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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 894/2024

2 de septiembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART . 41 º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/01 Y NOTA S.G. NOT Nº 00 23 DE FECHA 15/01/2019". AÑO: 2019. Nº: 30.

Antecedente ART . 41 º DE LA LEY Nº 2856/2006

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PE USTICIA i;"" .. B' 1tcu ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/ 91 Y 1802/01 Y NOTA S.G. NOT Nº 0023 DE FECHA :".,Eñ la ce ad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días, delrnes Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala --iw....~ucional, Doctores, GUSTAVO SANTANDER DANS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: 11 PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART.

41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora Ana María Azorero, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado : DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: La Sra. ANA MARÍA AZORERO VELAZQUEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONE PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota S.G. NOT. Nº 1123 fecha 15 de enero de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados de Bancos y Afines, por la cual se deniega la solicitud de Devolución de Aportes de la Caja Bancaria.- Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts.

46º, 47° y 137º de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109º La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cance/aci - de su obligación.

El derecho a solicitar la d retiro del iad&~u trabajo, los a ites serán 'ados a e Pa~ón Martíne1 ADIJ Uo Secretarlo Gustavo L Santan er Oa M,nistro Víctor R{os OjeJa Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, sg verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Emp eados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria banca Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece primeramente dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución del aporte realizado, uno de ellos, más propiamente un conjunto de ello s, se centra en exigencias relacionadas a aspectos subjetivos o de calidad del estado jurídico de la aportante por definirlo de una manera; por otro lado y constituyendo el centro de la cuestión cuya constitucionalidad se analiza hace referencia a la exacción temporal mínima a objeto del efecto antes enunciado, lapso fijado en un mínimo de diez años de antigüedad.

Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada, a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en varios bancos de plaza, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47° ele la Constitución Nacionalos cuales expresan: "Artículo 46º -De la Igualdad De Las Personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.-El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a /as funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capitulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de corformídad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja". - En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en /as leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos A ires-República Argentina. 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aport es en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradec ir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado lineas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclaMa su devolución ORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART: 41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES side CIA e aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

lisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de , se constata ana clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta -'E~J:&Sta que: "Los fondos y rentas que se obtengan de confqrmidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja': más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ...

"; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quienla propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante, hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los alias requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. Ana María Azorero Velázquez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ...

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Con relación a la Nota SG NOT Nº 0023/19 de fecha 15 de enero de 2019, al ser un acto administrativo de carácter particular que es impugnado conjuntamente con la norma de carácter general y al ser consecuencia de esta última, considero que corre la misma suerte en cuanto a su inconstitucionalidad. - Finalmente la accionante formula agravio contra el Art. 41 en su último párrafo, en lo que refiere a la fijación de un término prescripcional de tres años para el ejercicio del derecho a peticionar la devolución de aportes, no haciendo mención siquiera de qué manera le afecta la normativa impugnada, en momento alguno ha expresado el supuesto perjuicio que representa para la misma su aplicación, debido a que la Caja Bancaria no pronunció en cuanto a la prescripción. La recurrente tan solo se limita a transcribir la disposición tildada de inconstitucional. Esta circunstancia impide su consideración por esta Magistratura que de ninguna manera puede suplir por inferencia la omisión apuntada. -- Por lo precedentemente expuest ión a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Min, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción eclarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que susti 1802101 de la Caja iones y Pensiones de Empleado ', en la parte que c una antigüedad supei:iora die evolución de aporte Sra. ACJE --- Cesar M. Oies hanns Gustavo E. Santander Dans ,.nini Ministro A su turno el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo:

1.-La señora ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY"y contra la Nota S:G: NOT Nº 0023 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019, EMITIDA POR LA Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita .-La accionante encuentra transgredidos los Articulas 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) como puede advertirse la citada norma crea una inconstitucional pena de CONFISCACION 3.-El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.-Corresponderá la devolución de sus apo rte os funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilac ón, que fuesen despedidos, dejados cesantes ue se retiren voluntariamente de las entid ades donde prestan servicio.

La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son mios).

4.-En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a a devolución de aportes en el sector público en general.-- 5. -Al respecto, la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULO$ 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Articulo 1° dice: "Art.

9 (. . .) Aquéllos que se retiren dunción pública sin reunios requisitos para acceder a una jubilaci ón, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitJr la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados 1oor la variación del Índice de Precios aonsumidor (IPC) del Banco Central dearaguay." (Negritas y subrayado son míos).- 6.-Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de ta normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general.

Es evidente que la medida custionada atenta contra los principios consagrados en tos Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 ''De la Propiedad Privada'' de nuestra Ley Suprema. CORTE ,oiJl::JSTICIA , . 0) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 731 , En cu a lo dispuesto en el último párrafo de la normmpugnada: "El derecho a s9!Íllar la -olución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su Yrab .ntiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo rr.-.. .. .,,. .. w,...c11t-,,.......,.,ªctualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia rn. eríos jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonaryiiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.-Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular 9.-Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamacióurante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley.

De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vinculo jurídico que ha permanecido inactuado durante -AI respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante . Asi, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.-Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja banc lver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente término de prescripción), g un conflicto de intereses entre el pa reclamó y los demás ben Caja, entre ellos, los jubilado cuentran en una situacr vulnerabilidad. La Caja Sane d previsional, por tanto financieros están idos tam ro a los afiliados ante s duran lidez. r en res ue a adicha para tiene die Cesar M. Diesel Jungh Mini$~::> ~J. avo . antander Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjui cio de este sector ( ... ) 1 ". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12. -La relevancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financierpresupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 13. -Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado-sea considerada inconstitucional.

14.-Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de l os derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en 15.-De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imoerar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.-De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " (. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(. .. )" (Las negritas son mlas).

17.-El texto normativo impugnado responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta rracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general 'maya. J.A .. Dm:ctor (2018) Tratado de control de coostitucionalidnd y convenc,onalidad. 1 orno 4. Derechos y Garan 1.is. Buenos Aires.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/ " En cuantoal planteamiento en contra de la Nota SG NOT Nº 0023/19 de fecha 15 de "enero de 20W dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos v-f Afines va~éclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la 'encionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que ae la L 19.-De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto A su tumo, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La señora Ana María Azorero Velázquez, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogados, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONEPENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la nota S.

G.NOT. Nº 0023 de fecha 15 de enero de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, en razón de ser contrario a los arts. 46 y 109 de la Constitución Nacional.- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Articulo 41.-Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cance lación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su ob I iga ció n En el presente caso, la señora Ana María Azorero Velázquez se presenta ante esta instancia a efectos de peticionarla declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por párrafos. Nótese que en el presente caso la recurrente, en su escrito introductorio, centró sus agravios en el párrafo primero de la norma impugnada, sin expresar claramente perjuicios constitucionales respecto del terc er párrafo de la norma. Recordemos que el principio de congruencia que rige en el marco formal impide expedirse respecto de cuestiones que no han sido pro es s por las partes, conforme con el art. 15 inc. d) del Cód. Proc. Civ. En consecuen ia, cab el análisis de la pretensió ucida limitándola al El pr" .....

ción de los aportes a lps afiliado de la Caja ancarios quienes hubi~ren fungi calida se hubieren reti do vtjluntariam Gustavo E. Santander Dans Dr. Vfc10r Rfos Ojeda Ministro Ministro limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art5, legislobre la seguridad social dándole un espec tro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, máspecíficamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devción resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrarío al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestrarta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico cortenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo e plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal senti do, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores.

Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados-permite interpretacicnes amplias a fin de garantizar derechos stos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260-la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos r.onstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta asl necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mlnima de diez años para proceder al retiro de los aportes Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 41-prescribe uapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscaorio -art. 109-ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art.

30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocid3 bajl nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de loe; derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 6 ren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con "el propósito pa/a el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este d:fntenido,,.y'sus limites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce <✓ r9~i~d ~rivada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia t l:teban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art. 21 de tal Convención; como asimismo, el art. 46' ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo Pact De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite lser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art.

95 de la C.N. -De la Seguridad Social-contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio . .. En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social En el contexto de una sociedad democrática -art. 1-donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madri d, p. 71, Pablo Lucas Verdú, diciendo " .

.. cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio". El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fiado por n efecto, no debe confundirse la calidad de o que reviste un carácter y vitalicio de los factores económicos que base del sueldo que y autónomos. Así el derecho a la pensió tibie; sin embargo, las periódicas mensuales que la su respecto, considero puede ítimament ncontrar un justo ínter.-.-mrnk, fin de vulnerar en la el d stricción. rest CimdYb .ll1mb Tomo I tii.A11á".Jmmg araguay, ConcorMAº.i~Vc,'rlada y con Jurisprudencia.

Dr. Víctor Ríos Ojedj Mhutro y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadoes aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

Por último, la recurrente ha impugnado asimismo lo que nomina la nota S.G. NOT Nº 0023/19 de fecha 15 de enero de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe la siguiente disquisición. Primeramente, debe advertirse que más allá de la nomenclatura jurídica que las partes les asignen a los actos, ellos no pueden escindirse de su naturaleza. En este caso, puede notarse la nota S.G. NOT Nº 0023 de fecha 15 de enero de 2019 resulta un acto administrativo particular. En efecto, el acto no es general sino concreto y el efecto resultante es de carácter individual 4. En consecuencia, siendo este acto la exteriorización particular de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedidevolución de aportes del afiliado, no cabe sino admitir la acción en cuanto al mismo, por idénticos fundamentos ya mencionados precedentemente.

En conclusión, aten to a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del p rim3r párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 y del acto reglamentario S.G. NOT Nº 0023 de fecha 15 de enero de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de BancAfines al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios; como, asimismo, dejar subs sten artículo 41, último párrafo, de la Ley Nº 2856/06 al ser compatible con los principios I las n rmas constitucionales.

Ante mí: Cesar M. Diesel Junghanns Miní!:!tO i::~J. Dr. Víctor Rlos Ojeda Mini~tro 4 Salvador Villagra Maffiodo. Principios de Derecho Adminislrativo, Ed. El Foro. Asunción, Paruay. 1981, p. 59. ... ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR ANA MARIA AZORERO VELAZQUEZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/01 Y NOTA S.G. NOT Nº 0023 DE FECHA 15/01/2019". SENTENCIA NÚMERO: 'oqLf Z, de ~pt; iri de 202Y .- s méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

91 s, ,L LUGAR parcialmente a la acció~ y en consecuencia declarar la inap 1cabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguar,", la parte que condiciona a una antigüe su erior a diez años a los efe os de la devolución de aporte jubilatorio de I Sra. MARIA AZORERO VELA QUEZ, lo de conformidad a lo establecido en el A . 555 del .P.C . Cesar M. Diesel Junghan s Ante mí: Ministro ,, Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro