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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalPenal

Acuerdo y Sentencia N° 755/2024

22 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA C/ LEY 4252/10 QUE MODF LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2345/03, DECRETO REGLAMENTARIO, Y EL ART. 271 DEL DECRETO Nº 8452/2018 QUE REGLAMENTA EL ART. 280 DE LA LEY 6026/2018. AÑO: 2019 Nº: 820.-

Antecedente LEY 4252/10 QUE MODF LOS ARTS. 3º,

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓIN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA C/ LEY 4252/1 O QUE MODF LOS ARTS. 3º, 9º Y 1 Oº DE LA LEY Nº2345/03, DECRETO REGLAMENTARIO, Y EL ART. 271 DEL DECRETO Nº8452/2018 QUE REGLAMENTA EL ART. 280 DE t C,át l. . ' En 1: .' ti -unción, Capital de la República del Paraguay, a los v <2-'1 i J0 días del mes de ui O de la Corte Su rema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉ AR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER D NS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA C/ LEY 4252/1 O QUE MODF LOS ARTS. 3º, 9º Y 1 Oº DE LA LEY Nº2345/03, DECRETO REGLAMENTARIO, Y EL ART. 271 DEL DECRETO Nº8452/2018 QUE REGLAMENTA EL ART. 280 DE LA LEY 6026/2018", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abg. Jorge Antonio Caballero Noguera en nombre y representación de la señora Dionisia Acela Espínola de Gaona.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado sobre el rechazo de la acción respecto del Decreto N. º 1579/2004 y del Art.

271 del Decreto N.º 8452/2018, comparto los mismos fundamentos. Con relación al rechazo de la impugnación del Art. 1º de la Ley N.º 4252/2010, manifiesto las consideraciones que En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Gustavo E. S2n'.'nder Dans Cesar M. Oiesél Jung Ministro CSJ. , oda Dr. Víctor tuo» 1e .

Ministro separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.

Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.

238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).

En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº2345/03, modificado por la Ley Nº4252/1 0,queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.

Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA C/ LEY 4252/1 O QUE MODF LOS ARTS. 3º, 9º Y 1 Oº DE LA LEY Nº2345/03, DECRETO REGLAMENTARIO, Y EL ART. 271 DEL DECRETO Nº8452/2018 QUE REGLAMENTA EL ART. 280 DE Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el- Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art, 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad(1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.

Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art, 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es uria lim, n del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, es blecid en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más ele constituir una pote tad legi lativ a ibuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a crit ria obj tivos y qóe gu rdan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya ncio ad s derech y princ pios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constit ye un in trument or el cu I el Legislador por un lado .21, 1bilitD1portunida es en I a fu ción pú lica (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6,57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.

1. El Abogado Jorge Antonio Caballero Noguera, en representación de la señora Dionisia Acela Espínola de Gaona, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO" y artículo 271 del Decreto Nº 8452/18 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 6026 DEL 9 DE ENERO DE 2018, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018" conforme 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 47, 49, 57, 86, 92, 101 y 102 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: " ... origina desigualdad, obligar a los funcionarios públicos a jubilarse a la edad de 65 años; mientras que, por otro lado, la Constitución de la Nación establece en su Art. 261 que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia cesaran en su cargo a los 75 años de edad...//1 .. al establecerse la edad jubilatoria para uno y otro grupo, hay discriminación y 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que la accionante, a la fecha, cuenta con la edad de 69 años y conforme al Decreto Nº 2697/2009 se constata su calidad de 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 Ley Nº 4252/1 O a la señora Dionisia Acela Espínola de Gaona, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención ACCIÓIN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA C/ LEY 4252/1 O QUE MODF LOS ARTS. 3º, 9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/03, DECRETO REGLAMENTARIO, Y EL ART. 271 DEL DECRETO Nº8452/2018 QUE REGLAMENTA EL ART. 280 DE Nacional 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para 'proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer lapretensión de la accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.,.

9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco e Ieee parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al le rslado la f tad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exc va sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos t char Gustavo E. S,.n'c::ncer Dans ,.. , . . O Ni Diesel Jung Ministro 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.

11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder 13. Finalmente, en relación al art. 271 del Decreto Nº 8452/2018 que reglamenta la Ley Nº 6026/18, la accionante no expresó ningún agravio en particular que le cause la vigencia de dicha norma, limitándose a citarla en forma general; razón por la cual no procede el estudio por parte de esta Sala de conformidad a lo dispuesto en el art. 552 del C.P.C. No obstante, lo dicho, cabe recordar que la norma atacada era de vigencia temporal, por ser reglamentaria del Presupuesto General de Gastos de la Nación del año 2018 de vigencia anual conforme a la Constitución Nacional; razón por la cual ha perdido virtualidad; por lo que no surge como controversia! sino meramente abstracto y la eventual declaración de inconstitucionalidad de la 14. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad A su turno, el Doctor SANTANDER DANIS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/04/23 y procedo a emitir mi voto en fecha Jorge Antonio Caballero Noguera, Abogado. En representación de la Sra. DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003.contra el Art.

271 del Decreto Reglamentario Nº 8452/2018, que reglamenta el Art. 280 de la Ley Nº 6026/2018 , En el cual para la "Jubilación Obligatoria se Exceptúa el Consentimiento del El impugnante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones El Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).

Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJ'A FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho -a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la prcmutqecion de la- presente Ley.

Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Indice de Precios al Ah ora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los Laley garantizará la actualización de los haberes jubila torios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En relación al agravio respecto al Art. 271 del Decreto Nº 8452/2018 reglamentaria de la Ley Nº 6026/18 no se observa que el abogado de la recurrente haya expuesto agravio concreto contra la disposición impugnada, limitándose a señalarlo en forma general lo cual En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Sra. DIONISIA ACELA ESPÍNOLA DE GAONA En consecuencia, ordenar el levantami nto de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 745 de fecha 27 de mayo del 2021. Es ,;:: Ante mí: SENTENCIA NÚ ERO: S') Asunción, Z 2 de j u t O VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA R, 01'eda D Víctor ,os Ministro Ante mí: Abg. Julio C. Pavón secíetario oda D Vctor Ríos 1e Ministro