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Acuerdo y SentenciaSala PenalPenal

Acuerdo y Sentencia N° 499/2024

23 de diciembre de 2024

CYNTHIA MABEL BARRETO BORJA Y OTRO S/ HOMICIDIO DOLOSO.

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CORTE SUPREMA oJUSTICIA CYNTHIA MABEL BARRETO BORJA Y OTRO SI HOMICIDIO DOLOSO YIJ-t'l't Z CANDIA ante mí la Secretaria Autorizante, se trajo a estudio el expediente arriba caratulado a los efectos de resolver el recurso de casación directa interpuestopor las defensoras públicas Miriam Diaz Benitez, y Encide Mariela Balcazar K, en contra de la Sentencia Definitiva Nro. 68 de fecha 21 de mayo de 2021 dictada del Tribunal de Sentencias Nro. 04 de la circunscripción judicial de Alto Paraná.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear las siguientes: -

CUESTIONES

En su caso ¿resulta procedente? - Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, arrojó el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA.- A la primera cuestión planteada, la ministra María Carolina Llanes refiere: en primer término, estimo pertinente señalar las principales actuaciones de la causa a los efectos de dilucidar el contexto procesal en el cual es presentado la casación; así, tenemos que por SD Nº 68 de fecha 21 de mayo de 2021 el Tribunal A qua resolvió condenar a Cinthia Mabel Barreto Borja a (22) veintidos años de pena privativa de libertad por el hecho punible de robo con resultado de muerte.- El régimen recursivo vigente impone a este tribunal, verificar si el planteamiento escrito obedece íntegramente los requerimientos formales -condicionan la viabilidad Art. 449 del CPP "Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios , en los casos expresamente establecidos, siempre que causen gravamen al recurrente. El derecho de recurrí - corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las diver. as partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas" g. ltarinn Pen 1.i Art. 477 del CPP "Objeto. Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las '

't'a.lía se, tencias definitivas detribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones que pongan/in al procedimiento, ingan la acción o fafJena, denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena" Art. 4 .IYdel CPP " ... se interpondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el ' ... en el término de diez días luego de notificada y por escritofundado, en el que se -adamente. cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de arlanes O.

En ese sentido, se observa que la resolución recurrida fue planteada por las representantes de la defensa técnica del procesado, las defensoras públicas Miriam Diaz Benitez y Encide Mariela Balzar K, -impugnabilidad subjetiva- en contra del decisorio dictado por el Tribunal de Sentencias que condenó a la procesada a 22 años de pena privativa de libertad -impugnabilidad objetiva- ante la secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el medio previsto en la normativa -escrito fundado invocando los inc. 1 y 3 del art.

4 78 CPP- dentro del plazo de los 1 O días -11 de junio del 2021, fecha en la cual se presume la notificación de la condenada igualmente.- En cuanto a los agravios presentados, el recurrente señaló: 1) Falta de capacidad de la procesada para estar en juicio. Como incidente previo a la apertura del juicio la defensa planteó la realización de una junta médica para determinar en qué condiciones se encontraba la salud mental de la condenada para comprender los actos del juicio. Alega que habría existido un informe de la psicologa forense de la defensa publica que describía que la misma padecía de "depresion grave con disminucion de su vitalidad que deteriora su estado de animo, pensamiento alterado, emociones fuertes, arranques de ira, perdida de interes por la vida, tendencia al suicidio y transtorno bipolar depresivo grave". En dicha ocasión, el tribunal de sentencias resolvió rechazar tal incidente indicando que dentro del expediente hasta ese momento no existía ningún indicio que ponga en duda la capacidad de la procesada y que en caso de considerarlo necesario el tribunal ordenará el examen de la misma por un médico forense. La defensa planteó recurso de reposición alegando que el estado de salud mental es un hecho nuevo por eso no existe constancia alguna en el expediente, pese a ello el Tribunal de Sentencias habría manifestado que la defensa no argumentó correctamente el recurso, puesto que al interponer el incidente no mencionó en marco de qué normativa legal lo solicitaba, recién al plantear la reposición trajo a colación que la condición de la condenada contravenir las disposiciones del A1t. 78 CPP2 , modificando con eso la argumentación. También el Tribunal reiteró que en caso de ser necesario se ordenará la diligencia como medida de mejor proveerAgrega la defensa que a lo largo del juicio no se ha producido tal diligenciamiento por lo cual nunca se aclaró si la condenada tenía la capacidad de comprender lo que estaba aconteciendo.- Atendiendo a los argumentos, esta Sala Penal considera que el agravio se encuentra debidamente fundado, por tanto es admisible para el estudio.- de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, o 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados" Art. 479 del CPP Casación Directa: Cuando una sentencia de primera instancia pueda ser impugnada por algunos de los motivos establecidos en el artículo anterior; se podrá interponer directamente el recurso extraordinario de casación 743. Si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acepta la casación directa, enviará las actuaciones al tribunal de apelaciones competente para que lo resuelva conforme a lo establecido para la apelación especial. Si en un mismo caso se plantean apelaciones y casaciones directas, primero se enviarán las actuaciones a la Sala Penal de la Corte Suprema para que resuelva lo que corresponda.

Artículo 78 del CPP. INCAPACIDAD. El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender o de querer los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, provocará la suspensión condicional del procedimiento con relación a él, hasta que desaparezca esa incapacidad; sin perjuicio de la aplicación del procedimiento especial contenido en el Título V del Libro 11, de la Segunda Parte de este código. La situación descripta en el párrafo anterior; no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del procedimiento con respecto a otros imputados.

A los efectos del procedimiento penal, esa incapacidad será declarada por el juez, previo examen pericial psiquiátrico. Los actos que el incapaz haya realizado como tal carecerán de valor. del procedimiento por aprehensión de la condenada realizada Sin embargo, resultan laxos los argumentos presentados por las defensoras públicas, pues si bien traen a colación normas constitucionales que hacen a la aprehensión de personas se han limitado a mencionar que las debidas advertencias no se han dado en el presente caso. Esto no constituye una argumentación suficiente en esta instancia pues no trajeron a la vista corno final y materialmente se produjo una afectación a la procesada en el presente caso, no especificaron como la no comunicación de ciertos derechos desembocaron en que finalmente la misma no pueda ejercerlos y de qué manera se produjo esto.- En conclusión, dicho agravio resulta inadmisible y no es pasible de ser estudiado por esta Judicatura.- 3) Violacion de los principios de inmediatez, continuidad y concentración.

Respecto a los principios de continuidad y concentración las casacionistas han expuesto los Arts. 373 y 374 del CPP, alegando que el juicio oral y público inició en fecha 24 de marzo del 2021 y concluyó el 18 de mayo del 2021, se ha desarrollado en 12 audiencias en violacion a los artículos mencionados, pues que solo es posible realizar una suspensión del juicio, por causa fundada por el término de diez días.- Según el casacionista, las interrupciones del juicio oral y público se habrían dado de la siguiente manera: "Se encuent a verificada en el Acta de Juicio en la que se observa las verdaderas "suspension s ", DOCE (12) en total, que eran adoptadas sin que el Tribunal de Sentencia lo :Abg. I;ft.tlltPcPÍe alguna causal legal. En efecto, el Acta de Juicio reporta que el Juicio Oral y a¡.J?tb!ico. e ha iniciado el 24 de marzo de 2021, tras la Primera Suspensión (fs. 331), eljuicio se rea, 1dó el 25 de marzo (UN DÍA); luego de la Segunda Suspensión (f,. 337) el juicio anti uó el día 07 de abril (TRECE DÍAS); con la Tercera suspensión (f,. 365), la coi 'inuidad del juicjo quedó diferido para el 12 de abril (5 DÍAS), posterior a ello se verifica l cuarta susp 0 n1fión (f"s. 368 vlto) y continuó el 15 abril (3 días) y se dispuso la quinta ' Ifs. 3 77) y continuó el 22 de abril (7 días) ocasión en que se verificó la sexta suspensión (fs. 386 y vito.) prosiguió en fecha 26 de abril (4 días), oportunidad en que se dio ma suspej ,ión (f'- 391 y vito.) y se reanudó en fecha 29 de abril (3 días) y se dispone . 396) prosiguió en fecha 03 de mayo (04 días), disponiéndose la G . 399) y continuó el 13 de mayo (JO días) op del asiento del tribunal, en fecha 04 de mayo de 2021, asimismo, en ocasión de la audiencia de fecha 1 O de mayo esta defensa ha planteado recusación en contra del pleno del tribunal" Por otra parte, con relación al principio de inmediación, la defensa sostiene que la condenada no estuvo presente en el juicio al momento de la declaración de la testigo Rocio Marilyn Dominguez, oportunidad en la cual la misma habría aportado nuevos datos. al contradictorio público. Sostiene que estas son causales de nulidad absoluta , pues violan lo establecido en el Art. 17, num. 3 y el Art. 1 del CPP. - Ante estos fundamentos, esta Sala Penal considera que el agravio se halla suficientemente fundado, por lo cual resulta admisible.- 4) Violacion de la Ley 6495/20 que "AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIENCIAS POR MEDIOS TELEMÁTICOS EN EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO".

La defensa sostiene que la condenada ha participado del juicio oral y público vía telemática, desde su lugar de reclusión sin la asistencia física y personal de un abogado. Por otra parte, se habría recepcionado el testimonio de una testigo por medios telemáticos, sin causa justa y por resolución fundada, faltando a lo prescripto en la Ley 6495/20, Art. 2, Acordada Nro. 1325/19, Art. 3, literal b.- Al respecto, considero oportuno y necesario realizar ciertas observaciones sobre la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración de justicia: La crisis generada por la propagación del virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad COVID-19, produjo una verdadera conmoción a nivel global. En nuestro país, el gobierno declaró "Estado de Emergencia Sanitaria" y ordenó la suspensión de las actividades de carácter público, privado y académico ante el riesgo de expansión del virus, lo cual provocó importantes cambios estructurales en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente, en el sistema de justicia porque afectó el normal :funcionamiento de todos los tribunales y juzgados de la República (aplazamiento de audiencias, interrupción de los plazos procesales, administrativos y registrales, etc )3 Ante está situación, ha quedado bajo la tutela del Estado, en especial del Poder Judicial, arbitrar todas las medidas necesarias que permitan a todos los habitantes del territorio nacional el ejercicio del derecho a la protección judicial, sin perder vista la salud de los funcionarios como así también la de los usuarios de justicia. A raíz de ello, la Corte Suprema de Justicia adoptó diversos mecanismos de gestión jurisdiccional para reactivar e impulsar las actividades judiciales, tales como: generalización en la utilización del expediente electrónico en los juzgados en que ya estaba implementada esta herramienta; habilitación -por materia e instancia- de los tribunales con la cantidad mínima de :funcionarios; incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los casos El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del coronavirus como una pandernia. Posteriormente, el Poder Ejecutivo a través de los Decretos N.º 3442/2020, 3478/2020 y 3456/2020 declaró "Estado de Emergencia Sanitaria" y ordenó la suspensión de todas las actividades de carácter público, privado y académico ante el riesgo de propagación de la enfermedad. Finalmente, el Poder Legislativo por Ley N.º 6524/2020 declaró "Estado de emergencia en tocio el territorio de la república del Paraguay" ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.

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ie punto, cabe remarcar que el empleo de los medios telemáticos se ha vuelto para garantizar y agilizar el acceso a la justicia de forma remota, evitando las aglomeraciones de personas en la institución y la propagación del mencionado virus. En otras palabras, las herramientas tecnológicas han impulsado la conducción de los procesos en trámite, la reorganización de labores y la atención impostergable de asuntos urgentes, incrementando la efectividad y la justicia oportuna, sin dilaciones indebidas con especial cuidado respecto de las personas en situación de vulnerabilidad.- Como se aprecia, resulta innegable la viabilidad de este mecanismo con el derecho, siempre que dentro de los requerimientos técnicos destinados y utilizados se mantenga el pleno respeto de las garantías del proceso. En este sentido, no es pertinente negar o poner resistencia al aprovechamiento de estos recursos, cuya aplicación supone un desafio y cambio trascendental en la conceptualización de la justicia hacia una era digital -sobre la cual existía un rechazo epistemológico importante, antes de la pandemia- preservando y garantizando el oportuno ejercicio del derecho a la tutela judicial efectivo y del debido proceso.- Por tanto, el órgano judicial al momento de sustanciar los juicios orales u otras audiencias telemáticas debe buscar el equilibrio entre la eficiencia del sistema penal y las garantías en favor del procesado a los efectos de impedir la vulneración de los derechos fundamentales que amparan al justiciable. Si bien, la Ley N.º 6495/2020 autoriza la implementación de dicho sistema, ordena que sea dispuesta mediante resolución fundada, la cual deberá ser comunicada a las partes -procesado, defensor, fiscal y querella- en tiempo y forma, a fin de que preparen los equipos informáticos que serán utilizados para la sustanciación de la misma y sus respectivas teorías del caso4 Ahondando, la aplicación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia no afectan, en principio, el derecho a la defensa técnica en juicio oral u otras audiencias, cuando se utilizan estos medios para la asistencia técnica entre el justiciable y su abogado defe r; o opción en caso que no pueda materializarse la cercanía física entre ambos.

Ello siempre ue el juez o tribunal arbitre los medios necesarios (advertencias al imputado, el acceso a la actuaciones, la explicación de los motivos del procesamiento, recesos, cuarto intermedi , todo ello dándole la posibilidad que tenga acceso permanente a su defensa técnica ara po ibilitar que dicha comunicación sea oportuna y efectiva). En definitiva, siempre que r->l"t-'onga de los medios técnicos necesarios y se garantice entre las partes una conexión es le y fluida, habría argumentos para sostener la viabilidad de los juicios orales u otras udiencias llevadas a cabo por medios telemáticos.- ND--6tr.ttt1.11te, la validez de la mencionada actuación también dependerá de la calidad en la transmisión de la ésta en el expediente judicial o carpeta físcal en su caso, pues solo de esta manera podrá n ebicla y legal forma (contradicción de los sujetos intervinientes así como la salvaguarda del 11nAr;,/1Kr.N'de con los 10s de inmediación, oralidad, publicida ción y contradicción), s que se cumplen en aquellas que son realizada e forma r encial.

Ministro Ministra Por otra parte, la defensa ha alegado que supuestamente el Tribunal de Sentencias no habría dispuesto por resolución fundada la realización del juicio oral y público vía telemática, sin embargo, las casacionistas no han avanzado en el agravio pues no explicaron si con ello las mismas no lograron acceder al desarrollo de un testimonio, contrastar la prueba o que derecho en específico habría sido violentado. Cabe resaltar que los recurrentes tienen el deber de exponer un agravio material en esta instancia a los efectos de que esta Magistratura se ciña en específico a este para corroborar si se ha concretado o no. En conclusión, dicho agravio debe ser declarado inadmisible por no reunir la calidad argumentativa suficiente.- 5) Violacion de la reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas Sostiene la defensa que al fundar la medición de la pena, el Tribunal de Sentencias valoró el testimonio ele la Sra. Flora Galeano, sosteniendo que la condenada fingió un interés sentimental en la víctima para cometer el hecho, y que esta información habría sido corroborada con la escucha de una conversación personal privada por parte de la testigo, entre la condenada y la víctima. Según el recurrente, considerar este testimonio atenta contra lo previsto en el Art. 33 de la CN que protege la intimidad de las personas.- Lo señalado por las casacionistas resulta insuficiente, teniendo en cuenta que no han traído a colación las normas procesales o de fondo que alega como obviadas por el Ministerio Público y los órganos judiciales. Simplemente hacen mención a que lo escuchado por una testigo no puede ser utilizado en juicio, lo cual por sí solo carece de sustento y logicidad jurídica y desatiende ampliamente el régimen probatorio vigente en nuestro sistema procesal penal.- Seguidamente, la defensa reclama que el Tribunal de Sentencias no tuvo en cuenta la información aportada por la condenada en su declaración indagatoria, oportunidad en la cual la misma habría rebatido todas las pruebas y justificado su inocencia. Además, sostiene que el Tribunal extrajo parte de la declaración para fundamentar su culpabilidad, sin embargo, dejó de lado toda la información que la desvinculaba del hecho.- Finalmente, la defensa ataca que la condena se basó en los dichos por testigos de referencia y que no existió ninguna prueba que acredite que la condenada produjo la muerte de la víctima, si bien existió un informe de cruce de llamadas que demostró que la acusada utilizó el telefóno de la víctima de su muerte, esto no indica la autoría de forma directa. En resumen, la casacionista alega que no existen pruebas directas que señalan la autoría de la condenada por lo cual el fallo adolece de vicios que afectan la sana crítica, por lo cual debe ser anulado.- Nuevamente, estas aseveraciones resultan insuficientes, puesto que primeramente la declaración indagatoria propiamente dicha no constituye un elemento probatorio por sí mismo, y tampoco se ha señalado a qué información se refirió el casacionista. Por otra parte, el recurrente en ningún momento ha realizado un análisis de la valoración probatoria del Tribunal de Sentencias, simplemente presenta su desacuerdo con los elementos probatorios valorados y los cataloga de insuficientes, sin embargo, no construye un argumento razonado que demuestre cómo la información valorada resulta abiertamente contraria con lo acreditado por el tribunal de sentencias o el motivo por el cual el Tribunal de Sentencias no pudo llegar a esa conclusión sobre el hecho. En conclusión, no puede ingresarse al estudio de las aseveraciones genéricas traídas a colación por el casacionista, por lo tanto, el agravio debe ser dejado de lado por infundado .6) I"'. ob. s,. cia y errónea aplicación de los preceptos legales en la medición de la pena.

X '- -En to al punto la forma de realización del hecho y de los medios empleados, liÍ/:el ionista que el Tribunal de Sentencias consideró situaciones fácticas que c5lcdbtradi hecho punible por el cual fue condenada, pues considero que la procesada ha 'rrr-,-J:lt.l.aftl:ó«lcada detalle para perpetrar el hecho, espero que la víctima quedase dormida e .w:i,,usa tras engañarlo para encontrarse con él y aprovechándose de la situación de que el mismo se encontraba acostado en su cama le propinó una puñalada en el cuello, lo que contradeciría lo que se estableció en la sentencia definitiva pues se concluyó que la víctima despertó y ocurrió un forcejeo. Por otra parte, en cuanto a la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho el tribunal considero una circunstancia que ocurrió en marco de una conversación privada, lo cual afecta a la intimidad y la vida privada, al sostener "fingió interés en él ... ejecutó con mucha violencia aprovechándose de la confianza que le tenia la victima". En relación a la relevancia del daño y peligro ocasionado se valoró una circunstancia que no fue discutida en el juicio "profundas secuelas psíquicas en los familiares del fallecido". En lo que hace a las consecuencias reprochables del hecho considero en contra de la acusada incluyendo circunstancias que hacen al tipo penal, al sostener "el hecho punible juzgado se encuentre en la escala más alta de los bienes jurídicos protegidos por la norma penal y constituye el hecho más grave que un ser humano puede producir en el otro (matar)". Finalmente, con respecto al parámetro conducta posterior al hecho, el tribunal lo consideró negativo puesto que la condenada había viajado días antes de ser procesada lo cual no indica que no quisieron someterse al proceso de ninguna manera, según el casacionista.- Analizadas las argumentaciones, se corrobora que las mismas se hallan fundadas suficientemente, por lo cual son pasible de ser estudiadas a través de este recurso, por lo cual deviene admisible lo presentado en este punto.- En conclusión, resultan admisibles los agravios 1), 3) y 6). ES MI VOTO. - A su turno, el ministro Luis María Benítez Riera expone que: corresponde adherirse al voto de la ministra preopinante por los mismos fundamentos.

Por su parte, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia expresa lo siguiente: Considero que corresponde declarar la TNADMISIBTLTDAD del recurso de casación directa interpuesto por las Defensoras Públicas, Abog. Miriam Diaz Benitez y Encide Mariela Balcázar, rep esentación de la procesada Cinthia Mabel Barreto Borja, por los siguientes a fecha 21 de mayo de nlstro or. 'Manueoe1es s-rªo Milie; ,. arolina danes O. Ministra consta en el acta de audiencia de lectura, labrada por la Actuaria Judicial del Tribunal de Sentencia, Abog. Rocío González, obrante a fs. 499 de autos.- Posteriormente, según nota labrada por la Oficial de secretaria. Fátima Castellano, se presenta secretaría de fecha 28 de mayo de 2021, la misma Defensora Pública, Abg. Miriam Diaz, a fin de notificarse ele la sentencia definitiva dictada por el Tribunal ele Mérito, y retira copia del citado fallo, según consta a fs. 500 de autos.- Ahora bien, para establecer el plazo de interposición del recurso de casación directa, corresponde considerar para cómputo del plazo dispuesto en la ley, la notificación realizada en fecha 21 de mayo de 2021, via WhatsApp formato pdf, a las Defensoras Públicas, Abog.

Mariela Balcázar, y Abog. Miriam Diaz en los números telefónicos (0994) 535654 y (0981) 909163, debido que las citadas defensoras públicas, consintieron que la notificación sea realizada por ese medio, como lo dispone el Art. 155 del CPP, según el acta labrada por la Actuaria judicial del Tribunal de Mérito, y tampoco expusieron escrito alguna imposibilidad técnica para acceder a su contenido, por lo que no resulta válida a los efectos del cómputo la fecha 28 de mayo de 2021, en la que decidieron constituirse hasta el juzgado a retirar copia en formato papel.- En ese sentido, se observa que la notificación de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Mérito, se realizó en fecha 21 de mayo de 2021, y el escrito rccursi vo fue interpuesto en fecha 11 de junio de 2021. Por lo tanto, el recurso de casación directa fue presentado fuera del plazo de diez días previsto en el Art. 468 del CPP, por remisión expresa del Art. 480 del mismo cuerpo legal.- Por lo tanto, en atención a lo expuesto, corresponde declarar INADMISIBLE el recurso de casación directa interpuesto por las Defensoras Públicas, Abog. Mariela Balcázar, y Abog.

Miriam Diaz, en representación de la Sra. Cinthia Mabel Barreto B01ja, por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley, específicamente con la temporalidad de la presentación del escrito recursivo. Es mi voto.- A la segunda cuestión, la ministra María Carolina Llanes manifiesta: respecto al agravio- Falta de capacidad de la procesada para estar en juicio- considero lo siguiente: Como expone el casacionista su fundamento principal consistió en que existía duda acerca de que si la condenada entendió o no lo que acontencio en el contradictorio público.

Previo al análisis de la cuestión debe enmarcarse que la capacidad procesal es la aptitud que requiere toda persona física para intervenir válidamente en el proceso penal y se halla definida como la "actitud de entender, querer y obrar válidamente en el proceso seguido en su contra, la cual hace posible que intervenga en él efectivamente en condiciones psíquicas que aseguren el ejercicio del derecho a la defensa". - La incapacidad se funda en la ausencia de discernimiento en el imputado para comprender el procedimiento y ejercer su defensa, en forma efectiva. Este hecho si bien no es corroborado de oficio por los Tribunales, únicamente cuando existan indicios que le obliguen a ello", deberá ser verificado por estudios periciales pertinentes y previa declaración de incapacidad dictada judicialmente, con lo cual se procederá a suspender el procedimiento hasta que desaparezca la incapacidad, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento especial para medidas de mejoramiento o de seguridad.- Aquí debe tenerse en cuenta las características propias del hecho, que hagan presumir al juzgado de la existencia de algún desequilibrio, corno también, las características personales que hacen al procesado, fas cuales el juzgador conoce en virtud a las audiencias que se realizan a lo largo del proceso.

sentido, lo que se protege es el derecho a la defensa, que contempla la sentido es obvio que si el imputado no se encuentra en capacidad de ejercer este derecho, tampoco podrá ejercer la capacidad procesal, cual es la aptitud de entender, querer y obrar válidamente. Esta capacidad viene determinada por condiciones psíquicas y fisicas que aseguren un correcto ejercicio de la defensa en juicio. En tal carácter esas son las condiciones que determinan la capacidad procesal para intervenir válidamente en el proceso.- La incapacidad procesal puede presentarse en forma circunstancial al hecho procesal o bien sobreviniente al ejercicio de la acción penal. En el primer caso el Código prescribe un procedimiento especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, en caso de resultar el incapaz autor del hecho investigado. Asimismo si la incapacidad es sobreviniente al hecho, es decir el imputado pierde razón durante el proceso, resulta claro que el imputado no podrá seguir interviniendo en el mismo con las facultades que le son inherentes, debiendo dictarse la suspensión del procedimiento conforme lo dispuesto en el art. 78 de CPP, hasta que desaparezca esa incapacidad.- Entonces la cuestión se centra en dilucidar si la procesada tenía la capacidad de entender o no los actos que se llevaron a cabo en el presente proceso. El incidente fue presentado al inicio del contradictorio y la defensa alegó que la situación de incapacidad sobrevino y fue consecuencia de la privación de libertad de la misma. Sin embargo, el informe en el cual la defensa basó su queja no refirió una conclusión clara e inequívoca sobre la incapacidad de entendimiento de la procesada. A fs. 565 obra el informe realizado por la Lic.

Fatima Flores, psicóloga forense del Ministerio de la Defensa Pública, concluye que la misma presenta un trastorno de bipolaridad, episodios depresivos sin síntomas psicóticos relacionados con la situación de encierro de la misma y principalmente por la falta de visita de sus allegados al Centro Penitenciario. De dicho diagnóstico ni siquiera se habló de la imposibilidad de comprensión de la procesada, más bien acerca de los consecuencias e acarreó para la misma la situación de encierro, por ello el Tribunal de no observar indicios de un desequilibrio que inhiba la capacidad de Ahg.1. na enponi 1 1 d 1 d. . . d I b ..

- e e a or otra parte, a o argo e contra ictono nmguna e as partes opuso o jeciones y bse aciones que señalaron que la procesada no comprendía lo que se estaba llevando a cabo en un momento determinado. Analizando el desarrollo del contradictorio, corroborado a eta de juicio oral, al momento de prestar declaración indagatoria la procesada optó .....,,.J....;Y.. dar su versión de los hechos, esbozando un relato lógico y sucinto de acuerdo a mayo del 2021 entencias donde na paciente psiquiátrica y ya que m ' ,Cand' Dr Manuel Otliesúfüimir ' Mll'-ll!!-,C Ministra necesarios para su tratamiento (fs. 436) . A dicha solicitud se adjuntó un informe de misma fecha de la Dra. Viviana Ruiz, Especialista en Medicina Forense Interna, que establecía que Cynthia Mabel Barreta Borja presentó episodios de crisis de ansiedad y agresividad.- Por otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó informe en fecha 20 de mayo del 2022 acerca de la condición psicológica y psiquiátrica de la señora Cinthia Mabel Barreta (fs. 663). Por Dictamen Nro. 372 de fecha 30 de mayo del 2022 el psicólogo forense Lic. Julio Larrucea concluyó que: "La señora Cynthia Barreta está ubicada en tiempo y espacio. Denota buenos modales, sencillez, debilidad, timidez, inseguridad, tolerancia pasiva, complaciente, persona tradicionalista. Se observan indicadores depresivos, que podrían ser por la situación vivenciada fuera y dentro del penal". - Estos documentos técnicos no señalan que Cynthia Mabel Barreta Borja presenta alguna incapacidad para comprender e intervenir en el presente proceso, pero si traen a consideración que la misma se encuentra en una situación vulnerable a causa del encierro y ello desencadenó en trastornos psicológicos. Sin embargo, esta situación no se enmarca en lo protegido por el Art. 78 del CPP, que impide el sometimiento a juicio cuando se carece de capacidad. Por tanto, el agravio debe ser rechazado.- Ingresando al análisis del siguiente agravio- Violacion de los principios de inmediatez, continuidad y concentración- se observa que el reclamo o denuncia con relación a los recesos ordenados por el tribunal de sentencia, no ha sido intentado en tiempo oportuno como disponen los artículos 166 y 167 del CPP, pues la decisión no ha sido impugnada en tiempo oportuno (a través de un recurso de reposición). En consecuencia, nos encontramos ante un planteamiento deficiente en su articulación.- Se afirma lo anterior pues, luego de corroborada el acta de juicio oral donde constan las actuaciones de todas las partes, se observa que ninguna ha expresado queja acerca de las fechas en que fue retomado el contradictorio y han asistido al acto público normalmente.

Recién en etapa recursiva se ha expuesto el agravio, lo que indica que al momento del acaecimiento del acto anulable este ha sido convalidado por las partes. Por otro lado, tampoco se advierte una afectación de los derechos y garantías concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado ni de otros derechos y garantías fundamentales.- Además de esto, el escrito casatorio o las constancias tampoco vislumbra que los jueces de primera instancia hayan basado sus conclusiones sobre pruebas o acontecimientos que no hayan percibido directamente o de manera confusa por el transcurso del tiempo del juicio, extremo que debe ser acreditado en el caso para fundar el agravio en la violació10 d''io principios de concentración y celeridad.- Por otra parte, las casacionistas han confundido el principio de inmediación con la inviolabilidad de la defensa. Por una parte, la inmediación significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por la inmediación cuando el juez o tribunal están obligados a formar su convicción y fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que se ha formado durante su directa intervención en el juicio oral. Por otra parte, el derecho a estar presente en todos los actos del procedimiento hacen a la defensa del incoado, lo cual si se alega debe ser acreditado con actos materiales, en el presente caso, durante dicha constitución del tribunal el abogado de la resente en el acto, por lo cual no puede hablarse de un estado de indefensión, ese momento, el profesional pudo realizar todas las observaciones y convenientes a sus pretensiones. En conclusión, el agravio debe ser medios empleados, intensidad de la energía criminal utilizada en la realización hecho, relevancia del daño y peligro ocasionado y la conducta posterior al hecho.- Ahora bien, utilizando la decisión directa -otorgada por Ley- pasamos a controlar los aspectos del fallo primigenio que hacen e hicieron en un principio los agravios de la defensa; facultad, que no imposibilita a esta magistratura estudiar las actuaciones que consignan los hechos y la valoración probatoria, lo cual no significa una nueva valoración de los mismos, sino simplemente una verificación de como quedaron probados y en virtud a ello, corregir los errores cometidos por los jueces, los cuales, en su mayoría se concentran en la aplicación legal propiamente dichaAl respecto, cabe señalar que, según Roxin "la tendencia actual de este recurso extraordinario diluye la distinción entre hecho y derecho, pues el órgano revisor debe evaluar tanto el enjuiciamiento del caso desde el punto de vista jurídico (subsuncion) como la conducta desplegada por el tribunal de mérito en la determinación del material fáctico objeto de la subsuncion. Así la división cuestión de hecho/cuestión de derecho será inocua, pues la actividad de control queda completamente abierta a la revisión de todos los defectos que tornen incorrecta la decisión recurrida, dado que revisar todas las actuaciones no es lo mismo que duplicar el juicio y producir de nuevo la prueba de los hechos. " - Respecto a estos, se observa que el Tribunal de Sentencia basó sus fundamentaciones sobre sus conclusiones probatorias y la forma en que quedó acreditado el hecho. Por una parte el Tribunal en su valoración estimó que la víctima fue encontrada en ropa interior lo cual señaló que la misma ya se dispuso a dormir, momento que fue aprovechado por la procesada.

En cuanto a la violencia empleada se tiene que fue incrustado a profundidad en el cuello de la víctima un cuchillo de cocina como también la utilización de una almohada para presionarla s re-1 c de la victimatra parte, si bien el Tribunal expone que el hecho generó profundas secuelas en la l fallecido, no ha explicado en qué basó esta afirmación. Así también, al considerar rstituye un hecho punible grave por tratarse del bien jurídico vida, ha realizado una aloración, puesto que esto ya se incluye en el análisis de la tipicidad. Por último, el una! de Sentencias . ostiivo que la condenada realizó un viaje días antes de ser procesada, .ss-seresao es indicativo de su negativa a someterse al proceso. Por tanto, los puntos el da y peligro ocasionado, consecuencias reprochables del hecho y conducta del pueden ser valorados por no describirse información relevante al r ón probatoria y en los hechos acreditados.- Dr. ManvI .e.ieSll!i Raroíre1 Candi MINISTRO Mi11Mra Finalmente, corresponde imponer las costas en el orden causado al no hallarse los requisitos exigidos para imponerlas a una de las partes, pues de conformidad al criterio de equidad, que implica no imponer las costas a quien sin temeridad ni mala fe ha instaurado la acción penal, situación que se ha dado en la presente causa, conforme a las constancias de autos; todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Art. 261 del Código Procesal Penal y en observancia a lo prescrito en el Art. 269 del mismo cuerpo legal. ES MI VOTO.- . u parte el ministro Luis María Benítez Riera manifiesta adherirse al voto de la o el acto, firmado VV.EE.; todo por ante mí que certifico, Dr. Manuel ejesús Ramír z Carw MINISTRO Ministra A CUERDO Y SENTENCIA N.... J..:- .. - Asunción, l 3 de Oi .Ade 2024 .. - VISTO: El mento que ofrece el acuerdo que antecede y sus fundamentos, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL,-

RESUELVE:

1. DECLARAR la admisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto interpuesto por las defensoras públicas Miriam Diaz Benitez, y Encide Mariela Balcazar K, en contra ele la Sentencia Definitiva Nro. 68 de fecha 21 de mayo de 2021 dictada del Tribunal de Sentencias Nro. 04 de la circunscripción judicial de Alto Paraná.- 2. RECTIFICAR Y CONFIRMAR la Sentencia Definitiva Nro. 68 de fecha 21 de 21 tada del Tribunal de Sentencias Nro. 04 de la circunscripción judicial de nf rmidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente en esta instancia, la 'astas en el orden causado.- odAanue / can' Dra. Ma. Caroli/.tf(ÍÍanes O.

eesús Ramíre Ministra