ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA CATALINA PAREDES VDA. DE MONTIEL C/ ARTS. 5 Y 18 INC. Y) DE LA LEY 2345/03, ART. 2 DEL DECRETO Nº MODIF. EL ART. 8 DE LA LEY 2345/2003". Nº "'<o ÉnJ--'G.i-d e:::, e Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los olos días del '.'f11es''ªe e:;' V) i o del año dos mil l)l,ii GUCl to estando en la Sala de cuer .e,:' la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala s Qtfl . 1:onal, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA CATALINA PAREDES VDA. DE MONTIEL C/ ARTS. 5 Y 18 INC. Y) DE LA LEY 2345/03, ART. 2 DEL DECRETO Nº 1579/04 Y EL ART. 1 DE LA LEY 3542/08 QUE MODIF. EL ART. 8 DE LA LEY 2345/2003". ", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por CATALINA PAREDES VDA. DE MONTIEL por derecho propio bajo patrocinio de abogado.
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: S-e,;<:Je,1 enk <::ic..he.rito Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta señora Catalina Paredes Vda. de Montiel, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, a promover acción de inconstitucionalidad contra los Arts. 5 y 18 inc. y) de la Ley Nº 2345/03 "De Reforma y Sostenibi/idad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y pensiones del Sector Publico" y su modificatoria, Art. 1 de la Ley Nº 3.542/08 "Que modifica y amplía la Ley N. º 2345/2003", y contra el Art. 2 del Decreto Nº 1579/2004 dictado por el Poder Ejecutivo.
La accionante sostiene en líneas generales que las normas impugnadas vulneran las disposiciones contenidas en los Arts, 46, 103 y 137 de la Constitución Nacional. Respecto al Art. 1 de la Ley 3542/08, manifiesta que el mismo altera el mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, en contraposición al Art. 103 de la Carta Magna, que garantiza la actualización en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. En cuanto al Art. 5 y al Art. 2 del decreto reglamentario, alega que restringen los beneficios de sus haberes al alterar el sistema de determinación de la remuneración base. Finalmente, en relación con el Art. 18 inc. y), sostienen que al derogar el Art. 105 de la Ley 1626/00 contraviene Revisadas las constancias de autos, se observa copia de la Resolución DGJP Nº 816 del 27 de noviembre de 1998, que acredita 1 ca 'dad de beneficiaria de una pen¡"on orno heredera de funcionario de la Administraci n Publ a, lo que justifica su legitimació activ . --- Corrida vist I Ministerio P bli , c forme o establece el Art. __554-del C.P.C, el Fi al Adjunto, so Sanabn Gonzál z, re om ndó h e.r lugar pa_r.cia-lrñente a la pre ente acci n Cesar i'Jl. Diesel J Ministro sr. Gu:;ta'JO E. S:nt-inder Dans 1eda . Ministro de inconstitucionalidad, según Dictamen Nº 1553 de fecha 26 de julio de 2021, obrante a fs .
Ab initio, es menester considerar el contenido y alcance de lo estatuido por la norma constitucional que establece el Régimen de Jubilaciones, Art. 103. El texto normativo dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Perticiperen del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad". (Las negritas Es preciso aclarar que la actualización salarial a la que expresamente alude la norma constitucional transcripta se refiere al reajuste de los haberes y las pensiones en comparación a los funcionarios activos e implica la utilización del mismo criterio para el aumento - actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios pasivos y pensionados y de los Siguiendo con el análisis de la acción presentada, en lo que respecta a la actualización de los haberes jubilatorios y las pensiones, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, al supeditar la actualización de todos los beneficios pagados a lo dispuesto por el Art. 1de la Ley Nº 3542/2008-que modifica el Art. 8º de la Ley Nº 2345/2003-, establece la actualización de oficio de forma anual en base a la variación del Índice de Precios del Consumidor (I.P.C.)
calculado por el Banco Central del Paraguay. Al obrar de tal forma, aplica una regulación arbitraria que no se condice con el texto constitucional en razón de que el I.P.C. no siempre coincide con el aumento de los salarios fijados en forma definitiva por el Poder Ejecutivo, produciendo de este modo un desequilibrio en el poder adquisitivo de los funcionarios pasivos La ley puede, naturalmente, utilizar la variación del I.P.C. para determinar el porcentaje de actualización toda vez que este porcentaje se aplique a todo el universo de los afectados, es decir, funcionarios activos y pasivos, situación que no se ajusta al caso que nos ocupa. En efecto, la igualdad de tratamiento contemplada en la norma constitucional implica que los aumentos resueltos por el Poder Ejecutivo a favor de los activos deben favorecer, de igual modo, a los jubilados y pensionados, cuyos haberes deberían actualizarse en igual porcentaje y tiempo en que lo hace el Ministerio de Hacienda respecto de los activos.
De allí que, en el caso que se prevea presupuestariamente un aumento en la retribución básica de uno o varios segmentos del funcionariado activo, se debe producir tal aumento -en igual porcentaje- sobre el monto del último haber jubilatorio percibido por los funcionarios Por otro lado, conforme al principio de supremacía constitucional, ni la ley, en este caso la Ley Nº 3542/2008, ni normativa alguna puede oponerse a lo establecido en una norma constitucional, como es el caso del citado Art. 103, puesto que carecerán de validez conforme al orden de prelación que rige en nuestro ordenamiento positivo, previsto en el Art. 137 de la Constitución. De allí que el Art. 1 de la Ley Nº 3542/2008 -que modifica el Art. 8 de la Ley Nº 1 gua lmente, en relación con el principio de igualdad aludido, cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe toda desigualdad, sino solo aquella que carezca de una justificación objetiva y razonable. En tal sentido, no resulta razonable el trato diferente dispensado por ley al funcionario activo y al inactivo (jubilado) frente al mismo hecho, es decir, En cuanto a la impugnación del Art.18 inc. y) de la Ley Nº 2345/03, en cuanto deroga el Art. 105 de la Ley Nº 1626/00-, el mismo conculca igualmente el Art. 103 de la Constitución Nacional, consecuentemente, crea mayores desigualdades en cuanto al agravio constitucional que genera el mecanismo de actualización previsto en el Art. 1 º de la Ley Nº 3542/2008, En cuanto al Art. 5de la Ley Nº 2345/2003 y el Art. 2 del decreto reglamentario, relacionados a la determinación de la remuneración base para el cálculo del monto de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA CATALINA PAREDES VDA.
DE MONTIEL C/ ARTS. 5 Y 18 INC. Y) DE LA LEY 2345/03, ART. 2 DEL DECRETO Nº ipen. ión,' catfeadvertir que los mismos no afectan a la accionante dado que, conforme a las "'cóstaciéx. ,e autos, la misma accedió al beneficio de la pensión antes de la entrada en / . vigenci.9):lichas normas, por lo que posee derechos adquiridos en relación al método de fJ ; a. e,su pensión. En consecuencia, las normas no puedencausarle agravio alguno, por ñ-6-resúltar aplicables, por lo que la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada.
Por las razones precedentemente expuestas y en coincidencia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 º de la Ley Nº 3542/2008-que modifica el Art. 8de la Ley Nº 2345/2003- y del Art. 18 inc. Y), en cuanto derogael Art. 105 de la Ley 1626/00, con relación al accionante. ES MI VOTO.
Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha A fin de evitar extensión, me remito a la descripción de la pretensión realizada por el . En relación a las objeciones contra el Art. 1 de la Ley Nº 3542/08, que dispone: "Conforme lo dispone el Articulo 103 de la Constitución Nacional, todos los beneficios que paga la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizarán anualmente, de oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del Índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al periodo inmediatamente precedente. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, los beneficios correspondientes a los programas no contributivos". Vemos que la segunda parte de la disposición regula la actualización, estableciendo que ella debe ser realizada atendiendo al IPC del ejercicio fiscal anterior, calculado por la Banca Matriz.
Por su parte, el texto constitucional en el Art. 103, dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal.
Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento La disposición constitucional previene que todo ajuste a los haberes jubilatorios debe ser hecho dando igual tratamiento a los funcionarios pasivos y activos. En cambio, la lectura comparativa de la ley y la Carta Magna permite comprender la existencia de vulneración constitucional, debido a que cuando la ley dispone acerca de las actualizaciones, lo hace utilizando una tasa distinta a la que es tenida en cuenta para los funcionarios en actividad.
Queda constatada entonces la inconstitucionalidad por vulneración de la supremacía, por un lado, y por el otro infringe el derec a la igualdad, garantía materializada solamente cuando ante una situación determinada, e di pensa a todas las personas el mismo tratamie , en el caso que nos ocupa ni la ey N 2345/03 ni disposición alguna puede con averu la Respecto a lo sta leci o por e Art. 18 inciso y) y 5 de la Ley Nº 2345/ 1 Art. 2 1 Decreto Reglament rio 1 79 04, me adhiero a las consideraciones hechas p r el Minist o , Ojeda ,1' wr Rios . M,i.nistro Por las consideraciones hechas precedentemente, conforme al Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmerrte a la acción de inconstitucionalidad promovida y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del Art. 8 de la Ley Nº 2345/03 y su modificación dispuesta por la Ley Nº 3542/08 y del Art. 18 inc y) de la Ley NI 2345/03, específicamente en la derogación del Art. 105 de la Ley Nº 1626/00, en lo - que afecta a los derechos de la señora CATALINA PAREDES VDA. DE MONTIEL, de A su turno, el Doctor VICTOIR RI S OJEDA, manifestó que se adhiere al voto del Ministro preopinante Doctor CÉSAR D SE JUNGHANNS por los mimos fundame Ante mí: Gustavo E. Sé:n- nder Dans Asunción, 7,,,- de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE: R, 01eda
Víctor ws M1ms HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los señores LIDIA RAMIREZ DE GONZALEZ y LUIS ALBERTO ACUÑA POR LO y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 de la Ley Nº 354f 00 que modifica el Art. 8de la Ley Nº 2345/2003- y del Art. 18 inc. Y), en cuanto d raga el rt. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro