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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 633/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VIÑALES C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30/01/2004, Y LA LEY Nº4252/2010, QUE MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 N º: 2649. ----

Antecedente ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30/01/2004, Y LA LEY Nº4252/2010, QUE MODF

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VIÑALES C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN QUE MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 .. . CUE.8.J O 'iNTENCIA NÚMERO: e Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días de-ltií'és,.,de ) io del año dos mil "';; e,uatro estando en la Sala de Acuerdos 'de 1-co . Uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, P'f , r' ÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO , - DER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VIÑALES C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30/01/2004, Y LA LEY Nº4252/2010, QUE MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por Dominga Antonia Acosta de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado al respecto del art. 3 del Decreto Nº 1579/2004 dictado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a la presente acción de inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho,unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, oenicioeti» y ura!ista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contex , el rtículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo Judici I en un sis ma de separación, equilibrio, coordinación y recíproco con ol. N .. g no de stos ppderes uede atribuirse, ni otorgar a o ni ,rsona algu a, ind v dual o olect¡va, facu ades extraordinarias o oder Púb/1 . La di tadura tá fuera de le ". Todas Gustavo E. Sa;1t2nder Oans Ministro características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.

Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de. frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.

238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).

En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VIÑALES C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN QUE MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 ('r.- -áños qe permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado 1Qr.j1sfecho el derecho constitucional de todo paraguayo" .... a ocupar funciones o empleos s, nhú/J/icos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservarel puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o dé otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 .N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los va mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reproc a e inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión I prob ma de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación ustituti a de sala o que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva I cio ario a tr tar tle post rgar en lo posible su jubilación: Mas, la referida circunstancia, así m el tipo de tratamie to que otoeC' s de S gurida acial q e integran uestro .. Gustavo E. Santander Bans .

- Mlr istro Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Asimismo corresponde ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos 1. Se presenta la señora Dominga Antonia Acosta de Viñales, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover Acción de inconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DELA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO" y contra el art. 3 del Decreto 2. Alega la accionante que es funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y presta servicios desde hace más de diez años en dicha institución y se halla en situación de ser jubilada obligatoriamente por contar con setenta y un años de edad., Sostiene que la Ley Nº 4252/10 resulta contraria a los arts. 6, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución de la República del Paraguay, pues aparte de ser discriminatoria por no tomar en cuenta su desempeño profesional, implicará un menoscabo a sus ingresos, y que goza de buena salud 3. Consta en autos que la misma reviste calidad de funcionaria de la citada institución, no obstante de acuerdo a la copia de la cédula de identidad de la accionante en autos, surge que la misma a la fecha de pronunciamiento de ésta Magistratura, contaría con más de sesenta y cinco años de edad, por ende, podría ser susceptible de aplicación de la disposición recurrida, por lo cual se concluye que es pasible de estudio la presente acción.

4. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 5. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilaterai de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

SUPREMA DE JUSTICIA, ACGIÓN DE INCONS'lrlTUGIONALIDAD: PFtOMOVIDJ, POR DOMINGA ANTONIA AGOSTA DE Vlllr:JALES C/ ART. !3º DE LA LEY 2::t.15/2003, Y El. ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECIUTIVO Nº1 !:i79 DICTADO EN QUI: MODF. IE:L ART. 51º POR EL CUAL Rll:GLAMENlrA DICHA LEY. AÑO: 2018 P-, , En ar s de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel ,,,,:nacional e'internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionri0públicos, que prestan sus servicios al sector público, el "derecho a la jubilación", acuitan al Poder Administrador, como órgano operativo ele los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos qu 9 efectivamente han cumplido los requisitos legales parael efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que irnpuq na establece que "Cumplidos los 65 (sesenta 7. Ahora bien, siendo el derecho de acceso ::l la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad sei e icuentra supeditada a la "libre configuración" del leqislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al leqislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo este la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma 119 otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del acc:ionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del !:Joder Lenislativo.

8. Nuestra Constitución en su Artículo 102'.-"DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 9. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

1 O. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paracuayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites est leci os por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a lo benefi ios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derecho de am os grup los que acceden a la jubilación por haber cumplido su celo de ajo ara con el Est éio y s que desean acce?erlegí!imamente al pico público. Así, 1 no na impugn a gayantiza t nto el Gustavo E. Sa:1t?nder Dans M Diesel J- hanns Minisro Mlnt:rl!i .J, 11. la medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de. que uno de los fines del Estaclo es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos ., 12. Con relación a la impugnación del art. 3 del Decreto Nº1579/2004 no se observa que la accionante exprese los motivos por los cuales la normativa citada es de tinte inconstitucional, se verifica que existe una falta ele desarrollo de agravios, por lo cual no puede ser atendido 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de Inconstitucional y ordenas el levantamiento de la medida de suspensión dispuesta A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Previo al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en La señora DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VIÑALES, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidacl de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y :Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y De los argumentos expuestos por la accionante se deduce que la misma cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad, es decir la edad prevista en la ley para la jubilación obligatoria. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que la recurrente reviste la calidad de funcionaria pública y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que la facultad que tiene el Estado para imponer límites a la extinción y el nacimiento de los derechos no lo autoriza a prescindir por el completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo ele la legitimación anterior, y mucho menos de la superior, máxime silas nuevas normas ocasionan perjuicios patrimoniales que no encuentran un justo paliativo. Así mismo maní iesta que la panacea a que ha incurrido el Poder Ejecutivo para logar el equilibrio de la Caja Fiscal tendrá efectos negativos sobre los sectores sociales más vulnerables. Respecto a la impugnación contra el Decreto Reglamentario Nº 1579, hace mención del mismo en cuanto a la estipulación del cálculo de la jubilación obliqatoria Funda la presente acción en los Arts. 6, 14, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución El Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9. El aportante que complete 62 (sesenta y dos)' años de edad _y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá oerecno a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de , la remuneración bese) por la Remuneración Base, tal como se la oetine en el 1Artícufo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 1 J?(cuarenta y siete por ciento) Jara una antigüedad de 20 (veinte) años y eumentere 2, 7 (dos coma siete) puntos potcemueles por CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VIÑALES C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN QUE MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 .- ,..,,,ceiie año servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesentá y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2315103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/02 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"; podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el 'Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora DOMINGA ANTONIA ACOSTA DE VINALES. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada por Al. Nº 478 de fecha 12 de Con lo que se el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que Cesar M. Diesel J'unghanns Ministro CSJ. // Ante Dr. Víctor Rfos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: Asunción, de de 20 i'-( .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora Dominga Antonia Acosta de Viñales, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente ORDENAR el Levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos dispues or el Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro