ACCIÓM DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PABLO LORGIO CÁCERES SILVA C/ ART. 1º DE LA LEYY 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTS. 3,9, Y 1 O DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y /4'1- , a PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO, :" , o ,.,,,. ESPECIFICAMENTE LA PARTE 9UE MODIFICA EL ... Úc..Z ,.eCªEn lf'!Ciudad e Al sunción, Capital de la Repúb.licdel Paraguay, a los ve,'irJ; das días .D/ del mJ,l de J <...J I o del año dos mil v<Z..."l--,ulXtho, estando en la Sala de Acuerdos .s, -- . de a Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, l, 'octores CÉSAR DIESEL juNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PABLO LORGIO CÁCERES SILVA C/ ART. 1º DE LA LEYY 4252/10 "QUÉ MODIFICA LOS ARTS. 3,9, Y 10 DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ESPECIFICAMENTE LA PARTE QUE MODIFICA EL ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por Pablo Lorgio Cáceres Silva por derecho propio y bajo P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: P racticad o el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor Pablo Lorgio Cáceres Silva, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Aurelio Santa Cruz, a plantear acción de inconstitucionalidacl contra el Artículo 1 º de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los arts. 3º, 9º y 1 Oº de la Ley Nº 2345/03 y especialmente en lo que respecta a la modificación del art. 9º de la misma. El mismo manifiesta que dicha normativa resulta En . primer término, debe puntualizarse que,ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta acción. Actualmente cuenta con casi 67 años de edad, según se comprueba con la fotocopia Cesar M. Diese] Junghanns Ministro CSJ.
D Víctor Ríos Ojeda Ministro 1 separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
Como se mencionó más arriba, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.
238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo aque los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de seperecion de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PABLO LORGIO CÁCERES SILVA C/ ART. 1º DE LA LEYY 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTS. 3,9, Y 1 O DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ESPECIFICAMENTE LA PARTE QUE MODIFICA EL eC ormula' ormativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve un,a o' ensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta -,. 1' na disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria L-:..-- ...... 1,na disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)
y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos/os paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
. La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre /os Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz. de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la nor pugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos e ha llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la ilaci 'n forzos de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de és s; e I ámbito úblico, sin embargo, esta limitación, establecida en el are de la requlació del stema jub latorio, a más ele constituir una potestad legislati atribu da constitucion lmente (Art. 1 3 C.N.), responde a criterios objetivos y q e guar n proporcional dad co el fin de hacer efectivos los ya mencionados derecho y princip os constitucion les. E efe , lcrzosa constituye un in mento ! or el cua el Cesar M. Diesel Ju¿anns Gustavo E. Santander Dans Ministro CSJ.
Ministro , s Ojeda ' tor R10 pr. ,nstro Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional. -- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada y el levantamiento de la medida cautelar decretada en autos. Es mi opinión.
1.- Se presenta el Sr. PABLO LORGIO CÁCERES SILVA, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en su calidad de jubilada de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y 2. - Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 47, 94 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "(. . .) sostengo que afectan las normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasar la INACTIVIDAD LABORAL por la sola razón de tener 65 años de edad, vulnera el derecho de continuar trabajando a una persona capaz, honesta e idónea, que son factores indispensables exigidos para el acceso a las funciones públicas en nuestro país".
3.- De las instrumentales agregadas, tenemos que el accionante reviste calidad de funcionario público, ya que agrega a autos copia del Decreto Nº 28507 emitida por la Presidencia de la Republica, Departamento de Hacienda, en donde el mismo fue nombrado en fecha 24 de enero de 1997, constatándose así, que el mismo es funcionario de dicha institución, así mismo surge de la Cedula de Identidad glosada a foja 03 que el mismo cuenta 66 años.
4.- Examinadas las documentaciones citadas (que obran en autos) y considerando que el accionante a la fecha de emitir esta opinión cuenta con 66 años de edad y ante la inminencia la aplicación de la ley 4252/201 O, procederé al estudio de esta acción en los siguientes ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PABLO LORGIO CÁCERES SILVA C/ ART. 1º DE LA LEYY 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTS. 3,9, Y 1 O DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO, e::, ESPECIFICAMENTE LA PARTE QUE MODIFICA EL '.!,- ,.- NuesJa Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno UC. reconocl'Yliento de los derechos fundamentales de. la persona. En su preámbulo reza: "El .s:>" s, ,.,..P,L(r paraguayo; por n:edio de sus egítimos reP_resentantes eunidos en Convención , tL i tonal Consiitüyenie, mvocando a Otos, reconociendo la diqnlded humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad .humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "Jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8.- Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte uede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo inj tifica amente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un P . r del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
R, Oieda D Víctor ros ' Ministro 5 función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 1 O.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. - Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de inconstitucionalidad y ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de los A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Previo al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 14/07/23, por lo que procedo a emitir mi voto en fecha 02/08/23. Dicho esto, pasare al El Señor PABLO LORGIO CÁCERES SILVA, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. De la argumentación manifestada por el accionante en su escrito se interpreta el cuestionamiento a la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que el recurrente reviste la calidad de funcionario público y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. En su escrito de agravios manifiesta que: " ... la normativa impugnada vulnera derechos, garantías y principios consagrados en la Constitución Nacional ... ". Agrega también que el perjuicio sería irreparable por la disminución de su ingreso económico en comparación al que tiene como funcionario activo. Funda la presente acción en ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PABLO LORGIO CÁCERES SILVA C/ ART. 1º DE LA LEYY 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTS. 3,9, Y 1 O DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ESPECIFJCAMENTE LA PARTE QUE MODIFICA EL ;rsiP- - d) ' . ? e,aArt. 1 de la Ley 4252/1 O: ''Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años ,,., ,,. (:l'edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años.de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria.fa monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución rvalC2r-aél primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la --........--1-f-Hn(,, herecion base) por la Remuner.acíón Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cíen por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.
La ley garantizará la actualización de los haberes jubílatoríos en igualdad de tratamiento Gustavo E. Santander Dans Ministro D Víctor Ríos Ojeda Ministro 7 jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad E n consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el Dictamen de la Fiscalía General del Est , oto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor PAB O LO GIO CÁCERES SILVA. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efi ctos di tada por A. l. Nº 109 de fecha 1 O de marzo de 2022. Es Con lo que se d certifico, quedand aco M Diesel Junghanns Cesar Ministro CSJ. -cto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que Ante mí: Ab9Gustavo E. Santander Dans Ministro R, O1ieda V, tov tos ' Ministro SENTENCIA NÚMERO: 0o Asunción, Z L de de 20 Z-L{ .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
ORDENAR el Levantamiento d la Med a de Suspensión de Efectos dispuesto por Mnstro M OietJunghanns esar . Ministro CSJ. Ante , Ojeda Víctor RW5 . Pavón Martín z Abg Juho secretario