ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ZUNILDA LÓPEZ SOSA Y OTROS C/ ARTS. 16 INC. F), 17 y 143 DE LA LEY Nº1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN x :-. .. SENTENCIA NÚMERO: V ove t...' tn -k J Cv r" tc.t. "f ')e; j ! -.tiiud Asunción, Capital de la Repút¡l)ca dI Paraguay, a los J.; ' ,: i -, días e uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, DaF'éCÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ZUNILDA LÓPEZ SOSA Y OTROS C/ ARTS. 16 INC. F), 17 y 143 DE LA LEY Nº1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 1909" , a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abg. Nelson Antonio López Ruíz en nombre y representación de María Zunilda López Sosa, Nancy del Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: P ra cticad o el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el Abg. Nelson Antonio López Ruiz, en representación de Valentín Coronel Ramírez, María Zunilda López Sosa y Nancy del Carmen Ferre ira lbarra, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 3989/2010, que modifica los Arts. 16 lnc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública", contra el Art. 17 de la Ley Nº 1626/2000 y contra el Art. 251 de la Ley de Organización De las constancias de autos, se verifica que el señor Valentín Coronel Ramírez es jubilado del Magisterio Nacional, por Resolución Nº 7008 de fecha 28 de setiembre de 2020 dictada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, quien fue nombrado con anterioridad a su jubilación como docente en la Universidad Nacional de Concepción, según la Resolución REC-Nº 050/2015 de fecha 02 de marzo de 2015, dictada . e Pavón Martín z Ab . Julio .
secretario Cesar M, DíesI Jungnanns Gustavo E. Santander Dans Minl9tí'o é:sJ. Ministro La accionante Nancy del Carmen Ferreira lbarra es igualmente jubilada del Magisterio Nacional, a quien se le otorgó dicho beneficio por Resolución Nº 8087 de fecha 28 de octubre de 2020 dictada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, y al momento en que se promovió la acción se hallaba participando del concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes para ocupar un cargo docente en la Universidad Nacional de Concepción, según constancia obrante a f. 16.
Los accionantes aducen que las disposiciones impugnadas violan los derechos establecidos en los Arts. 46, 47, 86, 101, 105 y 109 de la Constitución Nacional porque se contraponen a sus derechos al trabajo, específicamente en lo que se refiere a ocupar cargos docentes en la Función Pública, Universidad Nacional de Concepción, por el sólo hecho de haber obtenido el beneficio de la jubilación. Además sostienen que la jubilación pasa a formar parte del patrimonio del beneficiario porque implica una recuperación de los aportes realizados, y que de ninguna manera se trata de un nuevo salario, que es lo que el Art. 105 E n el caso de autos se plantea la situación del funcionario público pasivo (iubilado) que vuelve a ocupar un cargo a servicio del Estado quien, de acuerdo con la ley, debe optar por la remuneración que percibe en el ejercicio de sus funciones o por los haberes percibidos en concepto de jubilación. La cuestión fáctica expuesta guarda relación con la aptitud legal para desempeñar la función pública por quienes gozan de una jubilación en el sector público.
Respecto del artículo 1 ºdela Ley Nº 3989/201 O, que modifica los artículos 16 lnc. f) y el 143 de la Ley Nº 1626/2000, que inhabilitan al jubilado para el ingreso a la función pública, advierto que pone de manifiesto la pretensión de constituirse en un obstáculo legislativo para el acceso a la función pública de los jubilados, lesionando lo dispuesto por el Art. 47 de la Constitución Nacional, que exige como sola condición la "idoneidad" para el acceso a las funciones públicas no electivas. Sensatamente, podemos sostener que tal ley no puede conferirles prerrogativas a las autoridades que, en los hechos, traduzcan el marginamiento de un principio constitucional tan fundamental como lo es la vigencia de la igualdad, principio éste ya consagrado en el preámbulo de nuestra carta magna, con la finalidad de proteger la dignidad humana así como en el art. 33 de la Ley Suprema, puesto que de no observar y declarar la manifiesta inconstitucionalidad contenida en la nueva redacción del artículo 16 lnc.
Ley 1626/2000, estaríamos socavando la dignidad humana de los jubilados, así como conculcando su derecho al trabajo. Igualmente, éstos derechos citados son erigidos a la categoría de derechos humanos, situación ésta que nos impide pasarla por alto, además de tener presente que el Estado Paraguayo está obligado a cumplirlos por ser signatario de varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Escenario homólogo se presenta en la nueva redacción del artículo 143, la manifiesta inconstitucionalidad subsiste al establecer que los jubilados solo podrán ser reincorporados a la función pública en situaciones excepcionales o por falta de recursos humanos, situación que es, también, radicalmente contraria al orden constitucional, ya que de consentir lo estipulado se presentaría una situación discriminatoria con los demás postulantes al mismo cargo (Art. 88 C.N.). Debe aclararse que la precedente afirmación no implica que se dispense a los jubilados de que se sometan al concurso de méritos en igualdad de condiciones, previsto en el Art. 15 de la Ley Nº 1626/2000, por el simple hecho de que cuenten con experiencia y especialización por ser jubilados. Simplemente considero que la nueva redacción del artículo 143, al establecer la referida restricción, además de ser discriminatoria conculca el principio de igualdad proclamado en el Art. 46 de la Constitución Nacional, que expresamente manda al Estado remover los obstáculos e impedir los factores que mantengan o propicien C,ORTE SUPREMA USTIC'IA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ZUNILDA LÓPEZ SOSA Y OTROS C/ ARTS. 16 INC. F), 17 y 143 DE LA LEY Nº1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN 'o ... El .aftícu O-o de la Ley Nº 1626/2000 deviene igualmente inconstitucional, y esto es así, porque si co t:S;i eramos y declararnos inconstitucional al artículo 16 lnc. f) mal podríamos no 91 ,peer ílo, ,. o con respecto a este articulo 17, que es consecuencia directa de la if;1 cm tit ionalidad contenida tanto en el artículo precitado así como en el artículo 1 de su ley modificatoria, la Ley Nº 3989/201 O. Como puede apreciarse, el articulo 16 lnc. f) de la Ley Nº 1626/2000 o el artículo 1 º de la Ley Nº 3989/201 O imponen una inhabilitación al jubilado que puede o pretende volver a contratar con el Estado, y el artículo 17 de dicha ley declara nulo el acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en transgresión de En cuanto al artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, este fue modificado por el Art. 1 º de la Ley Nº 6834/2021, que reza: "Modificase el Artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa, del 22 de junio de 1909, cuyo texto queda redactado corno sigue: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica. Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigentes".
Por tanto, al revestir los accionantes la calidad de jubilados del Magisterio Nacional quedaron excluidos expresamente de la obligación de optar entre el salario del cargo que vuelvan a ocupar y el haber jubilatorio por el texto de la nueva disposición legal, por lo que ha Por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción promovida y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 º de la Ley Nº 3989/2010, que modifica los artículos 16 lnc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/2000 y del artículo 17 de la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública", con relación a los accionantes; y levantar la medida de suspensión de los efectos de las normas impugnadas concedida por el A.I. Nº 1071 de fecha 18 de junio de 2021 y por su aclaratoria A.I, Nº 1261 de fecha 16 de julio de 1. El Abogado Nelson Antonio López Ruiz Cesar M. Diesel Junghanns Ministr es ulio C. Pav n Martmez Secret,uig Gustavo E. Santander Daos . Ministro :.- 2. La primera norma impugnada inhabilita el ingreso para la función pública a los jubilados de la administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a los concursos públicos. Los aquí accionantes son jubilados del Magisterio Nacional conforme se desprende de las Resoluciones Nº 7818 del 11 de septiembre de 2019, Nº 7008 del 28 de septiembre de 2020 y Nº 8087 del 28 de octubre de 2020; por lo que, queda de manifiesto su legitimación para la promoción de la presente acción.
3. Constitucionalmente la idoneidad -Art. 47 numeral 3- se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad: tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los 4. Dentro de ese contexto, la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía « ... mantengan una coherencia con las constitucionales, de suerte que no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución nacional ... » 1 . La inhabilidad aquí prevista es contraria a la garantía citada en el punto anterior toda vez que impide toda posibilidad de postulación a un concurso público de oposición evitando, de esa manera, que el ciudadano -inmerso en la categoría-puje por el acceso a un cargo público. Tal impedimento no responde, naturalmente, a un tratamiento igualitario, sino 5. Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación Ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su art. 86 en concordancia con el in fine del primer párrafo del art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad -reconocida constitucionalmente- de seguir ejerciendo la actividad laboral de su preferencia.- 6. Hay que destacar que el principio de jerarquía constitucional -art. 137 de la CN-requiere que toda aquella regla infra constitucional que produzca una afectación a Un derecho reconocido en ésta de carácter superior -como el de la igualdad- reclama, al menos, algún respaldo en otra norma igualmente constitucional. Así se expide la doctrina al referir que ... Los derechos fundamentales, en tanto derechos de rango constitucional pueden ser restringidos sólo a través de, o sobre la base de, normas con rango constitucional ... 2 7. No se constata la existencia de otra norma con dicho rango -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular el art. 103 no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grupo sustancialmente relegado sino que todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edad la jubilación ordinaria se produce por ésta circunstancia-. Sobre este punto, la doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable« .... pero jamás una diferencia Sagüés, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 741 Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. Pág. 277- 3 Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ;USTIC'IA 8., Cabe re;,altar que la Corte IDH, ya ha puesto de manifiesto que« ... La Corte considera que )la juqij?f, es un derecho ajeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones 91 'b/iaasi'.vY.Recordemos que por imperio del art. 47 numeral 3 de la CN, no hay más requisito . b!-I---ieidad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la jubilación es un derecho ajeno a dicha condición tal como lo indica dicho organismo internacional.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ZUNILDA LÓPEZ SOSA Y OTROS C/ ARTS. 16 INC. F), 17 y 143 DE LA LEY Nº1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN 9. Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, innecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocupar un determinado cargo en la función pública quedará supeditada, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia y transparencia así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, desde luego, de rango supra 1 O. De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en este caso, el inciso f) del artículo 16 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser declarado en tal sentido.- 11. Así también, sigue la misma suerte el art. 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/1 O, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso f) recientemente analizado. Esto es así, por cuanto que si la regla general pierde vigencia, desde luego que la excepción a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, está habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la contratación por tiempo determinado. En consecuencia, el alcance de la inconstitucionalidad 12. Hemos de aclarar que con tal determinación, esta Corte no está imponiendo u ordenando que el jubilado, necesariamente, ocupe una función dentro de la Administración, Sino que se procura tutelar la garantía en el acceso a la función pública, circunstancia que quedará, como debe de ser, a las resultas y bajo la competencia exclusiva del órgano , ojeda Víctor R10s vr. M.ini.sHO Aclaramos, sin embargo, que el incumplimiento de cualquier otro requerimiento si podrá ser 14. Finalmente, la parte accionante solicita la inconstitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909. Si bien el Articulo 251 de la Ley Nº 22/1909 fuera modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 6834/2021, tal modificación no altera en lo sustancial lo prescripto en la norma anterior. La norma vigente dispone: "Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a /os fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir. Se encuentran excluídos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional oren las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica. Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia vio la investigación científica en el Magisterio Nacional o en /as Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según /as leyes vigente". (Las negritas son mias).-- 15. Actualmente, con la nueva redacción instituida en la Ley Nº 6834/2021, quedan excluidos los jubilados del Magisterio Nacional o de las Universidades Nacionales; teniendo en cuenta que los accionantes son jubilados del Magisterio Nacional, los mismos quedan excluidos de la norma, vale decir, de la imposición de optar entre su jubilación y su nueva remuneración. En consecuencia, como la regla general establecida en la norma impugnada no les es aplicable a los justiciables, entonces deviene inoficioso el estudio respecto de la constitucionalidad de la misma dado que no les causa agravio alguno.
16. En conclusión, corresponde hacer lugar parcialmente a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto a los accionantes la inaplicabilidad de la Ley 3989/1 O, en la parte que refiere inc. f) del Art. 16 y 143 de la Ley 1626/2000. Asimismo, corresponde levantar la medida cautelar de suspensión de efectos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Los señores VALENTIN CORONEL RAMIREZ, NANCY DEL CARMEN FERREIRA IBARRA y MARIA ZUNILDA LÓPEZ SOSA, promueven Acción de lnconstitucionalidad contra los Arts. 16 inc. f). 17 y 143 de la Ley Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", modificado por la Ley Nº 3989/10 "QUE MODIFICA EL INCISO F) DEL ARTÍCULO 16 Y EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY Nº 1.626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" y el Art. 251 de la "LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA" de Obra en autos la constancia que los accionantes tienen la calidad de jubilados como La parte recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 46,47, 86, 101, 105 y 109 de la Constitución Nacional. al impedirles ocupar cargos docentes en la Universidad Nacional de Concepción. por el solo hecho de haber obtenido el beneficio de la Por una cuestión de relevancia en el razonamiento, se analizará previamente la Ley Nº 6834/2021 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 22 DE JUNIO DE 1909», que con su nueva redacción dispone en el Articulo: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público ienteoo. fué.._ nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el 1 -l:1fgo ,"U1_7ieo que cepten, inqresenao a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe PROMOVIDA POR MARÍA ZUNILDA LÓPEZ SOSAY OTROS C/ ARTS. 16 INC. F), 17 y 143 DE LA LEY Nº1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica.- Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigente". El Artículo 2 por su parte establece: La redacción actual del artículo de la ley objeto de análisis, introdujo los dos últimos párrafos, anteriormente ausentes. Abarca un universo de personas bien especificada: todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica. En la redacción están comprendidos todos aquellos jubilados mediante el régimen de jubilaciones y pensiones que administre el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban como contratados o nombrados en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica. Entonces, este es el universo de personas sujetas a la exclusión de optar entre la jubilación y el salario en el cargo que acepten. Se debe ser jubilado de cualquiera de las Cajas administradas por el Ministerio de Hacienda para quedar excluido, pero también debe encontrarse o haberse encontrado como contratado o nombrado en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, con la salvedad que esta alternativa se dé solamente para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica. En lógica este resulta un claro ejemplo de la condición necesaria y suficiente, que requiere, al darse la primera afirmación, le siga La revisión del proyecto de modificación del artículo examinado no permite albergar equívocos, ya que rescatamos de su exposición de motivos: " ... La problemática se da, principalmente, cuando un docente jubilado en el Magisterio Nacional, posteriormente, continúa o ingresa a ejercer la docencia en alguna Universidad Nacional (nombrado o contratado) y el Ministerio de Hacienda, a través de la dirección pertinente, impone al docente la disyuntiva de tener que optar entre el monto del salario y la jubilación, invocando el mentado art. 251 de la añeja ley. En otros casos, el Ministerio de Hacienda detecta esta situación años después de que el docente haya accedido a su jubilación y, posteriormente, haya continuado o ingresado a enseñar en una Universidad Nacional, interviniendo y alegando la transgresión del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, disponiendo el bloqueo preventivo de la jubilación correspondiente, intimando al docente a decidir entre su salario y jubilación, y obligando a devolver el monto de lo que a criterio del Ministerio de Hacienda- se ha percibido indebidamente; y cuando esto se produce varios años después de haber estado cobrando simultáneamente ambas prestaciones, los montos que el Ministerio de Hacienda exige devolver trepan a valores considerablemente altos, dejando al docente en una situación sumamente gravosa ... ". El caso expuesto en los motivos de la modificación legislativa deja suficiente claridad en cuanto a la circunstancia que se encuentra comprendida. Con esto, desde la propuesta hasta la redacción definitiva, que sufrió algunas modificaciones, como la inclusión a los jubilados de cualquier Caja administrada por el Ministerio de Hacienda, no deja de verse que la exclusión los comprende siempre y cuando, si y solo si, vuelvan a entrar para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, por lo que esta cualidad de la reincorporación no puede dejar de ser tenida en cuenta. Dicho de otra manera: si el jubilado de cualquier Caja administrada por el Ministerio de Hacienda no se reincorpora nuevamente para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica, no se encuentra excluido de Con este panorama, el caso en estudio en este expediente, comprende a jubilados del Magisterio Nacional que se encuentran en la Universidad Nacional de Concepción, circunstancia que permite situarlos dentro de la exclusión reglada por la norma. Por tanto, el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, al no comprenderlos, impide un pronunciamiento sobre el planteamiento de inconstitucionalidad, habida cuenta que la Sala solo puede expedirse ante actos normativos que infringen en su aplicación los principios o normas de la Constitución Nacional, atendiendo a los términos del Art. 550 del CPC, lo que equivale a decir que por la falta de comprobación del interés en la decisión nos encontraríamos En cuanto a las objeciones contra los Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/2000, debe decirse que el derecho positivo queda armonizado con el análisis realizado al estudiar el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, ya que el inciso f) del Art. 16 en su nueva redacción dispuesta por la Ley Nº 3989/1 O incluye como sujetos exceptuados a los citados en el Art. 143, el cual comprende a las personas que ejercen la docencia y a la investigación científica como sujetos excluidos de la prohibición de reincorporación una vez que se hayan acogido a la jubilación. De esta manera, queda patente que los accionantes carecen de un interés en la declaración de inconstitucionalidad intentada, habida cuenta que no se encuentran comprendidos por los alcances de las normas objetadas. Con esto, queda también en la misma situación el estudio respecto al Art. 17 de la Ley 1626/2000, también objetado.--- Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Corresponde asimismo el levantamiento de la medida cautelar dispuesta mediante el Al. Nº 1071 del 18 de junio de 2021, así como también su aclaratoria, dispuesta dian e el Al. Nº 1261 del 16 de julio de 2021. ES M O Ante mí: r- / Cesar M. Diesel Jungha ns Ministro / , .
Dr. Víctor Rios O¡eda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ZUNILDA LÓPEZ SOSA Y OTROS C/ ARTS. 16 INC. F), 17 y 143 DE LA LEY Nº1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN o.nción, de ,D t -rnh de 2.02li .- Y :;, S: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
!iJ :n6'0ida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 º de la Ley Nº3989/10, que modifica los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº1626/00, en relación a Valentín Coronel Ramírez, Nancy del Carmen Ferreira lbarra y María Zunilda López Sosa, de conformidad a lo establecido en el art. 555 del CPC.
. LUGAR PARCIALMENTE a la Acción de lnconstitucionalidad ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dispuesta por el ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dis esta por 1 ANO R, registrar y otificar.
Cesar M. Diesel Jung anns Ante mí: Ministro CSJ. ustavo E. Santander Dans Ministro 1eda Vlctot' Rios pr. Ministro