ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDRÉS VIDOVICH MORALES C/ ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA LEY Nº EL ART. 30 DE LA LEY Nº 879 - CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL. Nº 4753, AÑO .... tc'"r:i; la :t@ad dsunción, Capital de la República del Paguay, a los nve" 't)aVcios de la Corte ?uprema de Justicia, los Excmos. Señores Mif'!istros de la Sala tiJal, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ante mí Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDRÉS VIDOVICH MORALES C/ ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA LEY Nº 2248/2003 DEL 09/10/2003, "QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY Nº 879 - CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor Andrés Vidovich Morales, por derecho propio y bajo patrocinio de abogados.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA, JIMÉNEZ ROLÓN.
A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, dijo: La parte actora reputa inconstitucional la Ley Nº 2248/2003 "Que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879 del 02 de diciembre de 1981 'Código de Organización Judicial"', que eliminó la competencia de la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas consistente en juzgar las cuentas que deben rendir las instituciones públicas que administran los fondos públicos en virtud del Presupuesto General de la Nación, y limita la competencia de ambas Salas a entender los juicios n prim término, cabe mencionar que, el Tribunal de Cuentas tiene su origen en la Organiz ción Administrativa y Financiera del Estado del año 1909, al que -entre otras nes-le h ía sido encomendada la tarea del juzgamiento de todas las cuentas de las rcrones, presas y establecimientos públicos o personas que administren, recauden o mvie an valo s fiscales o de beneficencia pública; con la exclusiva atribución de aprobarlas defin iva nte, o desaprobarla, para una exoneración de todo cargo a los responsables.
xiste composici n y entación legal. No obstante, ya la norma se encar a de atribu r, a Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro 1 un órgano jurisdiccional inferior, una competencia material específica, es decir, la de Cuestión no menor, pues la Carta Magna se aparta de la técnica legislativa de remitir a la reglamentación legal la competencia de los órganos jurisdiccionales, como se observa en la segunda parte de esta norma constitucional respecto "de /as demás magistraturas judiciales y de organismos auxiliares" y, por el contrario, establece la existencia concreta de uno de ellos; trato excepcional que la Constitución ha dado, también, a la Sala Constitucional Motivo que lleva a admitir que en la ratio de la norma, existe más que una cuestión de nomenclatura, semántica dirían algunos, y que la competencia del Tribunal de Cuentas no se puede agotar en la materia contencioso administrativa, sino que incluye, además, la de Ahora bien, corresponde analizar si existe -o no- superposición de funciones entre estos dos órganos constitucionales; Contraloría General de la República y Tribunal de Considero que la razón lógica manda afirmar que si la Constitución estableció la existencia de ambos órganos, es porque ellos deben funcionar independiente y armónicamente; es decir, no es posible suponer que la Contraloría General de la República absorbió todas las funciones que correspondían al Tribunal de Cuentas. Veamos.
EI Art. 281 de la Carta Magna crea la Contraloría General de la República y le asigna la función de "auditor nacional" de las actividades económicas y financieras de los Entes el Estado y Organismos descentralizados, cuya intervención culmina, tras el trabajo de auditoría y control, con un dictamen final de carácter no vinculante (función técnica administrativa), pues por su naturaleza de acto administrativo simple no posee fuerza de cosa juzgada ni posee fuerza sancionatoria por sí misma, limitándose a la aprobación de la auditoria o determinar alguna irregularidad en el procedimiento administrativo, con eventuales recomendaciones para la parte auditada o la denuncia de la posible existencia de un hecho punible ante el Ministerio Público, el que deberá iniciar la investigación para su Esto nos muestra que la Contraloría no debe ni puede efectuar un juzgamiento de las cuentas, como lo lleva a cabo la instancia jurisdiccional, donde se inicia la etapa procesal en la cual se debe observar la garantía constitucional del debido proceso, a fin de dirimir la responsabilidad del agente ejecutor del presupuesto a través de los mecanismos establecidos por la ley presupuestaria, de acuerdo al procedimiento contemplado en la Ley E n efecto, la más autorizada doctrina se ha pronunciado por la necesidad del control jurisdiccional de los actos de la administración; en ese sentido: " ... corresponde al Poder Judicial el control de la administración, a diferencia del sistema francés en que se considera que no corresponde que la justicia controle la actividad administrativa. De aquel principio se desprende la importante función del juez, como contrapeso fundamental de la administración pública. De esta corta enunciación de razones que otorgan especial realce al contenido y alcance que la protección judicial tiene en el derecho administrativo, se desprende la necesidad de elevarla a la categoría de elemento fundamental de la disciplina. No habrá SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDRÉS VIDOVICH MORALES C/ ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA LEY Nº EL ART. 30 DE LA LEY Nº 879 - CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL. Nº 4753, AÑO inistrativo propio de un Estado de Derecho, mientras no haya en é/ una eaecue protección juaicieí de los particulares contra el ejercicio ilegal o abusivo de la s, fo, administrativa. .. el control ejercido por los tribunales de justicia sobre los órganos . administrativos está destinado, sobre todo, a impedir, prevenir o remediar cualquier violación de los derechos individuales por actos administrativos. La delimitación de esta área de control es, por tanto, una de las funciones más esenciales del Derecho administrativo" (GORDILLO, Agustín. 2003. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo l. Octava Edición.
Inclusive, y con especial rigor, la misma doctrina ha negado que la administración ejerza alguna función jurisdiccional, lo cual - sostiene -está reservado a los órganos del Poder Judicial: "Concluimos así en que la administración no ejerce ningún caso función jurisdiccional. Si sus actos se parecen en alguna hipótesis, por su contenido, a los de aquella función, no tienen sin embargo el mismo régimen jurídico, esto es, la administración no realiza función jurisdiccional" (GORDILLO, Agustín. Ibídem. IX-12); "Ello significa que no puede nunca limitarse la revisión judicial de los actos administrativos con base en una supuesta actividad jurisdiccional ejercida previamente por la administración: hacerlo implica caer en otra de las confusiones que afectan a este tema. La conclusión, pues, consiste en que la doctrina de las facultades jurisdiccionales de la administración, además de no tener asidero constitucional ni jurisprudencia/, no puede tener incidencia alguna válida sobre la revisión judicial; esta última debe efectuarse por igual y con iguales alcances, cualquiera que sea la índole de la actividad que la administración pública haya ejercido previamente" (GORDILLO, Agustín. Ibídem. IX-27); " ... ni de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema ni con las normas constitucionales, puede hablarse de la función jurisdiccional por parte de la administración, con el alcance de sustituir total o parcialmente la actividad jurisdiccional propia de los jueces. Si hacemos la dicotomía 'Jurisdicción judicial" y "jutisdic 'ón a ministrativa" ello no sólo implicará una contradicción lógica insuperable, sino ue ser, otro d los términos que arrojará siempre dudas innecesarias sobre la naturaleza de la re s , n judici /" (GORDILLO, Agustín. Ibídem. IX-30). .:.
r tant , resulta evidente que la competencia de Cuentas de los órganos ses justa y necesaria, lo cual ha sido expresamente en el texto constitucional.- las razones precedentemente expuestas, corresponde hacer lugar a la acción de cionalidad y, por ende, los Arts. 1, 2y 3de la Ley Nº 2248/2003 deben ser inconstitucionales e inaplicables con respecto al accionante. Es mi opinión.
R, 01eda Víctor ros pr. trO La parte actora por derecho propio, bajo patrocinio de abogados, promueve acción de inconstitucionalidad contra los arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 2248, que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879, de fecha 2 de diciembre de 1981 "Código de Organización Judicial".
Alega la parte accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 3, 14, 16, 17, 102, 247, 248 y 265 de la Constitución. El Fiscal Adjunto, Marco Alcaráz conforme al Dictamen de contestación de fecha 12 de noviembre de 2004 (fs.8/14), recomienda hacer lugar a la presente acción de inconstitucional contra los Arts. 1, 2y 3de la Ley 2248/03. --- La Ley Nº 2.248/03, objeto de impugnación, establece: "Articulo 1 º: Modifícase el Articulo 30 de la Ley Nº 879 del 2 de diciembre de 1981 "Código de Organización Judicial", qLe queda redactado de la siguiente forma: "Art.30: El Tribunal de Cuentas se compone de dos Salas, integradas con tres miembros cada una, denominada en adelante Primera y Segunda Sala. Compete a ambas salas entender, exclusivamente, en /os juicios contencioso administrativos, en las condiciones establecidas por la ley de la materia". Artículo 2º: La distribución de /os expedientes obrantes en la Primera Sala queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 3: Quedan derogadas todas /as disposiciones opuestas a la La cuestión sometida a consideración de esta Corte a través de la presente acción, va direccionada a determinar si la ley impugnada transcripta en el párrafo anterior, que elimina la competencia atribuida a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas consistente en juzgar las cuentas que deben rendir las instituciones públicas que administran los fondos públicos en virtud del Presupuesto General de la Nación, limitando la competencia de ambas Salas a entender en los juicios contencioso-administrativos, es o no inconstitucional.
Sobre el punto, la Constitución Nacional de 1992 dispone en su Art. 265: "Se establece el Tribunal de Cuentas. La Ley determinará su composición y su competencia.
La estructura y /as funciones de /as demás magistraturas judiciales y de organismos auxiliares ... " (las negritas son mías). Remitiendo así, a la reglamentación legal la estructura y las funciones de las magistraturas judiciales con excepción de la Corte Suprema de Justicia y de organismos auxiliares. Lo cual es totalmente razonable, por cuanto dichas cuestiones son materia de las normas que regulan la estructura orgánica y las competencias de los Siguiendo la secuencia legal, en cuanto al orden de prelación normativo, el Código de Organización Judicial Ley Nº 879/81, en su art. 30 dispone: "El Tribunal de Cuentas se compone de dos Salas, integrados por lo menos de tres Miembros cada una. Compete a la primera entender en /os juicios contencioso-administrativos en /as condiciones establecidas por la ley en la materia; y a la segunda el control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, conforme a lo dispuesto en la Sin embargo, la disposición legal impugnada (Ley Nº 2.248/03), elimina estas atribuciones que le corresponden a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, conculcando de ese modo el mandato constitucional previsto en el Art. 265 de la Ley Suprema que dice "la Al respecto considero que la interpretación constitucional, necesariamente debe partir del texto constitucional, lo que no implica limitarse a desarrollar su literalidad gramatical, pero ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDRÉS VIDOVICH MORALES C/ ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA LEY Nº EL ART. 30 DE LA LEY Nº 879 - CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL. Nº 4753, AÑO El Profesor Carlos Bernal Pulido, en el estudio introductorio a la versión española de la teoría de los derechos fundamentales, de Robert Alexy 1 , explica que el alcance de lo que él denomina "los márgenes semánticos" de las disposiciones de derecho fundamental (aquí hablamos del texto constitucional), establece límites a los significados posibles de dichas disposiciones, en el caso de autos, debemos decir del tenor literal de la Constitución, del margen semántico del texto constitucional interpretado. La atribución de contenido jurídico fuera de dichos márgenes semánticos, es decir, otorgar un sentido nuevo, especialmente construido a partir de decisiones axiológicas o de operaciones técnicas realizadas, tanto por el legislador como por la doctrina o la jurisprudencia, debe basarse en muy buenas razones normativas o históricas para ser reconocida y admitida, como una especie de juego de lenguaje del mundo jurídico-constitucional, circunstancia que no se percibe en este caso.
El legislador en este caso, no ha explicado por qué el Tribunal de cuentas que es previsto en el art. 265 de la Constitución Nacional, no debe juzgar cuentas, es decir, el legislador no explica por qué del margen semántico del término "cuentas" utilizado por nuestra Constitución Nacional, queda excluido el concepto de "Cuentas", entendido y aceptado en la lengua castellana, como documentos con información contable, que la Ley establece que tienen la obligación de elaborar, aprobar y rendir al Tribunal de Cuentas, en los plazos y requisitos y contenidos previstos, todas las Entidades del Sector Público2 No se puede sostener que la creación de la Contraloría General de la República ha suprimido la competencia material de juzgar cuentas de los órganos jurisdiccionales.
Teniendo en cuenta que la Contraloría tiene un rol eminentemente administrativo, que consiste en emitir un dictamen técnico sobre la observancia de la Ley de Presupuesto y que al no ser vinculante, debe al final ser sometido al tamiz de jurisdiccionalidad, que solo el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por imperio de la Constitución Nacional y a través del La interpretación de las normas constitucionales que crean órganos, deb seguir la regla general de la armonización de las mismas, de manera que ninguna ap ezca com contradictoria o superp . a con otra. Así, es lógico que las normas de la arta Magn , relativas al Tribunal e Cue tas y a la Contraloría General de la República se interpreten e manera a que a os órga os eependientes, pero complementánd se, en cua to 1 Rob rt Alex Teoría de 1ds iw;m hdamMtales. Segunda Edición. Editorial Centro de Estudios Políticos y Co it cales. Madrid, 201. Pág. 52.
ic ario panhispánico de1 español jurídico (DPEJ). https://dpej.rae.es/lema/cuentas 1eda Víctor Rws Además de lo expuesto precedentemente, cabe traer a colación el plexo normativo relacionado al caso, que ratifican también, la competencia del Tribunal de Cuentas:
La Ley Nº 276/94 "ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", en su art. 2 refiere: "La Contra/orí a General, dentro del marco determinado por los Artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público, estableciendo las normas, los procedimientos requeridos y realizando periódicas auditorias financieras, administrativas y operativas; controlando la normal y legal percepción de los recursos y los gastos e inversiones de los fondos del sector público, multinacional, nacional, departamental o municipal sin excepción, o de los oganismos en que el Estado sea parte o tenga interés patrimonial a tenor del detalle desarrollado en el Artículo 9de la presente Ley; y aconsejar, en general, las normas de control interno para las entidades sujetas a su supervisión"; y en su art. 19 dispone: "El control y fiscalización que la Contrataría ejerce sobre las Instituciones de conformidad a la Constitución Nacional y esta Ley, serán sin perjuicio de las facultades que correspondan a otros organismos e instituciones del Estado como el Tribunal de Cuentas, 2ª Sala, a los que por ley se asignen potestades de control y fiscalización". ( las negritas son mías). --- La Ley de Organización Administrativa, establece respectivamente, en su art. 153: "Si en el examen administrativo de las cuentas se encontrase la comisión de algunos de los delitos previstos por el Código y las leyes, el tribunal inmediatamente denunciará a la jurisdicción criminal a los efectos de la instrucción del sumario a los autores y cómplices"; y en su art. 154: "Recibido el expediente de la rendición de cuentas y si el dictamen del Contador General aconsejare la aprobación de ella, el Tribunal de Cuentas examinará determinadamente si todas las partidas están de acuerdo con las leyes respectivas y dentro de los veinte días dictará la resolución correspondiente. Si fuese aprobatoria notificará al interesado, devolviendo el expediente a la Contaduría General para su archivamiento ". ( las De toda la normativa citada, es claro que, la Contraloría General de la República, realiza una función eminentemente técnica-administrativa, y el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, cumple una función de naturaleza jurisdiccional con la observancia de principios legales En conclusión, corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, contra los Arts. 1, 2y 3de la Ley Nº 2248 "Que modifica el Artículo 30 de la Ley Nº 879 - A su turno, el Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, dijo: Cabe disentir de la opinión expresada por los Ministros que precedieron en votación, por los fundamentos que se En primer lugar, cabe decir que esta acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 05 de noviembre de 2003 (f. 6). La integración de esta Sala Constitucional fue puesta a consideración del suscribiente recién en fecha 1 O de abril de 2019 (f. 18) y notificada al accionante en fecha 03 de mayo de 2021 (f. 23). En consecuencia, la demora en dictar resolución sobre la admisibilidad de la acción en este juicio no puede atribuirse a esta Magistratura. Esta demora, se erige en un verdadero exceso y atenta contra el derecho a una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDRÉS VIDOVICH MORALES C/ ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA LEY Nº EL ART. 30 DE LA LEY Nº 879 - CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL. Nº 4753, AÑO Sabido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que opera de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde impulsar el trámite; es decir, en el abandono del proceso. Conforme con lo establecido en la norma citada, el plazo para que opere la caducidad en este tipo de juicio es de seis meses. El cómputo inicia a partir de la fecha de la última actuación que tuviere por Por su parte, el Artículo 175 del Código Procesal Civil expresa: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal.. de igual forma, el Art. 17 4 del mismo Código establece: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes".
Ahora bien, de las constancias del expediente se colige que esta acción fue planteada en fecha 05 de noviembre de 2003 (fs. 03/06). Por providencia de fecha 01 de noviembre de 2004 se tuvo por iniciada la acción y se corrió vista de la misma a la Fiscalía General del Estado (f. 07). El Fiscal Adjunto, Marco Antonio Alcaráz, contestó la vista en los términos del Dictamen Nº 3039 de fecha 12 de noviembre de 2004 (fs. 08/14). En fecha 25 de noviembre de 2004 se dictó la providencia que dispuso: . Autos para sentencia." (f.15).
De tal modo, realizados los cómputos pertinentes surge que, desde el escrito de promoción de la acción, de fecha 05 de noviembre de 2003, hasta el siguiente acto tendiente a impulsar la instancia según la etapa en la que se encontraba: la providencia de fecha 01 de noviembre de 2004 -que tuvo por iniciada la acción y corrió vista a la Fiscalía General del Estado-, se hizo efectivo el plazo de seis meses antes señalado.
En efecto, la pendencia del dictado de una providencia de mero trámite, como lo es la que ordena correr vista a la Fiscalía General del Estado, no es impeditiva del decurso del plazo de perención, ni de la carqade impulso que pesa sobre las partes de instar el proceso, dado que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la caducidad. Esta es la postura asumida -invariablemente- por este Magistrado en casos análogos ( ex plurimis: Sala Constitucional, Auto Interlocutorio Nº 1868 de fecha 06 de Luego, se debe señalar que las actuaciones practicadas con posterioridad al cumplimiento del plazo no pueden purgar los efectos de la caducidad ya operada, ex Articulo En conclusión, no hay otra. alternativa posible que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos autos, irtud a lo dispuesto en el Artículo 175 del Código Pro sal SENTENCIA NÚMERO: A../6 Asunción, et de Ci ¿,;(?vv'brt de 2.024- y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional RESUELVE: Dr. Victor Ríos Ojeda lV1:nUro HACER LUGAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida, y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los Arts. 1 º, 2º y 3º de la Ley Nº 2248/2003 "Que modifica Ar ículo O de la Ley Nº 879 - Código de Orga9-i a ión Judicial", respecto del eñor NDRES VIDOVICH MORALES, de conformidad a o R, e Oieda Dr. Víctor - w,, J Min',,tro