Expediente: "Gustavo Antonio Arias García c/ Decreto Nº 931 del 13/dic/13 dictada por el Poder Ejecutivo".
Acuerdo y Sentencia Nº ..... :1!.'.1..:J0 MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Gustavo Antonio Arias García c/ Decreto Nº 931 del 13/dic/13 dictada por el Poder Ejecutivo", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 310 del 22 de noviembre de 2022 y su Aclaratoria Nº 90 del 11 de mayo de 2023, dictados por el Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;
CUESTIONES
En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor ministro DR. BENÍTEZ RIERA, dij . se verifica que el recurrente ha desistido del mismo en forma del 11 de mayo de 2023, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1. NO HACER LUGAR a la Excepción de Prescripción opuesta por la Demandada. 2. HACER LUGAR a la Acción contencioso administrativa interpuesta por el Accionante GUSTAVO ANTONIO ARIAS contra el Decreto Nº 931 del 13 de diciembre de 2013 dictada por el Poder Ejecutivo conforme los fundamentos expuestos en la presente resolución y en consecuencia; 3. REVOCAR, el acto administrativo impugnado el Decreto Nº 931 de fecha 13 de diciembre de 2013, dictado por la máxima autoridad, del Poder Ejecutivo. 4. COSTAS a la parte perdidosa, de conformidad al Artículo 192 del C.P.C. 5. ANOTAR, registrar ... ", y, "1.) ACLARAR, el Acuerdo y Sentencia Nº 310 de fecha 22 de noviembre de 2022, dictada por este Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a lo expuesto en el considerando de la presente resolución y en consecuencia dejar redactada la parte resolutiva del expediente señalado en el acápite de la siguiente forma: " ... 1.-) NO HACER LUGAR a la Excepción de Prescripción opuesta por la Demandada. 2.-) HACER LUGAR a la Acción contencioso administrativa interpuesta por el Accionante GUSTAVO ANTONIO ARIAS contra el Decreto Nº 931 del 13 de diciembre de 2013 dictada por el Poder Ejecutivo conforme los fundamentos expuestos en la presente resolución y en consecuencia; 3.-) REVOCAR el acto administrativo impugnado; el Decreto Nº 931 de fecha 13 de diciembre de 2013, dictado por la máxima autoridad, del Poder Ejecutivo. 4.-) ORDENAR la reincorporación inmediata del señor GUSTAVO ANTONIO ARIAS GARCIA en el cargo que ocupaba o en otro de igual jerarquía y remuneración en el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, antes de su destitución; y DISPONER el pago de los salarios caídos, de conformidad al artículo 44de la Ley 1626/00 "De la Función Pública". 5.-) COSTAS a la parte perdidosa, de conformidad En el Recurso de Apelación interpuesto, la parte demandada expresó agravios a Fs. 279/287, manifestando en términos resumidos que, el actor no contaba con estabilidad definitiva y el acto de nombramiento del mismo es nulo pues su ingreso se realizó sin participar de concurso público. Expresa además que en caso de improcedencia del recurso se disponga el pago de salarios caídos en 12 meses. Asimismo es preciso advertir que, si bien expresó la necesidad de referirse sobre la excepción planteada y rechazada por el Inferior, no fundamentó dicha pretensión. Finaliza solicitando se haga lugar al recurso de Al momento de contestar el traslado que le fue corrido, la parte actora a Fs. 291/297, manifiesta que gozaba de estabilidad provisoria en el cargo porque sobrepasó el periodo de 6 meses exigido por la Ley 1626 y que su destitución fue sin haberse realizado el sumario administrativo correspondiente. Solicita se Expediente: "Gustavo Antonio Arias García c/ Decreto Nº 931 . del 13/dic/13 dictada por el Poder Ejecutivo".
Pasando a analizar el primer agravio referido por el apelante, respecto a la estabilidad o no del señor Gustavo Antonio Arias, inicialmente es preciso determinar la validez o invalidez del Decreto Nº 931 emanado del Presidente de la República. En ese sentido, corresponde dejar en claro que este acto administrativo que da por terminadas las funciones del actor fue dictado cuando el mismo contaba con la antigüedad de más de 1 año 3 días desde su nombramiento respectivo, es decir, contando con estabilidad provisoria, dispuesta por el Art. 19 de la Ley Nº 1626/00. Asimismo, es preciso hacer notar que la mencionada destitución fue dispuesta sin que se le haya instruido sumario En ese contexto, corresponde a esta magistratura entrar a analizar los efectos de la estabilidad provisoria, dispuesta en el Art. 19 de la Ley Nº 1626/00.
Así, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 43 del mismo cuerpo legal recientemente citado, el cual dispone: "La destitución del funcionario público será dispuesta por la autoridad que lo designó y deberá estar precedida del fallo condenatorio recaído en el correspondiente sumario administrativo". De las constancias de autos, surge que la resolución recurrida resulta arbitraria y contra las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y las leyes, y no reúne los principios fundamentales que rigen al derecho administrativo, al haber destituido al funcionario sin haber instruido el sumario administrativo Por lo expuesto, sostengo que, se debe reincorporar al actor en el cargo que ocupaba, o en su defecto en otro de igual categoría y remuneración, de conf 'dad a los dispuesto en el Art. 44 de la Ley Nº 1626/00, tal y como lo n relación a la falta de realización del concurso público de oposición para inr al cargo, soy de la opinión de que, si bien la ley exige a las personas que i,,1gr san a la función pública la realización del concurso público de oposición, e'-o:dic a omisión escapa absolutamente a la obligación personal del funcionario, 1,El-1:,ida expre ente en la ley como responsabilidad única y directa de la o olicitar la realización del concurso en el momento r' uirle al funcionario el incumplimiento de sus propias vio que refier on espondeisponer a a enftez Riera Ministro or. an candi a. Carolines O.
Ministra pago equivalente a doce meses de salarios. Dicho monto es fijado de conformidad a lo dispuesto en el Art. 82 del Código del Trabajo, en razón al criterio de equidad para las partes, debido a que no pueden cargarse sobre las arcas del Estado las consecuencias del largo proceso, pero tampoco puede dejarse sin respuesta a quien haya sido apartado de su cargo de manera irregular, debiendo por ello hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación As í, corresponde HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, y, en consecuencia, revocar el apartado 4) Acuerdo y Sentencia Nº 310 del 22 de noviembre de 2022 y su Aclaratoria Nº 90 del 11 de mayo de 2023, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa y ordenando la reincorporación del actor en el cargo que ocupaba o en su defecto en otro de igual categoría y remuneración y el pago de los doce meses de salarios caídos. En cuanto a las COSTAS, teniendo en cuenta el modo en que fue resuelta la cuestión, corresponde sean impuestas en el orden causado. ES MI VOTO.
A su turno, el señor ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, dijo: Me adhiero al voto del Ministro preopinante en el sentido de HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Apelación, con la consecuente revocación del apartado 4) del Acuerdo y Sentencia Nro. 310 de fecha 22 de noviembre de 2022 y su aclaratoria, Acuerdo y Sentencia Nro. 90 de fecha 11 de mayo de 2023, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, correspondiendo la reincorporación del actor en el cargo que ocupaba o en su defecto en otro de igual categoría y remuneración, pero me permito agregar cuanto sigue:
En relación a los salarios caídos, cabe señalar que dicho rubro corresponde a salarios devengados por el periodo de trabajo efectivamente realizado, pero no remunerado durante la vigencia de la relación laboral. Por consiguiente, el trabajador público para acceder a este rubro laboral debe acreditar que ha trabajado durante un determinado lapso temporal sin haber percibido su remuneración correspondiente. En el presente caso, no corresponde el otorgamiento de dicho rubro porque el accionante no ha probado haber trabajado después de su desvinculación.
En este caso, lo que corresponde es la indemnización complementaria que es una especie de sanción a la patronal por no haber abonado los rubros laborales pertinentes a la fecha de finalización de la relación laboral y que se ha retrasado en el cobro a causa de la contienda judicial. La misma debe calcularse por el plazo de duración legal del juicio tramitado ante el Tribunal de Cuentas, otorgando en este concepto lo equivalente a 12 meses de salario, pues la patronal no puede cargar económicamente por causa de la mora judicial.
,i?JJ / ICIA 't ,offeJ; los º anos judiciales tienen la obligación de dictar sus resoluciones dfref-tle 1 ,lazos judiciales y su demora no debe ser causante de perjuicios :1-f+#-H'114- ara las partes del proceso judicial, por lo que la indemnización .mkt:rrt:entaria prevista en la legislación laboral debe ser establecida conforme al tiempo de duración legal del juicio y no al tiempo de duración .efectiva causada García c/ Decreto Nº 931 .del 13/dic/13 dictada por el Poder Ejecutivo".
En cuanto a las costas, corresponde imponerlas en el orden causado, en atención a la forma en que quedó resuelta la cuestión (art. 203 inc. c) del C.P.C.
A su turno, la señora ministra Dra. María Carolina Llanes Ocampos, dijo: Procedemos a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos, así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, de todo lo cual se constata que el Sr. Gustavo Antonio Arias García, fue nombrado como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el cargo Auxiliar de Servicios, categoría E36, en fecha 10 de diciembre de 2012 por el Decreto 10.215 (fs. 5). Posteriormente, por Decreto Nº 931 de fecha 13 de diciembre de 2013, dictado por la Presidencia de la República, se dan por terminadas las funciones del Señor Arias García.
Considerando conculcados sus derechos, el Sr. Gustavo Antonio Arias García se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo, a los efectos de obtener la revocación del acto administrativo por el cual fuera destituido; siendo la presente acción resuelta por Acuerdo y Sentencia Nº 310 de fecha 22 de noviembre de 2022, y su Aclaratoria, Acuerdo y Sentencia Nº 90 de fecha 11 de mayo de 2023 , dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora. A su vez, dicho Acuerdo y Sentencia fue apelado por la Procuraduría General de la República, motivándose u da esta breve reseña, nos detenemos en la pregunta: ¿Se ntra aj tado a derecho el fallo dictado en autos o corresponde que el interpretativo de la especialidad, y en tal sentido, la ley especial -- que en este caso es la Ley Nº 1626/00 de la Función Pública, artículo 89 inciso a) -- establece que e/ derecho de accionar judicialmente prescribe a los sesenta días corridos para los actos referentes a destitución o despido injustificado. Siendo así, no resultan procedentes los argumentos expuestos por la PGR en tal sentido.
Pasando entonces, a analizar las normas legales pertinentes al fondo de la cuestión, por lo que traemos a colación las siguientes disposiciones contenidas " Artí cu/ o 18. El nombramiento de un funcionario tendrá carácter provisorio durante un período de seis meses, considerándose éste como un plazo de prueba.
Durante dicho período cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin indemnización ni preaviso alguno."
"Artículo 19. Cumplido el período de prueba sin que las partes hayan hecho uso de la facultad establecida en el artículo anterior, el funcionario adquirirá estabilidad provisoria hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Capítulo VII de "Artículo 43. La destitución del funcionario público será dispuesta por la autoridad que lo designó y deberá estar precedida de fallo condenatorio recaído en "Artículo 47.- Se entenderá por estabilidad el derecho de los funcionarios públicos a conservar el cargo y la jerarquía alcanzados en el respectivo escalafón. La estabilidad se adquirirá a los dos años ininterrumpidos de servicios en la función " A rt í cu/ o 48.- La terminación de la relación jurídica entre el Estado y los funcionarios públicos con estabilidad, se regirá por lo establecido en esta Ley y, " Artículo 49.- Los funcionarios públicos tendrán derecho a: ... f) la estabilidad en el cargo, de conformidad a lo establecido en la presente Ley;"
Dada la complejidad de las circunstancias planteadas en autos, surge que son varias las cuestiones a dilucidar a fin de determinar si resultaba o no procedente la destitución de la actora, en el modo en el que finalmente tuvo lugar dicha destitución en lo que respecta al presente caso.
Cabe recordar que la finalidad de la acción contencioso-administrativa es la revisión, por parte del órgano jurisdiccional, respecto a la regularidad y legalidad de los actos administrativos puestos bajo la órbita de su conocimiento; ello incluye la revisión de la motivación y los fundamentos del acto Ex¡2ediente: "Gustavo Antonio Arias García c/ Decreto Nº 931 del 13/ dic/13 dictada por el Poder Ejecutivo".
e observa el fundamento del acto administrativo impugnado el art. 47 de la Ley 1626/00, como principal fundamento, En tal sentido, de las constancias obrantes en el expediente resulta claro que la actora ya había sobrepasado el periodo de 6 meses, pero que aún no había alcanzado la antigüedad de 2 años. Así, conforme lo dispone la propia Ley Nº 1626/00, el actor había alcanzado la estabilidad provisoria, también referida Largo ha sido el debate con respecto a las precisiones de la Ley Nº 1626/00 con relación a este tema de ambas estabilidades: la estabilidad definitiva ( o propia) y la estabilidad provisoria ( o impropia). En virtud al artículo 18 de la Ley de la Función Pública, los primeros seis meses tienen un carácter provisorio, equivalente a lo que en el campo del Derecho Laboral sería el "periodo de prueba" del funcionario, periodo dentro del cual la terminación de la relación jurídica no conlleva ninguna consecuencia, en términos de indemnización o preaviso al funcionario. Igualmente, en virtud al artículo 19 del mismo cuerpo legal, el funcionario adquiere la estabilidad provisoria a partir de los 6 meses y hasta los 2 años, luego de lo cual, por disposición del artículo 47 adquiere la Pa ra un mejor encuadre conceptual, recordamos que, según tiene definida la doctrina, la 'Estabilidad Propia o Definitiva' es aquella en la cual la norma jurídica prevé la imposibilidad de dar por terminada la relación jurídica laboral sin causa alguna ( es decir, encuadrándonos dentro de las disposiciones de nuestra Ley Nº 1626/00, ello sería la imposibilidad de destitución del funcionario sin sumario administrativo previo); en cambio, la 'Estabilidad Impro o rovisoria' es aquella que garantiza no la permanencia del empleado o unciona o en un puesto o cargo dado, sino que prevé para los casos de destitución sin justa causa, que se abonen las sumas indemnizatorias correspon ientes para el despido sin causa justificada, conforme a lo dispuesto 0 . 't(a.(af¡:¡o esto, tenemos que al concatenar la disposición del artículo 47 de la secº 626/00 con el artículo 43 de dicha norma, para proceder a la destitución e t bilidad definitiva, se requiere indefectiblemente de un a' o en sumario administrativo previo para poder La solución se encuentra en el artículo 48 de la Ley de la Función Pública, cual establece que " ... La terminación de la relación jurídica entre el Estado y los funcionarios públicos con estabilidad, se regirá por lo establecido en esta Ley y, supletoriamente, por el Código del Trabajo.". Entiéndase así que al no contener la Ley 1626/00 ninguna disposición específica respecto a las consecuencias de la estabilidad provisoria, la propia ley habilita remitirnos a las disposiciones del Código Laboral (y por ende a los Principios Generales del Derecho Laboral). En ese orden de ideas, me permito concluir que, en primer lugar, la estabilidad provisoria viene dada por -valga la redundancia - una estabilidad, pero que dicha estabilidad no se traduce en una inamovilidad en el cargo, sino que la Administración puede dar por terminada la relación jurídica con el funcionario, siempre y cuando dé cumplimiento a las obligaciones pecuniarias establecidas en el Código Laboral para el despido injustificado. Es decir que si la Administración procede a la destitución de un funcionario que no ha adquirido la estabilidad definitiva a los 2 años ( cumpliendo con el artículo 47 en concordancia con el artículo 20) sin sumario, corresponde que a tal funcionario le sean abonados los haberes correspondientes al despido injustificado, por aplicación analógica de la legislación laboral conforme ya lo refiriera en líneas precedentes.- Tenemos entonces que, en lo que respecta al presente caso, la parte actora contaba con estabilidad provisoria, habida cuenta que no había alcanzado los 2 años de antigüedad, y por tanto, me es dable concluir que la Administración estaba facultada a proceder a la destitución del funcionario, y en tal sentido, corresponde confirmar la determinación adoptada por la Administración. Sin embargo, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde hacer la salvedad que la destitución del funcionario será legal y quedará perfeccionada, siempre y cuando se proceda al pago de la indemnización correspondiente y demás accesorios legales conforme a las disposiciones vigentes de la legislación laboral para el despido injustificado.
--- POR TANTO, en virtud a todo lo hasta aquí expuesto, corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la representación de la Procuraduría General de la República, debiéndose en consecuencia REVOCAR parcialmente el fallo del Tribunal de Cuentas, en los puntos 2, y 3, y ORDENAR el pago correspondiente a la indemnización laboral y demás accesorios legales de conformidad a lo dispuesto por el Código Laboral para el despido injustificado¡ todo cuanto antecede por los fundamentos expuestos en la presente resolución. En cuanto a las costas, estimo que las mismas deben imponerse en el orden causado, considerando que la accionante actuó con razonable convicción del derecho que le asistiera, o sea buena fe, y la forma en que fue resuelta la cuestión en litigio, todo ello en virtud a la facultad conferida Expediente: "Gustavo Antonio Arias García c/ Decreto Nº 931 del 13/dic/13 dictada por el Poder Ejecutivo".
ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO .
arinna.:enoniCORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL
RESUELVE:
2. HACER LUGAR parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto por la 3. REVOCAR el punto 4 del Acuerdo y Sentencia Nº 310 del 22 de noviembre de 2022 y su Aclaratoria Nº 90 del 11 de mayo de 2023, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, ORDENANDO la reincorporación del actor en el cargo que ocupaba, o en su defecto en otro de igual categoría y re erao 'n y el pago equivalente a doce meses de salarios, por los o e el considerando de la presente r solución.
Ante mí: