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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 664/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GABRIELA BELEN BALBUENA RODRIGUEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 N° 291. AÑo 2021

Antecedente ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GABRIELA BELEN BALBUENA RODRIGUEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 , 46.. . .En: la qfnad de Asundión, Capital de la República del Paraguay, allos cio':) días, 1;¡.lee-.-de 1 i o , del año dos mil '1 e,i<1i c..uo.r o , estando en laSala 'de Acuerdos de 1Cortf¡efrema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, afTAVO ENRIQUE SANTANDER DANS, VÍCTORRÍOS' OJEDAy CÉSAR IVl",itt,r.L DIESEL JUNGHANNS, , Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GABRIELA BELEN BALBUENA RODRIGUEZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01" Nº 297. AÑO 2021, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por los Abogados Isidro Magno Salinas Benítez y Karen María Matilde Durand Ramírez, en nombre representación de la señora Gabriela Belén Pre vi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, RÍOS OJEDA y DIESEL JUNGHANNS.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Los Abogados ISIDRO MAGNO 1SALINAS BENITEZ Y KAREN MARÍA MATILDE DURAND RAMIREZ, en representación de la Sra. GABRIELA BELEN BALBUENA RODRIGUEZ, se presentan a promover acción de inconstituciorialidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contarios La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41. Corresponderá la devolucián de sus aportes a los funcionarios que cuenten con itna antigüedad superior a los diez años ,Y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicacion del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptible de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes resc ibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga 'deuda on la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En el presente caso, los citados profesionales peticionan la declaración de stitucio alidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración A n de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado 1 primero parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afili s de la Jª e Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungi o la c idad de fu i,ouáios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con os requis to.s: . é uenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho la jubilac 'n .

.lü''.:, e'quí es import resaltar nue a Constitución, en su A1i. 95, 1 gisla sobr la o'jS se urid d so andole un esr, ctro obligato io e integral para el trabajador d endiente y su ntander DanSCéUI' M, ,esel Junghanns Mlnlstro Ministro csi, , Oieda V, tor ws ' . Ministro familia, aclarando :que deberá.ser extendida.a todos los sectores.de la población, Asimismo, destaca que los re9ursos financieros de los seguros sociales n.o serán desviados de sus fines Siuindo el alcance de; este lineamierit/, 1normativa de Ji'. Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y,, más específicamente, el Art.

11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y;de las rentas,' a los 'pi.opios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en 'favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su. devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 199 e la Constitución Nacional.- Afin de complementar, la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y. cada una de las arücuaciones COf;ttcioáles, 1se, Q.CU1?-trn. in.tyr9n,e,y ,SOI} intei;depi:iqientesunas con otras, ,sind? t9a.s mprescinpibley 1 ,Rara. comprender sprofundo 1 las personas en su dignidad y en . sus , derechos; asimismo,, 1 no , , admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores.

Aquí debe admitirse que si bien, el caso conci:eto no se encuentra específicamente contemplado en el ,silencio enumerativo. de tal normativa, la extensión del' Ár; 45 - De los derechos y garantías µo enunciados -. permite interpretione. amplias a fin ,dg<¡trn,tiz;ar, derechos a esqs Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - art. L-, impone en el Poder Piíblico - art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260. - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales d.eechs. En tal se?i,tid,o 1 cbe pstapar ;qye pt pirnyrP.arárafo, de a norma impugnada µp0nf-UP1, limitación, qe ºº?ª""ª .19- ap.prtArrtes, de la citada GNa' en ur situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios.Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser conyalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clra transgresión Por tanto, para lograr 'el reconocimiento d.e la persona en su,' dignidad Y- en su integridad, con el objetó de lorar la pbj,etivación de la,igl,ladadde los, traqJadore;s rn el ejercicio de derechos en forma 1amplia e integral resulta así .necesari0 prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte clonde se exige una antigüedad mínima de diez año,s para procder al retiro de los aportes jubilatorios. -7 .

Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - Art. 109 - ni comprende una vulneración al principio de igualdad - Art. 46 -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con laJetr.adel ArL2.L de tal Convención;como.asimismo,el.Art.. 4-6. y.a.citado Jo.ha.ce De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto,: admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un CORTE ' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ,,4SUPREMA PROMOVIDA POR GABRIELA BELEN Jt: bUSTIC'IA, BALBUENA RODRIGUEZ C/ ART. 41DE LA LEY <o '3'1érJq ob[igc(i, o ... En sguno lugar, es sacia! porque, si bien el evento que se trata, de cubrir " con la segunde social es indivídual, tiene una repercusión social ... ". En el contexto de una , -sociedad de ' ática- art. 1 -' donde se procama a primacía del interés general sobre el interés s, , disfrute de la seguridad social para el beneficio individual dtoda la población tra aJadora, otorgando.a sus re 1cursos financieros ln claro contenido o fin social.

. l}l respecto, es dableacotar que en el libro Teoría General de! las Articulaciones Constitucionales, Ed .. Dykinsdn, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresasu contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesta legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposi normativas citadas y visto el dictamen fiscal cabe la admisión parcial de la acción; presc diend la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley Nº 2856/06 al caso concreto, en la arte do e exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes J i torios, c mo asimismo, dejar subsistente el artículo 41, úlitmo párrafo, de la Ley Nº 28 /06 al ser compatible con los principios y las normas constitucionales. Es mi voto.

Gustavo E. Saflta1,clr nans Ministro Cesar M. Diesel .Junghanns Ministro CSJ. Ojeda Vlctor Ros Dr. niiíO La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten. con, una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan, 'servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortizacion o cancelación de Ú obligación.

No serán susceptibles de devolución. los aportes patronales.

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1},l derecho a solicitar. la devolución, de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado dé su trabajo, salvo que e,l mismo tenga deuda. ion la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelacion de su bbligacion ". --:--:

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Sostiene la accionante que los requisitos establecidos poi_!i disposición qe impugna le privan de acceder al retirode sus aportes, circunstancia que v,ul11,ra, lps,púr1c;;i_pios PF?.eH.i9µ a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera .expresa en la Constitución De las constancias presentadas en autos, se verifica que 1cvioi;i..ante era aportante d,e la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados .dBancos.y A:qns por.los servicios prrsta;dos durante el tiempo en que se desempeñó pomfuncionaria de un.Banco de,plaa.-:---;--.---,-.--,--: Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos ele conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar,. se establece la antigüedad. mínima ddiez años :Y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios q¡¡.PP,teng1;-,e,rEA-ª Jajil;Jil¡ifn,P,, qv,ft,iel Tal y como Jo ha relatado la actora, la misína no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada alos efectos. de acceder alretiro ,de los aporteSfJlie realizara durante tm gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo, preceptuado por.Ios artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, Jos cuales expresan: "Artículo 4.6º De la igualdad de las personas: Todos ./9,s habitantes de la. República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas. comofactores discriminatorios sino,igyplfqrips'.'-,,,:c, .-- "Articulo 47'.' 7 e las ,garqn.fía,s, q:e la ig1:'alcj.aef; ! Estado, gari;tiftfc;:á qJoqos/.s, '11bf,tcmtes1 qe la República: 1) la igualdad pana el a,cceso a lq.justicia,J/ cµ.yoef(!cto 'allanará lo,s. obstáculos que la impidiesen; 2; la igualdad ante las leyes; 3 º) la igualdad pqra d acceso. a las funciones públicas no electivr,1s, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) lq_iguaJdad de oportunidades en la participación de los.beneficios de,la naturaleza, de los '?iem;s'.materiales y.de la cultura". - En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aµbry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una: parte esta expresa que: CORTE ACCIÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD <;i Y,UPREMA PROMOVIDA POR GABRIELA BELEN "., -. USTIClA BALBUENRODRIGUEZ C/ AR-:r;. 41DE LA LEY . . Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 "' s fondos y r-e- tas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 1 son de '", e¿f.iJluiv:a prqp ad de'los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con ', / "'"cokclícioqa. tos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso 'de incumplimiento, -9.,esta0lec¡¡': ' orr esponderá la devolución de sus dportes a lo's funcionarios lque ... ,todo ello sin otrap-e1j dicada que la misma' aportante a quien la propia, norma al inicio de s'us disposiciones pretende proteger.--- : I 1 En las condiciones apuntadas surge evidente,' además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bá.ncarios que, corno en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente corno un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, la señora GABRIÉLA BELEN BALBUENA RODRIGUEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y limites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y Por otro lado, la accionante se agravia también contra el segundo párrafo del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006, en la parte que establece que: ".... El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En este sentido, es sabido que el instituto de la prescripción está destinado a dotar de fijeza o consolidar situaciones fácticas que persisten en el tiempo, de modo que el transcurso del tiempo previsto en la ley puede llevar a la pérdida de derechos o, en su caso, a su adquisición definitiva. Tiene corno fundamento la necesidad de seguridad y certidumbre jurídica, tan importantes en un Estado de Derecho. En este mismo sentido, autorizada doctrina sostiene que "La necesidad de preservar principios como el orden, la seguridad jurídica y la paz social, requiere que se liquiden situaciones inestables que de lo contrario podrían prolongarse indefinidamente con su secuela de incertezas. Y para ese fin la prescripción juega un papel verdaderamente relevante, al punto que se llegó a decir de ella que es la institución más necesaria para el orden social..." (AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, CLAUDIO KIPER y FÉLIX A. TRIGÓ REPRESAS, "CÓDIGO CIVIL COMENTADO. PRIVILEGIOS. PRESCRIPCIÓN.

APLICACIÓN DE LAS LEYES CIVILES" Bs.As. Argentina, Pág. 284).

'" E1i vista de la télesis del instituto, el legislador ha establecido distintos plazos de prescripción ponderando los lapsos de tiempo razonablemente necesarios para el ejercicio de los derecho ada situación jurídica particular, considerando la naturaleza, los intereses en juego, y endie do a la índole y características de los vínculos índole las considerados. Por lo demás, 1 regla e nuestro sistema positivo es la prescriptibilidad de las acciones para reclamar o que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva cional, s si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no lerner e dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si exist o rcional dad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre pro ura onciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución ,... /mi pinión, el interés general comprometido en la situación analizada serí siem e, . , " - . e 1 principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatori lo que e -yectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiend a sta final dad trascendente, pero sÍI l i ar e terés particular también involu ado, el de aportante, q e al se 1 culado o podrá acced r a los beneficios de una futura jubilació Cesar M. Diesel .Tughanns Gustavo E. Santander Dans Ministro CSJ.

,;¡¡nisro , Ojeda Víctor R,ws entiendo que la limitación legal se halla suficientemente justificada y que el plazo de tres (3) años se halla razonablemente, dimensionado, por fo que no devi;ne,incoi1stitucic;mal.

, or lo ,,pre.eptmta:te, expuesto,. .n 1atµción a las,. ?,,Crmas legales I citadas y en concordancia.con el parecer .del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parci,;tlJ;Y,lente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad, del 41 º de la Ley N 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay', en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de. la señora GRACIELA BELÉN BALBtJ;ENARODRÍGUEZ, ello de conformidad al Art. 555 dl C.P.C. ASI VOTQ.

1.- Los Abogados Isidro Magno Salinas Benítez y Karen María Matilde Durand Ramírez, en nombre: representación de ,la' señora Gabriela :elén Balbuena Rodríguez, se presentan a promover Acción de Inconstitucionalidad cpi;itr't el Artic.u,,q 1; dl,J¡,ey º -85,6/0Q., ';QI!,f, SUSTITUYELASLEYESNº73/91 Y 1802/01 DELA CAJ.ADEJUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidam.ente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancario.,

2.- La parte accionante alega que se encuentran transgredidos. los Artículos 46 y 109 de la ontüucó,11 y,fndamenta su acción manifestando, entre otra;:cosas, que "(. . .) conio bien se he_, eí(lc;/ao, ¡f os '.e<Pprtef r-eqlpmrdos guqlíd9n eptr/c,t(f rlacón I ppn el, dere cho (l la t;<f P,idad1 caso contrario, .ocurria u17i0;. apropir¡tci6n ,-qe, í Continúa diciendo que "(. . .);la propiedad es un poder directo e inmediato. que las personas, tiene sobre na cr¡s, n la cual, se atribu,Ye a ,u dular la capacf.dad dgozar Y, disponer de la 3. - El Artículo 41 .de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Articulo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con, una antigüedad superior a los diez años y que no'.tengan derecho a la jubilacióll., que fuesen despedidos, dejados esantes o que se. retiren voluntariamente de las entida'des'donde µrestanservicio. La Caja podrá optar por la aplicación del-citado 'm'onto a la amortización ó cancelacián de su obligación.' No serán s.z:teep(t/H¿,'. d,!. efe.lupiq 1 los <;1p1?rf,s. paior¡ilé,s, .. EL: e.i:eco .-:-sol'if"'lai e¡v..au.ci0-Ae aportes prescnbtra despues de tres anos del r,etlro del.a(iltado de su traba¡o, salvo qu,é ,el:mzs,r.n,o tenga deuda con l,a Caja, en cuyo caso los aportes s,erán aplzcados a la amortizq.ción. o.

cancelación de su obligació" (negritas y subrayados son míos).

7 :

4.- En cuanto a la_interpretación letrista del primer párrafo d- la norma ataqada, .surge que solainente aquellos, funcionarios bancarios c9p una antigüdaq;supe,1jor a. 10 año.sr podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5 .- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2. 345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en s.u Artículo 1º dice: "Art. 9º.

(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA.FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR - GABRIELA BELEN BALBUENA RODRIGUEZ C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 .- . (la'eoluc°tport:s prescrzbz:a despue_s e tres anos dl re_tz:o del afilzfº de su traba;, 4r1endo,,-es inconstitucional. Si bien. en unpnncipio he, sostenido lo contrario, jt; e f-e. ncesito rever 1:1-i lopinón en ete punt, considerando la exstencia de criterios jurídicos objetivos que .motivan un .nuevo razonamiento. Es dable resaltar-que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad enl la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me ermita exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las' personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9 .- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo. -- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".

Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. AsJ, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11. - Corno podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, 1a cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bandevolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiemp (sin té mino de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nu ca recla ó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los ubi d s", quien s se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es u a ntidad p visional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amp a los afi iados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en re uesta a éiichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doct n tien dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en d e franja considerada-como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia' en perjuicio ector ( ... )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en rm impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de eza ligato ia ., .dido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los a iados a a . .,.in -e, "retado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictor o alintere .- La a undancia del "interés eneral" en la norma da validez a la proposicié normativ impugnada Dota de gurida y estabilidad al atrimonio social de afectación, ejando a 1 Ministro / R, 01eda V'ctor ios M,inttrO Caja de, un climaele incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría e¡ equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio. que 'comulga con el mandato 7. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos' límites que resguarden el bienestar general: Nuestras normas 'garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Soda! y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto ele la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vz a la segurid 1ad jurídica que interesa a la sociedad misma. Est instituto encuentrasu respaldo último y soberano en lo que dispone el.Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como.la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado8. - Sobre este tema. la doctrínespecializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todlo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien 9 .- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y ele interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el, Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés delos.particulares primará sobre el interés general" .. Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma 'podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobreésta, más aún cuando. se utiliza 10.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 13 7 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de.nuestro ordenamiento normativo, ---;-.

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11.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " ( . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no 12.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines delEstado debe ser el resguardo del "interés general".

13 .- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP Nº 1461/2019 dictada en fecha 20 de enero de 2021, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que el 14.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos, y la Nota RAP Nº 1461/2019 dictada en fecha 20 de RA-t"'rf'c1-s1cto, firmando SS.BE., todo por ante r , de que esar M. Diesel Junghanns Miriistro CSJ. Dr. Víctor Rfos Ojeda Ministro CORTE SUPREMA oEJUSTIClA ACCIÓN "DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GABRIELA. BELEN BALBUENA RODRIGUEZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: <O(Qq Asunción, Z,, de os méritos del Acuerdo que anteceden, la de 2024 .- SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

9Í; . HCER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en IJencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a lo e ec s de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la accionante Gabriela Bele albuen Rodriguez, de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.

Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro