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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 625/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 Y NOTA S.G. NOT Nº 740/2019 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019".

Antecedente ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006

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CORTE. SUPREMA oEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº .... . '1luda -- Asunción, Capital de la RepúblicdeParaguay, a los clodías, ,9 del ms.0 1 . , del año dos mil -.J1 "Ubro, estando en la Sala de .-- ' cú'efdb'-s'' de larte Suprema deJusticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala ,.t/.JRion 1loctores, GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y C AR.Jcll-ÉL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACC.IÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ACCIÓN DE lNCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 Y NOTA S.G. NOT Nº 740/2019 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora Candy Fabiola Recalde Páez, Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: La Sra. CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota S.G. NOT. Nº 740/2019 de focha 18 de julio de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados de Bancos y Afines, por la cual se deniega la Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad cons a en los Arts. 46º y 47° de la Constitución Nacional, colisionando al mismo La di osición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la olución e sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a diez añ s y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados c antes que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja rá o ar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su , ojeda Víctor ]lioS Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece primeramente dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución del aporte realizado, uno de ellos, más propiamente un conjunto de ellos, se centra en exigencias relacionadas a aspectos subjetivos o de calidad del estado jurídico de la aportante por definirlo de una manera; por otro lado y constituyendo el centro de la cuestión cuya constitucionalidad se analiza hace referencia a la exacción temporal mínima a objeto del efecto antes enunciado, lapso fijado en un mínimo de diez años de antigüedad.

Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada, a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en varios bancos de plaza, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 4 7° de la Constitución "Artículo 46º - De la Igualdad De Las Personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores "Artículo 47° -De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja". --- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

CORTE "SUPREMA ,,,í JUSTICIA N ' , 1, tc?t.Pe a concepto trasuntado l!neas arriba, n defena de las atribuciones que ?r .,,. cJreQ_o possobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución ,::"cn<s:iera- que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

s, n t.De análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en 'caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin 'otro perjudicado que el mismo a portante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PIROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante, hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. Candy Fabiola Recalde Páez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función Con relación a la Nota SG NOT Nº 740/19 de fecha 18 de julio de 2019, al ser un acto administrativo de carácter particular que es impugnado conjuntamente con la norma de carácter general y al ser consecuencia de esta última, considero que corre la misma Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la . perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonab ente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si exi e pr porcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería urar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Nacional autoriza ciertas limitaciones de derechos particulares.

i opinión, el interés general comprometido en la situación analizada sería pre, c n base al principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubil toria, e s proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones pres tes. De u , atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interé partic ar en involucrado, el del aportante, qUEal ser desvinculado no podrá a ceder a I s ne retos una futura jubilación, entiendo que la limitación legal se halla su icienteme e r,,;,. ,. r..: j, Gustavo E. S2nt"nder Dans , s Oje ytctor RW Por las razones expuestas, corresponde declarar la constitucionalidad .del tercer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06, en la parte que dice "... El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación", quedando rechazada respecto a esta parte del artículo la acción de inconstitucionalidad.

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas., considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, así como de la S.G: NOT Nº 740 DE fecha 18 de julio de 2019, de la señora Candy Fabiola Recalde Páez, ello de conformidad 1. -La señora CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y"y contra la Nota S.G: NOT Nº 740 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019, emitida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental 2.- La accionante encuentra transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) como puede advertirse la citada norma crea una inconstitucional pena de CONFISCACION DE BIENES(. .. )".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionatios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1º dice: "Art.

9 (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS -CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO CORTE SUPREMA / ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: . "PIROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 IIQUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº .. 7 E Lj>.. lrl? Nº 1626/00 "DE LA FUNC/ON PUBLICA", podrán solicitar la devolución , el 90n5-lt' nta or ciento de sus a orles realizados a ustados or la variación .del Indice Precios al Consumidor IPC del Banco Central del Para ua . "(Negritas .- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad 'ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra tos principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley 7. - En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribiré después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador corno pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular 9. - ', muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando pres ipción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el inio d cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio liberars de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del andono e la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones ñaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se contrarí sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado rante . periodo prolongado de tiempo. :., . fJI. D--1 Junghanns s Ojeda VtC .

Dr. nstro dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la, devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre ellos, los jubilados, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seg¡uridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La relevancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos ' A maya. .1... Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- , Maddaloni, 0..: Tula, D..I. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PIROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 28!56/2006 t'QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº , 0Jz " alquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia '(. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen_ derechos sine die(...)" (Las negritas son mías).

17.- El texto normativo impugnado responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés 18. - En cuanto al planteamiento en contra de la Nota SG NOT Nº 740/2019 de fecha 18 de julio de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley arriba mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La señora Candy Fabiola Recalde Páez, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la nota S.G.NOT. Nº 740/2019 de focha 18 de julio de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, en razón de ser contrario a 10 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuen n co una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubf ción, q e fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de 1 ntidade donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto amortiz ción o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los es pat nales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de años I retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, e uyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado E I primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) Aq u í es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art .. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. E11 tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes CORTE SUPREMA "--, tJ.!f sTI CIA ' ' ,' ;' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PIROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 28156/2006 IIQUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº ; óf;-Y: 1 último párrafo de ta::::::-a:4:1 tljj.. q1'se - , tlujera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos- aporte, . ntiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni s. , m reevulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art.

"- , - cnción Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que. las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art. 21 de tal Convención; como asimismo, el art. 46 ya citado lo hace con su par, De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguei Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la Seguridad Social- contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social.

Estamos hablando de un sistema obligatorio ... En segundó lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social3 . En el contexto de una sociedad democrática -art. 1- donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda. la población trabajadora, otorgando a sus recursos Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como E:!I fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los tér inos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiené que e tas normativas mantienen una conexión n .. ística y una coherencia significa iva, con o as disposiciones tanto gramatical, c o s ntácticamente. Concluye dicie do que " ... la interpret ón e disposición /o vari s de ellas implica la interpreta ión de tod la , o;eda Vlcto" Rt0S .

pr. nsuo Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fiado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes.

En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal Q ue con relación a la SG. NOT Nº 740/2019 de fecha 18 de julio de 2019 también atacada, cabe destacar que ésta resulta ser una consecuencia de lo aplicado por el Art. 41 de la Ley arriba mencionada, por lo tanto dicho instrumento corre la misma suerte que el En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión parcial de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retie e los aportes jubilatorios; como, asimismo, dejar subsistente el artículo 41, último p ,(fafo, la Ley Nº 2856/06 al ser compatible con los principios y las normas constitucio les.

Ante mí: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PIROMOVIDA POR CANDY FABIOLA RECALDE PAEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº SENTENCIA NÚMERO: (o 2-,,S l.v,V . - VIST --:Los méritos del Acuerdo que anteceden, la .. .. 1'l, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA .l Sala Constitucional RESUELVE: de 202t{ .- 1, 111fLUGAR parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la -dad del 41º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, así como de la SG. NOT Nº 740 de fecha 18 de julio de 2019 y; mantener incólume el último párrafo de la Ley 2856/06, al ser c atible con los principios y normas constituci a , en relación a la Sra. CAND FAB LA RECALDE PAEZ, ello de conformidad a I establ cido en el Art. 555 del C.P.C.

Ante mí: Gusta'º E. Se ,,nu r Dans , r. . Dr. Víctor Rios e a