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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 636/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ITALO FERNANDO MARTINEZ FERRARI C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06.- N° 2814. AÑO 2021.--

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06.- N° 2814

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar: el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA: y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor IT ALO FERNANDO MARTINEZ FERRARI, por sus propios derechos y bajo patrocinio pe abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBÍLCIONES Y PENSIQNES DE év1LEDOS Bq..}f CARIOS DEL PARÁGúA Y".- Refiere que el artículo impugnad6 por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º y 47º de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolucion de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez añosque no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que mo tenga deuda on la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortiz ion o c ncelacián de su obligación 11 ustavo E, Sa8tander Dans Ministro los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que esta establece dos requisitos.a los efectos dconceder el derecho a la d,evolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores 'aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y,' 'en segµndo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

, Tal ycop10 loha 9latado el accionante, el miso no reúne las exignciasTstablecidas en la norma impugnada a Ios efectos de acceder al retiro de los aportes qurealizara durante su gestión en una 'entidad .bancaria, extremo que señala como inconstitucional pr conculcar lo preceptuado por el artídulo 4 7de la Constitución ,Nacional, el cual expresa:

, "Artículo 47-De las garantías de la igualdad= El E;tado garantizará.a todos los habit;ntes de la República. 1 º)la.igualdad para el acceso a la justicia, a cúyo efecto allanará los. obstáculos 'que. la impidiesen., 2 º) la igualdad ante las leyes; 3 º) la. igualdad para el acceso a las funcionespúblicas no electivas, sin más requisitos 'que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participaciónde los beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionadoal marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a: la Cajade Jubilaciones y Pensiones. de Empleados Bancadas del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 1'1 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".' .

En este' punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).:

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo fa propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad.con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los benefi,cfüri¡oF. de la Caja", 1 por otro lado Jlimita lo transcripto con condicionamientos qu9, baj? lfena de pérdida de esos derechos ea caso de incumplimiento, establecen: "Corresporqerifl /a devoiucion de Js aportes a los funpionarios "": "; todo ello sin. otrtj perjudicado ¡qfe mismf aportanf : quien l.a prpia ¡norma: al En las condiciones apuntadas Surge evidente, ademásf u a afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica ¡Untrato clarrnfn f' discrirpinatorio raca loasociados bncari?s que, como en el caso del accionante hayan sdo desvinculados µe la actividad bancana y que no cuenten en consecuencia con los añ9s r 1eueridqs para acceder a la devolución de -sus aportes, amén de ello, se erige indudablernen:tcomo !un despojb absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento del los requisitos enuhbkdos simple y 1 ankmente la Caja, en abierta 1.- El señor ITALO FERNANDO MARTINEZ FERRARI, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYf, LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- Elaccionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( . .) se puede constatar que no reúno la exigencia establecida en¡ el Articulo impugnado para acceder al retiro de los aportes realizados al no contar con la antigüedad señalada, a nuestro parecer dicho condicionamiento de tiempo, además de INCONSTITUCIONAL es totalmente 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la 'iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optdr por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de, devolución I los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con 19 Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cu 'no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen v unta amente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los dere os rel ionad a la devolución de aportes en el sector Cesar M. Diesel Ju Ministro e. V. da vtctor Rws 1e Ministro ?º.-,(. . .) AquéÚs qe se Áetiren de la (Unción 'públicsin reunir los requisitos pra acceder a una jubilación, auru afaelando, a los derechos que le otorga la Ley 'Jv356/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DiiL SISTEMA DEJUBILACié!N Y PENSON PARAGUAfO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 ut: LA LEY Nº 1626/00 'DEBA FUNCION ,PUBLICA",'. podrán solicitar la devolución del 90 (novénta por ciento) de 1us aportes realizados, ajustados por la variacióndel Índice de Precios al Consumidor (ÍPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas.y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcnptas ady1erto que el mandato dispuesto en el pnmer párrafo' de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al' privar los funcionarios bancarios, .que, po, han cumplid¿ fos: 1 Ó afiosde antigüedad, de disponer pe su; aportes que por Aerechol les corresponde, .incurriendo indudáblernente ei!1 una total: desigualdad ante funcionarios: del Estado en general: Es evidente q1;1e la medida.cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad delas Personas'tcál "De las Garantias de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7. - En cuanto a lo dispuesto en el I último párrafo de la norma impugnada: "El derecho; a solicitar fo devolucián 1daportes prescribirá después de tres años del retiro de! afiliado de su trabajo ", 1 entiendo que no es inconstitucional, Si bien en un principio h'e sostenido .lo c011trar10,.actulmeJ;J.te,,he9esito. rever mi opinión eµ este punto, considerando la existencia 1:i criterios.jurídiccs objetivos que.motivan un nuevo razonamiento,' Es dable resaldque.ren nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no' tiene carácter determinante ni 'vinculante; esta cara'cerística .permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdicdonl,' quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. - Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en.tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de.su derecho.lpero no lo. stijet.al libre alberío,;sino a la obligación. de respetanlo.ya sea. pe forma activa (obligación de.hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripcióri" creada por.el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un ,vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de: fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por lCJ inacción del'[itular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o ísilencio del titular del ;derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Cajalbancaria que no.reclamen la 'deolución de sus aportes (inactividad)! pasados tres, años: (factor tiempo) peraerán poder de actuación 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada'Dota de seguri1ad y estabilidad alpatrimonio 'social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría, originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la. prescripción, por el mentado orden público que representa,' atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto ericuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre' este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto d quela jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando 'que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un 'nterés superior colectivo, se pr . de reclamarlos a quien no los ejercita en el término refij o ( ... )2".

Amaya, J.A .. , Director. (2018). Tratado decontrol de e nstitucion lida Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- incluso, queni, siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ,ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que yamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo tonstituciopal que, de conformidad al A11., 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor.jerarquía 'dentro de nuestro ordenamiento hormativo. -:

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17.- Dcualquier modo, 'la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).

18.- La medida' impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional n el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el reguardo del, "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar. parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en .consecuencia, declarar respecto . del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley , Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior' a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor ITALO FE,RNANDO MARTINEZ FERRAR!, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 ''DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contarios a los Arts. 4647, 103 y 109 de-la Constitución de la República.

, a disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 4 ,. - Cor,respode,rá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto q la amortización o cancelacián de su obligación. No serán susceptibles de devolución Itas aportes patronales. El, derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Que el accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual.infringe principios y normas establecidos en la A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten,con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no. tengan derecho Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en ,su Art. 95, legisla 'sóbre. la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral parajel trabajador 'dependiente y En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos, En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja eri una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

9 de la Ley 2145). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una c a transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- Po tanto, p ra lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, o jeto de 1 grar la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus s en form amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer delArt. 1 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una ad míni ade diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

Cesar'M. O:esP.I Ju Ministro csi; Gustavo E. Santander Dans Ministro establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art .. 109 de nuestra1 Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual¡ halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada i;io es absoluto, admite limitaciones.a ser,reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando .la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel - Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado ,del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características Flue inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio ... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con lseguridad soial es individual, tienr 1 una repercuf. ión ocia: ... 3 En el contexto de, una sociedad democrática art. l. -: .donde se, proclama-la primacíade) interés general sobre el. interés particular - art. 128 -, no puede' sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la-población trabajadora, otorgando ,a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo ','. ... cada ley incluida la más concisa, como e,! fragmento de un espejo, cqntiene encerrada, a visión y la luz dtodd la Ley, y no solo es 'un orden a seguir, sino ta actuación de un El mismo autor, ób. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa u contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas.normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.

Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Alj respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho.

Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentancon ,un normativa análoga que soo difiere en la sujeción temporal dei ej rcicio del derecho.

Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asun-cio¡¡; Paraguay, p. 957. ,. ' 1 ' - - "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ITALO FERNANDO MARTINEZ FERRAR! C/ ART. 41 DELA LEY firmando SS.EE., todo por ant mí, de q Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACUERDO Y S NTENCIA NÚMERO: (Ó?,(¿¡ Asunción, Z-- de de 202 l-( .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

.1 HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados anc ios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a s efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al señor ITALO F RNAND MARTINEZ FERRARI, de conformid o establecido en el Art. 555 del C.P.C.

/.inistro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro