EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA POR LA ABG. ANA GONZALEZ LEDEZMA EN REPRESENTACION DE FERNANDO PUENTES ROMERO EN LOS AUTOS "EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. C/ LA LILIA S.A. Y OTROS S/ACCION PREPARATORIA DE JUICIO SENTENCIA NÚMERO: M,e(uc"'0i 1del Paraguay, a losvf',k och;, días 0 , estando en la Sala de Acuerdos - y>¡ , juprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, tti, CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA POR LA ABG. ANA GONZALEZ LEDEZMA EN REPRESENTACION DE FERNANDO PUENTES ROMERO EN LOS AUTOS "EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. C/ LA LILIA S.A. Y OTROS S/ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO", a fin de resolver la Excepción de lnconstitucionalidad opuesta por la Abg. Ana González Ledezma, en representación del Señor Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden. de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: La presente excepción de inconstitucionalidad es opuesta por la Abg. Ana González Ledezma en representación del Fernando Puentes Romero, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer turno, mediante escrito obrante a fs. 04/06 del juicio principal, contra el Art. 462 del Código Procesal Civil, en el marco de un proceso de preparación de E I excepcionante, como fundamento de su presentación, manifiesta que: " ... la norma impugnada quebranta los art. 16 y 17 de la CN, en atención a que dicha norma limita las defensas que son oponibles en este tipo de juicios, atendiendo que mi parte se ve imposibilitado de oponer excepción que hace a su defensa, que no se encuentra permitida por el Art. 462 del CPC, por lo que atacamos de inconstitucional, que es la excepción de imposibilidad de pago por fuerza mayor, que la deducimos en forma subsidiaria con esta excepción. Que ese impedimento legal que crea la norma atacada, hace pasible a mi principal, de pagar una deuda ante una situación de emergencia nacional y mundial, nada más y nada menos que ratificada por el Congreso de la Nación a través de la Ley de emergencia Nº 6524/20, por la cual -entre sus objetivos principetes- se procuró proteger la unidades de producción (La Lilia S.A., liderada por mi principal, Fernando Puentes om ro) que otorgan fuente de trabajo y la mitigación financiera, hechos totalmente aplic les a uestro aso en parte no se funda en la norma impugnada, si bien forma parte del procedimiento establecido para las acciones ejecutivas no se funda en ella. Además la norma impugnada prevé las defensas oponibles en el juicio ejecutivo que se encuentra en consonancia con la norma Por su parte, el Ministerio Publico contesto el traslado en los términos del Dictamen Nº 1346 de fecha 15 de julio de 2021, obrante a fs. 19/20 de autos, mediante el cual recomendó En primer término, considero pertinente el análisis de los presupuestos procesales para la procedente de la excepción de inconstitucionalidad, previsto en el Art. 538 del C.P.C., que En este sentido, el artículo 538 del Cód. Proc. Civ. establece los presupuestos de admisibilidad de una excepción, y al respecto señala: "Oportunidad para oponer la excepción en el proceso de conocimiento ordinario. La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución. También deberá ser opuesta por el actor, o el reconviniente, en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones. Este plazo se computará desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención". Por lo tanto, debe AI respecto al plantearse la excepción al citado para oponer excepciones, la misma ha sido opuesta dentro del plazo que establece el Código Procesal Civil.
Siguiendo las reglas procesales básicas que rigen a la materia (artículo 538 del Cód.
Proc. Civ.), debemos referirnos, además, que el control de constitucionalidad por vía de la excepción es procedente respecto de un instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado en la Constitución Nacional y no procede, Se nta das estas bases corresponde referirme respecto a su procedencia o no.
Art.- 462 "EXCEPCIONES OPONIBLES. Son excepciones admisibles en el juicio ejecutivo las siguientes: a) incompetencia, debiendo en su caso procederse en la forma establecida en el artículo; b) falta de personería en el ejecutante o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; c) litispendencia; d) falsedad o inhabilidad del título con que se pide la ejecución; la segunda, en la falta de acción o en no ser el documentos de aquellos que traen aparejada ejecución; e) prescripción; f) pago documentado, total o parcial; g)compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; h) quita, espera, remisión, novación y transacción; i) Pre l i mina rm ente, de la lectura del escrito de oposición de la presente excepción de inconstitucionalidad, se puede notar que no reúne los requisitos exigidos por la ley para enervar la validez de la disposición que ataca. En efecto, pretende que esta Corte declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la disposición legal relativa al juicio ejecutivo, sin fundar de manera clara y concreta los agravios que le acarrea en su caso particular el artículo EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA POR LA ABG. ANA GONZALEZ LEDEZMA EN REPRESENTACION DE FERNANDO PUENTES ROMERO EN LOS AUTOS "EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. CI LA LILIA S.A. Y OTROS SIACCION PREPARATORIA DE JUICIO 'l, 1:,pugdo-:iertamente, no es suficiente una fundamentación genérica, haciendo menciones en abstracta de supuestas violaciones de garantías constitucionales.
s? ;--r1 Esta Sala ha pregonado siempre en situaciones similares, que es imprescindible señalar aexistencia de un nexo efectivo entre el agravio, las disposiciones legales atacadas y las garantías constitucionales que se estiman conculcadas. En este caso, ese nexo no se encuentra detallado ni constatado en el escrito de oposición de la excepción, por lo que la No obstante, a los efectos de no limitar nuestro pronunciamiento a una cuestión más bien formal, me permito abordar la cuestión de fondo a los efectos de brindar una respuesta más Lo que agravia al ejecutado, son las limitaciones propias que hacen a la naturaleza y al carácter sumario y especial del proceso ejecutivo, y específicamente, en lo que hace a la prohibición de investigar la causa de la obligación y, a otras defensas como la pretendida.
El proceso ejecutivo fue creado por el legislador como un mecanismo ágil y eficaz para obtener el cobro de un crédito que la ley presume existente, esto es, sobre la base de un derecho cierto o presumiblemente cierto, que surge a partir de documentos idóneos que por ley están dotados de ejecutividad, o son preparados para el efecto.
De hecho que no se trata de un proceso de ejecución pura, sino que va precedido de una etapa de conocimiento limitada, en el sentido de que solo se admiten las defensas especificadas en la ley. Se trata de conciliar la sumariedad con la garantía de defensa en juicio, admitiendo las defensas que versan más bien sobre la literalidad del título y ajenas a la relación E I diseño legal para este tipo de procesos prevé un estrecho marco cognoscitivo; no obstante ello no implica una afrenta a las garantías como la defensa en juicio ni a la igualdad procesal, siendo que la sentencia solo hace cosa juzgada formal, permitiendo un amplio debate posterior mediante el proceso de conocimiento ordinario, (art. 471 C.P.C).
Sobre el particular, el tratadista HUGO lLSINA, comenta los artículos análogos de la legislación procesal argentina, antecedente de la nuestra, ha sostenido que: " ... El ejecutado debe oponer las excepciones de carácter procesal (incompetencia, falta de personería, falsedad, inhabilidad, etc.) y puede oponer las de carácter substancial (pago, prescripción, quita, etc.) Cualquiera que. sea la sentencia que se dicte en el juicio ejecutivo, quedara a salvo el derecho del ejecutante y del ejecutado para promover el juicio ordinario, en que el que se podrá hacer valer cualquier defensa tendiente a demostrar la inexisten e la obligación; defensas que no se pudo oponer como excepciones en el juicio eje tivo p rqueestán comprendida en el art. 488 reformado, que no se quiso oponer a in eservarl s r;ára el) icio ordinario, o que fueron opuestas y rechazadas en el juicio eje utívo a senten la, en efe to, no tiene carácter declarativo, ya que solo puede determina dos sas: lleva la ejecuc 'ón adelante,,o no hacer lugar ?J la ejecución (art. 498). Por cansí uíent solo hac cosa juzg da formal (XXIX 24u ejecutibilidad pe o no pides evisibilidad en Gustavo E. Santander Dans .- , ,,,. 3 Minisro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.
juicio ordinario, ... 11 (ALSINA, HUGO, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Ejecución Forzada y medidas precautorias, Tomo V, Pág. 39).
Asimismo, se ha dicho que " ... la restricción que la ley procesal impone dentro del juicio ejecutivo encuentra su fundamento y razón procesal en el carácter formal de la cosa juzgada en el alcanzada, circunstancia concurrente a evidenciar que por ese medio no se vulnera la garantía de la defensa en juicio ... 11 (RODIRGUEZ, LUIS A., Tratado de la Ejecución", Tomo 11- En definitiva, el demandado podrá ejercer su derecho a la defensa de forma restringida en el juicio ejecutivo, de manera a evitar su desnaturalización, y con suficiente amplitud en el Por las razones precedentemente expuestas, la presente excepción de inconstitucionalidad no puede prosperar. Costas a la perdidosa. Es mi voto.
1. La Abogada Ana González Ledezma, representante del Señor Fernando Puentes Romero, opuso excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 462 del Código Procesal Civil, en el marco del juicio caratulado: "EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. C/ LA LILIA S.A. Y OTROS SI ACCIÓN PREPARATORIA DE JUICIO 2. Afirmó la excepcionante, que la disposición legal impugnada es inconstitucional porque vulnera los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional. Sostuvo al respecto, que el artículo 462 no permite a su parte oponer una excepción que hace a su defensa, cual es, la excepción de imposibilidad de pago por fuerza mayor. Entendió, así mismo, que es imperativo que la Corte Suprema de Justicia se expedida sobre la constitucionalidad o no del límite de defensas 3. Corrido el traslado de la excepción opuesta, se presentó el Abogado Hugo Correa Ovando, y solicitó el rechazo de la excepción, al considerar que la pretensión no se halla dirigida contra la norma que ataca y que el proceso ejecutivo se halla conforme con las garantías de defensa de la Constitución, por lo cual no la vulnera.
4. EL Fiscal Adjunto, encargado de la atención de vistas y traslados corridos a la Fiscalía General del Estado, Abg. Jorge Sosa García, recomendó el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad opuesta, y afirmó al respecto, que la disposición legal impugnada no resulta contraria a principios y garantías constitucionales. (Dictamen Nº 1346 del 15 de julio de 5. Antes de entrar al estudio del fondo de la cuestión, es oportuno mencionar que la excepción de inconstitucionalidad se halla prevista en el artículo 538 del C. P. C., que dispone: "La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimere que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado en la Constitución. También deberé ser opuesta por el actor, o el reconviniente en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones".
6. Conforme se desprende de la norma legal transcripta, el objetivo de la excepción de inconstitucionalidad es evitar que la norma impugnada sea aplicada al caso específico en el , i EP : Ó! , (?E INC1:NSTITUCIÓNALDD 0fUESTp 11, LA AB1 G. ANA GONZALEZ I¡ l tlEEDEZMA 'N REPi1 RESENTACION DE . F¡HNAttN, o, µENTES! f ROMERO EN LOS 1 AThros 1 "EM RESA I12AGUIRRE BARRAIL ' lRS 1 1 RA i!AE.'C'.A'.Jtf7 tA t.lLIA S.A. Y le . se jiuce, !decir, se re,u¡ey e la Cor't luna1ded rac1on,¡pre1ud1c1all'.de SI ;, -,, 'r1ando án I ra¡ al ihális¡s b 't!ibt 11 63/d,eli G:;ódigó Prbcesal e:: 'Excrnpci 1 1neóponibV 1es.S dépci0 es1 1isibiks 'W eljuÚ:ibejecutivb¡ , las siguient s.1 aJ incompe en:cia, debi 1ndq e/(1 IS 9aso p oc1qerse en la itorme establecida. en el artículo 1 falta d pkrsonería en ell ejeJ tan te, 1 , en sJs rep'resMitantes, por1 'careder de capacidad civil para estar en juicio, o de representeclóti suficiente; c) litis pendencia; d) falsedad o inhabilidad del título con que Sfl pide la ejecución. La primera sólo para fundarse en la falsedad material, o adulteración del documento; la segunda en la falta de acción o en no ser el documento de aquellos que traen aparejada ejecución; e) prescripción; 1) pago documentado, total o parcial; 8) compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; h) quita, espera, remisión, novación y transacción; y i) cosa 8. En el presente caso, la parte excepcionante pretende que esta Corte declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la disposición leg!a1 transcripta, porque la considera limitativa del ejercicio del derecho a la defensa: en juicio, eh cuanto dispone qué excepciones son oponibles en el juicio ejecutivo. En sus términos, la defensa que el mismo intenta oponer no está permitida por dicha norma.
, 9. En cabal cumplimiento de la función de control de constitucionalidad, debe señalarse que no se advierten motivos para considerar inconstitucional a la norma legal impugnada.
1 O. En tal sentido, debemos poner en relieve, que eliJuicio ejecutivo está regulado en el Código Procesal Civil como un procedimiento con naturaleza y características especiales. El mismo, si bien restringe el debate procesal, contiene las qsrantlas necesarias para resguardar el derecho de defensa del demandado y, en definitiva, el 'equilibrio de fuerzas de las partes 11. Al respecto, Carlos Fenochietto y Roland Arazi, s,ostienen que: "(. .. ) la sumariedad indicada, típica de todos los ejecutivos, se.justiñce en principios que atañen a la necesidad de otorgar tutele jurisdiccional al crédito. En la época actual, ello se traduce en una política legislativa destinada a otorgar una mevoreutonomle y sufe,iencia del-título frente al elemento causal de la relación jurídica. Esta última quedeet margen del litigio, de modo que la sentencia ejecutiva estimatoria no tiene por función "declarar" el derecho creditorio, sino n lar las condiciones de regularidad del contreclctorio y pronuncierse sobre la lega/id d de título, mediante una decisión de ejecucióninmediata (. .. )"1 !: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 5 Cual9uiera fÚere la eerqiqur 1 rcxere en j jucio ejecutivo, ei ejecutante o e/ ejecuiedo podrq promover .el 1iurqIQ. de ieonoc1m1ento ordinetio que cotresoonde, dentro del plazo, pe sesenta días, 1 conieoo.oeso« la 'notificación de' la sentencia firme de ret1ré!te". Por tanto, la normativa procesal permite el debate amplio posterior al juicio.ejecutivo ,--..,
13. Lino Palacio afirma: "Et cerécter especial' de este proceso ejecutivoderiva de la circunstancia 9e heliers« sometido 1::1 trémiies específicos, distintos a los del proceso ordinerio.
Su sumariedad está dada por la 'circunstancia de que, en tanto el conocimiento del juez debe eventualmente circunscribirse al examen de un número limitado de d,efensas, el juicio ejecutivo carece de aptitud para el examen y¡solución total,del conflicto, y la sentencie que er,1.él se dicta sólo produce, en ptincipio, eficacia de cosa jugada en sentido tormet t. . .) no obsiénie; ql{e el juicio ejecutivo,. tal como aparece regl¡a(nentaJJo en el oraenemiento procesal 'viqente, no constituye una ejecución pura o un slmple pfocedimientq: df?; ejepución (. . .) 1 nuestrojuicio ejecutivo tiene una etapa de conocimiento durante i1a cual el deudor se halla facultado para alegar y probar la ineficacia del título, mediante la oposición de ciertas defensas que deben fundarse en hechoscontemporáneos o posteriores f=1 la creación de aquél. Se (rata, pµes, de 14. Cabe destacar, igualmente, que antes de indagar el fin perseguido por el legjsldor al. redactar, la norma, .debe , verificarse si efectivamente .ésta vulnera, o I no derechos constitucionales. .En este entendimiento, no se visualiza lesión alguna a derechos de máximo rango ya .que, en la especialidad del trámite, surnatiedad y el listado, de las excepciones oponibles: particularmente en ,I artículo 462 del Procesal Civil, no se impide ni se liputa el ejercicio de las defensas, Por ,otra parte, se encuentra abierta la vía del juicio ordinario que 15. Por las razones ,e).(puestas, corresponde el rechazo,' con costas, de la' excepción A su turno, el Ministro Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Adhiero a las opiniones de los Ministros que me han precedido en el orden de votación, en cuanto a que la presente excepción de inconstitucionalidad debe ser rechazada, y me permito agregar las Co rres pon de traer a colación el marco rector de la defensa articulada y que se encuentra en el Código Procesal Civil en su artículo 538, que dispone: "La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución. También deberá ser opuesta por el actor, o el reconviniente, en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una Ley u otro acto normativo inconstitucional por. las mismas razones. Este plazo se computará desde la notificación de la providerif('a que tiene por con estada la demanda o la reconvencton. . 1 1 A tenor de esta norma, en Goncordanci¡ con I.a contenida en rl art. 542 del q.P.C., la excepción de inconstitucionalidad rs un mecim?, e jcpntrol consttucional que pe?e ser resulta inconstitucional. La finalidaJti que persi¡ue esta defensa es que la Corte Suprema de Manual de Derecho Procesal Civil. Lexis Nexls - Abeledo Perrot, Buenos Aires. Año 2003. fág. 702 , Ahora bien, el juicio ejecutivo, estatuido en el Libro 111, Título I del C.P.C. no contempla una etapa de contestación de la demanda com,o tal. No obstante, la estructura de este tipo de juicio sí contempla expresamente una oportunidad en donde el deudor se encuentra facultado de ejercer su defensa, oponiendo excepciones contra el progreso de la ejecución, cual es, la etapa de citación a oponer excepciones prevista en el art. 60 del C.P.C. Por ende, es esta la oportunidad que debe ser considerada como equivalente a la contestación de la demanda, a los efectos de ejercer la facultad conferida porel art. 546 del' C.P.C.
Por estas razones, al haberse opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad prevista en el art. 460 del, C.P.C., en concordancia con el art. 546 del mismo cuerpo legal, considero que el requisito de la temporaneidad se encuentra satisfecho en el De acuerdo con las consideraciones precedentemente desarrolladas, sí cabe realizar el correspondiente control de constitucionalidad que se propone. En autos se plantea la inconstituciorialidad del art. 462 del Código Procesal Civil: "Son excepciones admisibles en el juicio ejecutivo, las siguientes: a) Incompetencia, debiendoien su caso procederse en la forma establecida en el artículo 231; b) Falta de personería en el ejecutante o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; c) Litispendencia; d) Falsedad o inhabilidad del título con que; se pide la ejecución. La primera sólo podrá fundarse en la falsedad material o adulteración del documento; la segunda, en la falta de acción o en no ser el documento de aquellos que traen aparejada ejecución; e) Prescripción; f) Pago documentado, total o parcial; g) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; h) Quita, espera, remisión, novación y renseccton; 1 Ahora bien, para el examen acerca de la constitucionalidad de dicha norma, debe tenerse presente que solo cuandono sea posible otra forma de interpretación del acto normativo aplicable al caso, es que puede predicarse sobre ella su inconstitucionali d, por cuanto que: "a /a declaración ,de incor,,stitucionalidad sólci se debe llegar como 'liima atio' cuando resulta imposiblevitarlo, hemos de reservar siempre -aún en doctrlne- a acusa ion de antijuridicidad por inconstitucionalidad para el caso extremo en qu , e pués de na interpretación conciliadora, se tome inviable rar nstitu e5 Ji d' ( DART CAMP s, Germán J. La interpretación el control nstltuclonetes en I jur, icción constiiucio al: Bueno? Aires, EDIAR, 19 , 1,ª ed., pág. 8 R, 01eda V'ct()r tos ]Vlinistro Así lo ha entendido también la ju(¡isprudencia de esta Sala Coristitucional, al sentenciar que la invalidez de, un;a norma constituye un acto de suma qravedad institucional, que como tal, debe ser: considerada como¡ uítim« ratio del orden jurídico. Debe pues. 9eclararse la inaplicabilidad deunanorma, solo 1y únicamente, cuando la norma Impugnada (inferior:a! orden supremo) contravienmanifiesta e indudablemente principios constitucionales, .. siendo la incompatibilidad. de la, .rnisrna con los preceptos constitucionales altamente, 1 inconciliable (Acuerdo y Sentencia Nº 910, de1:15 de julio de 2016; Acuerdo y Sentencia Nº 86, dI 14 de Por ello, se impone en esta sede emprender, un análisis sistemático de las normas en juego, de manera a determinar si acaso cabe una interpretación de las normas impuqnadas que concilie con las normas constitucionales reputadas como vulneradas.
,-- Lo primero que debe señalarse es que la norma irnpuqnadaque limita las defensas que pueden, oponerse al, progreso de la ejecución; se enmarca dentro la estructura del juicio ejecutivo, consagrado por. la l13y procesal corno un procedimiento con naturaleza y características especiales. Efectivamente, en este tipo de proceso. se restringe el debate procesal y, por tanto, la parte demandada no puede alegar defensas especiales y atípicas. De hecho, a norma del art. 465 del C.P.C., la discusión acerca la causa de la obligación está Ahora bien, esta restricción no es arbitraria, sino que responde 'a la esencia misma del juicio ejecutivo, que no persigue otra cosa más que atender la pretensión ejecutiva, circunscripta ésta al ejercicio del derecho al cobro del crédito que subyace del documento traído a ejecución: "Su finalidad no;consiste en lograr un pronunciemiento judic!al que. declare.
la existencia o inexistencia de un 'cferecho sustancial incierto, sino 'en obtenenle. satisfacción de un crédito, que la ley presume éxistente en virtud de la' peculiar ;,,,odalidad que reviste el documento que lo comprueba" (PALACIO, Ljno Enrique. "Derecho Procesal Civif'.1 Buenos Aires, . De allí que la decisión tomada en un proceso ejecutivo solo haga a cosa juzgada _formal, pudiendo discutirse la causa de la obliqación en un juicio ordinario posterior conforme al art. 471 del C.P.C. donde exista la posibilidad de mayor debate y de articular defensas más complejas. Por ello, en el juicio ejecutivo solo debe analizarse si existe una obligación de dar sumas de dinero líquida y exigible sustentada en un título que traiga aparejada ejecución, quedando vedado la investigación de las causas que motivaron la obligación, conforme a lo Ah ora bien, la reducida cognición del juicio ejecutivo, en cuanto en él se veda la averiguación de la causa de la obligación, y se restringe las defensas oponibles por el demandado, no vulnera derecho a la defensa alguno, por cuanto responde a lo que puede ser materia de debate en el juicio donde únicamente se atiende la pretensión ejecutiva, y no el Por su parte, el hecho de.que el: ordenamiento jurídico postergue la disc1 usióacerca del derecho sustancial que existe lq no entre las partes, supeditándolo a un juicio post:erior, no deviene inconstitucional, por cuantcqque responde a otro interés social, como lo es.Ia necesidad de contar con mecanismos efiqces para el cobro de créditos, 1en pos de facljtar las transacciones comerciales y .el intercambio comercial, lo, cual también es objeto de, tutela constitucional, a norma del art. 117.6 de la C.N.: "Desde otro aspecto, cabe destacar que la norma formal en el juicio ejecutivo no contempla el interés del acreedor ni el del deudor. La norma jurídica enfoca siempre un interés 'societ: en el caso, la exig,encia de medios expeditivos que favorezcan las transacciones económicas, quedando por igual supeditados al EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA PI R LA ABG. ANA GONZALEZ LEDEZMA N REPRESENTACION DE FERNANDO !PUENTES ROMERO EN LOS AUTOS "EMfiRESA IZAGUIRRE BARRAIL 1, INV.ERSORA t5.A.E.C.A. C/ LA LILIA S.A. Y .-.. ,, OTROS S/AC I ION PREPARATORIA DE JUICIO 1.. ena;,);tl.- gal el Jbredor como el deudor, de modo; que sí es cierto que no podrá este "1.últímc/es9- según su /1rbítrío al juícíd ejecutivo, tampoc; podrá el acreedor realizar por esa 91, yJ. Sfi :1ef1E:_ño cuan?º ,ctrecade tíulo" Jurisprudencia fitadaen DATO, Jorge D. "Juicio s ¡ecylJve. Buenos Aire, ¡,Editorial Universidad, Po( lo que.' en el 1aso de autos, se advierte que : os argumentos esgrimidos por la excepcicnante carecen dé elementos suficientes para con' iderar la viabilidad de la excepción opuesta", dado que, no se advierte la contrariedad en la ndma impugnada, pues ésta no viola o atenta contra derechos y garantías previstos en nuestra Constitución; los derechos del excepcionante se encuentran a salvo y pueden ser ejercidos en la sede que le es propia: en el marco de un juicio posterior de mayor cognición, a norma del art. 471 del C.P.C. Por estas razones, voto por el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad, con costas. 1 TO.- Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: '1052..
Asunción, '1, de O e,.;l, r Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 Cesar M. Diesel Junghan de 'R, O')'eda Dr- Víctor .10s MPitn Y VISTOS: Los méritos del Acerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la Excepción de lnconstitucionalidad opuesta por la Abg. Ano/, on , lez Ledezma, en representación del Señor Fernando Puentes Romero, conforme a os térmi os IMPNER costas, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 del C. .C.
--- Ante mí: