ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO C/ LEY Nº 3S6S/010 QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. FUNCION PUBLICA, Y LOS ARTS. 17 Y 61, ASI COMO TAMBIEN CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL Nº 22/1909. AÑO: de Asunción, Capital de la epúplica del Paraguay, a los 1 l stando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema, de Justicia, los s. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: . ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO C/ LEY Nº 3989/2010 QUE MODF.
LOS ARTS. 16 INC. F) Y 143 DE LA LEY Nº 1626/2000 DE LA FUNCION PUBLICA, Y LOS ARTS. 17 Y 61, ASI COMO TAMBIEN CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL Nº 22/1909, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de P re vi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: El Sr. MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra los Arts. 16º inc. f), 17, 61 y 143 'de la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública", Ley Nº 3989/2010 que Modifica los Art. 16º inc. f) y 143º de la Ley 1626/2000 el Art. 251 º de la Ley de Organización Administrativa de 1909, alegando De la do umentación acompañada surge que según Resolución DGJP Nº de fecha 1 de junio de 2018, se acordó haber de retiro a favor del ISARIOS ENERAL INSPECTOR SR. MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON EREDO.E la Administración Pública, salvo la excepción prevista en el Artículo 143º de la presente Ley. Artículo 143º. - Los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio no podrán ser reincorporados a la Administración Pública, salvo por vía de la contratación para casos excepcionales, fundados en la declaración de emergencia o en la falta de recursos humanos con el grado de especialización del contratado. La docencia y la investigación científica quedan excluidas de esta limitación.".
Primeramente debemos afirmar que el Art. 1 º de la Ley Nº 3989/201 O modifica los Arts. 16º inf, f) y 143º de la Ley 1626/2000, pero la modificación introducida no varía en absoluto la argumentación sostenida para declarar la inconstitucionalidad de los Artículos 16º inc. f) y 143º de la Ley Nº 1626/00, que es igualmente válida y vigente para la Ley Nº 3989/1 O, teniendo en cuenta que los aspectos variados no La cuestión fáctica expuesta, guarda relación con la aptitud legal para desempeñar función pública, a los que gozasen de jubilación obtenida mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para conseguir dicho beneficio.- En relación con las condiciones requeridas para tener acceso a la función pública, el Art. 47º de la Constitución establece: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) ... , 2) .... , 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y ... ". Por su parte, la Ley de la Función Pública establece en su Art. 15º el procedimiento a seguirse en el proceso de demostración de la idoneidad profesional del interesado en tener acceso a la función pública. Consecuentemente, siendo la idoneidad el único requisito exigido al interesado a prestar sus servicios al Estado, no es admisible ninguna otra exigencia, sin quebrantar el referido principio de igualdad.
Además, se conculcaría el derecho al trabajo, que es erigido a la categoría de un verdadero derecho humano, que el Estado tiene la obligación de respetar, conforme a diversos documentos internacionales, de los cuales la República del Paraguay es signatario, y en consecuencia, se halla obligado a cumplir. De las consideraciones expuestas precedentemente, resulta que las disposiciones contenidas en la Ley Nº 3989/201 O devienen inconstitucionales por atentar contra los principios consagrados por la Ley Fundamental del Estado Paraguayo. Asimismo, si admitiéramos que la condición de jubilado restaría al ciudadano paraguayo la posibilidad de trabajar en la función pública tendríamos que admitir la legalidad de una discriminación, totalmente repudiada por el sistema constitucional que rige en Por otro lado, si interpretamos la norma cuestionada (Ley 3989/201 O) desde el punto de vista que la misma se basa en la prohibición legal de la doble remuneración, surge que de esta disposición subyace una prohibición de percibir en forma conjunta el haber jubilatorio y el salario que corresponde al cargo para el cual ha sido De acuerdo con autorizadas opiniones doctrinarias de tratadistas de Derecho Administrativo cabe puntualizar que el haber jubilatorio no es un favor que hace el Estado, es una devolución de los aportes que el funcionario ha hecho durante todo el tiempo que se halla establecido en la ley. No es una remuneración o salario que el jubilado percibe por trabajos realizados. Es considerado simplemente como una deuda del Estado que tiene con el funcionario que ha pasado de la actividad a la E I Art. 105º de la Constitución prohíbe la doble remuneración del funcionario público al establecer que ninguna persona podrá percibir como funcionario público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan de la docencia. La norma constitucional mencionada es sumamente clara y no ofrece ninguna duda. Pero se refiere a la doble remuneración 'del empleado público en servicio activo y no pasivo (jubilado), estableciendo en forma precisa una excepción al referirse al salario que provenga de la docencia. Es decir, la excepción está dada a favor del funcionario público activo que puede percibir su salario como tal y a la vez el proveniente del ejercicio de la docencia a tiempo parcial. Con referencia a lo expresado sobre la doble remuneración, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia ya se expidió con respecto a este tema, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 566 de fecha 07 de setiembre de 200'1 y las que se emitieron posteriormente con ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO C/ LEY Nº FUNCION PUBLICA, Y LOS ARTS. 17 Y 61, ASI COMO TAMBIEN CONTRA EL ART.
251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL Nº 22/1909. AÑO: ón alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, de edad, , condición social y preferencias políticas o sindicales ... ". Sin embargo, las disposiciones previstas en el Art. 1 º de la Ley Nº 3989/1 O que modifica los Arts. 16º inc. f) y 143º de la Ley Nº 1626/2000, contemplan una discriminación del jubilado con relación a los demás funcionarios públicos, cuando que el único requisito para acceder al cargo es la "idoneidad", circunstancia ésta que además vulnera el derecho Por su parte, respecto al Artículo 17° del citado cuerpo legal dispone: ... "El acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en transgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Los actos del afectado serán anulables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento. La responsabilidad civil de los funcionarios, contratados y auxiliares, será siempre personal y anterior a la del Estado, que responderá subsidiariamente" ...
Resulta que la disposición legal atacada (Art. 17°) es consecuencia directa de la aplicación del Art. 1º de la Ley 3989/2010 (que modifica el Art. 16 inc. f) y 143 de la Ley de la Función Pública). Situación que constituye una discriminación irrazonable hacia el jubilado en relación a los demás funcionarios al inhabilitarlo para ingresar nuevamente a la función pública, de esta manera se atenta contra principios consagrados en los Arts. 47° inc. 3) 86º, 88º, 109º, 105º, 131º y 132ºde la Constitución Nacional. Por lo tanto, el acto de nombramiento por el cual el accionante ingreso nuevamente a la función pública no puede ser invalidado o nulo.
Ahora bien, respecto al Art. 251 º de la Ley de Organización Administrativa del año 1909 el cual establece: "Los jubilados. que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal sin excepción, deberán optar entre la jubilación o la remuneración del cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones, el importe de la distribución que dejen de percibir''. Dicha normativa obliga al Jubilado a renunciar a parte de su patrimonio o a su salario para seguir p sta do servicios al Estado, lo cual es conculcatorio del Art. 109º de la Constit ción, e razón de que la jubilación constituye un patrimonio del jubilado con carácte vitalicio y ninguna autoridad puede privarle de este beneficio.
inalmen e, el accionante formula agravios contra el Art. 61 de la Ley Nº 16 6/2 00 "De la Función Pública". La citada disposición no denota vicio de inca st tuciona "tJad porque reglamentan el Art. 105º de la Constitución, que prohíbe la d bl neración del funcionario público al establecer que ninguna persona er ir como funcionario público, más de un sueldo o remuneración amente, con excepción de los que provengan de la docencia. La norma o u ional m ncionada es sumamente clara y no ofrece ninguna duda. Pero se P ¡.5(ffl"st' oble remuneración del empleado público en servicio activo pasivo i1 ado), estableciendo en forma precisa una excepción al referirse salar que rovenqa e la docencia. Es decir, la excepción está dada a favor el funci úblico ac ivo que puede percibir su, salario como tal y a la vez el provenien ejercicio d la docencia ti po parel. Por tanto la prohibic ón de la ;p:le:a:d:o públi o en servicio activo, y resé! ghanns Ministro ES'.J. Gustavo E. S:mtirnd1..r D;:ms Mlnisi:ro encuentren bajo el régimen jubilatorio y han accedido nuevamente a la función Que, fundado en lo expuesto, en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado, el Art. 17º de la Ley 1626/2000 "De la Función Pública" y los Arts. 16º inc. f) y 143º de la Ley Nº 1626/2000 modificados por el Art. 1 º de la Ley Nº 3989/201 O, en relación al Sr. MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta en el Al. Nº 05 de fecha 13 de febrero de 2020. Es mi voto.
A su turno, el Doctor RÍOS OJEDA, dijo: 1.- El señor Miguel Ángel Leguizamón Figueredo, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra la Ley 3989/1 O, que modifica el Así como también cuestiona la constitucionalidad del Art. 251 de la Ley de 2. La primera norma impugnada inhabilita, el ingreso para la función pública a los jubilados de- da administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a /os concursos públicos. El aquí accionante es un jubilado de la administración pública conforme se desprende de la Resolución DGJP Nro. 2794 del 21 de junio de 2018; por lo que, queda de manifiesto su 3.- Constitucionalmente la idoneidad -Art. 47 numeral 3- se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad: tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los efectos de ser 4. - Dentro de ese encuadre pueden presupuestarse condiciones tanto positivas como negativas de "idoneidad". Éstas últimas -negativas- se materializan a través de las denominadas incompatibilidades o inhabilidades que es lo que regula, justamente, la norma que nos ocupa. Estas inhabilidades responden, generalmente, a circunstancias que tienen que ver o que se vinculan con la solvencia moral del potencial postulante, sino véase el ámbito de aplicación de los primeros cuatro incisos de la norma en examen. Sin embargo, el último inciso, que es el que nos ocupa, no guarda una relación adecuada y coherente con dicho contenido fundacional, por lo que, deviene claro que ese no és el reparo que 5. - Aparentemente -porque no se ve con claridad- lo que se pretende tutelar es el acceso a la función pública de aquellos eventuales postulantes que aún no han tenido la posibilidad de ocupar un cargo público como sí lo tuvieron, en su momento, los jubilados. Si ese fuere el caso, la medida dispuesta no puede ser calificada de adecuada porque la finalidad pretendida no es legítima y si acaso lo fuera -que claramente no lo es- tampoco cumpliría el requisito de necesidad a los 6.- En efecto, aunque con la regulación hay probabilidades de consagrar -al menos parcialmente- dicha finalidad, no obstante, la constitucionalidad de ésta sucumbe ante una notoria falta de coherencia con nuestra norma fundamental, esto, por dos razones de insoslayable relevancia: /a primera, es que aquel fin afecta de manera notoria la garantía constitucional de igualdad sin que se observe una justificación sustancial que permita efectuar la distinción establecida; mientras que, /a segunda, porque no encuentra respaldo en alguna otra norma de la 7.- Dentro de ese contexto, la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía « ... mantengan una coherencia con /as constitucionales, de suerte que no resulte contradictoria no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia '/ transparencia así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, 13. - De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en este caso, el inciso f) del Artículo 16 de la Ley 1626/2000, modificado por el Art. 01 de la Le'J 3989/1 O, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional 14. - Así también, sigue la misma suerte el Art. 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el Art. 01 de la Ley 3989/1 O, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso f) recientemente analizado. Esto es así, por cuanto que si la regla general pierde vigencia, desde luego que la excepción a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, está habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la contratación por tiempo determinado. En consecuencia, el alcance de la inconstitucionalidad aplica a la normativa citada.
15.- Hemos de aclarar que con tal determinación, esta Corte no está imponiendo u ordenando que el jubilado, necesariamente, ocupe una función dentro de la Administración, sino que se procura tutelar la garantía en el acceso a la función pública, circunstancia que quedará, como debe de ser, a las resultas 'f bajo la competencia exclusiva de la administración pública respectiva.
16.- Respecto de la constitucionalidad del Art. 17 de la Ley 1626/200C, deviene inoficioso ingresar a su estudio toda vez que, atendiendo a los efectos de la inconstitucionalidad de las normas antes citadas, aquellas inhabilidades no aplican para el accionante, en cuyo caso, no podrá, en la práctica, invocarse como elemento conducente para sancionar de nulidad el acto jurídico -contrato o nombramiento- dado que los impedimentos aquí abordados -previstos en la Le'f 3989/1 O- puesto que, como se dijo, no aplican para el accionante. Aclaramos, sin embargo, que el incumplimiento de cualquier otro requerimiento si podrá ser 17.- Finalmente, la parte accionante solicita la inconstitucionalidad del Art.
251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 190S. Dicha norma dispone, básicamente, que el jubilado que ingresa de nuevo a la función pública debe optar entre percibir la remuneración de la jubilación o el 18.- La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonio adquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al Art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del Art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el Art. 102 de la CN, establece en su in fine el 19. - En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « ... EJ. bloque de constitucionalidad en materia laboral está bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabajadores, deben considerarse inap/icables ... »5 . Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que « ... la jubilación no es un beneficio graciable; sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que Cristaldo Montaner, J.D.; Cristaldo Rodríguez, B.E. (2022). Introducción al Derecho del Trabajo.
Asunción, Paraguay. Fides. Pág. 208.- et- '1,. é!---'éío n 'isitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni ITTT,"T"T'lZCiYt1cuanto al salario, el Art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización nal del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro. 935/64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes a obtener o conservar un 21.- Desde luego que nuestra Constitución Nacional protege el salario de los trabajadores en su Art. 92, aplicable al caso de conformidad a la remisión 22.- Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el Art. 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no constituye un salario. Atendiendo a esta circunstancia es que el Art. 61 de la Ley 1626/2000, tampoco aplica al caso, por lo que, la inconstitucionalidad requerida contra ella deviene inoficiosa.
23.-Queda visto, pues, que la norma examinada -Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909- conculca el principio de prelación constitucional por atentar contra las previsiones emanadas del citado Convenio 95 de la OIT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el Art. 92. Debe pues, decretarse su inaplicabilidad por ser inconstitucionalidad.
24.- En conclusión, corresponde hacer lugar a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad de la Ley 3989/1 O, en la parte que refiere al inc. f) del Art. 16 y 143 de la Ley 1626/2000, así como el Artículo 251 de la Ley Nº 22/1909.
Asimismo, corresponde levantar la medida cautelar de suspensión de efectos PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO C/ LEY Nº FUNCION PUBLICA, Y LOS ARTS. 17 Y 61, ASI COMO TAMBIEN CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL Nº 22/1909. AÑO: su tur , el Doctor SANTANDER DANS, dijo: El señor MIGUEL ANGEL IZAMON FIGUEREDO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra los ris. 6 inc. f), 17, 61 y 143 de la Ley Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", odi icado p la Ley Nº 3989/10 "QUE MODIFICA EL INCISO F) DEL A TÍ ULO 1 Y EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY Nº 1.626/2000 "DE LA FUNCIÓN P B ICA" el Art. 251 de la "LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA" de Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro En relación al Art. 16 inc. f) de la Ley 1626/00, que establece según la modificación de la Ley Nº 3989/1 O: "Artículo 16º - Están inhabilitados para ingresar a la función pública, asi como para contratar con el Estado: ... .) /os jubilados con jubilación completa o total de la Administración Pública, salvo la excepción prevista en el Artículo 143º de la presente Ley". Esta disposición propone una inhabilitación en el inqreso a la función pública para .las personas que gozan del beneficio de la jubilación. La manera en que nuestra Carta Magna sienta las bases de la función pública, permite un abordaje del tema que es objeto E I Estado es generador de fuentes de trabajo, porque a través de los funcionarios pone en movimiento la estructura burocrática. Pero no es una fuente La primera parte del Art. 101 de la carta magna reconoce que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país. Surgida la necesidad de cubrir una vacancia, queda también postulado el derecho de todos los paraguayos a ocuparla, no siendo ajeno a todo aquel que decida cumplir funciones en el sector público el reconocimiento de los derechos laborales, con las limitaciones establecidas en la ley, esto siguiendo el texto del Art. 102 de la ley Dejando en manos del legislador la tarea de dar operatividad a los postulados constitucionales, se dictaron leyes que regulan el ingreso, permanencia y paso a la jubilación de los funcionarios públicos, de las diversas categorías. En cuanto al ingreso, que es de lo que nos ocupamos ahora, vemos que mediante el mecanismo de los concursos para aquellos cargos no señalados como "de confianza", se pone en vigencia el postulado del Art. 47 de la ley fundamental, que señala a la idoneidad como el requisito a ser atendido.
Las distintas leyes que regulan el conglomerado de ingreso a la función pública, previenen que todo postulante a un cargo debe probar su idoneidad como filtro, que lo hace merecedor de su lugar al servicio del país. También encontramos que el acceso a la pasividad de las personas que eligieron a la función pública como su modo de sustento, exige una determinada cantidad de años de aporte o de años de servicio, según esté regulado. De ahí, todo analista del sistema queda advertido que la función pública previene y pone en marcha el Art. 103 de la carta magna, al proveerle al funcionario un sistema de seguridad social y de jubilaciones, con el objetivo de prepararlo para una edad de adulto mayor con goce de los beneficios que fue recolectando mediante su aporte en los años de servicio. Lógicamente que el Estado brindará una mayor oportunidad a quien mediante el mecanismo de la idoneidad consiga avanzar en el transcurso de los años, con el acceso a cargos, y funciones mejor remunerados, esto con la finalidad de ir asegurándose un mejor goce de los beneficios jubilatorios, pero serán siempre la iniciativa y el esmero del funcionario los elementos que sustenten estos avances, ya que el acceso y permanencia en la función pública Llegados a este punto, estamos en condiciones de decir que la ley, al establecer la garantía de acceso a los cargos públicos a quienes muestren idoneidad, está apuntando a dar oportunidad a todos por igual, pero estableciendo prioridades y restricciones. En el Art. 16 de la Ley Nº 1626/00 las encontramos respecto del ingreso a la función pública, así como de contratar con el Estado sobre las personas que han recibido condenas penales, penas de inhabilitación para ejercer la función pública, los declarados incapaces, los que fueron cesados c,EL,(l CORTE 11, SUPREMA , DEJUSTIC'IAACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON FIGUEREDO C/ LEY Nº 3989/2010 ClUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. F) Y 143 DE LA LEY Nº 1626/2000 DE LA FUNCION PUBLICA, Y LOS ARTS. 17 Y 61, ASI COMO TAMBIEN CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL Nº 22/1909.
'lp1r,:';-efdel trabajador y los que sean completa o totalmente juóílaaos. y, por delegación constitucional, puede inhabilitar el acceso a la rlUl}l1-ttn.<í.; ea, y lo hace dirigiendo su enfoque no precisamente a las personas i eñaladas en la inhabilitación, sino en el resto de las que no están señaladas. Cuando inhabilita a1as personas penalmente condenadas, está dando en verdad preferencia, aunque la disposición no lo diga, a las personas que mantienen su conducta alejada de los hechos punibles. Esta "habilitación" no es sino la puesta en marcha del mecanismo de iqualdad previsto en el Art. 46 de la ley suprema, debido a que el propio constituyente advierte que en alguna oportunidad se vulnerará la igualdad, pero para estos casos previene que, si se protege estableciendo desigualdades injustas, eso no será considerado factor E I mecanismo puesto en marcha para ingresar a la función pública, así como para contratar con el Estado es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta lo antes dicho, al referirnos a las personas enumeradas en los incisos a) al e) el Art. 16 de la Ley 1626/2000, pero ello no ocurre cuando centramos el análisis respecto de las personas que accedieron a la jubilación, conforme al inciso f).
Deberá notarse que la situación particular de quien tuvo la oportunidad de acceder a un haber jubilatorio, que es el resultado, como se dijo líneas arriba, de su esfuerzo y persistencia a través del tiempo, es totalmente distinta a las demás categorías de personas inhabilitadas citadas en los otros incisos. No es propósito analizar todos los demás casos para validar el punto, pero la mera circunstancia de ser merecedor de una jubilación no resulta equiparable al hecho de haber sido condenado a pena privativa de libertad. En uno de los casos se accedió al derecho por el mérito de los años de servicio y en el otro, se recibió una sanción como consecuencia de un hecho punible, pero para ambas personas, la Ley de la Función Pública tiene el mismo reparo de inhabilitarlos para el ingreso a la función pública o para contratar con el Estado. Por ello, encuentro que existe en este inciso f) del artículo 16 de la Ley Nº 1626 una inconstitucionalidad por vulneración de la supremacía, por un lado, y por el otro se infringe el derecho a la igualdad, garantía materializada solamente cuando ante una situación determinada, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso que nos ocupa ni la Ley º j626/2000 ni disposición alguna puede contravenir la supremacía P ro, aquí debe hacerse una precisión, puesto que debemos siempre tener en cue ta el siti en el que está insertada la norma en estudio, para conocer con ex ctit d lo que se está reglando. Esto, las reglas de interpretación lo denominan int rpr tación stemática. Revisando el lugar en el que se hace la exclusión cuya inc ns itucion idad se constató, encontramos que ella está inserta en el Capítulo 11 d I Ley: º 1626, "De la Carrera Administrativa. De la incorporación de los bs Públicos". En este Capítulo se regula en general el mecanismo a ser para la incorporación a la función pública, por lo que cuando declaramos co stitucionalidad del inciso f) del artículo 16 de la Ley Nº 1626, ello no gnific el jubilado tenga el derecho directo de ingresar a la funci' n rf b+i a o ,i,m;B-"'f:nn ratar con el Estado, sino que tiene el derecho a pugnar m diante el canis o reglado por el Capítulo en el que la norma se inserta, esto s, tiene 1 derecho I concurso por el que probará su idoneidad para ocupar el c rgo.
En ulas objeciones en contra d13I Art. 143 de la Ley 1626/00, qu segú a odifivción de la Ley Nº 3989/10 establ ce: "Artículo 143º - Lo fun ionarios que e hayan acogido al ré i/atorio no odrán se -. ,stavo É díltan t.1ns , oeda Cesar M. Dieseljluughanns v-.1 ': . t Dr. Víc R g1 Ministro CSJ. Mmb ro un,st reincorporados a la Administración Pública, salvo por vía de la contratación para casos excepcionales, fundados en la declaración de emergencia o en la falta de recursos humanos con el grado de especialización del contratado. La docencia y la investigación científica quedan excluidas de esta limitación"' (las negritas de resalto nos corresponden). La disposición propone que una persona que se encuentre acogida a la jubilación, en circunstancias excepcionales pueda ser contratada, por existir una emergencia o por la ausencia de recursos humanos con la especialización requerida para el caso. Como la norma lo aclara, se trata aquí de los casos de reincorporación de un jubilado al mismo lugar que ocupara cuando cumplía sus funciones antes de obtener el beneficio de la jubilación.
En el caso de autos, la norma no resulta aplicable al accionante, debido a que el mismo es propuesto para incorporarse al Gabinete del Ministerio del Interior sin mayores especificaciones en cuanto al tipo de vinculación de la que se trata, y como dijimos, la disposición sujeta a revisión previene los casos de reincorporación mediante contrato de personas acogidas a la jubilación.
En relación a la acción contra los Arts. 17 y 61 de la Ley Nº 1626/00, la parte recurrente se limitó a objetar la disposición, sin enunciar la manera en que entiende que ella infringe la Carta Magna y con ello termina afectada.
Finalmente, en cuanto a las objeciones contra el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, si bien fue modificada por la Ley Nº 6834/2021, los agravios enunciados no quedan en imposibilidad de ser estudiados. La nueva redacción dispone: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir.
Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en ei' Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigentes".
La norma propone una elección entre sus haberes jubilatorios y la remuneración en el cargo o empleo a todo jubilado que vuelva a ocupar un empleo o cargo En este marco no puede dejar de observarse que una persona jubilada, al realizar una actividad laboral, pone en marcha dos derechos que fluyen en simultáneo, que son el de percibir su jubilación, que corresponde a la compensación por los años de aporte ya cumplidos, por un lado, y por el otro, el de percibir el salario por la actividad laboral efectiva que se encuentra cumpliendo. La realidad propone dos igualdades que son distintas: la igualdad entre todos los que realizan un trabajo, respecto de los cuales, todos tienen derecho a percibir la remuneración por ese trabajo. También propone la realidad entre todos los jubilados, a quienes les asiste el derecho a percibir el haber jubilatorio que es un derecho al que se accedió por los años de aporte realizados anteriormente. Si decimos que todos los trabajadores y los jubilados son iguales y a los mismos les corresponde percibir los montos que les son adeudados, esta aseveración no debe ser distinta cuando la única circunstancia que varía es la de Sl o puede dejar de notarse, además, que la redacción actual de la ley realiza una exclusión', proponiendo que en el caso del ejercicio de la docencia y/o la investigación científica, la norma no se aplique a los jubilados del régimen de jubilaciones administrados por el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía), lo cual. muestra una desigualdad insertada en la propia redacción, puesto que propone que la obligación de optar entre el salario y la jubilación en algunos casos no será necesaria, evidenciando así la existencia de un tratamiento distinto ante una circunstancia exactamente igual, que en este caso es la reincorporación de un jubilado. Estos razonamientos otorgan justificación a la declaración como inconstitucional de la norma en estudio, por vulnerar la supremacía constitucional.--Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia declarar inaplicable el Art. 16 inc. f) de la Ley Nº 1626/2000, modificado por la Ley Nº 3989/1 O y el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, modificada por la Ley Nº 6834/2021, en cuanto afecta los derechos del señor MIGUEL ANGEL GUIZAMON FIGUEREDO, de conformidad a lo establecido en el Art. 5 5 del PC. Corresponde asimismo el levantamiento de la medida cautel dis uesta m diante el Al. Nº 05 del 1 de Cesar M. Diesel J Mlnii;tro C. J, Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 9'3 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional , RESUELVEJ HACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promo'7') " ;., y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad -el Art. 1 e la Ley Nº354/20 , l(,f'1fÍ!1 LEVANTAR la medida de spen ón de ef ctos dictada en auto a travé ' ?RTí:Rui. s; Gustavo E. c ¡-rt:mder Bs Cesar M .. º!ese/u,ngha ns í/!:nilrO Mini o CSJ. R, 01eda Dr Víctor ,os . Ministro