv I contracci n de la economía y_ dor ende del Presupuest General de la ación, q e como consecuen ia directa gen .i:: é.édi- scenso de la Cesar Ministro CSJ. v, 01eda r Víctor rtos , oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: La Sra. BLANCA LI.LIA IBARRA MACHUCA, por sus propios derechos, bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 4252/10 que modifica los Arts. 3º, 9y 10 de la Ley 2.345/03 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y La accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones De las constancias de autos surge que la recurrente acredita su calidad de funcionaria, de la Administración Pública, de la Honorable Cámara de Diputados. No obstante, teniendo a la vista la copia del documento de identidad de la recurrente, se evidencia que a la fecha en que se emite el presente voto la Sra. cuenta con 70 años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción EI Art. 1 de la Ley 4252/10: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la lasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.

Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDADLA CAJA FISCAb SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior 1) 'a1 ... ffO'¾''(c :enta por ciento;" del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no ,e. pbfic , a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

s, ,L tuéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una JU , ación, aun apelando a los derechos que Je otorga la Ley 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULAC/ON DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA de la Ley 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del indice de Precios al PROMOVIDA POR BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA C/ LEY Nº4252/2010 QUE MODF.

Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en E I artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el die en de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a ?3ª . ción lnconstitucionalidad promovida por la Sra. BLANCA LILIA IBARRA MAC UCA. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A. . Nº 2399 de Con lo que e.....-;; io por rminado el acto, firmando SS.EE., todo por a certifico, qued do acordada la entencia que inmediatamente siguL,.

Ante mí: Gustavo E. Sant nder Dans Minístro 1eda Víctor R10s ur- Miiü,trº SENTENCIA NÚMERO: HA4 Asunción, 3D de di;.e""".brt de 202-'1 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por BLANCA LILIA IBARRA MACHUCA, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente ORDENAR el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuera por A ANOT Ante mí: Gustavo E. Sant?.nder Dans Ministrú R, 01eda V, tor tos