ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº700/96; Y SENTENCIA NÚMERO: rl d !..,i-e, "'vei A }e 6:li-e,H uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, GUSTAVO SANTANDER DANS VICTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL J HANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 1909, ARTS 16, 17 Y 143 DE LA LEY Nº1626 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº700/96; ARTS. 4, 7 Y 12 DEL DECRETO Nº14.434", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor Carlos Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El Señor Carlos López, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, se presenta ante esta Corte Suprema de Justicia, a fin de solicitar la inaplicabilidad del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, Art. 16, 17 y 143 de la Ley Nº 1626/00, Arts. 4, 7, 12 del Decreto Nº Manifiesta el accionante que sus ingreso a la función pública se produjo por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 8465/1991 y, por Decreto Nº 13482/1996, se acuerda su haber de Retiro como Sub Oficial Mayor de la Policía Nacional, conforme a las instrumentales que acompaña.
Agrega que las disposiciones impugnadas lesionan sus derechos y garantías consagradas en Cesar M. Dieselr-Junghanns Ministro CSJ. , Ojeda Victor Rros pr. i.ni:,no Así las cosas, yendo al fondo de la cuestión planteada, relativa a la aptitud legal para desempeñar función pública a los que gozasen de jubilación obtenida mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para conseguir dicho beneficio, puedo De acuerdo con autorizadas opiniones doctrinarias de tratadistas de Derecho Administrativo cabe puntualizar que el haber jubilatorio no es un favor que hace el Estado, es una devolución de los aportes que el funcionario ha hecho durante todo el tiempo que se halla establecido en la ley. No es una remuneración o salario que el jubilado percibe por trabajos realizados. Es considerado simplemente como una deuda del Estado que tiene con el EI Art. 105 de la Constitución prohíbe la doble remuneración del funcionario público al establecer que ninguna persona podrá percibir como funcionario público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan de la docencia. La norma constitucional mencionada es sumamente clara y no ofrece ninguna duda. Pero se refiere a la doble remuneración del empleado público en servicio activo y no pasivo (jubilado).
estableciendo en forma precisa una excepción al referirse al salario que provenga de la docencia, Es decir, la excepción está dada a favor del funcionario público activo que puede percibir su salario como tal y a la vez el proveniente del ejercicio de la docencia a tiempo Con referencia a lo expresado sobre la doble remuneración, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia ya se expidió con respecto a este tema, a traves del Acuerdo y Sentencia Nº 566 de fecha 07 de setiembre de 2001 y las que se emitieron posteriormente con referencia De lo expuesto precedentemente podemos sostener que, los referidos Artículos 16 lnc.
f), 17 y 143 son conculcatorios del Art. 109 de la Constitución, en razón de que la jubilación constituye un patrimonio del jubilado con carácter vitalicio y ninguna autoridad puede privarle de este beneficio, salvo la excepción expresa de la mencionada norma constitucional.
Por otra parte, la Ley de Organización Administrativa Nº 22/1909 en su Art. 251 dispone: "Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal sin excepción, deberán optar entre la jubilación o la remuneración del cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones, el importe de la Por otra parte, el Art. 88 de la Ley Suprema establece: "No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, de edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales ... ". Sin embargo, la disposición prevista en el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, contempla una discriminación del jubilado con relación a los demás funcionarios públicos, cuando que el único requisito para acceder al cargo es la "idoneidad", obligándolo además a renunciar parte de su patrimonio o a su salario para seguir prestando sus servicios al Estado, circunstancia ésta que vulnera el derecho al trabajo.
EI Art. 1 º de la Ley Nº 700/96 que reglamenta el Art. 105 de la Constitución, agravia igualmente al accionante, en cuanto establece la prohibición de la doble remuneración a los funcionarios públicos. Sostiene que ello afecta su derecho a la propiedad, porque le obliga a optar por su haber jubilatorio o remuneración que percibe por la prestación de sus servicios en el cargo que ocupa actualmente. La citada disposición no denota vicios de inconstitucionalidad, porque reglamenta el Art. 105 de la Ley Suprema, y como expresáramos ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº700/96; En cuanto a la impugnación del Art. 4º inc. b), 7° inca) y 12 del Decreto Nº 14.434/2001 que reglamenta la Ley Nº 1661/2000, son disposiciones legales que estaban supeditadas al ejercicio fiscal del 2002, de lo que resulta.actualmente, inoficioso pronunciarnos con respecto Po r las consideraciones que anteceden opino, que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia declarar inaplicables los Arts, 16 lnc. f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/2000 y el Art, 251 de la Ley de Organización Administrativa, en relación con el accionante. Así también ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta por A.I. Nº 2083 de fecha 31 1. El señor Carlos López, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promovió Acción de lnconstitucionalidad contra los Artículos 16 inc. F; 17 y 143 de la Ley Nro.
1626/2000; Ley 700/96; Art. 4º inc. B, 7 inc. A y 12 del Decreto Nº 14.434. También atacó de inconstitucional el artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909.
2. La primera norma impugnada inhabilita el ingreso para la función pública a los jubilados de la administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a los concursos públicos. El aquí accionante fue pasado a retiro por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13.482 del 27 de mayo de 1.996; con lo cual acreditó su legitimación para 3. Ingresando al análisis del caso, debemos señalar que constitucionalmente, la idoneidad -Art. 47 numeral 3- se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno una resp esta-afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad: tal reglamentación n suco tenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los efectos d ser consi erada 1eda Víctol' RWS Dr- Minstro toda vez que impide toda posibilidad de postulación a un concurso público de oposición evitando, de esa manera, que el ciudadano -inmerso en la categoría- puje por el acceso a un cargo público. Tal impedimento no responde, naturalmente, a un tratamiento igualitario, sino 5. Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su art. 86 en concordancia con el in fine del primer párrafo del art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad -reconocida constitucionalmente- de seguir ejerciendo la actividad laboral de su preferencia.- 6. Hay que destacar que el principio de jerarquía constitucional -art. 137 de la CN- requiere que toda aquella regla infra constitucional que produzca una afectación a un derecho reconocido en ésta de carácter superior -como el de la igualdad- reclama, al menos, algún respaldo en otra norma igualmente constitucional. Así se expide la doctrina al referir que restringidos sólo a través de, o sobre la base de, normas con rango constitucional ... »2 7. No se constata la existencia de otra norma con dicho rango -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular el art. 103 no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grupo sustancialmente relegado, sino que, todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edad -la jubilación ordinaria se produce por ésta circunstancia-.
Sobre este punto, la doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable « ... pero jamás una 8. Cabe resaltar que la Corte IDH, ya ha puesto de manifiesto que « ... La Corte considera que la jubilación es un derecho ajeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones públicas ... »4 . Recordemos que por imperio del art. 47 numeral 3 de la CN, no hay más requisito que la idoneidad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la jubilación es un derecho ajeno a dicha condición tal como lo indica dicho organismo internacional.
9. Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, innecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocupar un determinado cargo en la función pública quedará supeditada, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que. tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia y transparencia, así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, desde luego, de rango supra Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. Pág. 277 Amaya, JA, Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4, Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina, Astrea.
4 Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos No. 14: Igualdad y no discriminación/ Corte lnteramericana de Derechos Humanos, San José, C.R.: Corte IDH, 2021. Pág. 26.- i : ; :- ,'ste anera, resulta visto -ue la norma impugnada, en este caso, el inciso f) del ,,rt,glo-16 Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, no supera el test cJe razor(d, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser declarado en tal sentido.- H sí también, sigue la misma suerte el art. 1.43 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. O 1 de la Ley 3989/1 O, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso f) recientemente analizado. Esto es así, por cuanto que, si la regla general pierde vigencia, desde luego que la excepción a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, está habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la contratación por tiempo determinado. En consecuencia, el alcance de la inconstitucionalidad DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº700/96; 12. Hemos de aclarar que, con tal determinación, esta Corte no está imponiendo u ordenando que el jubilado, necesariamente, ocupe una función dentro de la Administración, sino que se procura tutelar la garantía en el acceso a la función pública, circunstancia que quedará, como debe de ser, a las resultas y bajo la competencia exclusiva del órgano 13. Respecto de la constitucionalidad del art. 17 de la Ley 1626/2000, deviene inoficioso ingresar a su estudio toda vez que, atendiendo a que por los efectos de la inconstitucionalidad de las normas antes citadas, aquellas inhabilidades no aplican para el accionante, en cuyo caso, no podrá, en la práctica, invocarse como elemento conducente para sancionar de nulidad del acto jurídico -contrato o nombramiento- dado que los impedimentos aquí abordados -previstos en la Ley 3989/10-, como se dijo, no aplican para el accionante.
Aclaramos, sin embargo, que el incumplimiento de cualquier otro requerimiento si podrá ser 14. La parte accionante solicita, asimismo, la inconstitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909. Esta disposición legal fue modificada por el artículo 1 de la Ley Nº 6834/20215 , empero, tanto aqu a c o su modificación, disponen que el jubilado que ingresa de nuevo a la función púb ca deb optar entre percibir la remuneración de ilación o el salario que viene da o con el cargo de los derechos indisponibles. Por su parte, el art. 102 de la CN, establece en su in fine el 16. En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « ... El bloque de constitucionalidad en materia laboral está bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador ... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabajadores, deben considerarse inaplicables ... »6 . Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que « ... la jubilación no es un beneficio graciable; sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que ha reunido requisitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni di I a ta rle ... » 7 17. En cuanto al salario, el art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro. 935/64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes 18. Desde luego que nuestra Constitución Nacional protege el salario de los trabajadores en su Art. 92, aplicable al caso de conformidad a la remisión efectuada por el art. 102 citado.
19. Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el art. 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no 20. Queda visto, pues, que la norma examinada -art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 6834/2021- conculca el principio de prelación constitucional por atentar contra las previsiones emanadas del citado Convenio 95 de la OIT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el art. 92. Debe pues, decretarse su inaplicabilidad por ser inconstitucional.
21. Con relación, a la impugnación del Art. 1 de la Ley Nº 700/96 que reglamenta el Art.
105 de la Constitución, agravia igualmente al accionante, en cuanto establece la prohibición de la doble remuneración a los funcionarios públicos. Sostiene que ello afecta a su derecho a la propiedad, porque le obliga a optar por su haber jubilatorio o remuneración que percibe por la prestación de sus servicios en el cargo que ocupa actualmente. La citada disposición no denota vicios de inconstitucionalidad, porque reglamenta el Art. 105 de la Ley Suprema, y la prohibición de la doble remuneración se refiere al empleado público en servicio activo que ocupa dos cargos simultáneamente, y no a quienes se encuentran bajo el régimen jubilatorio y que hayan accedido nuevamente a la función pública. En consecuencia, tal normativa no 22. Respecto a la impugnación del Art. 4 º inc. B, Art. 7° inc. A, y 12 del Decreto Nº 14.434/2001 que reglamenta la Ley Nº 1661/2000, son disposiciones legales que estaban supeditadas al ejercicio fiscal del año 2002, de lo que resulta actualmente, inoficioso Cristaldo Montaner. J.D; Cristaldo Rodríguez, B.E (2022) Introducción al Derecho del Trabajo. Asunción, Paraguay. Fides. Pag. 208.
Cabanellas de Torres, G. (1992). Compendio de Derecho Laboral. Tomo 11. Buenos Aires, Argentina. Heliasta Pag. 992. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº700/96; clusión, corresponde hacer lugar parcialmente a la presente Acción de A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor CARLOS LÓPEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra los Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/00 "DE LA FUNCION 'PUBLICA", él Art. 251 de la "LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA" de 1909 y la Ley Nº 700/96 "QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL QUE DISPONE LA PROHIBICION DE DOBLE REMUNERACIÓN".
Obra en autos la constancia que el accionante tiene la calidad de personal policial en situación de retiro, mediante el Decreto Nº 13482 del 27 de mayo de 1996.
La parte recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 14, 16, causarle un perjuicio irreparable por privarle del salario producido por un trabajo honesto.
De la revisión de las documentaciones acompañadas a estos autos, surge que el accionante ya se encuentra designado funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esta circunstancia constituye motivo suficiente para no atender las objeciones enunciadas respecto a los Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/00.
En relación a la acción contra la Ley Nº 700/96, la disposición no afecta al accionante, debido a que a la fecha el mismo se encuentra acogido a la jubilación.
En cuanto a las objeciones contra el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, si bien fue modificada por la Ley Nº 6834/2021, los agravios enunciados no quedan en imposibilidad de ser estudiados. La nueva redacción dispone: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir.
Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régim de jubilaciones y pensiones, administrado o el Ministerio de Hacienda qu ingrese , se encuentren o se encontraban, como ca tratado o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, / ejercicio la docencia y/o la investig ción científi a.- Cesar M. Dirsrl J1ng Ministro CSJ M:i-1:.,ro nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigentes". La norma propone una elección entre sus haberes jubilatorios y la remuneración en el cargo o empleo a todo jubilado que vuelva a ocupar un empleo o cargo público rentado, nacional o municipal.
En este marco no puede dejar de observarse que una persona jubilada, al realizar una actividad laboral, pone en marcha dos derechos que fluyen en simultáneo, que son el de percibir su jubilación, que corresponde a la compensación por los años de aporte ya cumplidos, por un lado, y por el otro, el de percibir el salario por la actividad laboral efectiva que se encuentra cumpliendo. La realidad propone dos igualdades que son distintas: la igualdad entre todos los que realizan un trabajo, respecto de los cuales, todos tienen derecho a percibir la remuneración por ese trabajo. También propone la realidad entre todos los jubilados, a quienes les asiste el derecho a percibir el haber jubilatorio que es un derecho al que se accedió por los años de aporte realizados anteriormente. Si decimos que todos los trabajadores y los jubilados son iguales y a los mismos les corresponde percibir los montos que les son adeudados, esta aseveración no debe ser distinta cuando la única circunstancia que varía es la de reunir en una sola persona la calidad de trabajador y jubilado, puesto que el origen de los montos a percibir es totalmente distinto. Sostenemos que el derecho a la igualdad se materializa solamente cuando ante una misma situación, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso de la disposición en estudio, queda evidenciada No puede dejar de notarse, además, que la redacción actual de la ley realiza una exclusión, proponiendo que en el caso del ejercicio de la docencia y/o la investigación científica, la norma no se aplique a los jubilados del régimen de jubilaciones administrados por el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía), lo cual muestra una desigualdad insertada en la propia redacción, puesto que propone que la obligación de optar entre el salario y la jubilación en algunos casos no será necesaria, evidenciando así la existencia de un tratamiento distinto ante una circunstancia exactamente igual, que en este caso es la reincorporación de un jubilado. Estos razonamientos otorgan justificación a la declaración como inconstitucional de la norma en estudio, por vulnerar la supremacía constitucional.
Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida, y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 251 de la "LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA" de 1909, modificada por la Ley Nº 6834/2021, en lo que afecta a los derechos del señor CARLOS LOPEZ, de co rrru d a lo establecido en el Art. 555 del CPC. Corres e asimismo el levantamient de la m dida cautelar decretada por el Al. Nº 2083 del 3 de di iernbre de 2001. Es mi vo o.
M O: e 1unghan s Cesar . i e.fil tJ Ministro CSJ.
Ante mí: 0 C Pavón Martínez Abg. u l . ' Dr. Víctor R.íos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº700/96; SENTENCIA NÚMERO: 4 t1- méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
.9. ,,, HA., GAR PARCIALMENTE a la Acción de lnconstitucionalidad promovida s uencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 251 De la Ley Nº22/1909, rnodi icádo por el Art. 1 º de la Ley Nº6834/2021 y de los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº1626/2000, en relación al señor CARLOS LOPEZ, de conformidad a lo establecido ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, di uesta por 1 er O:ms Dr. Víctor Ríos Ojeda M.ilütro