Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala , , CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: 9 cuestión planteada, el Doctor DIÉSEL JUNGHNNS dijo: El Señor Teodoro L:eiva Rodríguez, por derecho propio y bajo patrocino de'Aboqado, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad a fin de solicitar la inaplicabllidad de los Arts. 16 lnc. f) y 143 de la 'Ley Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PÚBLICA"; modificados por la Ley Nº 3989/201 O, y contra el Manifiesta el accionante que es Jubilado de la Fuerzas Armadas de la Nación conforme a las instrumentales a fs. 4/8. Igualmente declara que, está siendo considerado para ser contrata ... en carácter de funcionario de la Secretaria Nacional de Inteligencia a fs. 13 de que las disposiciones legales mencionadas up supra obligan stitucio almente a optar entre los haberes jubilatorios y el salario que podría percibir en ter 'de contrato en la Secretaria Nacional de Inteligencia, lo que constituye una clara rnin ión y violación de losArts. 46, 47, 85, 88, 92, 1q2 y 109 de la Constitución Nacional.
nns ::::::¿Gustavo E. SanUBBlt. Ministro Nlinistro CSr. .y(ctor n10 La Ley de Organización Administrativa Nº 22/1909 en su Art. 251 dispone: "Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal sin excepción, deberán optar entre la jubilación o la remuneración del cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones, el importe de la distnbución que d . d 'bir" 1 Es importante resaltar en primer lugar que los Artículos 16 lnc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/00 fueron modificados por la Ley Nº 3989/1 O, sin embargo las modificaciones establecidas en dicho cuerpo legal no ha variado en lo sustancial con relación a los agravios Así las cosas, yendo al fondo de la cuestión planteada, relativa a la aptitud legal para desempeñar función pública a los que gozasen de jubilación obtenida mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para conseguir dicho beneficio, puedo , De acuerdo con autorizadas opiniones doctrinarias de tratadistas de berecho Administrativo cabe puntualizar que el haber jubilatorio no es un favor que hace el Estado, es una devolución de los aportes que el funcionario ha hecho durante todo el tiempo quese halla establecido en la ley. No es una remuneración o salario que el jubilado percibe por trabajos realizados. Es considerado simplemente como una deuda del Estado que tiene con el El Art. 105 de la Constitución prohíbe la doble remuneración del funcionario público al establecer que ninguna persona podrá percibir como funcionario público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan de la docencia. La norma constitucional mencionada es sumamente clara y no ofrece ninguna duda. Pero se refiere a la doble remuneración del empleado público en servicio activo y no pasivo (jubitado).
estableciendo en forma precisa una excepción al referirse al salario que provenga de la docencia. Es decir, la excepción está dada a favor del funcionario público activo que puede percibir su salario como tal y a la'. vez el proveniente del ejercicio de la docencia a tiempo Con referencia a lo expresado sobre la doble remuneración, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia ya se expidió con respecto a este tema, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 566 de fecha 07 de setiembre de 2001 y las que se emitieron posteriormente con referencia De lo expuesto precedentemente podemos sostener que, los referidos Artíclo16 lnc.
O y 143 son conculcatorios del Art. 109 de la Constitución, en razón de que la jubilación constituye un patrimonio del jubilado con carácter vitalicio y ninguna autoridad puede privarle de este beneficio, salvo la excepción expresa de la mencionada norma constitucional.
Por las consideraciones que tecedén opino, que corresponde hacer lugar a Ipresente acción de inconstitucionalidad proovida, y en consecuencia declarar inaplicablelel!Art. 251 de la Ley de Organización Admin'istrativa,' los Arts. 16 lnc. f), y 143 de la Ley Nº 1626/00 (modificados por Ley Nº 3989/1 O), en relación al accionante. Asi también ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Al Nº 2798 de fecha 14 de noviembre de 1. f El señor Teodoro Leiva Rodrlquez, ipor derecho propio y bajo patrocinio de abogado, prorir,iyeve Acción de lnconstitucionalidad 9ontra la Ley 3989/1 O, que modifica el art, 6 inc. f) ACCl1PN I E INCONSTlUCIONALI/: ¡', D PROMOVID POR TEOpORO 1.;,11A 1 RODRíGUE I e, ART. 2s1 mE LA LE'fl .:, E !
. ORGANIZAC!: ÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 O 1 .... :; 'i) t. IC) (MODIFICAl¡lRIA POR LA EY Nº39891 de lla 1Let rt,Jro. 1 , ,9.: sí tarpt;>i cuestiona la const¡'i ucionalidad del Plrt. 251 d'e la ey, Lrimera norma I pugnada inhabilita el infureso ra la función públiba a ios jub1. ,i°s de I la l1dmiristración estat' 1,, 'en cuyo caso, éstos se ep,uentran privadosf de preserjt r:e, . 'i 1uiefa, aj I los concursos : Ü 1blicos. El aquí acciojiante e¡un jubilado de a administr' l;ó,b' públiclal9oorme se despr de de la Resolución DpJP N(¡fl2794 del 21 de j I nio de 20118; i;¡id lo que, 'queda de manifiestb su legitimación para la promoción de la presenté acción.
r,.,JJ: 1 3. Constitucionalmente la idoneidad -Art. 47 numeral 3-se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a '1os 4. Dentro de ese encuadre pueden presupuestarse condiciones tanto positivas como negativas de "idoneidad". Éstas últimas -negativas- se materializan a través de las denominadas incompatibilidades o inhabilidades que es lo que regula, justamente, la norma que nos. ocupa. Estas inhabilidades responden, generalmente, a circunstancias que tienen que ver o que se vinculan con la solvencia moral del potencial postulante, sino véase el ámbito de aplicación de los primeros cuatro incisos de la !norma en examen. Sin embargo, el último inciso, que es el que nos ocupa, no guarda una 'relación adecuada y coherente con dicho contenido fundacional, por lo que, deviene claro que ese no es el reparo que propugna la 5. Aparentemente -porque no se ve con claridad- lo que se pretende tutelar es el acceso a la función pública de aquellos eventuales postulantes que aún no han tenido la posibilidad de ocupar un cargo público como sí lo tuvieron, err su momento, los jubilados. Si ese fuere el caso, la medida dispuesta no puede ser calificada de adecuada porque la finalidad pretendida no es legítima y si acaso lo fuera -que claramente no lo es- tampoco cumpliría el requisito de necesidad a los efectos superar el test de razonabilidad antes dicho.
6. En efecto, aunque con la regulación hay probabilidades de consagrar -al menos parcialmente- dicha finalidad, no obstante, la constitucionalidad de ésta sucumbe ante una notoria falta de coherencia con nuestra norma fundamental, esto, por dos razones c:ie insoslayable relevancia: la primera, es que aquel fin afecta de manera notoria la garantía constitucional de igualdad sin que se observe una justificación sustancial que permita efectuar la distinción establecida; mientras que, la segunda, porque no encuentra respaldo en alguna 7. Dentro de ese contexto; la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía « ... mantengan una coherencia o 'las contltucionales, de surte que o reulte contr. 1 : ie con lo etablecido en la Corstitucón necionel ... »1. La inhabilidad aqut prevista es c ntrana la qarantia citada en el puno anter or toda vez que impide toda posibilid e p stulación a' un concurso público de oposici n evitando, de esa m ra.,..._gue el ciu ada o inmerso e 'la categoría- puje por el a ceso a n ;oº-nt,a,/pedito no respon ,naturalente, aun Ir amiento igua itario sio Ce r M, Die Janns
, Hnist ro C,5.J., ustavo (Santander Dans ' os OjedCl Sagués, N.P. (2019). 1 na/. Buenos Ai!M,jf,(ifflªAstrea. Pág, 741...r VictO': t 8. Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su Art. 86 en concordancia con el in fine del primer párrafo del Art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver Art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad -reconocida constitucionalmente- de seguir ejerciendo la actividad laboral de su preferencia.
9. Hay que destacar que el principio de jerarquía constitucional -Art. 137 de la CN requiere que toda aquella regla infra constitucional que produzca una afectación a un derecho reconocido en ésta de carácter superior -como el de la igualdad- reclama, al menos, algún respaldo en otra norma igualmente constitucional. Así se expide la doctrina al referir que restringidos sólo a través de, o sobre la base de, normas con rango constitucional ... »2 1 p:. No se constata la existencia de otra norma con dicho rango -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular el Art. 103 no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grupo sustancialmente relegado sino que todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edad -la jubilación ordinaria se produce por ésta circunstancia-.
Sobre este punto, la doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable 111 : Cabe resaltar que la Corte IDH, ya ha puesto de manifiesto que « ... La Corte considera que la jubilación es un derecho ejeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones públicas ... »4 . Recordemos que por imperio del Art. 47 numeral 3 de la CN, no hay más requisito que la idoneidad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la jubilación es un derecho ajeno a dicha condición tal como lo indica dicho organismo internacional.
12. Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, innecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocupar un determinado cargo en la función pública quedará supeditado, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia y transparencia así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal corno lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, desde luego, de rango supra 13. De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en este caso, el inciso f) del Artículo 16 de la Ley 1626/2000, modificado por el Art. 01 de la Ley 3989/10, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser declarado en tal sentido.-- 14.' Así también, sigue la misma suerte el Art. 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el Art. 01 de la Ley 3989/1 O, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla gm,l 1 rI de inabilitación estable?ido enel ,iniso f) recientemente analizado: Estojs así, por cwf 1 to que sI la regla general pierde viqencra, desde luego que la excepción a dicha regla deJyne, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que.el jubilado se:cuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, estI habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la Alexy, R. (1993). Teoría de los derechofundamntales. Madrid, España. Pg. 277.- J ' Amaya, J.A., Director (2018). Tratadd de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo¡4. tierechos y Gór, t tías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte !nteramericana de Derechos Humanos No. 14: Igualdad y no disd, inación / Corte lnteramericana de Derechos Humanos, San José, C.R.: Corte IDH, 2021. Pág. 26.
1' ACCIÓN INCONSTI UCIONAJ,1 1' li I PROMOVID 1 1 POR TEODORO : 1.Hf'11 I ART. 251 llE LA 1;.E¡fi',I i E SU PRE . . . ,., ORGf NtZAr.1 Ol';J ADMINISTRt TIVA DELj º contratió I: p', - - 1iemCJ.J, d t 'rrti:tWaa;i;. ' ' consecuencia, . 1 alcance de la incbnstitucio ordenano 1que el . p 1:,e 'áriamente, ocupe una furción dentro de la Adminitrao¡,; n, sino que se procura ,tu . -- a garantIa en e acce I uncion pu ica, qIrcuns ancIr: qudar. como debe de er, 'las resultas y bajo la 6ompeencia exclusiva de a admin¡strad ó 16. Respecto de la c nstitucionalidad del Art. 17 de la Ley 1626/2000, deviene inoficioso ingresar a su estudio tod vez que, atendiendo a lbs efecqs de la inconstitucionalidad de las normas antes citadas, aquellas inhabilidades no aplican para el accionante, en cuyo caso, .no podrá, en la práctica, invocarse como elemento conducente para sancionar la nulidad del acto jurídico -contrato o nombramiento- dado que los impedimehtos aquí abordados -previstos en la Ley 3989/1 O- puesto que, como se dijo, no aplican para el accionante. Aclaramos,' sin embargo, que el incumplimiento de cualquier otro requerimiento si podrá ser invocado por: la autoridad p ú b I ica, si fue re e I caso. L, 17. Finlmente, la parte accionante solicita la in'constitL6ionalidad del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado I de 1909. Dicha norma dispone, básicamente, que el jubilado que ingresa de nuevo a la función pública debe optar entre percibir la i remuneración de la jubilación o elsalario que viene dado con el cargo 18. La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonioadquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al Art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del Art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el Art. 102 de la CN, establece en su in fine el 19. En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « .. !El bloque de constitucionalidad,en materia laboral está bajo el imperio de la proqresivided ,y la irreversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador ... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar, los trabajadores, deben considerarse inaplicables ... »5 . Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que « ... la jubilación no es un beneficio graciable; sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que ha reunido requisitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni dilatarle ... »6 20. En cuanto al salario, el Art, 06 y 09 del Convenio 95 de la Orqanización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley. Nro. 935/64, .,cl-t ne la expresa prohibición de que los empleadores li en forma alguna la libertad d :f traba dor de disponer de su salario impidiendo, incluso que e realicen siquiera descuent s tendie tes 21. Desde I go que nu tra Co stitu i n Naci nal protege el salario de lo trabajado s en su Art. 92, aplicable al cas de c nformi ad a la remisión tuada por el. A . 102 cita 22. Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el Art. 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no 23. Queda visto, pues, que la norma examinada Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909- conculca el principio de prelación constitucional por atentar contra las previsiones emanadas del citado Convenio 95 de la OIT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el Art. 92. Debe pues, decretarse su 24. En conclusión, corresponde hacer lugar a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad de la Ley 3989/1 O, en la parte que refiere al inc. f) del Art. 16 y 143 de la Ley 1626/2000, así como el Artículo 251 de la Ley Nº 22/1909. Asimismo, corresponde levantar la medida cautelar de A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por el señor TEODORO LEIVA RODRIGUEZ, promueve acción de inconstitucionalidad contra los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", el Art. 251 de la "LEY . El recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 46, 47, 86, 88, 102 y 260 de la Constitución Nacional, al negarle el derecho a acceder nuevamente a la función pública y a percibir un sueldo por sus servicios actuales.
Obra en autos la constancia que el accionante tiene la calidad de Sub Oficial de las Fuerzas Armadas de la Nación en situación de retiro temporal, conforme al Decreto Nº 6937 De la revisión de las documentaciones acompañadas a estos autos, surge que el accionante va se encuentra designado como chofer contratado de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). Esta circunstancia constituye motivo suficiente para no atender las objeciones enunciadas respecto a los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/00.
En cuanto a las objeciones contra el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, si bien fue modificada por la Ley Nº 6834/2021, los agravios enunciados no quedan en imposibilidad de ser estudiados. La nueva redacción dispone: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir.
Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubileciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica.-- Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el. Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo,,pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las /Eiyes vigente". La norma propone una elección e1 ntre sus haberes jubilatorios y la remuneración e1 el cargo o empleo a todo jubilado que uelva a ocupar un empleo o cargo público rentado, nacional o municipal.
En este marco no puede dejar de observarse que una persona jubilada, al realizar una actividad laboral¡ pone en marcha! l 1dos derechos que fluyen en simultáneo, que sn. el de ,,. l 1.J.PROrlJIOVID ! POR TEODORO I UE A E. ,,CORTE - ,,, ', RODRÍGUE J / ART. 251 E LA l'..E:f! WE SUP . G?-,? ,o) ' ORGNIZACION ADMINISTRTIVA DEL, percíblr s ! jubilaci 'a.q 1 esponde: la cq pens 1 pión por los años de apoy ¡ ya cumplidos, !por un la ,;- por I otro. b ' percibiíi el salario por la actividalaboral'1 que sel efuentra cu ;'f}' i.l 6t idad propone dobl igualdades que ¡¡son 1dist1 ints la igulaldd- e:n;re todos los qué r, 1-hzan un trabajo, recto', ,e los cuales, od9s tieen:¡dJr:r !,ho a percibir ¡1¡remuneacIn1 f?, r ese trabaio. Tab1en p ppone la realidad¡ entre tod.s I os jubílados, 'quienes les asistiel derecho a percibll¡r el h 9 br jubilatorio que s un deref h 11 que se I accedió por los aos e aporte realizados anteribtmente. Si decimos que tódos I os trabajadores y los jubilados so iguales y a los mismos les corresponde percibir los moritos que les son adeudados, esta aseveración no debe ser distinta cuando la única circunstancia que varía es la de reunir en una sola persona la calidad de trabajador y jubilado, puesto que el origen dlos montos a percibir es totalmente distinto. Sostenemos que el derecho a la igualdad se materializa solamente cuando ante una misma situación, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso de la disposición en estudio, queda evidenciada No puede dejar de notarse, además, que la redacción actual de la ley realiza una exclusión, proponiendo que en el caso del ejercicio de la docencia y/o la investigación científica, la norma no se aplique a los jubilados del'réqirnen de jubilaciones administradosjpor el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía). lo cual muestra una desiqualdad insertada en la propia redacción, puesto que propone que la obligación de optar entre el salario y la jubilación en algunos casos no será necesaria, evidenciando así la existencia de, run tratamiento: distinto ante una circunstancia exactamente igual, que en este caso es, la reincorporación de un jubilado. Estos razonamientos otorgan justificación :a la declaración como inconstitucional de la norma en estudio, por vulnerar la supremacía constitucionatPor las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmente 'a la acciónde inconstitucionalidad promovida y en consecuencia declarar inaplicable el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, modificada por la Ley Nº 6834/2021, en cuanto afecta los derechos del señor TEODORO LEIVA RODRIGUEZ, de conformidad a lo establ .o en el A. 555 del CP?. Corresponde asimismo I t - tarniento de la medida cautel3/disp sta Ante mí: " Gustavo E'., Santander Dans Ministro R, 01eda Víctor ws : Asunción, 22,,, de jul i' 0 Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del artículo 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/2000, modificado por la Ley Nº3989/201 O y del art. 251 de la Ley Nº22/1909, en relación al señor TEODORO LEIVA RODR, UEZ de conformidad a lo establ . , ORDENAR el 1F1-A.Jamiento de la M ida de Su pensión de efectos, dispues por el Cesar M. Diesel Jun¡han Ministro CsJ. Gustavo E. antander Dans Ministro Ante mí: