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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 834/2024

7 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01". AÑO: 2019. Nº: 2854.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, C/ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS ::fc'J(CU - O Y SENTENCIA NÚMERO: cR-hooe"'ob re,no... '1 CuQfl'O. jttl1:';1fi'.de jºo , del añ? dos mil vei"',t-¡¿¿,ro , estdo en la Sala de r-AcuerdCorte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala s,fl -ti:-'tilESEL JUNGHANNS, Ante mí, HI Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Rey Bonifacio Paranderi Otazu, por derecho P revi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el sig4iente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS

A la cuestión planteada el Ministro Doctor CESAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El Señor REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados ces s o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja po rá o ar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No erán susceptibles de devolución los aportes patronales.

El erecho a solicitar la devolución efe aportes prescribirá después de tres años del de afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso p es serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Cesar M. Diésel Júnghanns Ministro CSJ. Gustavo E. S, nt;m er rfañs--- M:;tl.(i'O Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado el accionante, no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º "De la igualdad de las personas" y 47º de la "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los tondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama la devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo a portante a quien la propia CORTE SUPREMA ICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, C/ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS .. ,En las diciones apuntadas surqe evidente, además, una afrenta al Principio de ,. gualdaé('ya implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios -. 'qtfe;:cofño. caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y ;/rSle t,Wn n consecuencia c?n los años requeridos para accder a la devolucin de su a odé( amen de ello, se enge indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Por lo precedentemente expuesto, ,3n atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi 1.- El señor REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2. - El accionante encuentra transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) como puede advertirse la citada norma crea una inconstitucional pena de CONFISCACION DE BIENES( ... )".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la dev "ón de sus a orles a los funcionarios ue cuenten con una anti üedad su erior a los diez años ue no ten an derecho a la ubilación ue fuesen edid s de uuios cesantes o ue se retiren voluntariamente de las entidades nde r, tan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la ortizaci n o cancelación de su obligación .. No serán susceptibles de devolución /os rtes p 'trona/es. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá ué de tres años del retiro del afili'ado de su traba o, salvo que el mismo tenga d con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán aplicados a la amortización o elación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

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Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. oeda Vlctor Rios 1 Dr. Mnstro fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art.

9º (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aporte;s realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad 1en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me 8. - Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado E(,(j CORTE 1 SUPREMA t-T TICIA w.fJt1, ( ef , Al respe, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva " - se produce pe la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".

:, Como prodo vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos 9¡,,,rE;?qÚisitoj21ue configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo ! ; inénte exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante eI tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre ellos, los jubilados, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja .e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La relevancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento die la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por 7.1 men do orden público que representa tendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interes a la sociedad misma. Este i titu o encuentra su respaldo último y sobera 6 en lo q e dispone el Artículo 1 de I CN. o encuentro, pues, razones jurídicas que agan posi le s ener q una onc si, n com la arribada -prescriptibilidad del derech a solicitar la devolución d ap rtes p r parte d I afiliado- sea considerada inconstituciona .

¿" 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(. . .)" (Las negritas son mías).

17 .- El texto normativo impugnado responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés 18. - De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los eportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus A su turno, el Ministro Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: El señor Rey Bonifacio Paranderi Otazu, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, y 109 de la Constitución Nacional.

Artículo 41.- "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En el presente caso, el señor Rey Bonifacio Paranderi Otazu se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada ' Maddaloni, O.A,: Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo, AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- CORTE SUPREMA TICIA "PROMOVIDA POR REY BONIFACIO PARANDERI OTAZU, C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS ,, ntiv, f u primer párrafo, por encontrarla contraria a derechos de consagración 9/' 11,-:-:, ., :-wrimer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados s. '11 "', -c:rja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida atodos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra espec ente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. - De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin e garan izar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.- Recor emos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el oder Pú lico -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de ga ntizar 1. efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer pa , grafo e la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la ci da ja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios u lpales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

la Le 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima In a ia sin runa clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos cons itucion les.- . .:;. ,2r::, ,'.Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dig idad y en su 0,:,. :,--'°té . . , A)el objeto de lograr la objetvacin de la igualdad e los trajadoreeel e rcic o de sus derechos en forma amplia e I te ral resulta as, necesan prescindí la Gustavo E. S2r1t?nder Dans Cesar M. Diesel Jünghanns rv':lnistro Ministro CSJ. oeda Vctor Rios 1 Dr, Mnistro aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción: prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, por ser contrario a los Ante mí: SENTENCIAN Asunción, de Dr. Víctor Ríos Ojed« Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RES U El V E: HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº /91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Parag ay", n la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de devolución de aporte jubilatorio, con relación al accionante REY BQ>NIFACI PARANDERI OTAZU, ello de conformidad stablecido en el Art. 555 del C.P C.

1111 Die-'el Jun hann e sar ¡,.

Ante mí: