ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD !PROMOVIDA POR OLGA NAT ALIA MOLINA MEDINA C/ ART. 41º. DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO ,tEn .la C 1:10ad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dodías, jvl; o , del año dos mil v<Z-i .. i0uctr-o , estando en la Sala de Acuerdos d, Corte Suprema de Justicia, los Excrnos. Señores Ministros de la Sala v ,. nstit-i.0 é;li, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR 'M ' ,' lDIESEL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el e-;pediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OLGA NATALIA MOLINA MEDINA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Oiga Natalia Malina Medina, por derecho propio y bajo patrocinio de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Supremade Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA
A la cuestión planteada, el MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La accionante señora Oiga Natalia Malina Medina, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos, 73/91 Y 1 .802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio, La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o Cesar M. Diesel .hrnghanns Ministro CSJ. Ministro R, 01eda Víctor ws 0 M,intstr limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) Aqu í es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.
11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asurusrno, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art.
45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi e?: OEL ,(l -- ORTE -DE '/ CIA .. 1 .. /S. su turrt el Doctor DIESEL JUNGI-IANNS dijo: La señora Oiga Natalia Malina edina, vrorn¿_ :::e:¡, Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "Q.UE-SUST,l'r'E LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y s R-é iere la recurrente que ha sido aportante de la Caja Bancaria, habiendo sido empleada de Visión Banco. Igualmente expresa que al tiempo de desvincularse laboralmente le negaron la devolución de sus aportes invocando el art. 41 de la Ley Nº 2856/06 por no cumplir el plazo previsto en el mismo. En consecuencia, solicita a la máxima Instancia la devolución de sus aportes, por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47 y 109 de la PROMOVIDA POR OLGA NATALIA MOLINA MEDINA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lunar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47° de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales 19n dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o /as propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios"
"Artícu/o 47" -De /as garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos /os habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /os obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante /as leyes; 3º) la igualdad para el acceso a /as funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de /os beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, limita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensio es d Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del atrimo 'o'', Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: t. s ondas y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones de esta Ley, son punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: pieda es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las esta cid s en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Edi on eliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
Cesar M. Diesel Junghanhs Ministro CSJ, Gustavo E. Santander Dans Ministro 3 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones. suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtenqen de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Oiga Natalia Malina Medina, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay'', en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Oiga Natalia Malina Medina, ello de conformidad a lo 1.- La señora Oiga Natalia Malina Medina, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado y promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: (. .. En fecha 19 de febrero de 2020, mi representada ha solicitado a la Caja, la devolución de sus aportes a la misma, los cuales ascienden a la suma de Gs. 31.808.231 (Guaraníes treinta y un millones ochocientos ocho mil doscientos treinta y uno) que fue descontado de sus haberes mientras desempeñaba labores en el BANCO VISION. Como consecuencia de dicho pedido, la Caja por nota NRO. NOTA RAP: 101/2020 de fecha 20 de febrero de 2020, le comunicó que su solicitud había sido rechazada, negándole la devolución del importe mencionado. El fundamento que utilizó la Caja para negarse a su pedido de devolución, consistió en que el artículo 41 de la Ley 2856106 establece que el derecho a retirar los aportes a la Caja nace recién una vez superados los 1 O años de antigüedad al servicio de una entidad bancaria, plazo que efectivamente no ha alcanzado)". Continua invocando las normativas arriba citadas y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD !PROMOVIDA POR OLGA NATALIA MOLINA MEDINA CI ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 1éiona jµrisfüdencia de la Máxima Instancia. Es así que se evidencia con mayor rigor la "' violación del p'Bi cipio de igualdad en cuanto a la norma impugnada, que discrimina al 1 :-El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcfonarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan dencho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren volunté1riamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y 4. - En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.
(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Cemtral del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por dere s corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcion rios de Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los .cipi s cons grados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Gan tes de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
Dr. Víctor Ríos OjetJa Ministro 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con 3'VTodo 1relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, e;¡ e encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el !3/'estar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la . eguridad SoI y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De 9 .rr,oq,)él interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado ' orcten-!p-trt51Íco que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OLGA NATALIA MOLINA MEDINA C/ ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06 '"QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que 'En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. .)" (Las negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Oiga Natalia Malina Medina la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus Ante mí: Asunción, de Gustavo E. Santander Dans Ministra Dr. vtaor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez añ los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Señora OLG ATA A MOLINA MEDINA, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.- -- Cesar M. Diesel J Mini5trn e J.
Ante mí: Dr. Víctor Ríos Oie! Ministro