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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 654/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/2003, CONTRA EL ART 127 DE LA LEY 6256. Nº:1118. AÑO: 2019

Antecedente ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/2003, CONTRA EL ART 127 DE LA LEY 6256. Nº:1118

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, '-)tn Ciuda i5e Asunción, Capital de la República del Puaguay, a los cfos días del del año dos mil i . «» ar-<0 , estando en la Sala de <f Acuerdoqla Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala G T'AVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 452/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/2003, CONTRA EL ART 127 DE LA LEY 6256", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Eduardo Martín Aguayo Ruiz, en nombre y representación del Señor EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANNS.

A la cuestión planteada, el Doctor CÉ:SAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En Fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, de acuerdo con las consideraciones que siguen.

En primer término, en cuanto a la irnpuqnación el Art. 127 de la Ley Nº 6258/19, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, considero que la acción debe ser rechazada, al no estar viqente dicha ley presupuestaria, que es de vigencia anual, conforme con nuestra Constitución Nacional, y de acuerdo a lo establecido por el Art.

19 de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", habiendo transcurrido a Con respecto a la pu ación del Art 1 º de la Ley Nº4252/201 O debe puntualizarse que, ante la pluralidad e dispo iciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de los accionantes se ci en exclu ivamente a la modificación normativa del artículo 9º de la Ley Nº2345/200 cr amente, n lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se Hech esta a laración, orno punto de partida del enjuiciamiento de constit cionali ad que nos o upa, d be señ arse que nuestra Constitución, en su artículo 1 efine a la República el P ra uay com : ... n Estado social de derecho, unitario, i divisible y descentraliz do ue ad ta ara su gobi no la democraci , pa icipativa y Cesar ív'LDiesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E.. Santander Dans l M .. tro , o,eda in1s V(ctor J{ios J Dr, inistro plura!ista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley".

Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N. de la formación y sanción de las leyes, (Art. 203 C.N.), el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.

193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la siqnificación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la IEW regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/2003, CONTRA EL . n tanto ello, o conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.

Puede co-.9s1tlerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no 51ignilqa.,,q?e la misma sea contraria a na disposicin c?nstitucionál, que amerite declarar la t':l - -r:rsfituc1onahdad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.

Es por ello que el beneficiario de una jubilación- otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad socia!' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N;) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnadano entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucional ente rt. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con I fin de acer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En fecto, la j bilación forzosa constituye un instrumento por ual el Legislador por n la o, posibilit la igualdad de oportunidades en el acceso a a fun ión pública (Arts. y 1 1 C.N.) y I recambio de la plantilla de servidores estatal s, mient s que, por el otr , el se idor púb reo que pasa a una situación de retiro, disfruta e delante su derecho dese eldisfrute d1I pertinente haber jubilatojio, sujeto de la Segurida Gustavo E. Santander Dans sar M. Diesel Junghanns Ministro Ministro CSJ.

de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Corresponde, además, el levantamiento de la medida de suspensión de 1.- El abg. Eduardo Martín Aguayo Ruiz, con Mat. CSJ Nº22689 en nombre y representación de los Señores EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA, según poder especial que se acompaña, se presenta a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ART!CULOS 39Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO, y contra el Articulo 127 de la Ley 6256 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la 2.- Alega el accionante que, sus mandates son funcionarios de la Honorable Cámara de Diputados, y que por imperio de Ley 4252/2010 art. 9, una vez cumplido los 65 años la 3. - Expresa que el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O resulta contraria a los Artículos 4, 49, 86, 95 y demás concordantes de la Constitución Nacional, pues vulnera derechos y garantías constitucionales al disponer la jubilación obliqatoria, produciéndoles un daño al quedarse desocupados reduciendo sus oportunidades ele vida digna al disminuir sus recursos para afrontar la vejez, sin seguro médico, pasando a un estado de desprotección total y negando 4.- De las instrumentales agregadas a autos, surge que los Sres. Edilberto Ramón Rodríguez Taboada y Luis Alberto Sánchez Estigarribia a la fecha de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad contaban con 65 y 69 años de edad respectivamente, y por resolución Nº 48 del 29 de marzo de 1994 y Resolución Nº 267 de fecha 15 de marzo de 2004 se constata sus calidades de funcionarios públicos, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/10 a los señores EDILBERTO RAMON RODRÍGUEZ TABOADA y LUIS ALBERTO SÁNCHEZ ESTIGARRIBIA; procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:--- 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en CORTE SUPREMA OEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, esa rl}ater;ii1'0entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida - Co 1e a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro pars, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos /os 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos llev oncluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la torida y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendad : Por lo q e mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria e n;....s'cl Junghanns MinlUQ CSJ, Gustavo E. Santander Dans Ministro relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.

11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.

12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 13. Respecto de la Ley Nº 6258/19 "Que epruebe el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019" en su art. 127 dispone: "El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, procederá a disponer la jubilación obligatoria y automática de todos los funcionarios de /os Organismos y Entidades del Estado (OEE) que hayan cumplido con /os requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes.". Se observa que esta normativa ya no se encuentra vigente a la fecha, pues fue aplicada únicamente durante el ejercicio fiscal del año 2019, por lo que su estudio resulta inoficioso.

14. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad. Asimismo corresponde levantar la suspensión de efectos contra el art. 1 de la Ley 4252/10 y art. 127 de la Ley 6258/19 dispuesta en autos por Al. Nº A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/06/23 y he procedido a emitir mi voto en fecha 30/06/23.

Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por el abogado Eduardo Martín Aguayo Ruiz, en nombre y en representación de los señores EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/10 "Que modifica los Arts. 3º, 9y 10 de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" y contra el Art. 127 de la Ley Nº 6258/2019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación El representante sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los principios De las constancias obrantes en autos, surge que los señores EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA acreditan la calidad de funcionarios de la Administración Pública, prestando servicio específicamente en la Honorable Cámara de Diputados. No obstante, teniendo a la vista copia de los documentos de identidad de los recurrentes, se evidencia que a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, contaría con sesenta y nueve años de edad, y setenta y tres años, respectivamente, razón por la cual podrían ser pasibles de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.

En cuanto a las impugnaciones vertidas en relación al Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA Y LUIS ALBERTO 7 , SANCHEZ ESTIGARRIBIA C/ ART. 1 DE LA 1A- LEY Nº 4252/2010 QUE MODIF. LOS ARTS. 3, ,,,,. ln al men9:0 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto -dfta ji.Jbila í'n ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago e,, , cepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la s, 1V.t, 'll9. ción. Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de érst, ución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servtcto adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.

Todos /os funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILAC/ON Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de las empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier titulo, presten servicios Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador - en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.

De los agravios expuestos se colige que la disposición impugnada hace referencia a la Ley Nº 6258/2019 y en relación a la misma cabe señalar que la Ley Nº 6258/2019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019", por disposición Constitucional es anual, motivo por el cual -al no encontrarse vigente dicha normativa al momento en que se resuelve la presente acción- resulta innecesario un pronunciamiento de En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida el Abg. Eduardo Martin Aguayo Ruiz, en nombre y en representación de los señores EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 539 de fecha 7 de mayo de 2021. S VOT .-

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., tod por ant certifico, quedando acordada la sentencia que mente sigu Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: (ó'S4 Asunción, i de ',) i o Cesar ii. Diesel Jungoan .s Mi . CSJ.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el Abogado Eduardo Martín Aguayo Ruiz, en nombre, y representación de los señores EDILBERTO RAMON RODRIGUEZ TABOADA y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESTIGARRIBIA, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.

ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión d tos, dispuesta por A. l. Nº 539 de fecha 7 de Mayo de 2021, dictada por esta S. la.

--- Ante mí: es ar M. Diesejw,¿,--,i;.;,i: Ministro CSJ. Víctor RioS 1e Ministro