ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06". Y SENTENCIA NÚMERO: N ¡j ve_i.,, ido d de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nuQv'('. días, be-del año dos mil ,-ie,i..-it,Gvo.tro, estando en la Sala de Acuerdos de C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Aldo Hiroaki Takahashi Bordón, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON, bajo patrocinio de Abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41º, de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º, 4 7°, 86º, 88º, 102º, 137° y 109º de la Constitución Nacional. --- La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del I derec o a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del de su rabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán Dr. Víctor Río Ojeda Ministro Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedido o, dejados cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada, a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en un banco de plaza, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo "Artículo 46º - De la Igualdad De Las Personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " .. .La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de su articulado pretende En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06".
os, en el caso particular, del señor Aldo Hiroaki Takahashi Bordón, circunstancia colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1'.- El señor ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 86, 88, 102, 137, y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .)
siendo los aportes al ente previsional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad privada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, s v ue el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la am o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
uanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que te aqu los funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años podrán al rec pero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen "dos ejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta 1 d con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector Cesar M. Diesel Jungh ns Ministro CSJ. ' - e Santander Dans Gustavo 1... .
Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda 3 Minstro LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados.tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda .. 1.- -0m demos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador .... ,,rJer, ""'IQ ual implica que el "proceo de solicitud o reclamo" siga activo eimpulsdo ?r ',"-'" ctellen t interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obliqación d 1,ja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente in ídamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada- como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )"1 . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como UPREMA USTIClA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06".
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14. - Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intan ibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de recia arlo a quien Ministro Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resquardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.
A su turno, el Ministro Doctor SANTANDER DANS dijo: Que el recurrente promueve Acción de lnconstitucionalidad en contra del artículo 41 ºdela Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47 Que el Artículo 41. Del Título Séptimo - DE LAS DEVOLUCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES SOBRE JUBILACIONES Y PENSIONES - Capítulo Primero - DE LAS DEVOLUCIONES de dicha Ley establece: " ... Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su Que en el caso particular, se presenta ante esta instancia el Sr. ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON, por derecho propio y bajo patrocinio del ABG. AURORA GUNTHER, a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada norma por conculcar A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- IClA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ALDO HIROAKI TAKAHASHI BORDON C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06".
ellos, otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la s y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad espedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo ítos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Al respecto, es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.
11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto á los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.
Sequidarnente. el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores Cabe recordar que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación d. rdante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 1 2/93) Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situacié n no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara tr esión al . umplimiento de los citados mandatos constitucionales.
or tanto para lograr el reconocimiento dela persona en su dignidad y en su integridad, objeto é lograr 19 objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus dere os e forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer árr f z.art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde s exige una ad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilato os.
relación a lo estudiado en la última parte de la normativa recurrida, según con tancia r.--0 , espamente con relación al Certificado de Antigüedad Aportes de fecha ero de 202)-e@ acc:ante, el iempo trans rrido Cesar M. Diesel Jun.ghanns Gustavo E. Santandeí Oans Ministro CSJ. Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro entre ésta y el pedido de devolución de sus aportes realizado ante la misma entidad, según Nota RAP 1526/2021, Expte Nº 27255 de fecha 11 de febrero de 2021 obrante a fs. 02 no se halla prescripto, por lo que no corresponde que esta Sala ahonde en estudio de dicho En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, en base a las disposiciones normativas citadas y en conformidad a los términos del Dictámen Fiscal Nº 596 de fecha 30 de marzo de 2023, obrante a fs. 09/11, corresponde Hacer Lugar a la Acción de lnconstitucionalidad y declarar la inaplicabilidad del Art. 41, primera parte, de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", al presente juicio. Es mi Ante mí: Asunción, '9 de e cantander Dans Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE: R, 01eda
Víctor 105 g SECRETARIA o JUDICIAL I f HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en canse e, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la d olución de aporte jubilatorio, con relación al accionante ALDO HIROAKI TAKAHASHI B DO ello ANOTA , registCjotificar.-- Cesar M. Diesel)u,ng anns Ministro CSJ.
Ante mí: e cantandeí Dans Ministro