JUICIO: "BUNGE PARAGUAY S.A. C/ RES. Nº LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE CUERDO Y SENTENCIANº: acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 151 de fecha 16 de agosto de 2023 del Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
CUESTIONES
En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS DIJO: El Abogado Fiscal Marcos Morínigo, representante de la parte demandada, desistió expresamente del Recurso de Nulidad interpuesto; igualmente, la Abogada Erika Bañuelos, representante de la actora, desistió del recurso de nulidad.
Por otro lado, no se observan en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts.113 y 404 del C.P.C.
Corresponde en consecuencia tener por desistidos los recursos. Es mi voto.
A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO: Que se adhiere al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.
A SU TURNO EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO: El Abg. Fiscal del Ministerio de Hacienda, Marcos Morinigo, y la Abg. Erika Bañuelos, en representación de la firma accionante, desistieron expresamente del recurso de nulidad interpuesto; sin embargo, conforme dispone el artículo 405 del Código Procesal Civil, dicho recurso, se encuentra implícito en el recurso de apelación, por ende, es viable su análisis.
En ese sentido, en virtud a lo dispuesto en el artículo 113 del Código Procesal Civil, iertas cuestiones que hacen a la admisibilidad de la acción interpuesta y Dr. Manuel Oei sús Rarnírez Ca di MI ISTRO administrativo definitivo, es decir, que cause estado (art. 3 inc. a); que la resolución de la administración proceda del uso de sus facultades regladas (art. 3 inc. b); que no exista otro juicio pendiente sobre el mismo asunto (art. 3 inc. c); que la resolución vulnere un derecho administrativo (art. 3 inc. d), y finalmente que sea interpuesta la acción dentro del plazo establecido por la Ley, el cual es, según lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Nro. 4046/1 O-que Al examinar los antecedentes del caso se advierte que en fecha 28 de marzo del 2019, la firma Bunge Paraguay S.A. presentó la solicitud de devolución del IV A, crédito fiscal de exportación, correspondiente al periodo fiscal agosto 2018, por la suma de Gs. 1.354.955.514.
Por Resolución de Devolución de Créditos Fiscales Nro. 7930005852 de fecha 22 de abril del 2019, la Administración Tributaria (A T) concedió la totalidad de la suma solicitada. Posteriormente, mediante el Informe de Análisis Nro. 77300010957 de fecha 06 de setiembre del 2019, los analistas de la AT concluyeron que solo se encontraba justificada la suma de Gs. 658.417.067, recomendando ejecutar la garantía por la diferencia resultante. La Comunicación de Ejecución de Garantía Nro. 75500001820fue realizada en fecha 12 de setiembre del 2019 .
Bunge Paraguay S.A. interpuso recurso de reconsideración contra el Informe de Análisis Nro. 77300010957/2019; dicho recurso, resulto parcialmente favorable a su parte, conforme se observa en la Resolución Particular Nro. 71800001524 de fecha 17 de febrero del 2022.
Seguidamente, la firma contribuyente promovió demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Particular Nro. 71800001524/2022 y el Informe de Análisis Nro.
Habiendo expuesto los antecedentes del caso, es importante señalar que el artículo 88 de la Ley Nro. 125/92, texto modificado por la Ley Nro. 5061/13, vigente al momento del inicio del expediente de solicitud de devolución del crédito -28 de marzo del 2019- establece que: "Si la Administración cuestiona todo o parte del crédito solicitado por el contribuyente por irregularidad en la documentación, deberá devolver la parte no objetada, debiendo a pedido de parte iniciar el sumario administrativo respecto a la parte cuestionada, siempre y cuando sea solicitado este procedimiento por el contribuyente, dentro de un plazo perentorio de 1 O ( diez) días hábiles computados a partir del día siguiente de la comunicación del cuestionamiento efectuado, caso contrario, se procederá al archivo definitivo del expediente. (. .. ) ".
De la norma transcripta se advierte que, si la AT cuestiona todo o parte del crédito solicitado por la firma contribuyente por irregularidad en la documentación, ésta puede solicitar el inicio del sumario administrativo de manera a culminar con una Resolución Particular de Devolución de Crédito Tributario en la cual se establezcan los fundamentos de hecho y derecho para las conclusiones del proceso. Cabe destacar, que la apertura y tramitación de un sumario administrativo, es de suma importancia en el proceso de devolución, pues permite al contribuyente desvirtuar los motivos del rechazo que fueron esgrimidos por la A T, mediante el ofrecimiento de pruebas que considere relevantes a la solución del caso.
Por consiguiente, si la firma contribuyente no se encontraba conforme con la decisión de la Administración, debió solicitar la apertura del sumario administrativo conforme lo dispuesto en la norma antes mencionada, de manera a culminar con una Resolución Particular de Devolución de Crédito Tributario, la cual, es recurrible por vía del recurso de reconsideración ante la autoridad administrativa que dictó el acto administrativo, conforme dispone el artículo 2341 Ley Nº 125/92, artículo 234. Recurso de reconsideración o reposición. El recurso de reconsideración o reposición podrá interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles, computables a partir de la fecha en que se notificó la resolución que se recurre. Será interpuesto ante el órgano que dictó la Resolución que se LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE CUERDO Y SENTENCIANº: En las condiciones apuntadas, por imperio del artículo 88 de la Ley Nro. 125/92, modificado por Ley Nro. 5061/13, el rechazo del crédito solicitado quedó consentido por la firma contribuyente, y, en consecuencia, queda vedado al órgano jurisdiccional analizar los créditos cuestionados. En consecuencia, corresponde; ANULAR todo el proceso, ordenando el finiquito y Finalmente, en cuanto a las COSTAS, teniendo en cuenta el modo en que fue resuelta la cuestión, corresponde sean impuestas, en ambas instancias, en el orden causado en virtud a lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A 'LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ DICIENDO: Por el Acuerdo y Sentencia Nº 151 de fecha 16 de agosto de 2023, apelado por la parte actora y la parte demandada, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió: ''1) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la presente acción contencioso administrativa promovida en autos, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y, en consecuencia; 2) REVOCAR PARCIALMENTE los actos administrativos y DISPONER la devolución de la suma de G. 51.272.095 más las multas e intereses previstos en el art. 171 de la Ley Nº 125/1991, la Resolución Nº 711800001524/22 del 17 de febrero dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación - SET. 3) IMPONER las costas en el orden causado. 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir ejemplar a la Excma. Corte Suprema de ARGUMENTOS DE LAS PARTES AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA A fs. 161/167 el Abogado Fiscal Marcos A. Morínigo expresa agravios en representación del Ministerio de Hacienda. En resumen, alega que la exigibilidad de los créditos solicitados por el contribuyente nacerá una vez que el citado crédito ingrese a la Hacienda pública por los sujetos obligados del crédito reclamada, pues de esa manera se estaría cumpliendo el recaudo de la mplida la condición (ingresados los impuestos a las arcas Estado de devolver o repetir sumas de dinero al contribuyente.
Ministra 3 Reitera, en cuanto a las porciones no acreditadas en los conceptos mencionados, que en los casos en que procede la devolución de créditos, las sumas debitadas por el Estado deben referirse a montos que efectivamente han ingresado a las arcas del Fisco y que mal podría la Administración Tributaria devolver sumas que no haya percibido. Por esta razón, dice que cuando procede la devolución de créditos fiscales, es postura de la SET que estos montos sean devueltos en la medida que ingresen, es decir cuando se encuentren disponibles.
Sostiene que la pretensión de la actora al compeler a la Administración Tributaria en la devolución de sumas de dinero que no han ingresado al fisco, contiene un alto grado de ilegalidad pues va en contra de lo normado en el bloque de legalidad tributaria antes citado y obligaría a la propia Administración a ir contra el orden jurídico vigente, produciéndose así situaciones de Culmina su escrito solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia Nº 151 del 16 de agosto de 2023 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, y la confirmación en todos sus CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA A fs. 171/174 la Abogada Erika Bañuelos contesta los agravios de la parte demandada.
Alega que la SET, por un criterio arbitrario y antijurídico, sanciona con la no devolución del impuesto a aquellos contribuyentes a los cuales la Ley Tributaria reconoce el derecho a la devolución del crédito fiscal por ser exportadores, crédito fiscal amparado en documentos fiscales Menciona que en cuanto al principio de legalidad de la Administración, la doctrina expresa: "la legalidad exigida para los actos de las autoridades administrativas es más estricta que la "licitud" de los actos jurídicos privados, en el sentido de que para éstos basta que no estén prohibidos, en tanto que para los actos administrativos se requiere que estén autorizados expresa o implícitamente en la ley o reglamento fundado en la misma". Sin embargo, dice que la Administración Tributaria olvida que su decisión debe estar fundada en una norma jurídica y no puede ser sujeta a los caprichos del Administrador de turno y que si bien la Autoridad Administrativa tiene la potestad de fiscalizar todas las declaraciones juradas de impuestos formalizadas por los contribuyentes, no puede fundar la denegatoria de la devolución del crédito fiscal en la excusa de que no se han ingresado los montos solicitados del crédito fiscal, como bien Considera que sin lugar a duda, aquellos contribuyentes que no cumplen con su obligación deberían ser perseguidos y sancionados por la SET, pero ésta no puede violar los términos establecidos por la Ley Tributaria con la excusa de que estos contribuyentes no cumplieron con su obligación. La Administración Tributaria cuenta con hasta cinco años, que resultan ser seis, para la revisión total de las documentaciones tributarias del contribuyente si devinieren dudas o sospechas sobre alguna alteración indebida en sus registros contables.
Bunge no puede aceptar que recaiga sobre sus espaldas la responsabilidad de terceros y proveedores en lo que respecta a las declaraciones juradas y pago de impuestos, ingreso de las retenciones, cumplimiento de sus obligaciones formales, ni mucho menos actuar de policía fiscal en el cumplimiento de obligaciones tributarias ajenas a la suya.
Por las consideraciones apuntadas solicita a la Sala Penal que se rechace la apelación CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "BUNGE PARAGUAY S.A. C/ RES. Nº LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ACUERDO Y SENTENCIANº: .::t:iDE LA PARTE ACTORA oJf,Ú. 17 co 4 la Abogada Erika Bañuelos expresa agravios contra el Acuerdo y Sentencia ré'cº{i;rra.'c;. E fe::, esis, argumenta que el Miembro del Tribunal de Cuentas, Edward Vittone ;, reconoce a Bunge el derecho a la devolución del importe de G. 51.272.095 retic1-ciinrclo a proveedores omisos e inconsistentes, niega la devolución de la suma de G.
614.499.484, importe que fue rechazado debido a la aplicación por parte de la SET de las disposiciones del Decreto Nº 9100/2018, las cuales no debía ser aplicado a Bunge, pues la Sociedad contaba con una resolución judicial que declaraba su inconstitucionalidad.
Al respecto, dice que el Magistrado Edward Vittone sostiene irracionalmente que confirma la aplicación del decreto inconstitucional por qué el no encontró en el expediente la resolución que declara la inconstitucionalidad de esta norma. Pone de resalto que, la SET, al aplicar un criterio que va contra el efecto declarativo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada a favor de Bunge, empleó un razonamiento que va en contra de los principios En este contexto, el Auto Interlocutorio Nº 2.001/18 (el "Auto Interlocutorio" o el "A.I.
Nº 2001/18") invocado en estos autos por Bunge, resolvió "HACER LUGAR a la suspensión de efectos del Art. 1 del Decreto Nº 9100/18 de fecha 22 de junio de 2018 ...... dictado por el Poder Ejecutivo; en relación a la parte accionante, ADM Paraguay SRL: Alberto Giles Agroexportadora Comercial Industrial S.A. (ALGISA); Base Industrial Salinas SA (BISA SA): BUNGE PARAGUAY S." Agrega que la inconstitucionalidad del Decreto Nº 9100/2018, declarada por el Al Nº 2001/18 implica que dicha norma no puede ser válidamente aplicada a Bunge desde el momento en que la norma fue dictada, es decir, el A.I. Nº 2001/18 posee efectos retroactivos, pues de lo contrario se violarían los derechos y garantías fundamentales de Bunge y esto así fue En consecuencia, si el magistrado Edward Vittone respalda este procedimiento Irregular de la Autoridad Tributaria y omite no solo reconocer el efecto de la inconstitucionalidad sino su mera existencia, basándose únicamente en la aplicación estricta de la agregación de pruebas en el expediente, estaría incurriendo en la misma infracción legal que la Administración Tributaria.
Señala además que omitir el análisis por la ausencia de la constancia de la sentencia judicial (aun cuando la existencia de ésta fue también reconocida por la propia Autoridad Tributaria) trae aparejada la violación del principio de interpretación de las normas, que busca armonizar la aplicación de estas con ......,....,v" ución. Por lo tanto, dice que la persistencia en la aplicación de una norma decla a inconstitu , n 1 es irracional e infringe los Principios de Razonabilidad y a istrado pretenda que la sentencia "no existe", porque no se afectada por la al para Bunge y el eiesús Ramírez INISTRO Culmina su escrito solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia Nº 151 de fecha 16 de agosto de 2023 y que en consecuencia, se ordene la devolución a Bunge de la totalidad del CO NTEST ACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA A fs. 188/193 el Abogado Fiscal Marcos Morínigo contesta los agravios de la actora.
Rechaza lo afirmado por la adversa y sostiene que al momento en que se realizaron las exportaciones cuyo crédito fiscal vinculado se peticionó (08/2018) aún se encontraba vigente lo establecido en el Decreto Nº 9100/2018, el contribuyente estuvo obligado a su cumplimiento, en consecuencia, corresponde la reliquidación de las DDJJ conforme a lo establecido en el Decreto.- Según su interpretación, la suspensión de los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto Nº 9100/2018 no alcanza al periodo fiscal 08/2018, razón por la cual la SET procedió a reliquidar, desafectando del campo 14 ( exportación de otros bienes) y consignado al campo 13 de la DJ IV A Formulario 120, el importe que corresponde a la exportación de productos agropecuarios en Solicita que se tenga por contestado el traslado y se desestime por improcedente el recurso ANÁLISIS JURÍDICO Según constancias de autos la contribuyente Bunge Paraguay S.A solicitó a la Administración Tributaria la devolución del crédito fiscal IV A exportador, por el régimen acelerado, correspondiente al periodo fiscal 08/2018. Mediante Informe de Análisis Nº 77300010957 de fecha 06/09/2019 (fs. 27 de los antecedentes administrativos) los auditores de la SET cuestionaron la devolución de G. 614.499.484, debido a "D. Diferencia entre el Formulario de Comprobación 120 - Reliquidacián y la DJ !VA Formulario Nº 120, presentada por el contribuyente"; G. 29.721.596 por "E. Comprobantes que no cumplen con lo establecido en las reglamentaciones vigentes y que no fueron cuestionados por la certificadora",G. 480.727 "F.
Comprobantes que no cumplen con lo establecido en las reglamentaciones vigentes y que fueron observados por la certificadora",G. 51.272.095 por "G. Proveedores que registran en las DDJJ ingresos inferiores a las ventas realizadas al solicitante del crédito fiscal"; G. 564.545 "H Proveedor que no presentó su respectiva DJ". Este Informe fue notificado a la contribuyente en Viceministro de Tributación resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la firma BUNGE PARAGUAY S.A. y acreditar la suma de G. 564.545.
Asimismo, ratificó en cuanto a los demás cuestionamientos el Informe de Análisis Nº La firma Bunge Paraguay S.A. planteó demanda contencioso administrativa, solicitando la devolución del crédito fiscal cuestionado, más los accesorios legales correspondientes.
El Tribunal de Cuentas Segunda Sala por Acuerdo y Sentencia Nº 151 de fecha 16 de agosto de 2023 resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, revocando parcialmente el acto administrativo impugnado. El Tribunal ordenó la devolución de la suma de G. 51.272.095, crédito fiscal cuestionado por la SET debido a que proviene de "proveedores que registran en sus DDJJ ingresos inferiores a las ventas realizadas a la solicitante del crédito fiscal". En cuanto a los créditos especificados en los ítems E y F, de G. 29.721.596 y G. 480.272, cuestionados debido a que no cumplen con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, el Tribunal -en voto en mayoría- determinó que la accionante no ofreció pruebas que puedan refutar las observaciones que realizó la SET contra los documentos presentados. Por otra parte, en relación al ítem D, (G.
LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ACUERDO Y SENTENCIANº: Seguidamente, corresponde el estudio de los agravios de la parte demandada y determinar si el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió la cuestión apelada conforme a derecho. Por lo tanto, cabe el análisis respecto a la decisión del Tribunal de ordenar la devolución del crédito fiscal IV A exportador de G. 51.272.095, cuestionado en su momento por la SET debido a "proveedores que registran en las DDJJ ingresos inferiores a las ventas realizadas a la En cuanto al rechazo de la devolución del crédito fiscal IV A exportador por provenir de operaciones realizadas por la firma contribuyente solicitante de la devolución con proveedores que son denominados por la SET como "omisos e inconsistentes", que no han cumplido con sus obligaciones con el fisco, esta Sala Penal ha venido sosteniendo el mismo criterio en relación al caso planteado en estos autos, en cuanto a que la responsabilidad de ingresar los impuestos corresponde a cada contribuyente. Es decir, la obligación tributaria recae en cada sujeto pasivo o deudor (contribuyente) ante el sujeto activo o acreedor (fisco) en la relación jurídica tributaria, salvo que la ley disponga expresamente la solidaridad en la obligación tributaria.
La Ley Nº 125/91 en su art. 180 determina que la responsabilidad por infracciones tributarias es "personal del autor", cuando dice: "Infractores: La responsabilidad por infracciones tributarias, independientemente de su tipificación y sanción en la legislación penal, es personal del autor, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. Están sujetos a responsabilidad por hecho propio o de personas de su dependencia, en cuanto les concierne los obligados al pago o retención e ingreso del tributo, los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrinjan la ley, reglamentos o disposiciones administrativas o Por todo lo expuesto, cabe concluir que la contribuyente Bunge Paraguay S.A. no es responsable del incumplimiento de deberes tributarios por parte de sus proveedores, y la falta de pago de la deuda fiscal por parte de estos últimos no puede justificar el cuestionamiento del crédito solicitado por el contribuyente. La Administración Tributaria debió iniciar los procedimientos de determinación contra dichos proveedores, y no debía responsabilizar a un bligación tributaria de otro contribuyente.
a representación y accesorios legales ' C ndi t)e esús nam1rez or. Manue M NSiM En otro orden de ideas, corresponde el estudio de los agravios de la parte actora. En concreto, la representante de la firma Bunge Paraguay S.A. impugna el rechazo por parte del Tribunal de Cuentas de la devolución de G. 614.499.484. Este monto resulta de una reliquidación del Formulario 120, efectuada por la SET sobre la base del Decreto Nº 9100/18. La representante de la firma Bunge alega que tal decreto no es aplicable, en razón de que sus efectos están suspendidos por resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, El Tribunal de Cuentas en el fallo recurrido argumentó que ninguna de las partes ha presentado copia del mencionado interlocutorio, por lo tanto "lo que no obra en el expediente no existe en el proceso", motivo por el cual determinó que no encontraba argumentos válidos para revocar el ítem D, referente a la reliquidación. En tal sentido, corresponde decir que la existencia del A.I. Nº 2001 de fecha 03/09/2018 no fue discutida en autos; es más, la resolución judicial fue mencionada por la Administración Tributaria en el acto administrativo recurrido y en la contestación de la demanda. Lo que fue objeto de debate, es decir, el thema decidendum, es si el AJ. Nº 2001 de fecha 03/09/2018, que suspende los efectos -hasta tanto se resuelva la acción- del art. 1del Decreto Nº 9100, que modificó los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto Nº 1029/2013, surte efectos en relación al IV A periodo fiscal 08/2018. La parte actora alegó que la suspensión alcanza a dicho periodo fiscal, por lo que se abstuvo de aplicar las referidas normativas en su declaración jurada. Por otra parte, la SET es del criterio de que la suspensión de los efectos ordenada por A.I. Nº 2001 fecha 03/09/2018, no es aplicable al IV A periodo fiscal 08/2018.
Como puede observarse en los actos administrativos impugnados, la Subsecretaría de Estado de Tributación efectuó una reliquidación de montos afectados al Formulario Nº 120, en atención a que Bunge Paraguay S.A. declaró los productos agropecuarios incipientes de industrialización (harina de soja y aceite de soja desgomado) como exportación industrializada, en el campo 14, considerando lo expuesto en el AJ. Nº 2001 del 03/09/2018 de la Sala Constitucional, por el cual concedió la suspensión de los efectos del Art. 1 del Decreto Nº 9100 del 22/06/2018, que modificó los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto Nº 1029/2013, a favor de Bunge Paraguay S.A. En este sentido, el criterio de la SET es que la suspensión es provisional y que por lo tanto, al momento en que se realizaron las exportaciones cuyo crédito fiscal vinculado se peticionó (08/2018) aún se encontraba plenamente vigente lo establecido en el Decreto Nº 9100/2018, por lo que el contribuyente estuvo obligado a su cumplimiento.
En casos anteriores ésta Sala Penal ha determinado que la sentencia que hace lugar a la pretensión de inconstitucionalidad no podría tener efectos solo para el futuro, ya que se trata de una sentencia declarativa y como tal sus efectos se proyectan al pasado. No obstante, cabe mencionar que en el caso de autos se da la particularidad de que la firma Bunge Paraguay S.A. no cuenta con sentencia de inconstitucionalidad favorable, sino que formalizó su declaración jurada con base en lo dispuesto en el A.I. Nº 2001 del 03/09/2018 de la Sala Constitucional, por el cual se concedió la suspensión de los efectos del Art. 1 del Decreto Nº 9100 del 22/06/2018, que modificó los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto Nº 1029/2013, a favor de Bunge Paraguay S.A.
Vale decir, la cuestión en estudio se circunscribe en determinar si el auto interlocutorio de fecha 03/09/2018, que suspende provisoriamente los efectos de las normativas citadas, alcanza Sobre el punto, el art. 553 del Código Procesal Civil establece: "Efectos de la demanda. La interposicion de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable.
Dicha resolución, se dictará de inmediato y sin sustanciación. En los mismos términos podrá CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "BUNGE PARAGUAY S.A. C/ RES. Nº LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE -:" cedermed cautelares, de acuerdo con las disposiciones de este Código". El interlocutorio 'tle Jehá'b3-..,, 18, que suspende provisoriamente los efectos del Art. 1 del Decreto Nº 9100 , . del 2'2/0-Q_, que modificó los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto Nº 1029/2013, no puede "semencía declarativa, sino en un interlocutorio con vigencia provisoria, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, es decir, hasta que se determine si las normativas impugnadas se encuentran En estas condiciones la reliquidación efectuada por la Subsecretaría de Estado de Tributación se encuentra ajustada a derecho, por lo que no corresponde la revocación de lo Sobre la base de las consideraciones expuestas precedentemente concluyo que no corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos por ambas partes y, en consecuencia, corresponde confirmar el fallo apelado. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 203 inc. d) y el Artículo 195 del A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA DIJO: Que se adhiere al voto de la A SU TURNO EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA DIJO: En atención al modo en que fue resuelta la cuestión anterior, al votar por la nulidad de todo el proceso, resulta inoficioso Ministra or. Manue Dejesú!! Ramír Cand MINISTRO SALA PENAL
RESUELVE:
2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por los motivos expuestos en el Considerando de la presente resolución.
UGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, por los Considerando de ésta resolución y, en consecuencia, CONFIRMAR el 1 1 de fecha l ó de agosto de 2023 dictado por el Tribunal de Cuentas xpuestos en el exordio de la presente Resolución.
0 SECRETARIA JUOICIAL iV