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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1065/2024

28 de octubre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUE OJEDA FRANCO C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22/06/99; ART. 16 INC. F) DE LA LEY 1626/2000 ART. 17, ART. 143 Y ART. 251 DE LA LEY Nº 1 /1909 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO." AÑO: 2021 Nº: 695.

Antecedente ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22/06/99; ART. 16 INC. F) DE LA LEY 1626/2000 ART. 17, ART. 143 Y ART. 251 DE LA LEY N

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUE OJEDA FRANCO C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22/06/99; ART. 16 INC. F) 251 DE LA LEY Nº 1 /1909 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO." AÑO: 2021 Nº: 695. del hes'deuh..,.bv t del año dos mil ve,/1. 1' (.t...t ..-o , estando en la Sala de Acuerdos 91 ,, la Co prema de Justicia, los Excmos. Señores MJnistros de la Sala ,Constituc!onal, et te t- STAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL JUN ANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUE OJEDA FRANCO C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22/06/99; ART. 16 LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor ENRIQUE OJEDA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: 1. El señor ENRIQUE OJEDA FRANCO, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra los arts. 16 inc. f), 17 Y 143 de la Ley 1626/00 2. La primera norma impugnada inhabilita el ingreso para la función pública a los jubilados de la administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a los concursos públicos. El aquí accionante es una jubilado de las Fuerzas Armadas de la Nación, conforme se desprende de la Resolución Nº 1736 de fecha 15 de octubre de 2002; por lo que, queda de manifiesto su legitimación para la promoción de la presente acción.

3. Con relación a la impugnación de los Arts. 16 inciso f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/2000, se hace necesario remitirnos a lo que dispone dicha ley en su artículo 2 "Aun cuando cumplan una función publica, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior a: inciso a) el Presidente y el Vicepresidente de la República, los senadores y diputados gobernadores y los Miembros de las Juntas Departamentales, los intendentes, los Míe bro de las Juntas Municipales y las personas que ejercen otros cargos originados en /tección popular." La norma excluye de su reg , n y aplicación a los Miembros de léJS Juntas Departamentales y en este caso - a ciona e según Acuer?.9,., y Sentencia Nº 1 {12018 de Tribunal Su . Justicia lec/ I fue p oc/amado mo o Titular e la Junt j . Gustavo E. Santandeans Ministro' Cesar M. Diesel Jun.ghanns Millstro CSJ Dr. Víctor Ríos Ojeda Mi1üstro Departamental por el periodo constitucional 2018-2023 por lo que carece de legitimación para 4. Finalmente, la parte accionante solicita la inconstitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, la que a la fecha de estudio de la presente acción de inconstitucionalidad ya ha sido modificada por Ley Nº 6834/21. Si bien, esta acción fue presentada con suma anterioridad respecto de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 6834/21, sin embargo, debe extenderse la impugnación impetrada a lo que fuera materia de modificación por cuanto que, no sólo el enfoque de los argumentos esgrimidos queda vinculados a dicha parte de la norma, sino que, sobre todo, la casuística presentada nos impone tal menester. De esta manera, haciendo un abordaje en la totalidad de la materia regulada estaremos garantizando el pleno acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva 5. Habiendo hecho esta aclaración, hay que traer a colación que la norma impugnada y su modificatoria, sigue disponiendo, básicamente, que el jubilado que ingresa de nuevo a la función pública debe optar entre percibir la remuneración de la jubilación o el salario que viene 6. La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonio adquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el art. 102 de la CN, establece en su in fine el 7. En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « .. .El bloque de constitucionalidad en materia laboral está bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador ... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabajadores, deben considerarse inaplicables ... » 1 . Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que « ... la jubilación no es un beneficio graciable, sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que ha reunido requisitos para su loqro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni di lata rle .. »2 8. En cuanto al salario, el art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro. 935/64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes 9. Desde luego que nuestra Constitución Nacional protege el salario de los trabajadores en su Art. 92, aplicable al caso de conformidad a la remisión efectuada por el art. 102 citado.- 1 O. Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el art. 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no 11. Queda visto, pues, que la norma examinada -art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909- conculca el principio de prelación constitucional por atentar contra las previsiones emanadas del citado Convenio 95 de la OIT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el art. 92. Debe pues, decretarse su Cristaldo Montaner, J.D.; Cristaldo Rodríguez, B.E. (2002). Introducción al Derecho del Trabajo.

Asunción, Paraguay. Fides. Pág. 208.- 2 Cabanellas de Torres, G. ( 1992). Compendio de Derecho Laboral. Tomo 11. Buenos Aires, Argentina. Heliasta. Pág 992.-. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUE OJEDA FRANCO C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMI.NISTRATIVA DEL 22/06/99; ART. 16 INC. F) 251 DE LA LEY Nº 1/1909 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO." AÑO: 2021 Nº: 695. .... ' En e- lusión, corresponde hacer lugar parcialmente a la presente Acción de 1. lnconst(tucioidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la ina_plicabili del Artículo 1de la Ley Nº 6834/21 que modifica el Artículo 251 de la Ley Nº 1/19-ismo, corresponde levantar la medida cautelar de suspensión de efectos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: En el caso que nos ocupa, el recurrente solicitó la declaración de inconstitucionalidad d,3 las disposiciones cuestionadas en virtud a su designación en carácter de Miembro Titular de la Junta Departamental del Departamento Al momento de procederse al estudio de la acción, se constata que dicha circunstancia (ejercicio del cargo) ha quedado sin efecto, por no haber sido electo en dicho cargo para el nuevo periodo constitucional 2023/2028. Por tal motivo, queda en evidencia la ausencia de agravio actual respecto al accionante, habida cuenta que la Sala solo puede expedirse ante actos normativos que infringen en su aplicación los principios o normas de la Constitución Nacional, atendiendo a los términos del Art. 550 del CPC, lo que equivale a decir que por la falta de comprobación del interés en la decisión nos encontraríamos ante un pronunciamiento Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Corresponde asimismo el levantamiento de la medida cautelar dispuesta mediante A su turno, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el señor Enrique Ojeda Franco, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover Acción de de lnconstitucionalidad contra los Arts. 16º inc. f) y 143º de la Ley N 1626/2000 "De la Función Pública y el Art. 251de la "Ley Señala el accionante, como fundamento de su presentación, que: " ... se ha asimilado erróneamente los conceptos de jubilación y remuneración, prohibiendo al jubilado a percibir la remuneración por la función que desempeña. Dicha remuneración es la contraprestación de la función que ocupa. Si esto es así, sencitlemente sería una aprobación por parte del Estado de servicios de una persona en forma gratuita, equiparable a un confiscación de bienes o en su caso, se le prohíbe a percibir su jubilación que es un derecho adquirido, que no nace de la función o servicio que está prestando actualmente al Estado .... " (Sic.). Asimismo, menciona que la norma cuestionada viola el principio de igualdad al discriminar a los jubilados el acceso a la función pública y consiguientemente remuneraciones derivas de ellas.

Respecto a la impugnación de los Art. 16 inc, f), 17 y 143 de la Ley 1626/ O me adhiero al voto del Ministro preopinante, res, eo a la falta de legitimación del acci nante, por Ahora bien respecto a la impu ación el Art. 251 de la Ley de rganiza ón Administrativa y Financiera del E 1 o, emos qu la norma en estudio, contem la la situac ón del funci no p ico pasivo Ul!lbila o que vuel e a oc --al servi io del Est do e Santander oans Gusta-va i::., Mnistro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.

o, 01eda V'ctor !dos Miiüstro 3 quien, de acuerdo con la ley, debe optar por la remuneración que percibe en el ejercicio de sus funciones o por los haberes percibidos en concepto de jubilación. Al respecto, considero que el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado efectivamente deviene inconstitucional, dado que obliga al jubilado a renunciar a su haber jubilatorio o a su salario en abierta contradicción con el Art. 86 de la Constitución, que consagra la Es menester tener presente que la jubilación fue instituida como un derecho que asiste a todos los funcionarios o empleados, que han aportado parte de su salario a lo largo de su carrera pública para que, luego de cumplidos los requisitos legales para poder retirarse de la función, reciban una renta o remuneración vitalicia que les permita llevar una vida digna, es decir, el haber jubilatorio percibido por el jubilado no es un salario por los trabajos realizados, sino una devolución de los aportes que el mismo ha hecho durante todo el tiempo de trabajo; lo cual reafirma la conclusión que, no es posible que el funcionario jubilado sea obligado a renunciar a parte de su patrimonio o a su salario para seguir prestando sus servicios al Por todo lo anterior, estimo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo analizados precedentemente, porque debemos entender que ni la ley -en este caso la Ley Nº 6834/21 y la Ley Nº 1/1909- ni normativa alguna pueden oponerse a lo establecido en la Constitución Nacional, puesto que carecerán de validez conforme al orden de prelación que Por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 251 de la Ley Nº 1/1909 "De Organización Administrativa y Financiera del Estado", modificado por la Ley 6834/21 de la Ley 1 /1909 con relación al accionante. Igualmente corresponde el levantam nto Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUE OJEDA FRANCO C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22/06/99; ART. 16 INC. F) 251 DE LA LEY Nº 1/1909 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO." AÑO: 2021 Nº: 695.

SENTENCIA NÚMERO: ,10 65 - OJ ción, 'L-B de O0-v b r, de 2.02.- .. , Y VJ;v °6OS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, a:, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

Frif6vida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. Art. 251 de la Ley Nº 1/1909 "De Organización Administrativa y Financiera del Estado", modificado por la Ley 6834/21 de la Ley 1/1909 con relación al accionante, de conformidad a lo establecido en el ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, di puesta or el Ante mí: e: Santander Qans Gustao i;., . - . . Mnstro ,/ Dr. Víctor Ríos Ojeda NU1üstro