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Acuerdo y Sentencia N° 819/2024

29 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GERVASIA SAMANIEGO DE TORRES C/ ART 9 DE LA LEY Nº 4252 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010" Nº:2790 AÑO: 2018.--

Antecedente ART 9 DE LA LEY Nº 4252 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GERV ASIA SAMANIEGO DE TORRES C/ ART 9 DE LA LEY Nº 4252 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL Y SENTENCIA NÚMERO: 0 c,,ho c..Q,,b.) J1'4 r-.'-cvr v-"cl;:rrJa Ciudae Asunción, Capital de la Repúbli?ª del P,aragay, a los V('¡A--l,hl,C V días del mes de vi O del año dos m1IV1":c..vtt1,--o , estando en la Sala de s,;4.-a-qer-cí:t s" e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala ijrl.Jíitucional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GERVASIA SAMANIEGO DE TORRES C/ ART 9 DE LA LEY Nº 4252 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Señora GERVASIA SAMANIEGO DE TORRES por sus propios derechos y bajo patrocinio P re vi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Sala la señora Gervasia Sarnanieqo de Torres, bajo patrocinio de Abogado, a promover acción de inconstitucionalidad en contra del Art. 1de la Ley Nº 4252/201 O que modifica los artículos 3, 9y 1 Oº de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público".

Manifiesta que es funcionaria dependiente de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) y se encuentra en perfectas condiciones de salud y cuenta con experiencia en el desempeño de sus laborales como funcionaria de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, donde sostiene que se desempeña con fidelidad y honestidad. Aduce que la norma impugnada viola lo dispuesto por los Arts. 14, 46, 47, 86, 88, 102 y 103 de la Verificad as las constancias de autos, surge que la accionante justificó su legitimación en la causa por medio de la agregación de la copia de su cédula de identidad y del Decreto Nº 15179 de fecha 18 de octubre de 1996, los que acreditan que tiene 71 años de edad y que reviste la calidad de funcionaria pública, por lo que se haya afectada por la norma Como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la de oc . cía representativa, participativa y pluralisia, fundada en el reconocimiento de dign, ad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dis ne. "El gobierno es ejercí o por I s poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial en un si tema de separación, q ib io, coor. nación y reciproco control. Ninguno de estos pode es pue e atribuirse, i ot fi ar a ot o ni a persona alguna, individual o colectiva, facuind s extraordina fas o suma d I Poder Público. La dictadura está fuera de ley". T das est s característi as ti en im ortantes de aciones en los institutos la mis a Constitució , en s atri cion--aeberes, 1 su finalidad y mo:::::::do:::::.-L Cesar M. Diesel vunghanns IVinistro CSJ.- MiniSt rº oeda Vctol' Rfos 1 Dr, M,inistro Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos >J contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, - asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.

193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 CN.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica especifica (sentencia definitiva) con imperio E n ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Perticioerén del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" ( el subrayado es En consecuencia, a tenor die la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.

Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.

Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GERV ASIA SAMANIEGO DE TORRES C/ ART 9 DE LA v, LEY Nº 4252 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 'l. ;stado 'por::,tisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos p'yf)licos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de , seguridad)Sociaf' ... "el régimen de jubileciones de los funcionarios y empleados públicos" , s-?'(Art-. 'tQ.8 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en óo sonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fiien una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del habe jubi torio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por e paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo po ible su j bilación. Mas, la referida circunstancia, así como e o de tratamiento ot rgan a e te complejo tema de las normas de Seguridad S cial que integran nu stro r enamient jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas co sider más flexibl s o q itativas, orno las que postulan soluciones de paso gradu desd actividad al retiro, algo q corresgonde a la valoración política ,,, gislativa, y n al ám ,- , Ministro Cesar M. Diesel .Junghanns Ministro CSJ.

Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no, podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción 1.- La Señora GERVASIA SAMANIEGO DE TORRES, por sus propios derechos y bajo - patrocinio de profesional abogado, en calidad de funcionaria permanente de la Dirección Nacional de Correo del Paraguay (DINACOPA), conforme instrumentales obrantes en autos, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 39Y 1 O DE LA LEY N 2.345/03", conforme se desprende del 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14,16, 37, 40, 86, 88, 102 3. - De las instrumentales agregadas a autos surge que la accionante, a la fecha, cuenta con 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/10 a la señora GERVASIA SAMANIEGO DE TORRES, procederé al 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima dEi seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, in el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que CQ RTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ' SUPREMA PROMOVIDA POR "GERV ASIA i . - S lA SAMANIEGO DE TORRES C/ ART 9 DE LA debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha rctuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le oft>rgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante/ pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio s, -z¡, lecicf; constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10.- Además, debemos considerar que el limite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones.

Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.

11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.

12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente 111'1 Diesel ºJunghanns Cesar ivinistro CSJ. Ministro Dr, Víctor Ríos Ojeda Ministro El impugnante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones.

Verificados los antecedentes olbrantes en autos, podemos corroborar que la recurrente acredita que reviste la calidad de funcionaria de la Administración Pública, (DINACOPA). No" obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad, se evidencia que la señora Gervasia Samaniego de Torres, a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, - contaría con setenta y un años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.

EI Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47 (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2,7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos los 6!5 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DIE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados. con ese propósito acuerden a los aportan tes y jubilados la administración de dichos entes bejo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.

En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora Gervasia Samaniego de Torres. Es mi voto.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GERV ASIA SAMANIEGO DE TORRES C/ ART 9 DE LA LEY Nº 4252 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL r . Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro ,. Ríos Oje, Asunción, 'l9 de ele 2.02'1,- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro O SECRETARIA J DICIAL I