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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1112/2024

20 de noviembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SIL V A C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. F) Y 143 DE LA LEY Nº 1626/2000 "DE FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY Nº 22/1.909" Nº: 2144 AÑO: 2019

Antecedente ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. F) Y 143 DE LA LEY Nº 1626/2000

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SIL V A C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. :,' ,,.l,ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 0'-1,i o.e-"' q:; ooce 'l. ,.,,fé:;;;--Cidde Asunción, Capital de la República del P¡l_'aguay, a los v-,.,..,e días c.,uatro estando en la Sala s, s_!.ierdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala onstitucional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO JIMENEZ ROLON, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. F) Y 143 DE LA LEY Nº 1626/2000 "DE FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 251 DE LA LEY Nº 22/1909", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Arnaldo Aníbal Martínez da Silva por derecho Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: :..

CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Sala -Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el señor ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA por derecho propio y bajo patrocinio de abogado y promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1de la Ley Nº 3989/2010, ( que modif. el Art. 16 inc. f. y 143 de la Ley Nº 1626/2000 de la Función Pública) y el Art. 251 Ley de Organización Señala el accionante, que luego de haber sido jubilado de la Policía nacional, con el grado de Suboficial Primero fue contratado en forma ocasional como chofer de ambulancias en el Hospital Regional de Pilar y en la Gobernación de Ñeembucú, pero por su condición de jubilado de la Policía Nacional, las contrataciones eran por periodos cortos, tal como se Vemos que las normas en estudio, contemplan la situación del funcionario público pasivo (jubilado) que vuelve a ocupar un cargo al servicio del Estado quien, de a er con la ley, debe optar por la remuneración que p cibe en el ejercicio de sus funcio es o por os haberes percibidos en concepto de jubi ción. 1 respecto, considero que el Art. 251 de la Ley de Orqanización Administ tiva y Fina ciera del Estado efectiva ente devie e inconc::) que obli a al u ilado a r nunciar a su h 1eda Víctor Rios en abierta contradicción con el Art. 86 de la Constitución, que consagra la irrenunciabilidad Es menester tener presente que la jubilación fue instituida como un derecho que asiste a todos los funcionarios o empleados, que han aportado parte de su salario a lo largo de su carrera pública para que, luego de cumplidos los requisitos legales para poder retirarse de la función, reciban una renta o remuneración vitalicia que les permita llevar una- vida digna, es decir, el haber jubilatorio percibido por el jubilado no es un salario por los trabajos realizados, sino una devolución de los aportes que el mismo ha hecho durante todo el tiempo de trabajo; lo cual reafirma la conclusión que, no es posible que el funcionario jubilado sea obligado a renunciar a parte de su patrimonio o a su salario para seguir prestando sus servicios al Respecto a los artículos 16 inc. 1) y el 143 de la Ley Nº 1626/2000, los cuales han sido modificados por el Art. 1de la Ley Nº 3989/201 O, que inhabilita al jubilado para el ingreso a la función pública, advierto que pone de manifiesto la pretensión de constituirse en un obstáculo legislativo para el acceso a la función pública de los jubilados, lesionando lo dispuesto por el Art. 47 de la Constitución Nacional, que exige como sola condición la "idoneidad" para el acceso a las funciones públicas no electivas. Sensatamente, podemos sostener que tal ley no puede conferirles prerrogativas a las autoridades que, en los hechos, traduzcan el marginamiento de un principio constitucional tan fundamental como lo es la vigencia de la igualdad, principio éste ya consagrado en el preámbulo de nuestra Carta Magna, con la finalidad de proteger la dignidad humana así como en el Art. 33 de la Ley Suprema, puesto que de no observar y declarar la manifiesta inconstitucionalidad contenida en la nueva redacción del Art. 16 inc. f) de la Ley 1626/2000, estaríamos socavando la dignidad humana de los jubilados, así como conculcando su derecho al trabajo. Igualmente, estos derechos citados son erigidos en la categoría de derechos humanos, situación ésta que nos impide pasarla por alto, además de tener presente que el Estado Paraguayo está obligado a cumplirlos por ser signatario de varios instrumentos internacionales en materia de As i mismo, la nueva redacción del artículo 143, denota la manifiesta inconstitucionalidad al establecer que los jubilados solo podrán ser reincorporados a la función pública en situaciones excepcionales o por falta de recursos humanos, situación que es, también, radicalmente contraria al orden constitucional, ya que de consentir lo estipulado se presentaría una situación discriminatoria con los demás postulantes al mismo cargo (Art. 88 C.N.). Debe aclararse que la precedente afirmación no implica que se dispense a los jubilados de que se sometan al concurso de méritos en igualdad de condiciones, previsto en el Art. 15 de la Ley Nº 1626/2000, por el simple hecho de que cuenten con experiencia y especialización por ser jubilados. Simplemente considero que la nueva redacción del artículo 143, al establecer la referida restricción, además de ser discriminatoria conculca el principio de igualdad proclamado en el Art. 46 de la Constitución Nacional, que expresamente manda al Estado remover los obstáculos e impedir los factores que mantengan o propicien El Art. 17 de la Ley Nº 1626/2000, que dispone: "El acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en trasgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Los actos del afectado serán anulables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento. La responsabilidad civil de los funcionarios, contratados y auxiliares, será siempre personal y anterior a la del Estado, que responderá subsidiariamente", deviene igualmente inconstitucional, y esto es así, porque si consideramos y declaramos inconstitucional al artículo 16 inc. f) mal podríamos no hacer lo mismo con respecto a este articulo 17, que es consecuencia directa de la inconstitucionalidad contenida tanto en el articulo precitado así como en el artículo 1 de su ley modificatoria, la Ley Nº 3989/201 O.

CORTE SUPREMA Q¡ DEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. Por todo lo anterior, estimo que corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos analizados precedentemente, porque debemos entender que ni la ley-en este caso la Ley Nº 3989/201 O y la Ley Nº 22/1909- ni normativa alguna pueden oponerse a lo establecido en la Constitución Nacional, puesto que carecerán de validez conforme al orden de prelación que rige nuestro sistema positivo (Art. 137 de la Constitución).

Por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar a la acción promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 de la Ley Nº 3989/201 O-que modifica los artículos 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/2000, "De la Función Pública" y el Art. 251 de la Ley N.0 22/1909 "De Organización Administrativa y Financiera del Estado", con relación al accionante; así como el levantamiento de la medida de suspensión de los efectos de las normas impugnadas concedida por el A.I. Nº988 de fecha 15 de junio de 2021. ES MI 1. El señor ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1de la Ley 3989/10, que modifica el art. 16 inc. f); y 143 de la Ley Nro. 1626/2000 y contra el Art. 251 de la Ley de 2. - La primera norma impugnada inhabilita el ingreso para la función pública a los jubilados de la administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a los concursos públicos. El aquí accionante es un jubilado de la policía Nacional conforme se desprende de la Resolución DGJP Nº 2044/1 O, por lo que, queda de manifiesto 3.- Constitucionalmente la idoneidad -Art. 47 numeral 3- se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad: tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los 4.- Dentro de ese encuadre pueden pj supuestarse condiciones tanto positi negativas de "idoneidad". Estas últirn s negativas- se materializan a tr és denominadas incompatibilidad o inh bilida s que es lo que regula, justam nte, la norm que nosCl:1-f)a--E--jss inhabi idad s r sponde , generalmente, a circunstan ias que tiene que Ge v, culan on la s lvencia . oral del RO , ial postulan! , sino véase 1 Cesar M. Diesel Junghanns Ministro"c Gustavo E. Sart2nder Dans Mi,1ístro ámbito de aplicación de los primeros cuatro incisos de la norma en examen. Sin embargo, el último inciso, que es el que nos ocupa, no guarda una relación adecuada y coherente con dicho contenido fundacional, por lo que, deviene claro que ese no es el reparo que propugna 5. - Aparentemente -porque no se ve con claridad- lo que se pretende tutelar es el acceso a la función pública de aquellos eventuales postulantes que aún no han tenido la posibilidad de ocupar un cargo público como si lo tuvieron, en su momento, los jubilados. Si ese fuere el caso, la medida dispuesta no puede ser calificada de adecuada porque la finalidad pretendida no es legítima y si acaso lo fuera -que claramente no lo es- tampoco cumpliría el requisito de necesidad a los efectos superar el test de razonabilidad antes dicho.

6.- En efecto, aunque con la regulación hay probabilidades de consagrar -al menos parcialmente- dicha finalidad, no obstante, la constitucionalidad de ésta sucumbe ante una notoria falta de coherencia con nuestra norma fundamental, esto, por dos razones de insoslayable relevancia: la primera, es que aquel fin afecta de manera notoria la garantía constitucional de igualdad sin que se observe una justificación sustancial que permita efectuar la distinción establecida, mientras que, la segunda, porque no encuentra respaldo en 7. Dentro de ese contexto, la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía « ... mantengan una coherencia con las constitucionales, de suerte que no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución nacional ... 1 La inhabilidad aquí prevista es contraria a la garantía citada en el punto anterior toda vez que impide toda posibilidad de postulación a un concurso público de oposición evitando, de esa manera, que el ciudadano -inmerso en la categoría- puje por el acceso a un cargo público. Tal impedimento no responde, naturalmente, a un tratamiento 8. Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su art. 86 en concordancia con el in fine del primer párrafo del art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad -reconocida constitucionalmente- de seguir ejerciendo la actividad laboral de su 9.- Hay que destacar que el principio de jerarquía constitucional-art. 137 de la CN- requiere que toda aquella regla infra constitucional que produzca una afectación a un derecho reconocido en ésta de carácter superior -como el de la igualdad- reclama, al menos, algún respaldo en otra norma igualmente constitucional. Así se expide la doctrina al referir que ... Los derechos fundamentales, en tanto derechos de rango constitucional pueden ser restringidos sólo a través de, o sobre la base de, normas con rango constitucional ... 2 10.- No se constata la existencia de otra norma con dicho rango -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular el art. 103 no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grupo sustancialmente relegado sino que todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edad -la jubilación ordinaria se produce por ésta circunstancia.

Sagués, N P (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 741. Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. Pág. 277.- CORTE SUPREMA Q; DEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. . ort .. este.,-puio la doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tt5;a'.;:sf:e Ja /G@nidd- n favor de esa franjconsiderada como vlnerable ... pero jamás i¡;ltar que la Corte IDH, ya ha puesto de manifiesto que « ... La Corte considera que la jubilación es un derecho ajeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones púbÍicas ... 4 . Recordemos que por imperio del art. 47 numeral 3 de la CN, no hay más requisito que la idoneidad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la jubilación es un derecho ajeno a dicha condición tal como lo indica dicho organismo internacional.

12.- Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, innecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocupar un determinado cargo en la función pública quedará supeditada, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia y transparencia así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, desde luego, de rango 13. - De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en este caso, el inciso f) del artículo 16 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser declarado en tal 14.-Así también, sigue la misma suerte el art. 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el art.

O 1 de la Ley 3989/1 O, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso f) recientemente analizado. Esto es así, por cuanto que si la regla general pierde vigencia, desde luego que la excepción a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, está habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la contratación por tiempo determinado. En consecuencia, el alcance de la inconstituci idad sino Cesar . Diesel Jur.ighanns Ministro .CSJ Amaya, JA, Director. (201)- Tratad Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág.

Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte lnteramericana D rechos Hu , u:.lúJÜ E. Santander Dans ' o;eda tucionalidad- Y. convenck?tJalidad. Tomo 4.. ºo/féW.S 1<!!Jrar1tías. IVll 1Iscro l)f, M.11ústr0 m icana de Derechos Humanos No. 14: Igualdad y no discriminación/ quedará, como debe de ser, a las resultas y bajo la competencia exclusiva del órgano 16. - Finalmente, la parte accionante solicita la inconstitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, la que a la fecha de estudio de la presente acción de inconstitucionalidad ya ha sido modificada por Ley Nº 6834/21. Si bien, esta acción fue presentada con suma anterioridad respecto de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 6834/21. Si bien, esta acción fue presentada con suma anterioridad respecto de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 6834/21, sin embargo, debe extenderse la impugnación impetrada a lo que fuera materia de modificación por cuanto que no sólo el enfoque de los argumentos esgrimidos quedan vinculados a dicha parte de la norma sino que, sobre todo, la casuística presentada nos imponen tal menester. De esta manera, haciendo un abordaje en la totalidad de la materia regulada estaremos garantizando el pleno acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva del justiciable.

17 .- Habiendo hecho esta aclaración, hay que traer a colación que la norma impugnada y su modificatoria, sigue disponiendo, básicamente, que el jubilado que ingresa de nuevo a la función pública debe optar entre percibir la remuneración de la jubilación o el salario que 18. - La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonio adquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el art. 102 de la CN, establece en 19.- En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « .. .El bloque de constitucionalidad en materia laboral está bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador ... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabajadores, deben considerarse inaplicables ... 5 . Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que la jubilación no es un beneficio graciable, sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que ha reunido requisitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni dilatarle ... 6 20.- En cuanto al salario, el art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro. 935/64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes 21. - Desde luego que nuestra Constitución Nacional protege el salario de los trabajadores en su Art. 92, aplicable al caso de conformidad a la remisión efectuada por el art. 102 citado.

22.- Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el art. 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no Crista Ido Montaner, J. D.; Crista Ido Rodríguez, B.E. (2022). Introducción al Derecho del Trabajo. Asunción, Paraguay. Fides. Pág. 208- 6 Cabanellas de Torres, G. (1992). Compendio de Derecho Laboral. Tomo 11. Buenos Aires, Argentina. Heliasta.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC. FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. visto, pues, que la norma examinada-art. 251 de la Ley de Organización Adm1va y Financiera del Estado de 1909- conculca el principio de prelación t ional por atentar contra las previsiones emanadas del citado Convenio 95 de la OIT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el art. 92. Debe pues, decretarse su 24. - En conclusión, corresponde hacer lugar a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad de la Ley 3989/10, en la parte que refiere al inc. f) del Art. 16 y 143 de la Ley 1626/2000, así como el Artículo 1de la Ley Nº 6834/21 que modifica el Artículo 251 de la Ley Nº 22/1909.

Asimismo, corresponde levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta en A su turno, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS, dijo: El señor ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", modificado por la Ley Nº 3989/10 "QUE MODIFICA EL INCISO F) DEL ARTÍCULO 16 Y EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY Nº 1.626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" y el Art. 251 de la "LEY DE Obra en autos la constancia que el accionante tiene la calidad de jubilado de la Administración Pública, conforme a la Resolución DGJP Nº 2044 del 6 de agosto de 201 O.- El recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 4 7, 86, 88 y 137 de la Constitución Nacional, al no poder acceder a otro cargo dentro de la función En relación al Art. 16 inc. f) de la Ley 1626/00, que establece según la modificación de la Ley Nº 3989/10: "Artículo 16º.- Están inhabilitados para ingresar a la función pública, así como para contratar con el Estado: ... f) los jubilados con jubilación completa o total de la Administración Pública, salvo la excepción prevista en el Artículo 143º de la presente Ley".

Esta disposición propone una inhabilitación en el ingreso a la función pública para las personas que gozan del beneficio de la jubilación. La manera en que nuestra Carta Magna sienta las bases de la función pública, permite un abordaje del tema que es objeto de El Estado es generador de fuentes de trabajo, porque a través de los funcionarios pone en movimiento la estructura burocrática. Pero no es una fuente genuina de puestos laborales. La primera parte del Art. 101 carta magna reconoce que los funcionarios y empleados públicos están al servicio d I país. urgida la necesidad de cubrir una ia, queda también postulado el derecho e todos I s paraguayos a ocuparla, no sie (jo ajen a todo .aquel que decida cum ir n iones en I sector público el reconocí ente de I s derechos la 0 a es, co'I s li itacio s establee das en la ley, esto, siguiendo I texto del A .

Cesar M. Diesel J,unghann Ministr J. Gustavo E. Santnder Dans Dejando en manos del legislador la tarea de dar operatividad a los postulados constitucionales, se dictaron leyes que regulan el ingreso, permanencia y paso a la jubilación de los funcionarios públicos, de las diversas categorías. En cuanto al ingreso, que es de lo que nos ocupamos ahora, vemos que mediante el mecanismo de los concursos para aquellos cargos no señalados como "de confianza", se pone en vigencia el postulado del Art. 47 de la ley fundamental, que señala a la idoneidad como el requisito a ser atendido.

Las distintas leyes que regulan el conglomerado de ingreso a la función pública, previenen que todo postulante a un cargo debe probar su idoneidad como filtro, que lo hace merecedor de su lugar al servicio del país. También encontramos que el acceso a la pasividad de las personas que eligieron a la función pública como su modo de sustento, exige una determinada cantidad de años de aporte o de años de servicio, según esté regulado. De ahí, todo analista del sistema queda advertido que la función pública previene y pone en marcha el Art. 103 de la carta magna, al proveerle al funcionario un sistema de seguridad social y de jubilaciones, con el objetivo de prepararlo para una edad de adulto mayor con goce de los beneficios que fue recolectando mediante su aporte en los años de servicio. Lógicamente que el Estado brindará una mayor oportunidad a quien mediante el mecanismo de la idoneidad consiga avanzar en el transcurso de los años, con el acceso a cargos y funciones mejor remunerados, esto con la finalidad de ir asegurándose un mejor goce de los beneficios jubilatorios, pero serán siempre la iniciativa y el esmero del funcionario los elementos que sustenten estos avances, ya que el acceso y permanencia en la función Llegados a este punto, estamos en condiciones de decir que la ley, al establecer la garantía de acceso a los cargos públicos a quienes muestren idoneidad, está apuntando a dar oportunidad a todos por igual, pero estableciendo prioridades y restricciones. En el Art.

16 de la Ley Nº 1626/00 las encontramos respecto del ingreso a la función pública, así como de contratar con el Estado sobre las personas que han recibido condenas penales, penas de inhabilitación para ejercer la función pública, los declarados incapaces, los que fueron cesados por causa proveniente del trabajador y los que sean completa o totalmente jubilados. La ley, por delegación constitucional, puede inhabilitar el acceso a la función pública, y lo hace dirigiendo su enfoque no precisamente a las personas que son señaladas en la inhabilitación, sino en el resto de las que no están señaladas. Cuando inhabilita a las personas penalmente condenadas, está dando en verdad preferencia, aunque la disposición no lo diga, a las personas que mantienen su conducta alejada de los hechos punibles. Esta "habilitación" no es sino la puesta en marcha del mecanismo de igualdad previsto en el Art.

46 de la ley suprema, debido a que el propio constituyente advierte que en alguna oportunidad se vulnerará la igualdad, pero para estos casos previene que, si se protege estableciendo desigualdades injustas, eso no será considerado factor discriminatorio sino EI mecanismo puesto en marcha para ingresar a la función pública, así como para contratar con el Estado es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta lo antes dicho, al referirnos a las personas enumeradas en los incisos a) al e) el Art. 16 de la Ley 1626/2000, pero ello no ocurre cuando centramos el análisis respecto de las personas que accedieron a la jubilación, conforme al inciso f). Deberá notarse que la situación particular de quien tuvo la oportunidad de acceder a un haber jubilatorio, que es el resultado, como se dijo líneas arriba, de su esfuerzo y persistencia a través del tiempo, es totalmente distinta a las demás categorías de personas inhabilitadas citadas en los otros incisos. No es propósito analizar todos los demás casos para validar el punto, pero la mera circunstancia de ser merecedor de una jubilación no resulta equiparable al hecho de haber sido condenado a pena privativa de libertad. En uno de los casos se accedió al derecho por el mérito de los años de servicio y en el otro, se recibió una sanción como consecuencia de un hecho punible, pero para ambas personas, la Ley de la Función Pública tiene el mismo reparo de inhabilitarlos para el ingreso a la función pública o para contratar con el Estado. Por ello, encuentro que existe en este CORTE SUPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SIL V A C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC.

FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 1 í'-W,"msó'''t) "rtículo 16 de la Ley Nº 1626 una inconstitucionalidad por vulneración de la ' , por un lado, y por el otro se infringe el derecho a la igualdad, garantía ada solamente cuando ante una situación determinada; se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso que nos ocupa ni la Ley Nº 1626/2000 ni disposición alguna puede contravenir la supremacía constitucional.

251 DE LA LEY Nº 22/1.909" Nº: 2144 AÑO: Pero, aquí debe hacerse una precisión, puesto que debemos siempre tener en cuenta el sitio en el que está insertada la norma en estudio, para conocer con exactitud lo que se está reglando. Esto, las reglas de interpretación lo denominan interpretación sistemática.

Revisando el lugar en el que se hace la exclusión cuya inconstitucionalidad se constató, encontramos que ella está inserta . en el Capítulo 11 de la Ley Nº 1626, "De la Carrera Administrativa. De la incorporación de los Funcionarios Públicos". En este Capítulo se regula en general el mecanismo a ser activado para la incorporación a la función pública, por lo que cuando declaramos la inconstitucionalidad del inciso f) del artículo 16 de la Ley Nº 1626, ello no significa que el jubilado tenga el derecho directo de ingresar a la función pública o de contratar con el Estado, sino que tiene el derecho a pugnar mediante el mecanismo reglado por el Capítulo en el que la norma se inserta, esto es, tiene el derecho al concurso por el que En cuanto a las objeciones en contra del Art. 143 de la Ley 1626/00, que según la modificación de la Ley Nº 3989/1 O establece: "Artículo 143º.- Los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio no podrán ser reincorporados a la Administración Pública, salvo por vía de la contratación para casos excepcionales, fundados en la declaración de emergencia . o en la falta de recursos humanos con el grado de especialización del contratado. La docencia y la investigación científica quedan excluidas de esta limitación" (las negritas de resalto nos corresponden). La disposición propone que una persona que se encuentre acogida a la jubilación, en circunstancias excepcionales pueda ser contratada, por existir una emergencia o por la ausencia de recursos humanos con la especialización requerida para el caso. Como la norma lo aclara, se trata aquí de los casos de reincorporación de un jubilado al mismo lugar que ocupara cuando cumplía sus funciones antes de obtener el beneficio de la jubilación. En el caso de autos, la norma no resulta aplicable al accionante, debido a que el mismo ejerce funciones como chofer de ambulancia en el Hospital Regional de Pilar, y como dijimos, la disposición sujeta a revisión previene los casos de reincorporación mediante contrato de personas acogidas a la jubilación.

Finalmente, en cuanto a las objeciones contra el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, si bien fue modificada por la Ley Nº 6834/2021, los agravios enunciados no quedan en imposibilidad de ser estudiados. La nueva redacción dispone: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la. investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigente". La norma propone una elección entre sus haberes jubilatorios y la remuneración en el cargo o empleo a todo jubilado que vuelva a ocupar un empleo o cargo público rentado, nacional o municipal.

En este marco no puede dejar de observarse que una persona jubilada, al realizar una actividad laboral, pone en marcha dos derechos que fluyen en simultáneo, que son el de percibir su jubilación, que corresponde a la compensación por los años de aporte ya cumplidos, por un lado, y por el otro, el de percibir el salario por la actividad laboral efectiva que se encuentra cumpliendo. La realidad propone dos igualdades que son distintas: la igualdad entre todos los que realizan un trabajo, respecto de los cuales, todos tienen derecho a percibir la remuneración por ese trabajo. También propone la realidad entre todos los jubilados, a quienes les asiste el derecho a percibir el haber jubilatorio que es un derecho al que se accedió por los años de aporte realizados anteriormente. Si decimos que todos los trabajadores y los jubilados son iguales y a los mismos les corresponde percibir los montos que les son adeudados, esta aseveración no debe ser distinta cuando la única circunstancia que varía es la de reunir en una sola persona la calidad de trabajador y jubilado, puesto que el origen de los montos a percibir es totalmente distinto. Sostenemos que el derecho a la igualdad se materializa solamente cuando ante una misma situación, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso de la disposición en estudio, queda evidenciada No puede dejar de notarse, además, que la redacción actual de la ley realiza una exclusión, proponiendo que en el caso del ejercicio de la docencia y/o la investigación científica, la norma no se aplique a los jubilados del régimen de jubilaciones administrados por el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía), lo cual muestra una desigualdad insertada en la propia redacción, puesto que propone que la obligación de optar entre el salario y la jubilación en algunos casos no será necesaria, evidenciando así la existencia de un tratamiento distinto ante una circunstancia exactamente igual, que en este caso es la reincorporación de un jubilado. Estos razonamientos otorgan justificación a la declaración como inconstitucional de la norma en estudio, por vulnerar la supremacía constitucional.

Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia declarar inaplicable el Art. 16 inc. f) de la Ley Nº 1626/2000, modificado por la Ley Nº 3989/10 y el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, modificada por la Ley Nº 6834/2021, en cuanto afecta los derechos del señor ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA, de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CPC. Corresponde asimismo el levantamiento de la medida cautelar dispuesta Con lo que .e-dio-p, terminad el act , firmando SS.EE., todo por ante mí, e que Cesar M. Diesel .lu ghann Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Mlnisi:ro Ante mí: Dr. Víctor lUos Oeda Ministio ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO ANIBAL MARTINEZ DA SILVA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 3989/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 16 INC.

FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. SENTENCIA NÚMERO: ,2.,. 0 uncion, e t Ftll

Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima .. 't'-' CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ' ., Sala Constitucional 1.. .. .- iJ RES U E LV E: HACER"1:.GAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida y en consecuencia, l,rpf¡¡{aplicabilidad del rt. 1 de la Ley 3989/1 O "QUE MODIFICA EL INCISO ,FJ DEL--'-A-RTICULO 16 Y EL ARTICULO 143 DE LA LEY Nº 1.626/2000 "DE LA FUNCION PÚBLICA" y el Art 1 de la ley Nº 6834/2021 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 22 DE JUNIO DE 1909" en relación al accionante el Señor ARNALDO ANÍBAL MARTÍNEZ DA SILVA, ello de conformidad a lo ORDENAR el levantamiento de I edid de Suspensión de Efectos, dispu ta p r ANOT R;registrar y otifi ar.--- Ante mí: .

Cesar M. Diesel Junghan s Ministro CSJ.