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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1149/2024

9 de diciembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER C/ ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, 1802/01 ". AÑ0: 2023. Nº: 468.-

Antecedente ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, 1802/01

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER C/ ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, L-n-'r,,,RD o SENTENCIA NÚMERO: kd (..,;e.,"'º Cuar-e""fª i l"l ve c o , .9. 1óif'itn6!r'r3:los de la Corte Suprema de Justicia, los Exornes. Señores Ministros de 1Sala -tifü, Doctores, GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN. DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, 1802/01 ", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor Julio Luis Martínez Meister, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogada.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siquiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGHANNS, y VICTOR A la cuestión planteada, el Ministro Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta ante esta instancia el Sr. Julio Luis Martínez Meister, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abogada Leticia Florentín Giachino, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por ser contrario a los principios establecidos en los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los . diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mism nga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización Gustavo E. Santander Dans Ministro '1 Dr. Víctor utos Ojeda Minbtro requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aq u í es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 confiere la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, en consecuencia, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente, el Art. 88 tampoco admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Art. 1-, impone en el Poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46-. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, " .,,. .. ..t . e"c;id or leyes quse dictaren P?r razoes de interés general y con I propósitpara t(;, uf h do establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus limites ,,-,º''Q:eoE:Wno e:::, ordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subo d do éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser , 1 t .) idos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art. 21 de a Convención; como asimismo, el art. 46 ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la Seguridad Social- contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social.

Estemos hablando de un sistema obligatorio ... En segundo lugar es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social. .. ". En elcontexto de una sociedad democrática -art. 1- donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128- , no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un EI mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los facto conómicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.

Así el derec a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas men ales qu la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer íti amente u interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular artn ando me ios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el )jereho a la pro dad de persona que será objeto de la restricción. En este caso, la 1stricció de tal dere ho ha do dispuesta legalmente con una disposición clara, concisa y previsible p ra el imie o y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo la mismas ej rcer va a efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sen ido, a ro que las medidas propuestas para el retiro no imponen CéFgas adicion les, cionadas para ser consideradas como una mer a e , el ejercicio d tal .

Min1uo CSJ. Gustavo E. Santander Dan Ministro , Ojeda Víctor Rros pr. Nti.nistro derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubro.s cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio.del derecho.- En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 18 de fecha 02 de enero de 2024, obrante a fs. 08/12, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/09 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P., dejando incólume el último párrafo del mismo al ser compatible con los principios y las normas constitucionales. Es mi voto.

A su turno, el Ministro Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El Señor Julio Luis Martínez Meister, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º y 47°de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su ob/igación.

No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene la parte accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor Julio Luis Martínez Meister, era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado, no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan:

"Artículo 46º - De la igualdad de las personas.-Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, ,¿ ., O"V'ftáqu/6'pedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que "' se.éstable e::. sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores s, L!.! ... U-'.-Artículo 47º -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales . 1 En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, reclama su devolución considerando Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; teee-ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio En las ndiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de ad, ya q e implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios orno en el caso del accionante, hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y o cuen n en consecuencia con los años requeridos para acceder a la ,devolu ión de orte , amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente Iegal R r el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llananjente la Caj , en iolación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de !a totalidad d los jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del Señor J4lio Luis Mart nez , cir a que también colisiona con la garantía constitucional contenida n el ,v .. ..- ....... vde ra Ley Fundamental, que dispone: " . garantiza la propi dad Ministro csl: e - Gustavo E. Santander Dans f'Anístro privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución Nacional autoriza ciertas limitaciones de derechos particulares.

En mi opinión, el interés general comprometido en la situación analizada sería siempre, con base al principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatoria, lo que se proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interés particular también involucrado, el del aportante, que al ser desvinculado no podrá acceder a los beneficios de una futura jubilación, entiendo que la limitación legal se halla suficientemente justificada y que el plazo de tres (3) años se halla razonablemente dimensionado, por lo que no deviene Por las razones expuestas, corresponde declarar la constitucionalidad del tercer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106, en la parte que dice "... El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación", quedando rechazada respecto a esta parte del artículo la acción de inconstitucionalidad.

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales, citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 285612006 "Que sustituye las leyes Nº 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio del Señor Julio Luis Martínez Meister, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

1.- El Señor Julio Luis Martínez Meister, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley Nº 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental en la cual acredita su 2.- El accionante encuentra transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) como puede advertirse la citada norma crea una inconstitucional pena de CONFISCACION DE BIENES(. .. )".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro ,<S CORTE SUPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73/91, -.:- ... '1f!La!if1ad e sutrabao, salvo queel '!1,ismo tenga deda con la Caj, ecuyo cao los ""':-()Jefes :-. n. apftcados a la emortizecion o cancelac,on de su ooüqecion" (negritas y .a.-., ... t.-t""n cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º (. . .)

Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun epetendo a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento.

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, acj,J o en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente prótecci o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la 09.l1gación e respetarlo ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligación de no hace por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la/ figura de "prescripción" creada por el Legislador como pilar f damental del orden y la/paz social co el propósito de mantener la calma entre los ciuda anos. Su formación se debe a la influenci de figuras rom contenidas en la Ley d las D ce Tablas creada ar regular a Gustavo E. Saner Ministr ..

Cesar M. Diesel Jun-ghanns Minist'ro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ójeda Mi1üstro 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".

Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre ellos, los jubilados, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez.

Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(.,.) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. ) 1 ". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no 12.- La relevancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos. en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma.

Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión Amaya. JA. Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires. Argentina. Astrea. Pág. 60. CORTE UPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO LUIS MARTÍNEZ MEISTER CI ART. 41º DE LA LEY Nº 2856106, QUE SUSTITUYEN LAS LEYES Nº 73191, co a ií, da -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte 14:.-.-:So ste tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo . ex us<J:: s que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de !i{Ü!}9!]$fitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art.

128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(. . .)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconsütucí nalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplic ilid del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece c mo condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con unf antigüe ad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi vot Gustavo E. Santander Dan Cesar Ministro Ante mí: , o 1eda Y' 'lRIOS .

SENTENCIA NÚMERO: A4 q Asunción, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio,y, mantener incólume el último párrafo;.: e Ley Nº 2856/06 al ser compatible con los cipios y las normas constitucionales, con relación al Señor JULIO LUIS MARTÍ EZ M ISTER, de conformidad a lo establecido e el Ante mí: , Oieda V, tor Rios J . Ministro