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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 856/2024

14 de agosto de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLAUDIO OMAR MORÍNIGO AYALA C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1801/ 01". N° 1066. AÑO 2022.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1801/ 01

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala )' CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL.,!UNGHANNS y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presentan las Abogadas SONIA ESTHER MERELES PORTILLO Y VANESSA LUJAN PIRIZ SORIA, en representación del señor CLA UDIO OMAR MORINIGO A Y ALA, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por vulnerar los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años ue no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se reti en v untariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la ap, icación del citado monto a lamortización o cancelación de su obligación. No serán s ceptibl de devolución los aportespatronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes p escribir después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga u a con a Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de Casar M. OiesE;J Junghanr.s l'JJinlstro CSJ. e c.antander Oans GustaO . J Mnistro El primero de ellos se otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, .cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.- Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.-- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, !ajusticia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminao,iones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos ,y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho-art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts, 24 7 y 260- la responsabilidad de .garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al '1 Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la prte dondese exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

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. : . n conclusión, at?º a los ar?uentos prece 1en bast a ,las disposiciones normativas c¡taas y a los termmos del D1ctry, F1scf,l Ni ¡/23 d"1 f9ha 27¡ ?e anl de 2023 obrante en autosl1 1jpabe Hacer Lugar a la Acc111 de Incons¡ ,c10I).ahclaq planteada prescindiendo la aplicación!fl primer párrafo del Art. 41 q6ll tey i4851 íl? "QUE'Sl/"STTWE LAS EYES NROS,73/9111802/01 DE LA CAJA DE LAWO 11 fENSiqNES t)E' EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de co1 lo midad a 11 11lnrevisto en el Art, 5,5'5 A su turno, EL nr,tor DIEL JUNGHNf 1 )Jo:, El' se': G1;,,IAVD 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/9 1 11 JUBILACIONES Y PENS,IONES DE EMPLEADOS BA Refiere que el artículo impugnado por medio de: ei'ta. aC'ciónj m! J, ihc,onstitucionali lad1 transgrede no solo I ios dr¡;i¡::hos adquiridos, sino también violenta e, 1;1 1 ripcPºI die 'Igualdad Tal y como lo ha relatado' el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 4 7de'Ia Constitución Nacional, el cual expresa:

"Artículo 47-.De las garantías de la igualdad» El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º))a igualdad ante las leyes; 3) 1/a igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación delos beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marcolegal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de ste punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La ropi ad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estab ecidas n las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Edit ial Heli ta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

e anális1je las cuestiones suscitadas y desde constata a clara contradice' y c y rentas .e se an hformidad con : . stavo E. Santander On 1ini.;tro CSJ. / exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una. afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados dla actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con.los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos ennciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Luis María Vera Insfran, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacela accesible para todos ... ".

Por lo precedentemente expuesto, en atención , a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde.hacer lugar. a.la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados , Bancarios del Paraguay"; en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a. los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor CLAUDIO OMAR MORINIGO A Y ALA, 1.- El señor CLAUDIO OMAR MORINIGO A Y ALA, representado por Abogadas, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de 1Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE ,1iUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el: efecto, acompaña. debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos os Artículos 46,, 47 .y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, ehtre otras cosas, que . "(. .. ) 'ante la desigualdad señalada, en la cual se me priva de mis aportes,:parte de mi propiedad privada, por el mero hecho de la falta de antigüedad, confiscando los mismos a favor de fa caja(. .. )".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dicJ.. "Artícu/;1 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten :con una antigüedad superior a los diez años v que no tengan derecho a la iubilación, que ful!sen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga . deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de '' 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcion1 arios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos reladionados a la devolución de aportes en el sector público en.general.v5.-Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOSATICULOS 3º, 9º Y 10 DE L,1 LEr Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE t», CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO"; en su Artículo 1dice: "Art. 9º.- : (. . .) )Jquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun_apel,ando al/os derechos que le otorga la LfY Nº 385609 ;"QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN: LAS CAVAS DEL SISTEMA DE : JUBÍLACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA 'EL,ARTICULO 107 DE LA. LEY Nº 8.- Es importante destacar que todb1 ordenamiento jurídico reconoce 'a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder ele exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e 1htereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el , interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social bon el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas 9.- Así, muchas ramas del Derécho han definido su alcance y efectos, regulando la !'prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandonode la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de .una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

! 0.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o'. liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular dél derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos d Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres añ s (fac r tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad Víctor i' tos Dr. Mi.ni.r;tro Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición' normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse I por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a: la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo 'Y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa q la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como .la arribada - presriptibili?ad de! drecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado eforma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibílidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, -se priva de reclamarlos a quien no 15 .- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, 'que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN; se constituye en la norma de mayor 17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o iMJodada. Ella no resulta irracional 'en. el entendimiento dt que uno de los fines del Estado tiebe ser l resguardo del "interés general" .

,' ' ; 'i 19.-,De esta manera, tµikhdo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, oppo que :¡ i ! en consecuencia, declarar' J6s1 ecto del ac nte la inaplic 1:,lidad del'Artícu lo 4 e la ey Nº 1 .1 2856/06, exclusivamente b¡za parte ue esta Ieee como, condición para la de ()lución¡ e los 1 :. '. L aporfisel requisito pe onar con u . antigüe ad superiora 1 O años, mantenndose in9 'lum,e ' 1' Con lo que se dio c rtifico, quedando cordad Dr. Víctor Rios Ojeda Min;,tro Gustavo E. Santander Dans Ministro v, 01eda Dr. Víctor prs i',linsli o