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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1004/2024

3 de octubre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "LUIS MARÍA ALFIERI HERNÁNDEZ Y OTROS C/ ARTS. 1,2 Y 3 DE LA LEY Nº2248/2003 DEL 09/10/2003, "QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY Nº879 - CODIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL".- AÑO: 2003. Nº4995.-

Antecedente ARTS. 1,2 Y 3 DE LA LEY Nº2248/2003 DEL

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "LUIS MARÍA ALFIERI HERNÁNDEZ Y OTROS C/ 09/10/2003, "QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY Nº879 - CODIGO DE ORGANIZACIÓN Y SENTENCIA NÚMERO: H; l Guaro. d de Asunción, Capital de la República dI Parpguay, a los días oc:...-4-u 6 re del año dos mil ve,"( c:.,uo., ro , estando en la Sala de e e ' de -la Corte Suprema dJusticia, los ,Excmos., Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores VICTOR RIOS OJEDA, CESAR DIESEL JUNGHANNS y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "LUIS MARÍA ALFIERI HERNÁNDEZ Y OTROS C/ ARTS. 1,2 Y 3 DE LA LEY Nº2248/2003 DEL 09/10/2003, "QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY Nº879 - CODIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los señores Luis María Alfieri Hernández, Osvaldo Benítez Galeano y Roberto Andrés Oviedo Gaona por sus derechos P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, JIMÉNEZ ROLÓN y , RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: La parte actora reputa inconstitucional la Ley Nº 2248/2003 "Que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879 del 02 de diciembre de 1981 'Código de Organización Judicial"', que eliminó la competencia de la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas consistente en juzgar las cuentas que deben rendir las instituciones publicas que administran los fondos públicos en virtud del Presupuesto General de la Nación, y limita la competencia de ambas Salas a entender los juicios contenciosoEn primer término, cabe mencionar que, el Tribunal de Cuentas tiene su origen en la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado del año 1909, al que -entre otras funciones- le había sido encomendada la tarea del juzgamiento de todas las cuentas de las reparticiones, empresas y establecimientos públicos o personas que administren, recauden o inviertan valores fiscales o de beneficencia pública; con la exclusiva atribución de aprobarlas definitivamente, o desaprobarla, para una exoneración de todo cargo a los responsables. (Arts.

Vemos, que se ratifica la existencia del Tribunal de Cuentas, remitiéndose su composición y su competencia a la reglamentación legal. No obstante, ya la norma se encarga de atribuir, a un órgano jurisdiccional inferior, una competencia material específica, es decir, la de Cuentas. Cuestión no menor, pues la Carta Magna se aparta de la técnica legislativa de remitir a la reglamentación legal la competencia de los órganos jurisdiccionales, como se observa en la segunda parte de esta normas constitucional respecto "de las demás magistraturas judiciales y de organismos auxiliares" y, por el contrario, establece la existencia concreta de uno de ellos; trato excepcional que la Constitución ha dado, también, a la Sala Constitucional M otivo que lleva a admitir que en la ratio de la norma, existe más que una cuestión de nomenclatura, semántica dirían algunos, y que la competencia del Tribunal de Cuentas no se puede agotar en la materia contencioso administrativa, sino que incluye, además, la de Ahora bien, corresponde analizar si existe -o no- superposición de funciones entre estos dos órganos constitucionales; Contraloría General de la República y Tribunal de Cuentas.

Considero que la razón lógica manda afirmar que si la Constitución estableció la existencia de ambos órganos, es porque ellos deben funcionar independiente y armónicamente; es decir, no es posible suponer que la Contraloría General de la República absorbió todas las funciones que correspondían al Tribunal de Cuentas. Veamos.

EI Art. 281 de la Carta Magna crea la Contraloría General de la Republica y le asigna la función de "auditor nacional" de las actividades económicas y financieras de los Entes el Estado y Organismos descentralizados, cuya intervención culmina, tras el trabajo de auditoría y control, con un dictamen final de carácter no vinculante (función técnica-administrativa), pues por su naturaleza de acto administrativo simple no posee fuerza de cosa juzgada ni posee fuerza sancionatoria por sí misma, limitándose a la aprobación de la auditoria o determinar alguna irregularidad en el procedimiento administrativo, con eventuales recomendaciones para la parte auditada o la denuncia de la posible existencia de un hecho punible ante el Ministerio Público, el que deberá iniciar la investigación para su determinación.

Esto nos muestra que la Contraloría no debe ni puede efectuar un juzgamiento de las cuentas, como lo lleva a cabo la instancia jurisdiccional, donde se inicia la etapa procesal en la cual se debe observar la garantía constitucional del debido proceso, a fin de dirimir la responsabilidad del agente ejecutor del presupuesto a través de los mecanismos establecidos por la ley presupuestaria, de acuerdo al procedimiento contemplado en la Ley de Organización En efecto, la más autorizada doctrina seha pronunciado por la necesidad del control jurisdiccional de los actos de la administración; en ese sentido: " ... corresponde al Poder Judicial el control de la administración, a diferencia del sistema francés en que se considera que no corresponde que la justicia controle la actividad administrativa. De aquel principio se desprende la importante función del juez, como contrapeso fundamental de la administración pública. De esta corta enunciación de razones que otorgan especial realce al contenido y alcance que la protección judicial tiene en el derecho administrativo, se desprende la necesidad de elevarla a la categoría de elemento fundamental de la disciplina. No habrá derecho administrativo propio de un Estado de Derecho, mientras no haya en él una adecuada protección judicial de los particulares contra el ejercicio ilegal o abusivo de la función administrativa. . el control ejercido por los tribunales de justicia sobre los órganos CORTE SUPREMA EJUSTICIA IJ,s ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "LUIS MARÍA ALFIERI HERNÁNDEZ Y OTROS C/ eLEY Nº879 - CODIGO DE ORGANIZACION istr, 's está destinado, sobre todo, a impedir, prevenir o remediar cualquier violación de los e-re_chos individuales por actos administrativos. La delimitación de esta área de control , -tito, una de las funciones más esenciales del Derecho administrativo" (GORDILLO, ---c<T- Tn. 2003. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo l. Octava Edición. Buenos Aires.

Inclusive, y con especial rigor,la misma doctrina ha negado que la administración ejerza alguna función jurisdiccional, lo cual -sostiene está reservado a los órganos del Poder Judicial: "Concluimqs así en que la administración no ejerce ningún caso función jurisdiccional. Si sus actos separecen en alguna hipótesis, por su contenido, a los de aquella función, no tienen sin embargo el mismo régimen jurídico; esto es, la administración no realiza función jurisdiccional" (GORDILLO, Agustín. Ibídem. IX-12); "Ello significa que no puede nunca limitarse la revisión judicial de los actos administrativos con base en una supuesta actividad jurisdiccional ejercida previamente por la administración; hacerlo implica caer en otra de las confusiones que afectan a este tema, La conclusión, pues, consiste en que la doctrina de las facultades jurisdiccionales de la administración, además de no tener asidero constitucional ni jurisprudencia/, no puede tener incidencia alguna válida sobre la revisión judicial; esta última debe efectuarse por igual y con iguales alcances, cualquiera que sea la índole de la actividad que la administración pública haya ejercido previamente" (GORDILLO, Agustín. Ibídem. IX-27); " ... ni de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema ni con las normas constitucionales, puede hablarse de la función jurisdiccional por parte de la administración, con el alcance de sustituir total o parcialmente la actividad jurisdiccional propia de los jueces. Si hacemos la dicotomía 'Jurisdicción judicial" y 'Jurisdicción administrativa" ello no sólo implicará una contradicción lógica insuperable, sino que será otro de los términos que arrojará siempre dudas innecesarias sobre la naturpleza de la revisión judicial" (GORDILLO, Agustín. Ibídem. IX-30).

Por tanto, resulta evidente que la competencia de Cuentas de los órganos jurisdiccionales es justa y necesaria, lo cual ha sido expresamente en el texto constitucional.- Por las razones precedentemente expuestas, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y, por ende, los Arts. 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 2248/2003 deben ser declarados inconstitucionales e inaplicables con respecto a los accionantes. Es mi opinión.--- A su turno, el Doctor JIMÉNEZ ROLÓN, dijo: Cabe disentir de la opinión expresada por los Ministros que precedieron en votación, por los fundamentos que se exponen a E n primer lugar, cabe decir que esta acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 21 de noviembre de 2003 (f. 13). La integración de esta Sala Constitucional fue puesta a consideración del suscribiente recién en fecha23 de diciembre de 2019 (f. 25) y notificada al accionante en fecha 03 de mayo de 2021 (f. 30). En consecuen , demor n dictar resolución sobre la admi 1 ida de la acción en este juicio no puede tribnirse Magistratura. Esta de ra, se er'ge en un verdadero exceso y ate ta contra I erecho a una tutela judi iaectiv. , que no la e-imp-1a la actuacié n d órgano ju i diccional, ino t mbién I solució del conflict tiempo y mo o.

Cesar M. Diesel Junghanns Minist SJ.

, Ojeda ' ror RtOS Dr- vrc Ntinistro Ahora bien, en el sub iudice, se debe atender un asunto que condiciona el tratamiento de la cuestión de fondo; esto es, la eventual perención de la instancia por el cumplimiento del Sabido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que opera de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde impulsar el trámite; es decir, en el abandono del proceso. Conforme con lo establecido en la norma citada, el plazo para que opere la caducidad en este tipo de juicio es de seis meses. El cómputo inicia a partir de la fecha de la última actuación que tuviere por Por su parte, el Artículo 175 del Código Procesal Civil expresa: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por e/juez o tribunal. "'; de igual forma, el Art. 17 4 del mismo Código establece: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes".

Ahora bien, de las constancias del expediente se colige que esta acción fue planteada en fecha 21 de noviembre de 2003 (fs. 09/13), Por providencia de fecha 01 de noviembre de 2004 se tuvo por iniciada la acción y se corrió vista de la misma al Fiscal General del Estado (f. 14), El Fiscal Adjunto, Marco Antonio Alcaráz, contesto la vista en los términos del Dictamen Nº 3026 de fecha 12 de noviembre de 2004 (fs. '15/21 ). En fecha 22 de noviembre de 2004 se Sin embargo, realizados los cómputos pertinentes surge que, desde el escrito de promoción de la acción, de fecha 21 de noviembre de 2003, hasta el siguiente acto tendiente a impulsar la instancia según la etapa en la que se encontraba: la providencia de fecha 01 de noviembre de 2004 -que tuvo por iniciada la acción y corrió vista a la Fiscalía General del Estado-, se hizo efectivo el plazo de seis meses antes señalado.

En efecto, la pendencia del dictado de una providencia de mero trámite, como lo es la que ordena correr vista a la Fiscalía General del Estado, no es impeditiva del decurso del plazo de perención, ni de la carga de impulso que pesa sobre las partes de instar el proceso, dado que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la caducidad. Esta es la postura asumida -invariablemente- por este Magistrado en casos análogos (ex plurimis: Sala Constitucional, Auto Interlocutorio Nº 1868 de fecha 06 de L ueg o, se debe señalar que las actuaciones practicadas con posterioridad al cumplimiento del plazo (fs. 15/22) no pueden purgar los efectos de la caducidad ya operada, En cuanto a las actuaciones realizadas para la integración de esta Sala (fs. 23/25; 30), se debe decir que las mismas son inocuas para interrumpir o suspender el transcurso del plazo de la perención de la instancia, puesto que no constituyen impulso procesal.

En conclusión, no hay otra alternativa posible que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos/autos, en virtud a lo dispuesto en el art. 175 del Código Procesal Civil.

A su turno, el Doctor RÍOS OJEDA dijo Me adhiero al voto de mi colega preopinante Ministro SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "LUIS MARÍA ALFIERI HERNÁNDEZ Y OTROS C/ ARTS. 1,2 Y 3 DE LA LEY Nº2248I2003 DEL 09/10/2003, "QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY Nº879 - CODIGO DE ORGANIZACIÓN Alegan los accionantes que se encuentran vulnerados los Artículos 3, 14, 16, 17, 102 ultima parte, 247 y 248 de la Constitución Y fundamentan su acción manifestando, entre otras cosas, que: " ... Que en nuestra calidad de Encargado de despacho, Director Administrativo y Financiero y Girador 'respectivemente de la Vice Presidencia de la Republica... ante la solicitud de . juzgamiento de cuentas de la Vice Presidencia ele la Reoublice, ejercicios financieros de los años 1999 y 2000 ... En efecto, la nueva ley cuya constitucionalidad se pone en duda, colisiona con el Principio Procesal de la PERPETUA T/0 JURISDICCIONIS, esto considerando a la jurisdicción como un atributo de la soberanía, donde bajo ningún sentido puede quedar sometido a la voluntad de las partes, las cuestiones referentes a la competencia de los jueces y tribunales. La Ley atacada de inconstitucional, le sustrae al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, su jurisdicción y su competencia, en una abierta. violación al principio constitucional de INDEPENDENCIA DEL E I Fiscal Adjunto, Marco Antonio Alcaraz, conforme al Dictamen de contestación (fs, 15/21), recomienda hacer lugar a la presente acción de inconstitucional contra los Arts. 1º, 2º y 3º de la Ley 2248/03, sosteniendo que: " ... la ley Nº 2248/03, no se ajusta a esos lineamientos y resultan francamente viola torios del régimen constitucional vigente... al cercenarse o desaparecer las facultades del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala se comete una intromisión en otro Poder del Estado, por parte del Legislativo y Ejecutivo, vulnerando no solo el principio del equilibrio de poderes sino arrogándose facultades irrenunciables de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional ... los cuales tutelan principios de dignidad humana, igualdad y justicia ... " La Ley Nº 2.248/03, objeto de impugnación, establece: "Artículo 1 º: Modificase el Artículo 30 de la Ley Nº 879 del 2 de diciembre de 1981 "Código de Organización Judicial", que queda redactado de la siguiente forma: ''Ar. 30: El Tribunal de Cuentas se compone de dos Salas, integradas con tres miembros cada una, denominada en adelante Primera y Segunda Sala.

Compete a ambas salas entender, exclusivamente, en los juicios contencioso-administrativos, en las condiciones establecidas por la ley de la materia". Articulo 2º: La distribución de los expedientes obrantes en la Primera Sala queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 3º: Quedan derogadas todas las disposiciones opuestas a la presente Ley".

La cuestión sometida a consideración de esta Corte a través de la presente acción, va direccionada a determinar si la ley impugnada- transcripta en el párrafo anterior, qu imina la competencia atribuida gunda Sala del Tribunal de Cuentas si tente en juz r las cuentas que deben dir las i stituciones públicas que administran I fond públicos en irtud del Presupuesto eneral de I Nací , o la compete a de mbas aJas a entend en Jiméne.zCesar M. Diesel Junghanns Ministro / Sobre el punto, la Constitución Nacional de 1992 dispone en su Art. 265: "Se establece el Tribunal de Cuentas. La Ley determinará su composición y su competencia. La estructura y las funciones de las demás magistraturas judiciales y de organismos auxiliares ... " (las negritas son mías). Remitiendo así, a la reglamentación legal la estructura y las funciones de las magistraturas judiciales con excepción de la Corte Suprema de Justicia y de organismos auxiliares. Lo cual es totalmente razonable, por cuanto dichas cuestiones son materia de las normas que regulan la estructura orgánica y las competencias de los organismos inferiores con S ig u ie n do la secuencia legal, en cuanto al orden de prelación normativo, el Código de Organización Judicial Ley Nº 879/81, en su art. 30 dispone: "El Tribunal de Cuentas se compone de dos Salas, integrados por lo menos de tres Miembros cada una. Compete a la primera entender en los juicios contencioso-administrativos en las condiciones establecidas por la ley en la materia; y a la segunda el control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, Sin embargo, la disposición legal impugnada (Ley Nº 2.248/03), elimina estas atribuciones que le corresponden a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, conculcando de ese modo el mandato constitucional previsto en el Art. 265 de la Ley Suprema que dice "la Ley determinará su Al respecto considero que la interpretación constitucional, necesariamente debe partir del texto constitucional, lo que no implica limitarse a desarrollar su literalidad gramatical, pero tampoco un ejercicio discrecional de atribución arbitraria del sentido al texto. Toda interpretación debe respetar el horizonte de significados vigentes en el momento histórico cultural en que se realiza la E I Profesor Carlos Bernal Pulido, en el estudio introductorio a la versión española de la teoría de los derechos fundamentales, de Robert Alexis", explica que el alcance de lo que él denomina "los márgenes semánticos" de las disposiciones ele derecho fundamental (aquí hablamos del texto constitucional), establece límites a los significados posibles de dichas disposiciones, en el caso de autos, debemos decir del tenor literal de la Constitución, del margen semántico del texto constitucional interpretado. La atribución de contenido jurídico fuera de dichos márgenes semánticos, es decir, otorgar un sentido nuevo, especialmente construido a partir de decisiones axiológicas o de operaciones técnicas realizadas, tanto por el legislador como por la doctrina o la jurisprudencia, debe basarse en muy buenas razones normativas o históricas para ser reconocida y admitida, como una especie de juego de lenguaje del mundo jurídico-constitucional, EI legislador en este caso, no ha explicado por qué el Tribunal de cuentas que es previsto en el art. 265 de la Constitución Nacional, no debe juzgar cuentas, es decir, el legislador no explica por qué del margen semántico del término "cuentas" utilizado por nuestra Constitución Nacional, queda excluido el concepto de "Cuentas", entendido y aceptado en la lengua castellana, como documentos con información contable, que la Ley establece que tienen la obligación de elaborar, aprobar y rendir al Tribunal de Cuentas, en los plazos y requisitos y contenidos previstos, todas las Entidades del Sector Público2 Pag 52. ' Roben Alexy, Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición. Editorial centro de estudios políticos y Constitucionales. Madrid, 2012.

'Diccionario panhispánico de espaiiol jurídico (DPE.1) https://dpej.rae.es/lema/cuentas ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "LUIS MARÍA ALFIERI HERNÁNDEZ Y OTROS C/ 09/10/2003, "QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY Nº879 - CODIGO DE ORGANIZACIÓN -La interpretación de las normas constitucionales que crean órganos, debe seguir la regla general de Iarmonización de las mismas, de manera que ninguna aparezca como contradictoria o superpuesta con otra. Así, es lógico que las normas dé la Carta Magna, relativas al Tribunal de Cuentas y a la Contraloría General de la República se interpreten de manera a que ambos órganos coexistan independientes, pero complementándose, en cuanto a sus funciones.

Además de lo expuesto precedentemente, cabe traer a colación el plexo normativo relacionado al caso, que ratifican también, la competencia del Tribunal de Cuentas:

La Ley Nº 276194 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALOR/A GENERAL DE LA REPÚBLICA", en su art. 2 refiere: "La Contra/oda General, dentro del marco determinado por /os Artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de /as normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público, estableciendo /as normas, /os orccedimieatos requeridos y realizando periódicas auditorías financieras, administrativas y operativas; controlando la normal y legal percepción de /os recursos y /os gastos e inversiones de los fondos del sector público, multinacional, nacional, departamental o municipal sin excepción, o de /os organismos en que el Estado sea parte o tenga interés patrimonial a tenor del detalle desarrollado en el Artículo 9de la presente Ley; y aconsejar, en general, /as normas de control interno para las entidades sujetas a su supervisión"; y en su art.

19 dispone: "El control y fiscalización que la Contraloría ejerce sobre /as Instituciones de conformidad a la Constitución Nacional y esta Ley, serán sin perjuicio de las facultades que correspondan a otros organismos e instituciones del Estado como el Tribunal de Cuentas, 2ª Sala, a los que por ley se asignen potestades de control y fiscalización". (las negritas son La Ley de Organización Administrativa, establece respectivamente, en su art. 153: "Si en el examen administrativo de las cuentas se encontrase la comisión de algunos de /os delitos previstos por el Código y /as leyes, el tribunal inmediatamente denunciará a la jurisdicción criminal a los efectos de la instrucción del sumario a los autores y cómplices"; y en su art. 154: "Recibido el expediente de la rendición de cuentas y si el dictamen del Contador General aconsejare la aprobación de ella, el Tribunal de Cuentas examinará determinadamente si todas /as partidas están de acuerdo con /as leyes respectives y dentro de /os veinte días dictará la resolución correspondiente. Si fuese aprobatoria notificará al interesado, devolviendo el expediente a la Contaduría General para su archivamiento". (las negritas n 'as).

ancia de p Jirnénez 1{, !Ministro D Víctor Ríos Ojeda Ministro En conclusión, corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad planteada por los señores Luis María Alfieri Hernández, Osvaldo Benítez Galeano y Roberto Andrés Oviedo Gaona, por sus derechos propios y bajo patrocinio de Abogado, contra los Arts.

1 º, 2º y 3º de la Ley Nº 2248 "Que odifica el Arlículo 30 de la Ley Nº 9 "Código de nio Jiménez 9vlinistro SENTENCIA NÚMERO.: Joc4 . Asunción, de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPRIEMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de lo . 1 º ,2º y 3º de la Ley Nº2248/2003 "Que modifica el Art. 30 de la Ley Nº879- C igo de Organización Judicial", en relación a los señores Luis María Alfi ri Herná dez, Osv Ido Benítez Galeano y Roberto Andrés Oviedo ar M. Diesel Junghanns Minítitro CSJ, / 1eda Víctor Rios pr. Ministro