ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LA LEYES Nº 73/91 -.. B"' .SJJE ' ., y SENTENCIA NÚMERO: ¡vOVQh.e"' o'.) o GüeV) l fl ¡JQ Ve . ce:n 1" ad de Asunción, Capital de la .República del Paraguay, a los d¡.ed "v.evtctías, --1-' prema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, oc ores GUSTAVO SANTANDER DANS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LA LEYES Nº 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Fulgencio Damián Delgado Giménez, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala . ¿Es procedente la Acción de inconstitucionalidad deducida?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ, bajo patrocinio de Abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º, de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los a rtes serán ustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Jung Ministro CSJ.
De las constancias presentes en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedido o, dejados cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada, a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en un banco de plaza, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo "Artículo 46º - De la !gt:Ja!dad De Las Personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " .. .La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de su articulado pretende ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ CI ART. 41º DE LA LEY Nº 2856106 "QUE SUSTITUYE LA LEYES Nº 73191 lguald , que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, 1 s, cnr¡rte: 1 caso del accionantehayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no en en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Fulgencio Damián Delgado Giménez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites será'? establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 285612006 "Que sustituye las leyes Nº 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor FULGENCIO DAMIÁN DELGADO GIMÉNEZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi 1.- El señor FULGENCIO DAMIÁN DELGADO GIMÉNEZ, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley Nº 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. .. ) siendo /os aportes al ente previsional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad privada de /os aportantes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de a orles rescribirá e ués de tres años del retiro d afili o de su trabajo, salvo que el mismo tenga deu a con a Caja, en cuyo caso /os aport s serán a /icados a la amortización o cancelación e u bligac n".(negritas y subrayados s n míos).---
la norma tacada, sur uperior a 1 O años Cesar M. Diesel .,!.un Ministro CSJ. ustavo E. Santander Dans Ministro acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.- (. . .)
Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPCJ del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo CORTE UPREMA USTIClA 1, co , "La prescripción extintiva -.,;;prpdúce por-.. inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
transcurso del plazo legalmente exigido Inactividad o silencio del titular del derecho , ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LA LEYES Nº 73/91 pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )" ) J r. ustavo E. Santander Dans Cesar M. Diesel Junghanns CSJ. 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art.
128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.
A su turno, el Ministro Doctor SANTANDER DANS dijo: El Sr. FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 4 7 y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Articulo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR FULGENCIO DAMIAN DELGADO GIMENEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LA LEYES Nº 73/91 7 ,riv'el r: ente caso, el Sr. F'.LGENCIO DAMIDELADO IMNEse presenta ante normatir encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
í.fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.
11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. Eri tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores Record em os que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada CaJ n una situación discordante con sus pare éie tros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 6 de la Ley 122/93), -Funcionarios Púb cos ( rt. 53 dla Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situa . , uede sr on ali ada or esta Máxima lnstancia sin d 7notar una lara tr sqresion al c rnplimie to d I s citad s mandatos c ,.,., s.
Ministro Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos prececentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictámen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la icación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte onde se exige una antigüedad mínima de diez años Ante mí: ustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda MillU'I) Asunción, -tq de de 202 l.(.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de I ev ucion de aporte jubilatorio, con relación al ac n te FULGENCIO DAMIAN DELGZ1 O GIM EZ, Cesar M. Ministro CSJ. Ante mí: Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro