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Acuerdo y Sentencia N° 50/2025

10 de diciembre de 2025

JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO DE SALUD SOCIAL PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANÍES ORDINARIO"

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CORTE SUPREMA -DE JUSTICIA los Die..z.. JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO BIENESTAR DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO . Ciudad de Asunción, Capital de la República del , del año cinco, estando reunidos en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los señores Ministros EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí la Secretaria autori zante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANIES ORDINARIO" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Procurador General de la República, Abogado Marco Aurelio González Maldonado, y el Procurador Delegado, Abogado Carlos Ríos Anzoátegui, en nombre y representación del Estado Paraguayo, contra el Acuerdo y Sentencia Número 54, con fecha 21 de Agosto del 2.023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley, para determinar el orden de DIJO: La parte recurrente desistió de este recurso, y al no advertirse vicios o defectos que justifiquen la declaración oficiosa de nulidad, corresponde tener al recurrente por desistido del recurso A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO: Adhiero al voto del Ministro Alberto Martínez Simón, por los mismos A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: por Sentencia Definitiva Nº 373 de fecha 31 de agosto de 2021, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Tercer Turno, de la Capital, resolvió: "I. - HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta como medio general de defensar por la parte demandada en autosr el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIALr representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA; de conformidad al exordio de la presente resolución.- II.- RECHAZAR la presente demanda que por cobro de guaraníes instauró la firma LA OXIGENA PYA. S.A. en contra el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIALr representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAr en razón de haberse declarado la prescripción precedentemente dispuesta. III. - DISPONER el archivo del presente juicio una vez firme la presente resolución. III.- COSTAS a la perdidosar es decirr la parte actora del presente procesar de acuerdo a lo establecido en el Art. 192 Recurrida la mencionada resolución y tramitados los recursos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, por Acuerdo y Sentencia Nº 54 de fecha 21 de agosto de 1. - DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto. 2.- REVOCAR el primer apartado de la SD. Nº 373 de fecha 31 de agosto de 2021 r dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno y en consecuencia RECHAZAR la excepción de prescripción opuesta por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Socialr representado por General de la República, por los fundamentos 'en el considerando de la presente resolución. 3.- REVOCAR " .ndo apartado de la SD. Nº 373 de fecha 31 de agosto de 2021, dicta da por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno y en consecuencia, HACER LUGAR a la demanda que por cobro de guaraníes promovió la firma La Oxigena Paraguaya S.A. en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, representado por la Procuraduría General de la República, debiéndose CONDENAR al citado Ministerio al pago de la suma de Guaraníes Mil doscientos tres millones quinientos veinte mil cuatrocientos treinta y seis (Gs. 1.203.520.436), más intereses del 1, 5 a ser computados desde el inicio de la demanda. 4. - REVOCAR el tercer apartado de la SD. Nº 373 de fecha 31 de agosto de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno, por los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución. 5. IMPONER costas a la Contra el referido Acuerdo y Sentencia expresaron agravios el Procurador General de la República, Abogado Marco Aurelio González Maldonado, y el Procurador JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO BIENESTAR GUARANIES ORDINARIO".

Delegado, DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE Abogado Carlos Ríos Anzoátegui, en los términos del memorial de fs. 1525/1537, ya mencionado. Allí se alzaron contra la decisión de Segunda Instancia que desestimó la excepción de prescripción y acogió favorablemente la demanda. En lo esencial, señalaron: que el Tribunal de Apelación /(-Irz:::-º realizó una crítica razonada al fallo de Primera Instancia; que :;tfi:,,-:l. rrupción válida d que el Tribunal de Apelación 1ideró, de manera que la .---... en w, s.;;,;;;.íl"l'tlilrªrticipó el Ministerio Social es /v.0-.c.ruun1'<Alcto interrupti vzo de a :;'.) lt:f// requisitos le es a a otorg ente , ya que los Secretaria funcionarios allí presentes participaron únicamente para oír las inquietudes de la contraparte ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero sin facultad de obligar a la institución ni, por ende, de reconocer deudas; que, además, no existió acreditación ni mandato suficiente que faculte a los funcionarios a reconocer la deuda ni a declarar la voluntad del ente estatal; que cabe recordar que el Estado no puede obligarse de manera informal con particulares, y que, en este caso, no puede considerarse la voluntad del Estado como vinculante sin un pronunciamiento formal de la Administración; que, aún en casos de urgencia impostergable que justifiquen obviar el proceso licitatorio, la Ley Nº 2051/03 no eximía de la obligación de formalizar el contrato, normativa que también faculta al Estado a desconocer deudas indocumentadas; que finalmente, en caso de que no se considere procedente la excepción de prescripción opuesta, se reconoce la existencia de una relación contractual con la firma La Oxigena Paraguaya S.A., conforme al contrato Nº 126 del 3 de diciembre de 2010, pero con la salvedad de que esta última reconoció que la provisión de productos se cumplió fuera del marco de la relación contractual; que, entonces, de juzgarse procedente la pretensión de la actora, el Estado Paraguayo únicamente podría reconocer los montos consignados en las facturas comprendidas entre el 3 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, únicas que se encuentran dentro del periodo contractual; que, además, quedó firme el reconocimiento de la parte actora sobre que el contrato venció en diciembre de 2 O 11. Por lo expuesto, solicita ron la revocación del fallo recurrido y el rechazo de la demanda, con Por su parte, el representante convencional de La Oxigena Paraguaya S.A., Abogado Rafael Ruiz Wiezell, contestó el traslado en los términos del escrito de fs. 1540/1547. Señaló que la promoción de la demanda se sustentó en facturas y notas de remisión debidamente reconocidas por el Ministerio de Salud Pública y GUARANIES ORDINARIO".

Social JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO BIENESTAR DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE que la demandada no negó haber oxígeno proveído que no era responsabilidad de La Oxigena (MSPBS) ; Paraguaya S.A. iniciar el proceso licitatorio, sino de la parte demandada; que fue el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social quien solicitó la provisión de oxígeno bajo compromiso de regularizar los procesos administrativos y los pagos correspondientes; que cabe destacar que el citado Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social designó al Abogado Carlos Espínola para comparecer en la audiencia de avenimiento ante la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con el objetivo de resolver la cuestión en sede administrativa; que el artículo 647, inciso "c", del Código Civil, no exige formalidades específicas para que acto un acto configure reconocimiento de crédito, dado que aquel puede manifestarse de "cualquier forma"; que su representada agotó todos los esfuerzos posibles, tanto en el ámbito extrajudicial como judicial, para lograr el cobro de la deuda reclamada; que es inadmisible que el Estado Paraguayo se escude en formalidades sin fundamento legal para justificar su negativa a saldar la deuda. Por último, reiteró que existe un crédito cierto y exigible, y solicitó la confirmación de la resolución apelada, con imposición de costas a la parte demandada.

Se juzgará la procedencia de una demanda de cobro de guaraníes a la que se opuso una excepción de prescripción.

1,'.;"'-"'-La demanda, promovida por La Oxigena Paraguay S.A. contra el ::/ i./1sterio de Salud Pública y Bienestar Social, se sustentó en el ntto N 126/2010, ce r brado segun licitación pública Nº 18/2010 ... Q-.,d ,feréndum para la Adqu r ición de Oxígeno 0.. c:.:.;;;;:¡f:,nt.:, ntes de entrar al estudi y j uzgamien ?-.. deltar el marco '¼::iEW':ya , .i n s an c i a e dema dii_do p etende ,:u pbusca debemos actora, Ahg. Mi!rfa Rita Mouges Dos Santos Sl!cretariii intereses que obtuvo contra la demandada en Segunda Instancia, que correspondería a las facturas emitidas de enero a octubre del 2012.

No obstante, del análisis detallado de las sentencias dictadas en las instancias anteriores, se desprende que la demanda fue rechazada en ambas respecto de las facturas correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2009 y diciembre de 2011. En consecuencia, tales decisiones -aunque por fundamentos diversos han adquirido autoridad de cosa juzgada, cerrando definitivamente la discusión sobre ese tramo del reclamo. Así, la cuestión pendiente en esta instancia se limita a determinar la procedencia -o no- del cobro de las facturas emitidas entre enero y octubre de 2 O 12, conforme a los agravios introducidos en el memorial y la oposición planteada en la contestación.

Por elementales razones de método, se juzgará primero la excepción de prescripción. Ello exige: determinar la naturaleza del contrato prescripción computar el que vincula a las partes; establecer aplicable según el Código Civil; y, decurso y eventual interrupción el plazo de por último, del plazo prescripcional.

La naturaleza del contrato Nº 126/2010, mencionado supra, no suscita dudas; habida cuenta, especialmente, el debate de las partes (vide fs. 1155, 1241, 1243). Nótese que allí se acordó la provisión de tanques de oxígeno supeditada a órdenes o solicitudes de la parte adquirente, a ejecutarse en función de los requerimientos formulados oportunamente por las entidades pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Es evidente, entonces, que se trata de un contrato de suministro, el cual se caracteriza por la ejecución prolongada y sucesiva de las prestaciones pactadas. En este sentido, la doctrina sostiene que "el contrato será de tracto sucesivo o de cumplimiento continuado o periódico, cuando sus efectos se prolonguen en el tiempon (MOSSET ITURRASPE, Jorge. Contratos. Buenos Aires: Rubinzal JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO BIENESTAR DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

2003. p. 91); A su vez, en términos más específicos, contrato por el cual una parte se obliga, precio, a ejecutar a favor de las otras prestaciones o continuadas) de cosas" (MESSINEO; Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. 1979. p. 150) Asimismo, el autor desarrolla la categoría de contratos de duración o de tracto sucesivo, explicando que se trata de aquellos en los cuales "la prolongacióndel cumplimiento, por una cierta duración, es condición para que el contrato produzca el efecto querido por las partes y satisfaga la necesidad (duradera o continuada) que las indujo a contratar; la duración no es sufrida por las partes, sino querida por ellas, en tanto la utilidad del contrato es proporcional a su duración". Señala además que "la ejecución continuada o periódica se da cuando las prestaciones no son simplemente diferidas, sino distribuidas en el tiempo" (MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial, Tomo IV. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1979, p. 480) .

Finalmente, Messineo aclara que esta categoría se subdivide en tres formas de ejecución: continuada, en la que la prestación es constante; periódica, con entregas en fechas preestablecidas; e intermitente, donde las prestaciones se realizan a pedido de una de las partes, sin una periodicidad fija (MESSINEO, Francesco. quiénes que Ab!!. Maria Rita Monges Dos Santos Sfuet:1ríll de la República y el ordenamiento jurídico vigente, no tiene como función principal la actividad mercantil.

En consecuencia, el caso se encuadra sin dificultad en el supuesto del artículo 663, literal "e", del Código Civil; por ende, el plazo de prescripción aplicable es de dos años.

La aplicabilidad del artículo 663, literal "e", del Código Civil, primariamente previsto para la compraventa, al caso del suministro, se justifica en la afinidad entre ambas figuras contractuales. Nótese que el suministro comparte con la compraventa la obligación de entrega de bienes a cambio de un precio, diferenciándose -principalmente- en la continuidad de las prestaciones. En este sentido, la doctrina citada previamente reconoce que el suministro puede entenderse como una especie de compraventa con entregas sucesivas; por ello resulta razonable aplicar el plazo de prescripción mencionado. "No hay inconveniente alguno en aplicarles las reglas de la compraventa, al no haber una incompatibilidad entre el fin querido por las partes y la estructura de dicho contrato" (LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando. 2000.

Teoría de los Contratos. Tomo 2. 3ra. Edición. Buenos Aires: En fin, nótese que la calificación jurídica del contrato plasmada supra es decisiva para el cómputo del plazo de prescripción. Ello es así porque, en el suministro, el derecho de exigir el pago del precio nace ya con cada acto de provisión, sin subordinarse a la finalización del programa contractual.

En el caso, ello significa que el plazo prescripcional debe computarse por cada factura emitida desde su respectiva fecha de exigibilidad, y no en función de la vigencia general del contrato.

La doctrina respalda este criterio, cuando explica que "en el suministro ... , el precio se paga según los vencimientos de uso" Habiéndose determinado cuál es el plazo de prescripción y el modo de cómputo, debe adelantarse que la acción para el cobro de ORTE PREMA i- .,. JJlffe, !:!STICIA c!l.,1.?'t:urij- reclamadas por la parte actor a se ejerció ya cumplido P.Joprescripción aplicable. Amén de ello, tampoco hay actos de la prescripción se configura sólo respecto de JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO C/ GUARANIES ORDINARIO".

derechos aún vigentes al tiempo de producirse el acto interruptivo.

En efecto, es claro que la acción para reclamar el pago de las facturas emitidas entre el 9 de enero de 2012 al 22 de octubre Luego, considérese que la demanda se notificó recién el 16 de marzo de 2016 (f. 1169/1171), por lo que, según el plazo de prescripción bienal ex articulo 663, literal "e", del Código Civil, la acción para exigir el pago de cada suministro debió promoverse dentro del término correspondiente, contado a partir de la fecha de emisión de cada factura -ya que, según el escrito inicial, ellas corresponden a las fechas de provisión de las prestaciones-. --- No se obvia que la parte actora alegó que las audiencias de avenimiento, celebradas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 7 de abril de 2014 y el 13 de mayo de 2014 ( fs. 14 y 15), interrumpieron la prescripción. Sin embargo, esas audiencias no tienen efecto interruptivo, pues no implican un acto claro e inequi voco de reconocimiento de la obligación con entidad suficiente para interrumpir la prescripción, como lo exige iminez itr.istro Ahg. María Rita Mmiges Dos Santos Secretaria Al respecto, cabe dar la razón a la actora sobre que el Estado también está ligado por la prohibición del venire contra factum.

Ahora bien, la aplicabilidad de esta doctrina debe ceñirse a sus justos límites; especialmente cuando la conducta que se pretende calificar de vinculante -en el sentido de la doctrina de los actos propios- fue emitida en el curso de meras negociaciones dirigidas a anudar el vínculo jurídico o a prevenir o resolver conflictos. - En efecto, si se juzgase que ofertar avenimiento o transacción importa reconocer la obligación, se condenaría, en la práctica, cualquier intento de acercamiento o negociación de buena fe entre las partes, por el riesgo latente de que la oferta -de avenimiento o transacción- o su desenvolvimiento puedan interpretarse judicialmente como un reconocimiento de la obligación o una Ello, a su vez, desencadenaría consecuencias poco deseadas e inconvenientes: si los jueces admiten que la voluntad de negociar o avenirse importa reconocer la obligación, ello incentivará a las partes a repudiar dichos medios de resolución de conflictos y a preferir al Poder Judicial; lo cual no hará sino aumentar la Así también lo entiende la doctrina en un pasaje que, pese a ser extenso, amerita transcripción, por su pertinencia: "9. TAMPOCO RIGE RESPECTO DE MANIFESTACIONES O PROPUESTAS EFECTUADAS CON ÁNIMO CONCILIATORIO. Es un criterio correcto de la magistratura española que los actos propios deben ser solemnes, expresos, no ambiguos y perfectamente delimitados, definiendo de forma inequívoca la situación del que lo realiza, lo cual no puede predicarse de meros actos preparatorios o borradores de otros posteriores que no llegaron a convenirse. Es así que no cualquier acto realizado en el marco de una relación jurídica compromete a quien lo ejecuta a un deber de coherencia. Es más, la regla en materia de relaciones jurídicas es la libertad de actuación, de donde su anverso, la limitación, debe ser interpretada con cautela, toda vez que recorta MINISTERIO BIENESTAR DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

los individuos. En tal situación un acto preparatorio un convenio no concluido no puede ser considerado Tampoco constituye un acto propio las propuestas Es doctrina del Tribunal Supremo de España, desde antiguo, que la manifestación hecha en el acto de conciliación no se puede conceptuar como acto que deje ligado a quien la ha proferido, no habiendo, como no hubo, avenencia entre las partes. La tendencia del derecho moderno a la superación del conflicto mediante el empleo de medios alternativos de solución de controversias -de naturaleza no adversaria-, impone el deber de liberar a las partes de permanecer en afirmaciones o propuestas efectuadas con ánimo conciliatorio. Lo propio ha sostenido alguna jurisprudencia nacional; en un inteligente pronunciamiento se ha sostenido que aun cuando la empresa reconozca adeudar a su personal las diferencias salariales provenientes de la incorrecta aplicación de los incrementos dispuestos por los decretos 439 y 1639 y la resolución 421 del Ministerio de Trabajo, si hizo este reconocimiento só1o para poner fin a un conf1icto de intereses por un acuerdo conci1iatorio con 1a presentación sindica1, 1a intención que tuvo a1 ce1ebrar e1 mismo no está referida a 1a ap1icación 1isa y 11ana de 1a reso1ución 421, por 1o que resu1ta jurídicamente irre1evante a 1os efectos de 1a doctrina de 1os actos propios. Consideramos que este criterio debe ser ,.,,,:::?"':":mantenido por nuestros tribunales, pues 1o contrario dificu1taría / J;, 'ci:ndudab1emente e1 arribo a un acuerdo conci1iatorio, a1 inhibir a ;, :: ?:f:'",.,,1":Spartes no so1o de cua1quier propuesta, sino de1 mínimo ; .... l, ,:cf:i.z:rt:amiento de posicion entre e11as, debido a1 temor de provocar '"' :""'t'¡¡ectamente e1 reconocimi 1., - in:-;(able: no cabe Gciliatorio que a una en e1 acto o con Secretaria anterioridad a formu1ar 1a misma; de otro modo, sería ése el más cómodo expediente para violar la regla de la coherencia, pues cualquiera podría disfrazar una conducta suya anterior, que implicara cualquier reconocimiento, alegando que fue formulado a los efectos de intentar un avenimiento. La intención de transigir debe resu1tar inequívoca de1 acto de que se trate, pues de otro modo la misma obliga y ata a todas las consecuencias que deriven de ella, excepto que se pruebe que ha sido viciada, extremo bastante dificultoso" (LÓPEZ MESA, Marcelo. 2013. La doctrina de los actos propios. Doctrina y jurisprudencia. Tercera edición actualizada y ampliada. Montevideo-Buenos Aires: Editoral B de F. pp. 290/291) En consecuencia, se juzga que, en este caso, las audiencias de avenimiento no tienen eficacia interruptiva de la prescripción; ya que las manifestaciones de las partes que se vertieron allí se justifican, ciertamente, por la tentativa de ellas de lograr un avenimiento, pero no exorbitan de esa finalidad específica.

Adicionalmente, del examen del expediente no surge la existencia de actos inequívocos de reconocimiento de deuda por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En ese sentido, no solo las facturas se encuentran prescriptas, sino que tampoco hay fundamentos jurídicos que permitan sostener la La doctrina ilustra: "De inmediato efecto interruptivo de la prescripción son los otros medios autorizados ... , como es la interpelación u otro acto inequívoco, aunque sea extrajudicial, que importe reconocimiento del derecho de parte de aquel contra quien dicho derecho pueda hacerse valer, como el otorgamiento de un compromiso arbitral, las entregas a cuenta, o el pago de intereses, o la constitución de garantías a favor del acreedor" (DE GASPERI, Luis. Anteproyecto de Código Civil. Asunción: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

el Ministerio de Salud Pública y Bienestar que la acción para exigir el pago de todas las facturas objeto de debate se encuentra prescripta y no se interrumpió el decurso de la prescripción, resulta improcedente la condena al pago impuesta Por tanto, corresponde revocar el Acuerdo y Sentencia Número 54, con fecha 21 de Agosto del 2.023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala; y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y rechazar la demanda planteada.

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte actora y perdidosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil.

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Que disiento respetuosamente del voto del preopinante, y lo hago bajo los siguientes fundamentos.

Se trata aquí de determinar la procedencia de una demanda de cobro de guaraníes a la cual se le ha opuesto una excepción de ,,-?escripción. / i.H -u,/Ahora bien, el distinguido Ministro que me ha precedido en / / .,,..,,... oi:P de votación, Dr. Jiménez Rolón, ha sido suficientemente ,; ,, , eioc ente en la dese ipción y explicación de cuanto aconteció en ,'.Je,. exéW. citados :.¡::tra o e cada parte tomó en este conflicto. --- Secretria caso, esto es, el plazo de dos años contemplado en el art. 663 inc. e) del C.C.,1 conclusiones a las cuales adhiero.

No obstante, debo disentir de las consideraciones esbozadas por el Ministro preopinante, respecto a los efectos de las audiencias de avenimiento celebradas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (D.N. C.P.), las cuales -como se ve r árr inciden en el resultado de la excepción de prescripción opuesta. - Como bien surge de autos, la Procuraduría General de la República (P. G. R.) , al oponer la excepción de prescripción co:no medio general de defensa, alegó que los dichos efectuados por ciertos funcionarios de la institución del Estado involucrada -el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (M.S. P. B. S.) - , quienes participaron en audiencias de avenimiento, de manera alguna pueden obligar a la institución de la cual forman parte, puesto que dicha atribución está reservada exclusivamente al propio Ministro de la cartera de Estado, conforme se desprende del art.

Por su lado, la parte actora alegó que las audiencias de avenimiento celebradas ante la D.N.C.P., el 07 de abril de 2014 y el 13 de mayo de 2014 (fs. 14/15), respectivamente, interrumpieron la prescripción, mediante un acto extrajudicial de reconocimieto inequívoco, en los términos del art. 647 inc. c) del e.e.

Argumentó así la actora que, en el marco de dichas audienci¿s, el Abg. Carlos Espínola, representante designado por el M.S.P.B.S., reconoció expresamente el monto adeudado por el Ministerio a la Oxigena Paraguaya S.A., con base a documentos respaldatorios de la Dirección General de Administración y Finanzas de dicha institución Así pues, cabe valorar la eficacia interruptiva de as declaraciones efectuadas en el marco de las audiencias de Art. 663 inc. e) del e.e. Se prescriben por dos afias: ... e) la acción de los comerciantes para reclamar el precio de las mercaderías vendidas a quienes no lo fueren.

MINISTERIO BIENESTAR DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

en los términos del citado art. 647 inc. c) del e.e., dispone: "La prescripción se interrumpe: ... c) acto inequívoco, judicial o extrajudicial, que importe reconocimiento del crédito por el deudor".

En ese sentido, es sabido que "cualquier acto voluntario que tenga implicancias recogni ti vas será idóneo para interrumpir el plazo prescripcional por imperio del artículo 64 7 inc. c) del Código Civil, sin importar que el agente haya querido o no dicha consecuencia". 2 Vale decir, simplemente, cualquier acto que implique reconocer el crédito del acreedor, sirve para interrumpir Del caso que nos ocupa, se advierte que el 07 de abril de 2014 se celebró una audiencia de avenimiento ante la D.N.C.P., en cuya Acta se consigna textualmente lo siguiente: "El representante del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL manifiesta que: según informe de Certificación de deuda emitido por la Dirección General de Auditoría Interna el monto adeudado a la firma LA OXIGENA PARAGUAYA SA asciende a la suma de Gs. 1. 2 98. 04 6. 30 7, monto Certificado por la Auditoría según documentaciones a la fecha de 14 de febrero de 2014. Para el pago de dicho monto el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL propone una qui ta del 50sobre el monto certificado a la fecha, quedando la fijación del plazo pendiente a la aceptación de dicha quita por la firma LA OXIGENA Ahg. María Rita Mm1gcs Dos Santos Sirretará3 Civil"; La SOCIAL propone una quita del 50sobre dicho rronto conforme a lo mencionado en la audiencia anterior" (f. 14).

Se advierte así que las declaraciones formuladas por el representante del M.S.P.B.S. en las respectivas audiencias de avenimiento, son claras y no dejan lugar a duda3, puesto que se a reconocido expresa e inequívocamente el crédito a favor de la Oxigena Paraguaya. S.A.

En efecto, en la primera audiencia, el representante del Ministerio manifestó que, conforme al informe de certificación je deuda emitido por la Dirección General de Aucitorí3 Interna, el monto adeudado a La Oxigena Paraguaya S.A. asciende a Gs. 1.298.046.307, monto certificado al 14 de febrero de 2014, y propuso además una quita del 50sobre dicho m-:mto, condicionando la fijación del plazo al consentimiento de la f inna acreedora. Posteriormente, en la segunda audiencia, se reiteró y actualizó el reconocimiento de la deuda, señalando que el monto conciliado asciende a Gs. 1. 534. 67 3. 533, el cual surge del Lr.f o rme emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas, y sobre el cual se mantuvo la propuesta de una quita del 50.

En ajustada síntesis, el representante del M.S.?.B.S. no sclc reconoció el monto adeudado, sino que también busc5 llegar a ur_ acuerdo mediante la propuesta de una quita sobre la 3uma debida. - En ese escenario, la doctrina ha declarado que "constituye reconocimiento del derecho del acreedor... ias tatativas pér2 establecer el monto de la deuda o para llegar a un arreglo respecto de su pago". 3 Vale decir, las tratativas o negociaciones para fijar el monto o condiciones de pago implican un reconocimiento del crédito, como claramente ha sucedido en el presente caso y este reconocimiento, tiene importantes efectos jurídicos, como, por ejemplo, la interrupción del plazo prescripcional.

Borda, Guillermo A. (1998). Tratado de Derecho Civil Obigaciones. Ed. Abeledo Perrot. Tomo II. p. 51.

cualquier acto que implique que el deudor reconoce para interrumpir la prescripción en del art. 647 inc. c) del C.C.4 y así lo ha dejado por sentado también, Robert Joseph Pothier, quien escribe que: "por cualquier acto que el deudor reconozca la deuda, este acto interrumpe el tiempo de la prescripción". 5 No obstante, habiendo dejado en claro lo anterior, la P.G.R. cuestionó las facultades y el alcance del poder otorgado a quien fue designado como representante del M.S. P. B. S. , a efectos de participar en el procedimiento de avenimiento, y obligar a la institución que representaba. En ese sentido, expresamente la P.G.R. refirió que: "Estos funcionarios, si bien se observa han acudido a dichas audiencias de avenimiento, queda claro lo hacían al simple efecto de escuchar las inquietudes y propuestas presentadas por las firmas solicitantes de dichos procedimientos administrativos ante la DNCP; de forma alguna, con la facultad de obligar a la institución del cual forman parte, que como referíamos tanto su dirección y manejo se hallan reservadas exclusivamente al propio Ministro de la cartera del Estado" (f. 1248).

Del párrafo expuesto, la P.G.R. señala inequívocamente que el Abg. Carlos Espínola, que se presentó en representación del a la audiencia de avenimiento, tenía una instrucción le debieron dar dichas instrucciones a través cualquiera sea este, como un poder, una nota, arta, un memo, o similar. Por ende, ante la afirmación de la ación de el sentido señalado por la P.G.R., JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

---.Jue, según una uptivo de la lazo legal, mplida; sin era la parte demandada quien debía acreditar los límites del mandato, con la presentación del documento en cuestió. No lo hizo, simplemente indicó dicha limitación, siendo carga suya esa prueba.

Surge entonces que, de acuerdo a las cargas procesales impuestas por el art. 2 4 9 del C.P. C. le correspondería a a demandada demostrarlo, es decir, probar que quien se presentó a a audiencia ante la D.N.C.P. por el M.S.P.B.S. tenía un poder insuficiente, lo que se lograría con la presentación del mismo en autos -extremo que no hizo-, o de algún otro documento, y de cuya lectura alcanzaría para entender que no podría comprcmeter al ente por tener facultades más limita das. La a cc i on ada incumplió esa carga procesal, lo que implica que su argumento sobre la limitación del poder dado al representante del M.S.P.B.S. es inocuo.

Así también, teniendo en cuenta lo antes expuesto, igualmente no puede dejarse de mencionar que la competencia de quien asiste a las audiencias de avenimiento está delimitada por la misma ley que Así pues, el art. 86 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: "En la audiencia de avenimienr:o, la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y 1os argumentos que hiciere va1er 1a Unidad Operativa de Contratación (UOC) respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado".

En concordancia con lo anterior, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 124 del Decreto Nº 21.909/03 "Por el cual se reglamenta la ley Nº 2051/03" que establece: En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes.

El procedimiento concluye con: 1. la celebración del convenio respectivo; 2. la determinación de cualquiera de la3 partes de no conciliar; o 3. desistimiento del solicitante".

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la norma faculta a la UCNT a tomar los hechos solicitud y los argumentos que hiciere valer la de Contrataciones (U .O. C.), a efectos de determinar los elementos comunes y los puntos de controversia para exhortar a las partes a conciliar sus intereses.

Así pues, se advierte que la persona designada por la u.o.e. actúa en representación de la entidad contratante, y su participación en la audiencia está prevista expresamente en la ley y la reglamentación, lo que le otorga legitimidad suficiente para discutir los términos de un eventual arreglo y, en ese marco, asumir compromisos y buscar soluciones consensuadas en el marco Por otra parte, debe notarse que quien intervenía en las mencionadas audiencias de avenimiento en representación del M.S.P.B.S. lo hacía haciendo referencias inequívocas a documentos obrantes en unidades internas del citado Ministerio (como la Dirección General de Auditoría Interna -en la audiencia del 7 de abril de 2014- y de la Dirección General de Administración y Finanzas -en la audiencia del 13 de mayo de 2014-), lo que indica claramente que actuaba en base a documentos de contabilidad pública, lo que otorga verosimilitud al acto allí realizado por dicha persona, en función a la existencia de una deuda y del monto ;-., Aquí, debe resaltarse además que la U. O. C. tiene un papel . :',) f"'.,,¿ti vo y relevante en la audiencia de avenimiento: debe argumentar, ! p:: ".,,-,de;.ítder y participar en la búsqueda de una solución consensuada, ;:,- , ,.r¿prey;i¡s tas en el sign{érdo po et ú 1 sJmt efedto legal. En ese menester, la posibilidad determinación y propuestas presentadas por la firma solicitante del procedimiento, hoy actora Por tanto, si en el marco del procedimiento de avenimiento, los argumentos y las manifestaciones que hicieran valer la U.O.e.

importan un acto de reconocimiento de crédito, esto solo es suficiente para interrumpir la prescripción en los términos del art. 647 inc. c) del e.e., pues, como se ha visto, basta cualquier acto voluntario que implique admitir el hecho de estar obligado. - Por otro lado, si bien es cierto que en la resolución citada como jurisprudencia por la P.G.R.6 he dejado por sentado que en el marco de la audiencia de avenimiento respectiva, no existía un reconocimiento de deuda, no menos cierto es que el referido antecedente difiere sustancialmente del presente asunto, razón por la cual el análisis debe efectuarse atendiendo los términos y las particularidades de cada caso en concreto. Como podrá verse, alí se ha concluido expresamente que "lo único que se desprende del acta es un compromiso de estudiar la pertinencia de los reclamos de la firma accionante, lo cual dista mucho de configurar ;.rn reconocimiento de deuda".7 Vale decir, en la resolución mencionada, se ha efectuado un análisis pormenorizado de los términos y manifestaciones de la audiencia celebrada, para concluir finalmente qLe no se ha configurado un reconocimiento de deuda. En todo caso, este fallo viene a reforzar la postura que sostengo: el reconocimiento de un crédito en el marco de una audiencia de avenimiento se encuenta supeditado a las declaraciones allí formuladas, por lo que siempe Entiendo que la P.G.R. deba defender intereses patrimoniales del Estado, pero creo también que, como auxiliares de Justicia, deben ayudar a resolver casos trayendo antecedentes que, Vide AyS Nº 14 del 17 de mayo de 2023; "FONO CLUB S.R.L. C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ RECONOCIMIENTO DE CRtDITO".

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sostengan la posición que interesa a dicha y no alterar lo que la jurisprudencia invocada consecuencia, del análisis y la revisión de las constancias obrantes en autos, se advierte que no existen dudas en cuanto al reconocimiento expreso e inequívoco efectuado por el representante del M.S.P.B.S. en las respectivas audiencias de avenimiento y, como ya lo he sostenido, este reconocimiento de deuda interrumpe el curso de la prescripción liberatoria no cumplida, por lo que, realizado este reconocimiento, el plazo de prescripción liberatoria queda borrado, debiendo comenzar su conteo de nuevo.

En ese orden de ideas, corresponde señalar que; i) la presente demanda fue notificada el 16 de marzo de 2016 (fs. 1169/1171); ii) la acción para reclamar el pago de las facturas emitidas entre enero de 2012 y septiembre de 2012 prescribía, en principio, en septiembre del 2014, y; iii) el decurso de la prescripción se interrumpió con el reconocimiento inequívoco de la deuda el 07 de abril de 2014, en el marco de la primera audiencia de avenimiento celebrada ante la D.N.C.P. (f. 15). En consecuencia, se concluye que no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en el Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el segundo /:12ªrtado de la resolución recurrida y, en consecuencia, rechazar 'excepción de prescripción opuesta como medio general de defensa t ,,,-. , ,.,.¡ , hora bien, ante el rechazo de la excepción opuesta, . .'i.6rronde juzgar la '. SECHETAB!tij ':, 1auara 1es promovida por La a r,lación óbli Naconl Nº 18/ Afoeo :1a, Hnez Simon :.füü 'tro la demanda de cobro contra de Ahg. Mnrfo Rita Mo11ges Dos Santns Secretaria Oxígeno y Gases Medicinales'', proceso en el qi;e fue suscripto el Esta relación no fue controvertida por la P.G.R., quien expresamente refirió que las facturas presentadas por la actora tienen origen en dicha relación contractual (f. 1243).

No obstante, de manera preliminar, se antepone delimitar el marco de discusión en esta instancia recc.rsi va. Cono bien ya lo advirtió el distinguido Mnistro que me precede en orden de votación, la demanda fue rechazada en ambas instanci¿s respecto de las facturas correspondientes al periodo comprsndido entre En consecuencia, tales decisiones han adquirido autoridad je cosa juzgada y exceden la competencia de esta Saa Civil y Comerci31 de la Corte Suprema de Justicia, no pudier.do ser incluidas en una Por lo tanto, resta determinar 2n esta instancia la procedencia -o no- del cobro de las facturas emitidas entre enero y septiembre de 2012, toda v2z que el Tribual excluyo del análisis el mes de octubre, sin que ello fuera objeto de agravios por parte En ese escenario, no es un dato nenor que las facturas comprendidas en este periodo -enero a s ep t i emb re 2012- fueron emitidas de forma posterior al vencimiento del contr3to. La misma accionante mencionó que, a pesar de que el contrato venció el 31 de diciembre de 2011 "la provisión e i qu z.o x ee l i z ár.doee ante la falta de llamados a nuevos procesos de licit¿ciones o la Es esta situación la que cuestiona la P.G.R.: "gran parte el monto reclamado en la presente acción han sido origiados fuera de lo que las mismas partes han acordado como ob l i qe c i.orie s x ec ip roce e" En ese sentido, argumentó que el Estado no pcede obligarse informalmente con los particulares, pues es requisito ineluditle CORTE SUPREMA JE JUSTICIA JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

con el Estado el cumplimiento de las formas que el proceso suscripción de un contrato son requisitos ad solemnitatem en las contrataciones públicas.

Dicho ello, naturalmente, se debe empezar por identificar cuál es la relación contractual invocada, para luego analizar si su existencia se encuentra debidamente acreditada. Al respecto, ya se ha establecido que se trata de un contrato de suministro, el cual fue suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 18 /2010 "Ad Referéndum para la Adquisición de Oxígeno y Gases Se ha visto también que la P.G.R. no ha controvertido esta relación contractual, e incluso, si bien ya ha pasado a autoridad de cosa juzgada, también surge que ha reconocido expresamente los montos que corresponden a las facturas que obran en autos, y que se encuentran comprendidas dentro del término de vigencia del contrato, es decir, las facturas correspondientes al periodo de Empero, la P.G.R. ha cuestionado la suma reclamada por la actora que se enmarca, como se vio, contractual, esto es: fuera de la relación las facturas emitidas entre enero y septiembre de 2012, puesto que, según sus dichos, el Estado no puede obligarse informalmente con los particulares.

/; ;:,i .. " Ahora bien, sobre la forma que debe revestir todo contrato /.. ;/ driW-nistrativo suscrito bajo la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones -;r.c?.t.i'qfi:/ stablece: "Los contrat :;,f,adm'7-.J/j istrativa que cuente con 'zt-ias respectivas adjudicado o suscribir el cual se reglamenta la ley Nº 2051/03", serán suscritos por la autoridad causas que le sean imputables se estará a lo establecido en el precitado artículo 36 de la Ley y se le ejecutará la garantía de mantenimien'::o de oferta. Luego de la e ie ci: ipción y, en el m i stuo acto, la Contratante entregará un ejemplar del contrato al coat.re t i et.s'", - En concordancia con el requisito de la forma escrita q.ie claramente se desprende de la norma precitada, el art. 37 de la Ley N º 2 051 /03 exige que estos contratos cont.eriqan : "::1.)

identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato; b) procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; c) precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, servicios u obras, señalando si es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición bajo la que se cacularán; d) plazo, lugar y condiciones de entrega, prestación del servicio o ejecución de las obras, conforme al pliego de bases y condiciones; e) program2 de ejecución de los trabajos; f) porcentaje, número y fechas de entrega de los anticipos y amortizaciones que en su caso se otorguen; g) forma y términos para garantizar los anticipos y el cump I im i ent:o de L contrato; h) garantías para el funcionamiento y operación de lo5 bienes y para el suministre de partes, refacciones, transferencia de tecnología y capacitacién, en su caso; i) penas convencionaleE por atraso en la entrega de los bienes, servicios u obras objeto del contrato, por causas imputables a los proveedores o contratistas; j) descripción pormenorizada de los bienes, servic.:..os u obras objeto del contrato, incluyendo, en su caso, la marca y modelo, conforme al pliego de bases y condiciones; k) causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato; y 1) mecanismos de solución de controversias. En los contratos de servicios de consultorías, asesorías, estudios einvestigacion::es, salvo que exista impedimento, deberá estipularse que los derechos de autor u otros derechos ex c l ue i voe que se llegaren a generar ..

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se constituirán a favor del organismo, de la municipalidad, según corresponda".

condiciones, se advierte que: a) la Ley Nº 2051/03 y sus decretos reglamentarios exigen la forma escrita para los contratos concertados bajo dicha ley; y, b) es un hecho no controvertido que luego de vencido el contrato Nº 126/2010 el 31 de diciembre de 2011, no se suscribió una adenda o un nuevo contrato en los términos exigidos por la Ley Nº 2051/03 y sus decretos Luego, que la ley exija una determinada forma -la escrita, en el caso de autos- para este tipo de contratos nos plantea forzosamente la interrogante de si su inobservancia sólo restringe los medios de prueba que deben producirse para acreditar su existencia o si, por el contrario, perjudica la existencia del acto corno tal. Esto no es otra cosa que definir si la forma escrita prevista en la Ley Nº 2051/03 y sus decretos reglamentarios constituye una formalidad de tipo ad probationem o si más bien se trata de una formalidad ad solemnitatem; en el primer caso, sólo se estaría restringiendo la prueba que debe aportarse para acreditar la relación contractual, mientras que en el segundo, el contrato no habría quedado perfeccionado con el mero acuerdo de voluntades entre las partes, sino solo con la consiguiente isNexis Abeledoa la libertad de formas que rige en materia de contratación civil, y en cuyo caso se habrá de iterpretar rigurosamente la existencia de formas solemnes o las consecuencias de su incumplimiento.

Amén de esto último, conviene recordar que un elemeno gravitante para determinar si la formalidad es de tipo ad solemnitatem o ad probationem es la consecuencia que la ley contempla para la inobservancia de la forma exigida. En materia contractual, la forma del contrato es considerada como requisito esencial del mismo siempre que se encuentre prescripta por ley bajo pena de nulidad, conforme lo establece el art. 673 inc. c) del c.:.

Sobre este punto, es Públicas dispone en su de notar que la Ley de Contratacion2s art. 10 que la contravención a las regulaciones previstas en la ley trae aparejada la nulidad, siempre que la D.N.C.P. así lo determine, a saber: "Los actos/ contratos y convenios que los organismos, las entidades y las muicipalidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley y su reglamento, administra ti va serán nulos, previa determinación de la autorioao competente ... Dirección Nacional de No obstante, mal podrí3 pensarse que esto delata el carácter ad solemni ta tem del requisito de instrumentación del contrate contemplado en el art. 36 de la Ley Nº 2051/03 y de , art. 77 ce L Decreto Nº 21.909/03. Esto se debe a que, en primer lgar, la falta de suscripción del contrato no se inserta en el supuesto descriptc en la norma, pues no es en sí una contravención, máxime si se considera que el propio art. 36 de la Ley Nº 2051/03 dispone cuáleE serán las consecuencias de la falta de suscripción jel contrato, entre las que no se encuentra la nulidad.

Asimismo, en segundo lugar, conminación de nulidad se halla tampoco puede ignorarse que supeditada al criterio de le.

autoridad competente -D.N.C.P.-, en quien la ley ha delegado el j uzgamiento preliminar y administrativo de las s:.. tuaciones de contravención. Así pues, no estamos ante una sanción expresa de CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO BIENESTAR DE SALUD SOCIAL S/ PÚBLICA Y COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

esa nulidad -aun obviando el carácter genérico de su lo que resuelva la D.N.C.P. n refuerzo de lo anterior, me permito agregar que el art. 36 de la Ley 2051/03, que impone a los contratantes la obligación de suscribir un contrato, nada dice sobre la nulidad de éste. En efecto, la falta de suscripción recibe un tratamiento diverso al de la mera nulidad, por lo que el argumento en favor del carácter ad probationem de la forma escrita aparece incluso más convincente.

En ese orden de ideas no puede sino concluirse que la imposición de la forma escrita es, en realidad, ad probationem.-- Cabe resaltar que este criterio fue sostenido en casos anteriores por la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia: "Ante esta disyuntiva se debe estar siempre por la interpretación más favorable a la existencia del acto jurídico - conforme con el principio de conservación- lo cual en este caso se concilia, además, con la interpretación estricta que imponen los supuestos de excepción. Esta última pauta interpretativa nos obliga a no aplicar las reglas excepcionales a otros casos que los expresamente previstos por la norma de excepción; y, puesto que el artículo que nos ocupa no conmina de nulidad la inobservancia de la forma escrita, no se puede entender que la misma sea la prescripción de una forma ad solemnitatem. De acuerdo con esto, no se puede sino considerar que la formalidad escrita instaurada por ,1/ ,: !,:Jet, ley de contrataciones públicas es a título ad probationem y no vtif.:/'.:) '"!stablecida que fuera la naturaleza ad probationem de la forma ;::::j'.icr,,½,ª que la Ley N º 2 051 /0 suscritos bajo '2, fci;::stu1üriimen normativo, sólo res determinar :-vcll"iación contractual se '-:-? Q,;e;iy.i.. ns t r ume n to -esentación Suprema de procurarse por cualquier medio, de conformidad con el art. 704 del Ahora, si bien es cierto que en un ::al lo anterior, 11 decantado por la primera posición, pues s2 espera ue cuando se controvierta la existencia e una relación contractual regida por la Ley Nº 2051/03, la parte que pretende su cumplimiento debe aportar el instrumento respectivo, en ol:: servancia de la forma escrita que la citada ley e3tablece para a contratación póblica en cualquiera de sus modalicades, no menos cierto es que, también he manifestado que si existiera un reconocimiento de deuda en los términos del art. 1801 del C. C. 12 la ex i.s t eric i a de la relación sustancial -anterior y juEtificante del reconocimiento- sera presumida y la carga probatria de destrur esa presunción sera La situación que se enciona es abordada pcr autorizada doctrina que, al comentar el art. 1988 del Código Civil Italiano - fuente directa de nuestro art. 1801 del C.2.-, explia el alcance que tiene el reconocimiento de deuda r e spec t o de la relación sustancial subyacente: "Una regla común concierne a la promesa de pago y al reconocimiento de Le deuda ... con ella se establece que la existencia de la relación fundamental (o básica), que da causa a l.a una o a l.a otra, se presume mientras no haya prueba en contrario (iuris tantum ... ), de manera que el destinatario o respectivamente, el. benefic¿ario, está dispensado del.a carga de la prueba de esa rel.ación (art. 1988); y, s i ti erzbargo, puede pretender igualmente la p reet.e c i.on , Rela-:::ión fundamental es la relación patrimonial preeistente (o contemporánea) entre l promitente y el promisario o -respectivamente- entre quien recono-:::e la deuda y el acreedor, respecto del cual se jstifica la promesa AyS Nº 14 del 17 de mayo de 202- Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 1801 del e.e. La promesa d3 pago o el reconccimieto de Jna deuda, exime a aquél a favor de quien se la ctorgue de probar la relación fundamental. La existencia de ésta se presume, salvo prueba en contrario. Para que la promesa se convierta en causa de la obligación, debe consignársela por escrito. CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "LA OXIGENA PYA. S.A. C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

el reconocimiento. Lo que conduce a pensar que ni el reconocimiento, nacen ex nihilo, sino que una razón de deuda, en vista de la cual, el sujeto la prestación, o bien reconoce aquella razón de deuda".13 Dicho de otro modo, si existiera un reconocimiento de deuda a tenor del artículo antes citado, la cuestión relativa a la insuficiencia probatoria de la relación contractual devendría superflua, precisamente en atención a la presunción de la relación fundamental que dispone la norma. Vale decir, nuestro e.e. exime de la prueba de la relación sustancial una vez que dicho reconocimiento de deuda ha sido realizado por el sujeto que se considera deudor, quedando a cargo de la parte que formuló el reconocimiento la prueba de la inexistencia.

A tales efectos, el reconocimiento de deuda debe ser claro y expreso, pues debe permitir precisar razonablemente el contenido y extensión de la obligación, ya que de otro modo la relación sustancial -que recordamos, es presumida iuris tantum amén del art.

1801 del e.e.- aparecería difusa; de allí que una declaración ambigua, vaga o imprecisa sea susceptible de perjudicar la posición del acreedor que invoca el reconocimiento hecho a su favor. Ahora bien, debo decir que, el escenario que describo, tiene vigencia en el caso que nos ocupa, pues no hay dudas de que ha existido un expreso e inequívoco reconocimiento de deuda por parte destruir esta presunción es trasladada a la demandada que, vale decir, en el presente caso, o logró desvirtuarla.

En ese sentido, teneITDs que la deuda reconocida por el recordarse que el marco de discusión ante esta instancia ha sido delimitado al cobro de les facturas emitidas entre enero y En estas condiciones, revisadas las constancias de autos, se desprende que la deuda correspondiente al año 2012, en lo que respecta al mes de enerJ, asciende a G. 106.101.376; a correspondiente al mes de ::ebrero, a G. 107. 258. 533; al mes de Así pues, sumados los importes mencionados, la deuda total No obstante, cabe mencionar que la P.G.R. no formuló objeciones de fondo respecto a las provisiones invocadas por la accionante, ni discutió el guantum de las sumas contenidas en l3s facturas obrantes en aur o s , puesto que basó su defensa exclusivamente en la excepción de prescripción opuesta y en las formalidades que deben regien la contratación con el Estado.

Así pues, cabe r e f e r i r que los agravios vertidos por la demandada, en ese sentido, o cumplen con las exigecias del art. La doctrina sostiene, 3certadamente, que: "No puede menos de exigirse, a quien intenta qe se revise un fallo, que diga por quÉ esa decisión judicial no 1conforma, poniendo de manifiesto le que considera errores de hecho y de derecho, omisiones, defectosr vicios o excesos. Pr oc ed i eiido así, cumple con los deberes de colaboración facili tanda y al de respeto tribunal ce a la alzada justicia y el examen al adversarior de la sentencie MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S/ COBRO DE GUARANIES ORDINARIO".

recurso y al adversario su contestación, y limita el reclamo"; "... Por esta razón se ha seflalado, por el agravio debe especificar cuánto correspondería 0 aumentar lo acordado por la sentencia de primera En el presente casqi como se vio, la demandada no realizó una crítica razonada del fa'l'lo impugnado en lo que respecta a la cuantificación de la deuda, por lo que debe estarse a lo resuelto por el Tribunal de Apelación. En consecuencia, corresponde confirmar el fallo recurrido, manteniendo el monto de la condena En cuanto a los intereses moratorias, y su dies a quo, éstos no fueron objeto de agravios, por lo que habrá de dejarse la tasa mensual y el inicio del cómputo consignados por el Tribunal de Apelación.

Así las cosas, corresponde confirmar el apartado tercero de la resolución recurrida, y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda de cobro de guaraníes promovida por La Oxigena Paraguaya S.A., debiéndose condenar a la parte demandada al pago de la suma de G. 1.203.520.436, más intereses del 1,5mensual desde la notificación de la demanda, todo ello de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución.

En cuanto a las costas, se advierte que existen vencimientos recíprocos y, por ende, deben ser impuestas proporcionalmente en un 22a la parte actora, y en un 78a la demandada, en todas las instancias, de conformidad con lo expuesto en los arts. 195 y 205 A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO LUS MARÍA BENÍTEZ RIERA PROSIGUIÓ DICIENDO: Adhiero opinión al voto del ministro Alberto Martínez Simón, por iguales fundamentos.

PODETTI. Ramiro. 2009. Tratado de los recursos. Adaptado por Osear Eduardo Vázquez. Segunda Edición. Buenos Aires: Ediar. p. 220.

Con lo que se por Ante mí que e iatrr;;:ente Abg, Maria Rita Monges Dos Santes Secretaria SENTENCIA NUMERO . Y VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE EUPREMA DE JUSTICIA SALA IVIL Y COMERCIAL TENER por desistido el Recurso de Nulidad interpuesto. CONFIRMAR el AcuerdoSentencia Número 54, ccn fecha 21 de Agosto del 2.023, dictado por el Tribunal je Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital; y, en consecuencia, HACER LUGAR a la demanda de cobro S.A., debiéndose condenar a notificación de la demanda presente resolución. -- COSTAS, en t en ul7i. 78a gistrar arte actora Ah. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria ioJiménez ']v[inistro mí: guaraníes promovida por La Oxigena demandada al pego de la suma