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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1051/2024

28 de octubre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZULMA RIVEROS MENDIOLA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 3542/2008". Nº 2201. AÑO 2022

Antecedente ART. 1º DE LA LEY Nº 3542/2008

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZULMA RIVEROS MENDIOLA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº .J?Q:1acide Asunción, Capital de la República del Par díat dI me;eÜe,,h.1bv-e del año dos mil v c1 "'r,cv¡-"' , estando en la Sala <í , rRl=t.r/ de la Corte Suprema de usticia, los Excrnos. Señores Ministros de la, Sala 0íl:fríal, Doctores GUSTAVO SAANDEDANS, VICOR RIOS OJEDA y CEAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí Secretario autonzante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUC/IONALIDAD PROMOVIDA POR ZULMA RIVEROS MENDIOLA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 3542/2008"., fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora Zulma Riveras Mendiola, por derecho propio Y P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, RÍOS OJEDA y DIESEL JUNGHANNS.

La Sra. ZULMA RIVEROS MENDIOLA promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1de la Ley Nº 3542/2008 MODIFICATORIA DEL ART. 8º DE LA LEY Nº 2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y Constan en autos copias de las documentaciones que acreditan que la accionante reviste la calidad de Pensionada Heredera de Sub-Oficial de las Fuerzas Armadas de la La parte recurrente manifiesta que las normas impugnadas vulneran disposiciones consagradas en los Arts. 14, 46, 47, y 103 de la Constitución Nacional, al impedir que sus haberes jubilatorios sean actualizados en igualdad de tratamiento dispensado a los docentes En relación a las objeciones contra el Art. 1 Ley Nº 3542/08 que dispone: Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional, todos los beneficios que paga la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizarán anualmente, de oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del Índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al periodo inmediatamente precedente. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este articulo, los beneficios correspondientes a los programas no contributivos". Vemos que la segunda parte de la disposición regula la actualización, estableciendo que ella debe ser realizada atendiendo al IPC del ejercicio fiscal anterior, Por su parte el texto constitucion en el rt. 103 dispone: "Dentro del sisteme cional de seguridaU-.!Ila ley reg á e régime de jubilaciones de los funcionarios y e los emplea s públicos, atendie do que los organismos autárquicos creados con ese propó ito acuerden a I s apo antes jubilado la administrac , n-ee-dicnos e/4tes bajo co trol Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier titulo, presten servicios La ley garantizará la actualización de /os haberes jubila torios en igualdad de tratamiento La disposición constitucional previene que todo ajuste a los haberes jubilatorios debe ser hecho dando igual tratamiento a los funcionarios activos y pasivos. En cambio la lectura comparativa de la ley y la Carta Magna permite comprender la existencia de vulneración constitucional. Debido a que cuando la ley dispone acerca de las actualizaciones, lo hace utilizando una tasa distinta a la que es tenida en cuenta para los funcionarios en actividad.

Queda constatada entonces la inconstitucionalidad por vulneración de la supremacía, por un lado, y por el otro infringe el derecho a la igualdad, garantía materializada solamente cuando ante una situación determinada, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso que nos ocupa ni la Ley 2345/03, ni disposición alguna pueden contravenir la Por las consideraciones hechas precedentemente, conforme al dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del Art. 1 de la Ley Nº 3542/08 que modifica el Art. 8de la Ley Nº 2345/03 en relación a la Sra. ZULMA RIVEROS MENDIOLA, de 1. La Señora ZULMA RIVEROS MENDIOLA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, se presenta en su calidad de Jubilada de la Administración Pública, conforme al Decreto Nº 5889 de fecha 30 de junio de 1969, cuya copia autenticada acompaña, se presenta a promover Acción de lnconstitucionalidad en contra: EL ARTÍCULO 1 º DE LA LEY Nº 3542/2008 DE FECHA 10/07/2008 QUE MODF. EL ART. 8 DE LA LEY 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14, 46, 47 y 103 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que las normas impugnadas impiden la actualización de sus haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.

3. El art. 1 º de la Ley Nº 3.542/08 (que modifica el Art. 8 de la Ley Nº 2.345/03), no altera en lo sustancial lo prescripto en la norma anterior, ya que sigue manteniendo el criterio de que a actualización de haberes jubilatorios será de acuerdo a la variación del índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay (B.C.P.).

4. Dicho artículo dice: "Conforme lo dispone el art. 103 de la Constitución Nacional, todos /os beneficios que paga la Dirección Nacional de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizarán anualmente, de oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al periodo inmediatamente precedente. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, /os beneficios correspondientes a /os programas no contributivos" (Negritas y subrayados 5. De la norma transcripta se desprende que la actualización de todos los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se sujeta al "Índice de Precios del Consumidor calculado por el Banco Central de Paraguay" como tasa de actualización, contraviniendo lo dispuesto por el Art. 103 de la Constitución que dice: "La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad", y como consecuencia, lo dispuesto también por el art. 14 de la Ley Suprema que dice: "Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, CORTE PREMA TICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZULMA RIVEROS MENDIOLA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº tratamiento contemplada en la norma constitucional (art. 103) implica que resueltos por el Poder Ejecutivo a favor de los funcionarios activos debe ,,.,....-"'Te. e igual modo a los jubilados, mediante la actualización de sus haberes en " rcentaje y tiempo que lo hace el Ministerio de Hacienda respecto de los funcionarios activos. Debemos recordar que al funcionario activos aportante, cuando se produce un aumento salarial, su primer aumento va se forma íntegra a la Caja de Jubilaciones para compensar el nuevo aumento obtenido, el cual beneficia de modo 7. El Artículo 46 de la Constitución dispone: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el art. 47 num. 2) reza: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República ... "La igualdad ante las leyes ... ". Por lo tanto, la ley puede naturalmente, utilizar el índice de Precios del Consumidor (I.P.C.)

calculado por el Banco Central del Paraguay (B.C.P.) para la tasa de variación, siempre que ésta se aplique a todo el universo de los afectados respetando las desigualdades 8. Es de entender que ninguna ley puede oponerse a lo establecido en preceptos constitucionales, pues carecería de validez, así queda determinado según lo dispuesto en el art. 137 de la Ley Suprema que dice: "La ley suprema de la República es la Constitución ... Carecen de validez todas las disposiciones o acto de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución". ..: 9. De ahí que la aplicación de dicho dispositivo jurídico, ciertamente contraviene disposiciones de la Ley Suprema en sus artículos 46 "De la igualdad de las personas", 47 num. 2) "De las garantías de igualdad" y 103 "Del régimen de Jubilaciones de los Funcionarios Públicos", al impedir a la accionante a percibir el correspondiente beneficio económico en su calidad de jubilada, que sea digno y le garantice un nivel de vida óptimo 1 O. Es de resaltar que las jubilaciones deben cumplir un rol sustitutivo de las remuneraciones en actividad. Por ello, debe existir un necesario equilibrio entre las remuneraciones de quienes se encuentren en actividad y los haberes del sector pasivo, ya que la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por tal servicio. Dicho de otro modo, el conveniente haber jubilatorio solo se haya cumplido cuando el jubilado conserva una situación patrimonial equivalente a la que le habría correspondido gozar en caso de continuar en actividad. Las políticas salariales del Estado no deben derivar en modificaciones sustanciales del haber jubilatorio, que signifiquen una retrogradación en la condición de los pasivos, por lo que es inconstitucional que el Estado cause un menoscabo patrimonial a las acreencias previsionales, privándolas de un beneficio legalmente acordado.

11. Por tanto, en virtud a lo manifestando, opino que corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar respecto e la accionante la inaplicabilidad del art. 1 de la ley Nº 3542/08 (que modifica el art. 8 la Ministr que me Cesar M. Diesel Juh ' Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Da Ministro Oeda . vías 1 Vcro1 J.

VI. l . stO corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra el Art. 1 de la Ley Nº 3.542/08 "Que modifica y amplia la Ley N 2345/2003", por los argumentos que Ab initio, es menester considerar el contenido y alcance de lo estatuido por la norma constitucional que establece el Régimen de Jubilaciones, Art. 103. El texto normativo dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público Es preciso aclarar que la actualización salarial a la que expresamente alude la norma constitucional transcripta se refiere al reajuste de los haberes y las pensiones en comparación a los funcionarios activos e implica la utilización del mismo criterio para el aumento -actualización- de los haberes jubilatorios de los funcionarios pasivos y pensionados y de los salarios percibidos por los funcionarios activos.

Siguiendo con el análisis de la acción presentada, en lo que respecta a la actualización de los haberes jubilatorios y las pensiones, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, al supeditar la actualización de todos los beneficios pagados a lo dispuesto por el Art. 1de la Ley Nº 3542/2008 -que modifica el Art. 8de la Ley Nº 2345/2003- , establece la actualización de oficio de forma anual en base a la variación del Índice de Precios del Consumidor (I.P.C) calculado por el Banco Central del Paraguay. Al obrar de tal forma, aplica una regulación arbitraria que no se condice con el texto constitucional en razón de que el I.P.C. no siempre coincide con el aumento de los salarios fijados en forma definitiva por el Poder Ejecutivo, produciendo de este modo un desequilibrio en el poder adquisitivo de los funcionarios pasivos en relación con los activos . .

La ley puede, naturalmente, utilizar la variación del I.P.C. para determinar el porcentaje de actualización toda vez que este porcentaje se aplique a todo el universo de los afectados, es decir, funcionarios activos y pasivos, situación que no se ajusta al caso que nos ocupa. En efecto, la igualdad de tratamiento contemplada en la norma constitucional implica que los aumentos resueltos por el Poder Ejecutivo a favor de los activos deben favorecer, de igual modo, a los jubilados y pensionados, cuyos haberes deberían actualizarse en igual porcentaje y tiempo en que lo hace el Ministerio de Hacienda respecto de los De allí que, en el caso que se prevea presupuestariamente un aumento en la retribución básica de uno o varios segmentos del funcionariado activo, se debe producir tal aumento en igual porcentaje sobre el monto del último haber jubilatorio percibido por los Por otro lado, conforme al principio de supremacía constitucional, ni la ley, en este caso la Ley Nº 3542/2008, ni normativa alguna puede oponerse a lo establecido en una norma constitucional, como es el caso del citado Art. 103, puesto que carecerán de validez, conforme al orden de prelación que rige en nuestro ordenamiento positivo, previsto en el Art.

137 de la Constitución. De allí que el Art. 1 de la Ley Nº 3542/2008 -que modifica el Art. 8 de lgualmente, en relación con el principio de igualdad aludido, cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe toda desigualdad, sino solo aquella que carezca de una justificación objetiva y razonable. En tal sentido, no resulta razonable el trato diferente dispensado por ley al funcionario activo y al inactivo (jubilado o pensionado) frente al mismo hecho, es decir, frente al reajuste o actualización de sus haberes.

Por las razones precedentemente expuestas y en coincidencia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZULMA RIVEROS MENDIOLA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº Cesar M. Diesel Junghanns Ante mí: Ministro CSJ.

SENTENCIA NÚMERO: 1) OS 1 Asunción, 1, de D e,vbr r Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, D Víctor Ríos Ojeda Ministro Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida, y en con7. encia declarar la inaplicabilidad del Art. 1 º de la Ley Nº 3542/08 que modifica el Art. 8º e la Ley Nº 2345/03, en relación a la Señora ZULMA RIVEROS MENDIOLA, de onfor 'dad " Cesar M. Diesel J nghanns Ante mí: Ministro es.