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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 842/2024

7 de agosto de 2024

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: "LOS ARTS. 1, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 26, 32 AL 36, 37,38, 39,40,41,43,45, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 60, 61, 63, 64, 68, 77, 80, 83, 86, 87, 88,106, 107, 110, 117, 127, 131, 133, 141, 143, 145, DE LA LEY Nº 1626/2000 DE LA FUNCION PÚBLICA" (PRESENTADA POR JUAN JOSE OPORTO LOPEZ ABOG. Y TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE). AÑ

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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: DE LA IFUNCION PÚBLICA" (PRESENTADA POR 02 JUAN JOSE OPORTO LOPEZ ABOG. Y Llii/J oef TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL ;;; Y ,,.. - R;i'f SENTENCIA NÚMERO: <Yúhel/) tef:) CAJCJ. re"' t-0, ... ,.;En-la Cr.d de Asunción, Capital de la .República del Paraguay, a los coiek, días delmes de(O'-jo del año dos mil veín1 Uktro, estando en la Sala de Acuerdos de Corte,;,;tq) ma de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, .qr-- ' SAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER D s, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: "LOS ARTS. 1, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 21, 24, DE LA FUNCION PÚBLICA" (PRESENTADA POR JUAN JOSE OPORTO LOPEZ ABOG. Y TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE), a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abg. Juan José Oporto López, en Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDAy GUSTAVO SANTANDER A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Sala el Abogado Juan José Oporto López, en causa propia, a promover acción de inconstitucionalidad contra los Artículos 1, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 26, 32, 33, El accionante sostiene que la disposición normativa impugnada infringe los principios 260 de la Carta Magna, ya que dichas disposiciones le ocasionarían una grave inseguridad Como cuestión prelimin r, se impone la verificación de los presupuestos . cuya concurrencia 'In x usable ara habilitar un pronunciamiento eficaz de esta Sala sobre la cuestión de f ndo p teada, nforme a los presupuestos previstos en el Art. 552 el C. - e tander Dans ' Oieda U tJúnstr<f Mnistro el sujeto habilitado específicamente por la ley para pretender y contradecir respecto de la materia objeto del pleito, por considerar lesionados sus derechos constitucionales por dichas Co n respecto a la impugnación del Artículo 5 de la Ley Nº 1626/2000, se desprende que el accionante no reviste carácter de contratado, sino que es funcionario nombrado conforme se desprende de constancias obrantes a fs. 2/ti y 1, por lo que al no ser susceptible de serle aplicada la norma impugnada mal podría verse agraviado por la misma, no estando legitimado Co n relación a la impugnación del Art. 8 de la Ley de la Función Pública, vemos que el accionante no se encuentra dentro de los presupuestos de órgano de confianza previstos en tal disposición normativa por lo que mal podría considerarse al mismo legitimado a reclamar la inconstitucionalidad, por no ser sujeto afectado por dicha disposición.

Respecto a la impugnación de los Arts. 13, 14 y 16 de la Ley Nº 1626/2000, dichas disposiciones normativas reglamentan los requisitos de ingreso a la función pública y las inhabilidades fijadas para dicho ingreso. Sin embargo, de las constancias de autos, específicamente de las resoluciones de nombramiento obrantes a fs. 1, 2/5, se desprende que el accionante ya ingresó a la función pública, por lo que las disposiciones normativas impugnadas no serían susceptibles de ocasionarles agravios concretos a sus derechos.

Siguiendo con el análisis correspondiente del art. 47 y 48 de la Ley de la Función Pública, los cuales hablan la de la estabilidad para conservar el cargo vemos que conforme a la norma hoy impugnada la estabilidad se adquiriría "a /os dos años ininterrumpidos al ejercicio de la función pública". Asimismo, de la norma derogada por dicha normativa -Ley 200/70- se desprende que la estabilidad laboral se adquiría a los 4 meses de cumplir funciones, es decir, como asertivamente lo dijo la fiscalía en su dictamen correspondiente se verían afectados por la nueva disposición normativa los funcionarios que se encuentren entre los cuatro meses a los dos años de antigüedad. No obstante, conforme resolución de nombramiento de fecha 17 de octubre de 1977'- obrante a fs. 1 de autos, vemos que el accionante se desempeña en la función pública al servicio de la ANDE desde un tiempo mucho mayor, habiendo adquirido estabilidad mucho tiempo atrás a la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad.

Considero, por tanto, que el accionante no tiene agravios concretos en esta acción de En referencia a la impugnación de los artículos 106, 141 y 143 vemos que los mismos se refieren a derechos jubilatorios, sin embargo de las constancias de autos no se desprende que el accionante revista carácter de jubilado por lo que al no haber demostrado encontrarse legitimado para dicha reclamación, mal podría concedérsele la impugnación contra tales 50, considero que del escrito de promoción de la acción no se desprende que el accionante haya demostrado en forma fehaciente el agravio concreto causado a sus derechos, conforme a lo establecido en el Art. 552 del Código Procesal Civil y elArt. 12 de la Ley Nº 609/95. Por lo que esta Magistratura considera que la situación torna improcedente el estudio de fondo de las disposiciones normativas objetadas, sino que ameritaría el rechazo de la acción promovida por las mismas por defectos formales en la promoción de la demostración de la lesión concreta ocasionada a sus derechos por las disposiciones normativas impugnadas.

Con relación, a la impugnación del Art. 1 de la Ley de la Función Pública, vemos que dicho articulado consagra el ámbito de aplicación del texto legal, y específicamente los sujetos destinatarios de la misma. Ahora bien, como es sabido conforme a lo estipulado enel Art. 552 del Código Procesal Civil, es deber inexcusable del accionante fundar en términos claros y concretos el agravio concreto ocasionado, estableciendo el derecho constitucional infringido e individualizando la norma atacada. Sin embargo, del escrito de promoción de la acción se ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: DE LA FUNCION PÚBLICA" (PRESENTADA POR JUAN JOSE OPORTO LOPEZ ABOG. Y TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL Por lo que, al no haberse determinado o justificado la lesión concreta ocasionada a sus derechos, cuya titularidad, como se desprende de las disposiciones del Art. 550 y 552 del Código Procesal Civil Paraguayo, tiene como carga acreditar y fundamentar en términos claros y concretos, considero que no existe agravio real que amerite declarar la inconstitucionalidad Respecto al Art. 3 de la Ley Nº 1626/2000 atacado de inconstitucional, que establece "En esta ley el funcionario o empleado público son términos equivalentes, con un mismo alcance jurídico en cuanto a sus derechos y responsabilidades en el ejercicio de la función pública".

En cuanto a la falta de distinción entre funcionario y empleado público, cabe mencionar que el recurrente omitió demostrar cómo tal equiparación perjudicaría a sus derechos concretos conforme a lo prescrito en el Art. 552 del Código Procesal Civil. No obstante, en la hipótesis que el recurrente considere que funcionarios y empleados públicos deberían gozar de derechos laborales diferentes, considero oportuno transcribir lo dispuesto por la Carta Magna, en su Art. 102 en el cual dispone: "Los funcionarios o empleados públicos gozan de los mismos derechos establecidos en esta Constitución en la sección de los derechos laborales", los que son especificados en varias de sus disposiciones (Arts. 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98). Acorde con dicha línea constitucional, la Ley de la Función Pública establece el régimen jurídico de los funcionarios públicos adoptando normas y principios propios del Derecho Laboral, a más de remitir expresamente parte de su articulado a las instituciones y regulaciones del Código del Trabajo derechos laborales, por lo que sería inconsistente hacer una distinción de beneficios, por gozar de calidad de empleado público o funcionario público donde la norma no lo hizo.

Con respecto a la impugnación del Art. 21 de la Ley de la función pública que expresa: "los funcionarios públicos que resulten reprobados en dos exámenes consecutivos de evaluación serán desvinculados de la función pública, dentro de un plazo no mayor a treinta días", alega el accionante que dicha normativa atenta contra la estabilidad consagrada en el Art. 94 y contra los derechos adquiridos establecidos en el Art. 102, ambos de la Carta Magna.- mas que los requisitos establecidos en la norma impugn rJH¡itro CSJ, Gustavo E. Santander Oans Ministro , e, 1eda Dr. Víctor Rios Ministro Al respecto, cabe señalar además -como ya lo mencionáramos- que uno de los requisitos de promoción de la acción es que el accionante demuestre de forma fehaciente el agravio concreto causado a sus derechos, conforme a lo establecido en el Art. 552 del Código Procesal Civil y el Art. 12 de la Ley Nº 609/95. Ahora bien, el accionante al momento de promoción de la presente acción ya gozaba de estabilidad laboral - como se desprende de sus propios dichos y de las documentales agregadas a estos autos- por lo que mal podría sentirse lesionado concretamente en sus derechos por una disposición legal que no le afecta, al tener un derecho Respecto a la impugnación de los Artículos 37, 38, 39 y 107 que conforman el Capítulo V de la Ley Nº 1626/2000, vemos que las disposiciones son claras. En efecto, coincido con el dictamen de la fiscalía pues del texto de las normas mencionadas se desprende que las mismas solamente mantienen y amplían disposiciones equivalentes que ya se encontraban en la norma derogada - Ley Nº 200/70-, por lo que mal podría hablarse de una conculcación de Con relación a la impugnación formulada contra el Art. 43 de la Ley Nº 1626/2000 que establece "la destitución del funcionario público será dispuesta por la autoridad que lo designó y deberá estar precedida de fallo condenatorio recaído en el correspondiente sumario administrativo", manifiesta que al tener más de 1 O años de antigüedad en la ANDE, correspondería su destitución en base a la legislación laboral y no con unas disposiciones de la ley orgánica. El Art. 45 "Si no fuera posible la reincorporación de la destitución del funcionario público en el plazo de dos meses de haber quedado firme y ejecutoriada la sentencia respectiva, el afectado tendrá derecho a la indemnización equivalente a la establecida en el Código del Trabajo para el despido sin causa. Si hubiese adquirido la estabilidad, la indemnización será también la establecida por la legislación laboral para tales casos". Así como, con relación al Art. 53 que establece el régimen de devolución de aportes a funcionarios que no se encuentren en condiciones de acogerse a la jubilación, considero que el accionante AI efecto, conviene subrayar que el accionante no demuestra que se encuentre en peligro de destitución o que haya sido destituido en virtud de la norma hoy impugnada, y mucho menos que esté pendiente de reincorporación a su lugar de trabajo. Por lo tanto, al tiempo del estudio, la norma incoada no le produce un agravio real y efectivo, solo poseen, respecto a ella, meros derechos en expectativa, por lo que no es factible entrar, tan siquiera, al estudio de la cuestión de fondo suscitada. Al no hallarse reunidos los requisitos exigidos por el Art. 550 del C.P.C., que exige que la afectación sea sobre derechos legítimos, lo cual implica que sean derechos en ejercicio; puesto que mal podría exigirse el cumplimiento de derechos de mera expectativa, a los cuales el orden jurídico no les otorga esa posibilidad, por tanto estamos ante una situación insuficiente para recurrir ante esta máxima instancia judicial, correspondiendo el rechazo de la En relación al Art. 57 inc. f) y m) de la Ley Nº 1626/2000 atacado de inconstitucional, considero que el accionante ha fallado en demostrar la lesión concreta ocasionada a sus derechos por dicha disposición legal. Asimismo, se verifica que el mismo no ha cumplido con su deber inexcusable de fundar en términos claros y concretos el agravio concreto ocasionado, estableciendo el derecho constitucional infringido e individualizando la no.rma atacada, En cuanto a la impugnación del Art. 60 inc. 1) de la Ley Nº 1626/2000, se verifica que el agravio principal del accionante versa sobre la prohibición impuesta a los funcionarios públicos -en su caso particular funcionario de la ANDE- para ejercer libremente la profesión de abogado en virtud a la incompatibilidad establecida por ley (Ley de la Función Pública).

AI efecto, cabe señalar que la prohibición impuesta, tiene por finalidad precautelar los intereses estatales, evitando que los funcionarios públicos resten tiempo y esfuerzo intelectual en tareas particulares y, por sobre todo, evitar cualquier eventual conflicto de intereses entre ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: DE LA fUNCION PÚBLICA" (PRESENTADA- POR JUAN JOSE OPORTO LOPEZ ABOG. Y TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL , .,, las causas e:. iculares en que pudieran ejercer la profesión y aquéllas que atañen a la función ":-,, 'que cu como asesores jurídicos de una institución pública en particular. En efecto, el 11Rty,f;lo ttlad? es la función pública entendida como servicio público puesto que esta En el caso de autos, la actora ha optado como profesión la carrera en la Administraci6n Nacional de Electricidad y en el marco de ella, se desempeña como funcionario permanente de dicha entidad. En este entendimiento, si bien la reglamentación legal de dicha institución no establece de forma expresa una limitación al ejercicio de la profesión particular, esto no constituye en modo alguno, libertad para ejercer al mismo tiempo que su función como funcionario público la profesión de abogado de forma particular, puesto que constituye una incompatibilidad de rango legal para quienes revisten la calidad de funcionarios públicos.

En efecto, tales limitaciones establecidas en la norma vigente para los funcionarios públicos no pueden ser consideradas como restricciones a los derechos a la libertad, a la igualdad ante la ley, ni al trabajo; sino como una consecuencia propia de la - normativa constitucional. La elección de la carrera pública no es más que la máxima expresión del derecho a la libertad para escoger el trabajo licito de su preferencia, conforme lo dispone el Art. 86 de la Constitución y dentro del marco de las leyes previstas para dicha carrera, de acuerdo al Art. 101 de la Carta Magna que, en su segundo párrafo, dispone: "La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la Judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial" (las negritas son propias). Por tanto, desde una interpretación teleológica, debe entenderse que pese a la omisión material de la ley, se sigue prohibiendo al funcionario público de una entidad como la ANDE, el ejercicio de otra función pública o privada, remunerada o no.

Con respecto, al cuestionado Art. 61 de la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública", es criterio que vengo sosteniendo en ocasiones anteriores, y en casos similares, que lo estipulado en el artículo 61 de la Ley de la Función Pública y la prohibición que esta norma determina, en nada violenta las disposiciones contenidas en la Carta Magna. El artículo 61 al establecer que ningún servidor público puede percibir dos o más remuneraciones del Estado, teniendo la opción a optar por el sueldo mayor en caso que se encuentre interinado más de un cargo público, más bien se aprecia acorde a las disposiciones contenidas en el artículo 105 de la E I texto constitucional señalado -artículo 105 - establece la prohibición de percibir más de un sueldo o re ración en "simultáneo" como funcionario o empleado público, estableciendo de fo a xpresa la única excepción a esta prohibición recibir una doble remuneración en car cter e funcionario público, cual es la simultaneidad del cobro del salario como tal y a v el oveniente del ejercicio de la docencia. En definitiva, 1 rma impugnada por la ccion nte de ninguna manera puede ser considerada incoo/ ituci nal Cesar iVl. Oiese..l.Jungnanns Ministro CSJ.

Gustavo E. Santander Dans , oeda Ministro Dr. Víctor ,os '1 Mi1ustro disposiciones anteriores, sin especificar o detallar en qué modo este régimen disciplinario establecido en la norma causaría una lesión concreta a sus derechos. Además cabe resaltar, que el accionante no ha demostrado la aplicación de alguna sanción considerada inconstitucional bajo el nuevo régimen disciplinario, que le haya infringido sus derechos o garantías constitucionales, conforme al Art. 552 del Código Civil de Forma.

Por el contrario, según los agravios formulados por el recurrente, surge que el mismo pretende que en el futuro, en caso de ser susceptible de sanción disciplinaria no 'se le apliquen los mecanismos legales vigentes alegando que las normas derogadas eran más beneficiosas al mismo. Ahora bien, cabe resaltar que nada obsta a que las disposiciones de una ley puedan ser modificadas en razón del cambio de las diversas circunstancias sociales, económicas, etc.

por el paso del tiempo. Con respecto a los límites o restricciones a los derechos establecidos en el parágrafo precedente vemos que la actora tenía meros derechos en expectativa.

Por lo que en razón de que no se puede hablar de la existencia de un efecto retroactivo sobre beneficios ya adquiridos, como lo fundamenta el accionante, ya que al momento de la promulgación de la presente normativa legal poseía, respecto a tales derechos, sólo una expectativa de derecho corresponde el rechazo de la impugnación formulada contra dichos artículos. La expectativa de derecho es definible como una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado; por el contrario, el derecho adquirido se da cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en Con respecto a los Arts. 86, 87 y 88 que habla de la jurisdicción competente, que establece la competencia del Tribunal de Cuentas, los recursos correspondientes contra resoluciones dictadas por la autoridad administrativa y el trámite de los mismos, la parte accionante alega que las cuestiones litigiosas suscitadas entre los empleados públicos y el ente estatal, derivados de naturaleza laboral, deben ser subsanados ante la jurisdicción laboral y no la contencioso administrativa. Ahora bien, como es sabido es requisito indispensable de procedencia de acción de inconstitucionalidad que el actor no solo individualice la norma que reputa inconstitucional, sino también conforme! lo estipula el Art. 552 del Código de Forma vigente " ... la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, En efecto siendo un deber de esta Sala, examinar previamente si se hallan satisfechos los requisitos de procedencia de la acción, conforme a lo establecido en el citado Art. 552, en concordancia con el Art. 12 de la Ley Nº 609/1995, corresponde determinar previamente si los agravios del recurrente se ajustan a dichas disposiciones. Así, vemos que si bien el accionante alega que debería serle aplicada la legislación y competencia laboral, no demuestra en términos claros y concretos el daño que la norma impugnada sería susceptible de ocasionarle, por lo que considero que corresponde su rechazo por improcedente.

Con respecto a lareqlarnentación de los derechos de sindicalización, huelga, decisión en asamblea y conflicto colectivo de interés dispuestos en los Arts. 110, 117, 127, 131 y 133 de la Ley de la Función Pública, vemos que el recurrente alega infringen las garantías constitucionales establecidas en los Arts. 16, 17, 98 y 102 de la Constitución Nacional. En este sentido, analizando los artículos de la legislación impugnados, vemos que los mismos no niegan la existencia de tales derechos constitucionales, es decir, no se contraponen propiamente a ellos, sino que solamente reglamentan derechos y obligaciones consagrados en la misma en virtud de la propia delegación legislativa. En otras palabras no hay una violación constitucional propiamente dicha como lo pretende el recurrente, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas resultaría improcedente.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: DE LA FUNCION PÚBLICA" (PRESENTADA POR JUAN JOSE OPORTO LOPEZ ABOG. Y TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL . recurrente 9'<Cí s normas derogadas eran más beneficiosas a sus derechos, violentando <j,'. ,, derechos ,alJ ::-. iridos por el mismo, considero que corresponde rechazar la acción de 'ílcwstü eta alidad respecto al accionante, en razón de que no se puede hablar de la e iteh1a de un efecto retroactivo sobre beneficios ya adquiridos, como lo fundamenta el accionante, ya que al momento de la promulqación de la presente normativa legal poseía, Por todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida contra los artículos 1, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 26, 32, 33, la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública" con relación al accionante, Señor Juan José A su turno, el Ministro Doctor VICTOR RÍOS OJEDA manifiesta: me adhiero al voto del Ministro preopinante CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, por los mismos motivos y; me permito agregar que en estos autos corresponde el levantamiento de la medida de A su turno, el Ministro Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 18/07/23 y procedo a Me adhiero al vot emi 'do por el Ministro César Diésel, así como también a la pinió del Ministro Víctor Ríos jeda, en cuanto al levantamiento de la medida cautel dispu sta e rn icscJunghanns Minitro CSJ, Gustavo E. Santander Dans . . eda Mnistro Dr Víctor Rios OJ . Ministro SENTENCIA NÚMERO: 'e)L(, 7 Asunción, -=t- de ªJoso de 2024- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPRIEMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abg. Juan José Oporto López, de conformida . lo establecido en el exordio de la presente Resoluci . ORDENAR el lev ami nto de la medida de suspensión de efectos dispuesta or A.I. Ante Ministro Dr. Víctor R, s 'Jeda Ministro