g csuºPR:RETEMA EXPEDIENTE: nn.ro FERNÁNDEZ GUTIERREZ c1 RES. Nº 64/18 DEL 15 DE ENERO DICT. POR EL 2 /E USTIC'IA JURADO DE ENJUICIEMIENTO DE MAGISTRADOS ; .. .. En la e:Lu,ciad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los.-.. días del mes de
9. ... del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, l0s m.kUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y VÍCTOR RÍOS OJEDA, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: ''JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ RES. Nº 64/18 DE FECHA 15 DE ENERO DICT. POR EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS';a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 342 de fecha 27 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala
CUESTIONES
lEs nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia Nº. 342 de fecha 27 de setiembre de 2019, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) NO HACER LUGAR a la acción contencioso administrativa promovida en los autos caratulados ''JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ Res. Nº 64/18 del 15 de enero dict por el JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS -JEM'; 2) CONFIRMAR la Resolución Nº 64/18 del 15 de enero dict.
por el JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS - JEM, 3) IMPON. costas a la perdidose. 4) NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a/ Excm . ue, el Señ r Julio Fernández Gutiérrez, por derecho propio y baj patrocinio amentar el recurso de nulidad interpuesto, en un poco claro edularmente que la resolución recurri arque no se expide sobre todos los pu tos co a, incumpliendo con ello el art. 15 del CPC.-- - --
Dra. Ma. Caroiin_µ"Liam::; O. Ministra Bien, si bien no se observa la incongruencia puntualmente expresada por el nulidicente, se constata que existen elementos que indican que la nulidad debe ser estudiada de oficio, en base a las consideraciones que se pasan a exponer.
Que, debemos convenir que el recurso de nulidad, procede cuando se alegan errores en la propia sentencia por violar formas o solemnidades establecidas por la ley.
O sea cuando la sentencia adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la QUE, analizando cuidadosamente el Acuerdo y Sentencia Nº 342 de fecha 27 de setiembre de 2019, se puede observar que el mismo se basa en la Ley Nº 1626/00 De la Función Pública para estudiar y resolver la cuestión sometida a estudio, sin embargo, la referida ley se halla suspendida en sus efectos con respecto al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según AI Nº 85 de fecha 13/02/2014, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, apartándose así de las previsiones establecidas en la legislación vigente que rigen la materia para el dictamiento válido de Que, al respecto el artículo 404 del CPC es claro cuando prescribe que "El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes". Y cuando la ley habla de forma o solemnidades, debemos remitirnos a lo establecido en los siguientes artículos del mismo cuerpo legal: Artículo 15 Deberes: Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: ... b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia bajo pena de nulidad ... La infracción de los deberes enunciados en los incisos b, c, d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones. Artículo 159 Sentencia definitiva de primera instancia: La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además: ... dlos fundamentos de hecho y de derecho; e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los Que, siendo así, y habiéndose constatado que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, incumplió lo establecido en la ley ritual y que el Acuerdo y Sentencia Nº 342 de fecha 27 de setiembre de 2019 padece de vicios que hacen insalvable su nulidad, corresponde declarar nula dicha resolución y, en base a lo establecido en el artículo Que, al funcionario del JEM, Julio Fernández Gutiérrez, por Resolución Nº 451 de fecha 18/08/2017 le fue asignado el rubro de Director, Categoría B29.
Posteriormente, por Resolución Nº 64 de fecha 15/01/2018, el JEM resuelve DEJAR SIN FO la Resolución Nº 451 de fecha 18/08/2017 y CESAR al funcionario Julio Fernández Gutiérrez en sus funciones como Director de Administración, asignándole el cargo Profesional (I) Categoría C8P. Ya en sede jurisdiccional, el Sr. Julio Fer.nández Gutiérrez, se presenta en fecha 9/02/201 a promover demanda contencioso 'f EXPEDIENTE: JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ RES. Nº 64/18 DEL 15 DE ENERO DICT. POR EL JURADO DE ENJUICIEMIENTO DE MAGISTRADOS esolución !;1 1 1 Que, en primer lugar debemos dejar en claro cuál es el marco legal aplicable al caso que nos ocupa. Como ya se expusiera más arriba, tenemos que los efectos de la Ley Nº 1626/2000 De la Función Pública se encuentran suspendidos en relación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, desde y por A.I. Nº 85 de fecha 13/02/2014, por lo que al caso que nos ocupa le es inaplicable dicha ley. Es criterio hartamente conocido de esta máxima instancia judicial que, decretada la inaplicabilidad del artículo 1 de la Ley de la Función Pública, la norma toda deviene QUE, entonces, el actuar del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el dictamiento de la resolución hoy atacada, basada en una ley inaplicable, se encuadra en lo que se conoce como Teoría de los Actos Propios. Esta teoría constituye una regla de derecho que sanciona como inadmisible toda pretensión contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos, y no puede, por tanto, ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente. Sostiene Diez-Picaza que "el fundamento de la sanción aplicada a la conducta contradictoria se encuentra en la necesidad de guardar una conducta coherente". La seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentida si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente lo hecho para impedir consecuencias o para aumentar su provecho. Por ello debe declararse inadmisible la pretensión de quien sea de colocarse en contradicción con su conducta anterior Que, en base a lo precedentemente analizado, resulta que la Resolución Nº 64 de fecha 15/01/2018, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra resulta nula al basar sus decisiones en una ley suspendida e inaplicable para o/ ha instit ción, situación que ontra las disposiciones establecidas en la Constituc/n Nacional las por todo Jo anteriormente expuesto utiérrez y, en consecuencia, declarar la nuli Ministra Nº 64 de fecha 15/01/2018, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa, la parte demandada, según lo dispone el art. 192 del CPC. ES MI VOTO.
A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, dijo: del recurso de nulidad interpuesto, si bien fue fundamentado por el recurrente, primeramente, al respecto de lo manifestado por el Ministro preopinante, me permito Se constata que el A. y S. Nº 342 de fecha 27 de setiembre de 2019, se encuentra sustentado en la Ley Nº 1626/00. Conforme a los datos manifestados, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados planteó una Acción de Inconstitucionalidad contra dicha normativa, pero aún no se dictó Sentencia Definitiva, solo con una medida cautelar resuelta por el A.I. Nº 85 de fecha 13 de febrero de 2014, se En este punto es importante señalar que las Medidas Cautelares son por definición, provisorias y de carácter excepcional. El Art. 553 del C.P.C dispone: en cuanto a la inconstitucionalidad: " ... La interposición de la demanda no suspende los efectos de la fe½ decreto/ reglamento/ acto normativo o disposición impugnada/ salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere/ a petición de parte/ porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución Considero que la acción de inconstitucionalidad fue planteada para mejorar la Institución y su funcionamiento; no para generar un vacío legal, en especial durante la vigencia de carácter temporal de la Medida Cautelar de suspensión de efectos de algunos artículos; consiguientemente por el principio de razonabilidad no puede existir una institución que no se rija por ley alguna, por ello durante la vigencia de la Medida Cautelar, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podía seguir aplicando los En conclusión, bajo estos argumentos, no se constituyen los elementos que El recurrente expresa agravios, conforme escrito obrante a fs. 112-122 de autos y en resumidas líneas sostiene: " ... La resolución recurrida es NULA DE NULIDAD ABSOLUTA por su notoria incongruencia/ porque no considera ni se expide sobre todos los puntos contenidos en el escrito de promoción de la acción contenciosa administrativa/ violando con ello el art. 15 inc. b) art 404 y concordantes del CP.C Tal incongruencia/ se comprueba/ cotejando el contenido argumental de la resolución en cuestiono: ½ los términos de su parte resolutiva/ en relación al contenido inextenso del escrito inicial de demanda y el punto g) del petitorio.... El Acuerdo y Sentencia.... resuelve una cuestión no planteada/ no solicitada/ no EXPEDIENTE: JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ RES. Nº 64/18 DEL 15 DE ENERO DICT. POR EL JURADO DE ENJUICIEMIENTO DE MAGISTRADOS a.: a nulidad el artículo 404 del Código Procesal Civil prescribe: "Casos en que pr7/cede: El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas s_ron.yiolación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes', y el Art. 15 del mismo cuerpo legal establece: "Deberes: Son deberes de los jueces, sin perfuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: ... b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nuüded". .. d) pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo AI respecto, el Art. 15 arriba transcripto trae a colación el Principio de Congruencia, sobre el cual nos menciona el autor argentino Lino Palacio que: ''La ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio sujetos, objeto y causa). Se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y que reconoce, inclusive, fundamento constitucional (..) tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito (citra petita), como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso. En este último supuesto la sentencia incurre en el vicio llamado extra petita. También puede darse el caso de que el juez emita pronunciamiento ultra petita, el cual tiene lugar cuando el fallo excede el límite cuantitativo o cualitativo de las peticiones contenidas en la pretensión o la oposición, concediendo o negando más de lo reclamado por las Así la cuestión, se pasa a analizar el escrito de demanda obrante a autos, constatándose que, en dicho escrito, específicamente a fs. 24-25, onsta que el señor Fernández Guitiérrez, solicitó se revoque o anule la resolución ad inistrativa y nterior o similar con la equiparación salar"al y benefici Tf ri bu na l analizó si el cargo del cua .
lo a fin de determinar si reviste o no de re arouna Lumes v. Ministra administrativo, sin embargo, no se pronunció respecto a las demás solicitudes. Así, en el caso en estudio fue vulnerado el Principio de Congruencia del tipo citra petita.
Con base en las consideraciones hechas en los párrafos que anteceden y al plexo legal aplicable al caso de marras, corresponde ANULAR el Acuerdo y Sentencia Nº 342 de fecha 27 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Cuentas, El artículo 406 del Código Procesal Civil dispone: ''Resolución sobre el fondo. El tribunal que declare la nulidad de una resolución, resolverá también sobre el fondo, aun cuando no se hubiere deducido epeteaon'; El referido artículo habilita a resolver la cuestión de fondo, por lo que a continuación corresponde estudiar la En tal sentido, el señor Julio Fernández Gutiérrez, plantea la demanda contra la Resolución DGGTH Nº 64/18, de fecha 15 de enero de 2018, dictada por el Presidente del Jurado de enjuiciamiento de Magistrados, que resuelve: rt. 1: DEJAR sin efecto la Resolución DGGTH Nº 451/17 de fecha 18 de agosto de 2017, por la cual fue asignado el funcionario Julio Fernández Gutiérrez, con C I Nº... en el Rubro presupuestado de Director; en la 2000, Categoría 829. Art. 2: CESAR al funcionario Julio Fernández Gutiérrez, con C Nº 1.721.403, Dlreaor. 829, en sus funciones como Director de Administración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien pasara disposición de la Dirección General de Gestión de Talento Humano, partir de la firma de la presente Resolución. Art. 3: DECLARAR vacante el rubro presupuestado de Director, en la 2000, Categoría 829 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a partir de la firma de la presente Resolución. Art. 4: ASIGNAR al funcionario Julio Fernández Gutiérrez, en el cargo presupuestado de Profesional (1), C8P conforme a Anexo de Personal del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a partir de la firma de la presente Resolución. Art. 5: COMUNICAR quienes corresponda y cumplida, En el escrito de demanda sostiene el actor en resumidas líneas que: " ... el art 94 y 86 de la constitución nacional, garantizan la estabilidad laboral y la irrenunciabilidad de los derechos en la materia; ... el ajuste salarial, entre el cargo o la categoría a la que el funcionario regresa, una vez que haya sido excluido del de "director- cargo de confianza, en cuyo contexto adquiriera una remuneración y beneficios superiores al de la categoría a la que es regresado ... el progreso natural de todo funcionario público en cuanto a su categoría, remuneración y otros beneficios, es y debe ser siempre ascendiente; y salvo justa causa, esa proyección no se puede detener ni retro-avanzar. en este caso, inevitable e indubitablemente, debió procederse al mejoramiento con el ascenso de la categoría y remuneración de funcionario público, pero Jamás como ocurriera en el caso que me afecta, disponerse discrecional y antipáticamente la "capitis aimmotta'; vedado por la constitución ... y en la leyes ... antes que afectar mis remuneraciones y beneficios laborales ''adquiridos e EXPEDIENTE: JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ RES. Nº 64/18 DEL 15 DE ENERO DICT. POR EL JURADO DE ENJUICIEMIENTO DE MAGISTRADOS Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, contesta la demanda y argumenta que: " ... por Resolución DGGTH Nº 64/18 el Presidente del JEM dispuso la cesación en su cargo de Director de la Dirección de Administración/ gozando dicha decisión de la más absoluta legalidad, ya que el artículo 8de la Ley Nº 1626/2000 'VE LA FUNCIÓN PÚBLICA '; dispone claramente que son cargos de confianza y de libre disponibilidad de la máxima autoridad los cargos de Director. Por tanto/ la decisión de cesar en el cargo de Director de la Dirección Administrativa del JEM no puede tener reparo alguno ...
Que/ en cuanto al otro punto que reclama el accionante tiene que ver con la remuneración básica y bonificación por responsabilidad en el cargo. En el Petitorio se observa que solícita que el JEM siga abonando al mismo la suma de Gs. 15.000.000 más una bonificación de Gs. 4.500. 000. En efecto/ esta petición resulta absolutamente improcedente/ pues carece de cualquier respaldo lega¿ doctrinario y Jurisprudencia! tal como se demostrará a contínuación. . .surge la protección para el funcionario de carrera que haya ocupado un cargo de confianza/ la de optar por volver a las funciones que cumplía con anterioridad o percibir una indemnización prevista para los despidos sin causa. NO ASÍ LA DE RECLAMAR PERMANECER EN LA CATEGORÍA DE CARGO DE CONFIANZA Y PERCIBIR LA REMUNERACIÓN BÁSICA PARA LOS MISMOY MENOS AÚN LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA DICHO CARGO. Esta pretensión resulta inadmisible. Que/ en consecuencia/ pretender recibir la remuneración que corresponde a un Director por más que no ejerza el cargo no se compadece con las disposiciones legales mencionadas/ y menos aún los beneficios que corresponden al cargo/ como la bonificación por responsabilidad, ya que ese beneficio percibe el que efectiva ente ocupa el cargo ... " termina solicitando el rechazo de la demanda conte cioso ANÁLISIS JURÍDICO: 6/14 de fecha 02 de julio de 2014, se nández Gutiérrez en el cargo presupuestado A6O, y por Resolución RRHH Nº 222/16, de fecha 16 de agosto de 2016, fue designado como Director de Administración, con el mismo cargo y categoría, siendo recategorizado en el rubro presupuestado de Director, Categoría B2Z, por Resolución 281/16, de fecha 30 de agosto de 2016. Posteriormente por Res. DGGTH Nº 451/17 de fecha 18 de agosto de 2017, el citado funcionario fue confirmado como Director de Administración con el mismo cargo y categoría. Por último, en la por Resolución DGGTH Nº 64/18 se dispuso la cesación en su cargo de Director de la Dirección de Administración, cual se designa al accionante en el cargo de Profesional I Categoría Pues bien, habida cuenta de esta Resolución Nº 64/18, y considerando conculcados sus derechos, el señor Julio Fernández Gutiérrez se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a instaurar la presente demanda, con el fin de obtener la revocación de la citada Resolución, y a modo de obtener su reposición en el cargo anterior o en otro de igual o similar categoría con la equiparación salarial y Se procede al análisis de la resolución recurrida, de la misma se constata que dicho acto administrativo se encuentra sustentado en la Ley Nº 1626/00. Al respecto conforme al informe de la Sala Constitucional, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados planteó una Acción de Inconstitucionalidad contra dicha normativa, pero aún no se dictó Sentencia Definitiva, solo una medida cautelar por la cual se Repitiendo lo manifestado anteriormente, la institución administrativa ha presentado acción de inconstitucionalidad contra los Art. 1, 7, 15, 27, 35, 36, 74, 95, 96 inc. n) y o) y 100 de la Ley 1626/00 'Ve la Función Pública'; en la cual no se dictó aún Sentencia Definitiva, y con una medida cautelar (A.l Nº 85 de fecha 13 de febrero de 2014), se suspenden los artículos atacados de la Ley Nº 1626/00, es decir, mientras dure la vigencia de la Medida Cautelar, en lo que se refiere al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se puede seguir aplicando los artículos no suspendidos de la ley 1626/00, porque la institución no puede quedar sin ley aplicable ante los conflictos que se presenten entre esta y los funcionarios que la componen.
Ahora bien, del escrito de demanda se tiene que el accionante no cuestiona que el cargo de Director de Administración, sea de confianza. Sí solicita que se le reponga en el cargo anterior y seguir manteniendo las remuneraciones percibidas Así pues, de las normas legales pertinentes, traemos a colación las siguientes disposiciones aplicables contenidas en la Ley Nº 1626/00: ''Artículo 8.- Son cargos de confianza ½ sujetos a libre disposición, los ejercidos por las siguientes personas: ... , e) los directores jurídicos, económicos o similares de los organismos o entidades del Estado, con excepción de los que integran la carrera de la función pública. Esta enumeración es taxativa. Quienes ocupen tales cargos podrán ser removidos por disposición de quien esté facultado para el efecto por la ley o, en ausencia de éste, f ,- SUPRfrMA J-(" h u StlC:IA.
f!/J .. 1Jo/hxim1ytoridad del organismo o entidad respectivo del Estado. La remoción de tos cargósj aún por causas no imputables al funcionario/ no conlleva los efectos econormcos.det despido. Los funcionarios que hayan sido promovidos a ocupar estos servan los derechos adquiridos con anterioridad al respectivo EXPEDIENTE: JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ RES. Nº 64/18 DEL 15 DE ENERO DICT. POR EL JURADO DE ENJUICIEMIENTO DE MAGISTRADOS nombramiento. Artículo 9.- Cuando se produzca la cesantía de un funcionario con estabilidad que hubiera estado ocupando un cargo de confianza/ el afectado podrá optar por volver a las funciones que cumplía con anterioridad o por recibir la En el caso de autos el demandante ejercía el cargo de Director de Administración, considerado de confianza y por tanto de libre disposición. De igual manera el accionante reconoce esta situación; por ello sin lugar a duda se debe confirmar los puntos 1,2, y 3 del acto administrativo recurrido.
Con respecto al punto 4 del acto administrativo impugnado, por el cual se designa al accionante en el cargo de Profesional I Categoría C8P, se debe analizar si la El art. 9 de la Ley Nº 1626/2000 ya citado establece que, siendo el funcionario de carrera, el Sr. Julio Fernández Gutiérrez, luego de ser apartado del cargo de confianza, podrá optar por seguir en la función pública y por ello plantea la acción a Entonces, se debe determinar cuál es este cargo, y al respecto conforme a la propia resolución atacada en el considerando se manifiesta que el accionante fue nombrado como Asesor, Categoría A60; éste, por su naturaleza implica un cargo de decisión, de alta jerarquización, con la obligación de confidencialidad de sus tareas, con facultades de dirección, fiscalización, vigilancia y dictaminar a los efectos solicitados por su inmediato superior y pudiendo resultar este dictamen vinculante a la decisión final de la administración, como por ejemplo lo estipulado en el art. 16 de la . Por esta razón, y las características del cargo de asesor ya citadas, el mismo también es considerado un cargo de confianza dentro del Jurado de La Resolución DGGTH Nº 64/18, de fecha 15 de enero de 20 , en u artículo número 4, se asigna al funcionario Julio Fernández Gutiérrez, un Ministra En cuanto al pedido de equiparación y el pago de beneficios percibidos durante el ejercicio del cargo de Director, al respecto, si bien es cierto que el 47 de la Ley Nº 1626/00, en su primera parte reza: ''Se entenderá por estabilidad el derecho de los funcionarios públicos a conservar el cargo y la jerarquía alcanzados en el respectivo escalafón ... " sin embargo esto es así siempre que ellos no sean de confianza y que el cargo y categoría se correspondan, tal lo indica el art. 31, al disponer "Jerarquía es el orden en que se organizan los cargos en relación con la preeminencia de cada uno de ellos" y el art. 32 al disponer "Categoría es la clasificación presupuestaria de cada cargo. Para su determinación se considerará el orden Jerárquico del mismo. "
De lo expuesto se colige que el accionante no puede pretender la categoría del cargo del cual se lo apartó, dado que dicha categoría corresponde al cargo de Confianza, lo cual es de libre disposición conforme a la normativa antes citada, y en consecuencia no genera ningún derecho a favor del mismo, la administración puede En relación a la bonificación percibida, durante el ejercicio en el cargo de Director, se debe aclarar que dicho emolumento corresponde durante el ejercicio efectivo del cargo, una vez separado del mismo ya no corresponde seguir percibiendo.
Los beneficios que el cargo otorga, son solamente de quien ocupa el cargo y se pierde automáticamente al separarse del mismo. En virtud al principio de razonabilidad imperante en el Derecho Administrativo, una Institución no puede asignar los beneficios reclamados a funcionarios que no ocupen los cargos para los cuales dichas remuneraciones solo corresponden a quien lo ocupa efectivamente.
POR TANTO, en virtud a todo lo hasta aquí expuesto, corresponde NO HACER LUGAR a la demanda interpuesta por el Sr. Julio Fernández Gutiérrez y en consecuencia CONFIRMAR ia Resolución DGGTH Nº 64/18, de fecha 15 de enero de 2018, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En cuanto a las costas, estimo que las mismas deben imponerse en el orden causado, considerando la manera en que fue resuelta la cuestión y dado que el accionante actuó con razonable convicción del derecho que le asistiera, o sea, de buena fe, todo ello en virtud a la facultad conferida por el artículo 9 de la Ley Nº 1462/35. ES MI VOTO.
A su turno, el Ministro Dr. VÍCTOR RÍOS OJEDA, manifiesta que se que antecede, por los mismos - bQÍR Secretaria Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: JULIO FERNÁNDEZ GUTIERREZ C/ RES. Nº 64/18 DEL 15 DE ENERO DICT. POR EL JURADO DE ENJUICIEMIENTO DE MAGISTRADOS VS ;Jéritos del Acuerdo que antecede, . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL '/, RESUELVE: Asunción, to de j '--lo.; o 2.024.- 1) DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo y Sentencia Nº 342 de fecha 27 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los motivos 2) NO HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa promovida por 3) CONFIRMAR de la Resolución Nº 64 de fecha 15/01/2018, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por los motivos expuestos en el exo io de Dra. Ma. CaróTína Llanes O.
Ministra