ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO C/ ART 1 DE LA LEY Nº4252/10 MODIFICA TO RIA DE LOS ART Nº 3, 9Y 10DE LA LEY 2345/03 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2003.- Nº: 581 AÑO: y SENTENCIA NÚMERO: See c.,ie..,tot:)e,i ' ,,,. lf.:idafe sunción, Capital de la República del. Paaguay, a los dOS días del e:ftle ,( 0;Ju, o del año dos mil ve1 n.J-10vo.ro , estando en la Sala de ,,Glde la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala N lucional, Doctores CESAij DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO C/ ART 1º DE LA LEY Nº4252/10 MODIFICATORIA DE LOS ART Nº 3º , 9º Y 1 Oº DE LA LEY 2345/03 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2003" , a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Señora PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO por sus propios derechos y bajo P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: La presente acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Sra. Petronila de Jesús Pereira de Samudio, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado contra el Art. 1 de la Ley Nº4252/201 O que modifica los Arts. ,3,9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público".
En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a lajubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en etteconccimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley".
Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en . sus atribuciones y deberes, en su ifia ad y do de Como se mencionó supra, los tre o er del Estad (EJ cut' o, Legi la rvo y Ju icial) tienen el mismo rango y el e bri entre ellose da a ravé d un sist a de fre os y GttStavo E. Santander Dans Ministró / Dr. Víctor Ríos Ojeda contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia anivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello,: , constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio E n ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO C/ ART 1 DE LA LEY Nº4252/10 MODIFICA TO RIA DE LOS "seuricfad soci f' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" -fArt.-103, é.iJ.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en onqnarída'con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en 19 dispone: " ... Todos /os paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre /os Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin .de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 10.1 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a Una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyaceen esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de g idad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o n . r la fórmu as con eradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluci nes e paso radua de e la actividad al retiro, es algo que corres de a valoración p lítica egislati a, y o al á bito del juicio de constitucio . I Gustavo E. Santande Ministro 3 Víctor Ríos Ojeda Miiüstro Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada, así como el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A. l. Nº795 de fecha - - 1.- A la cuestión planteada, el Doctor VICTOR RÍOS OJEDA, dijo: Se presenta ante esta Sala, la Sra. PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO, por derecho propio y bajo patrocinio de profesional abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9" Y 10 DE LA LEY N 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su calidad de funcionaria de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la acción ..
2.- Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14, 46, 86, 88 y 103 todos de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "( .. .)Que, el 22 de febrero de 2021 el jurado de enjuiciamiento de magistrados, Resolución mediante me notifica, que en virtud al Art. 9 de la ley 4252/201 O, modificatoria de la ley 2345103, debo acogerme a la jubilación obligatoria, por haber alcanzado los 65 años de edad, de esta manera la citada normativa me obliga a acogerme a la jubilación, específicamente por la edad que tengo, sin considerar mi capacidad profesional, mi currículum, mi experiencia como funcionaria pública, ya que incluso hace unos años atrás me he recibido de abogada de manera a poder realizar mejor y con excelencia mis funciones, las cuales hoy quieren cercenarme. Tengo suficiente fuerza física y moral, para seguir trabajando en forma honesta y así aportar un granito mas de arena al servicio del Estado Paraguayo. Por imperio de la Ley y no por voluntad propia, lo considero desde ya un agravio presente que me autoriza a plantear esta acción de constitucionalidad."
3. - Por Resolución Nº 7 de fecha 13 de noviembre de 1.992, se incorpora a la función pública como funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Se constata a fojas cuatro (4) de autos, la Nota DGGTH/JEM Nº62/2021, por medio de la cual el Presidente de la Institución (JEM), peticiona a Petronila Pereira, la documentación pertinente a los efectos 4. - Examinadas las documentaciones adjuntadas al escrito de promoción y considerando que la accionante reviste la calidad de funcionaria de la administración pública, y ante el inicio de os tramites para la aplicación de la Ley Nº 4252/2010 "QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS POR LA CAJA FISCAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES", por lo tanto, procederé al estudio de esta acción, manifestando cuanto sigue:
5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO C/ ART 1 DE LA LEY Nº4252/10 MODIFICA TO RIA DE LOS ART Nº 3, 9Y 10DE LA LEY 2345/03 DEL , po emos,.- 0 ncionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración I>'-¡ . Americana de los erechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en si - speciaí el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
e 7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos. lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que 'promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legitimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tienda al pleno (Articulo 87) y consagra el derech e públicos (Articuló 101 ), en un , gi en uniforme y-dentro 1.JUS(avo E. Santander Dans Ministro han ns 5 Ministro (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el ,accesp a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.
¡ 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad intentada por Petronila de Jesus Pereira de Samudio, en consecuencia corresponde el levantamiento de la medida cautelar decretada por A. l. Nº 795 A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 03/05/23 y procedo a emitir mi voto en La señora PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", modificado por la ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 Oº de la ley Nº 2345/03 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público".
La recurrente sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones De las constancias de autos surge que la recurrente acredita su calidad de funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. No obstante, teniendo a la vista la copia del documento de identidad de la misma se evidencia que a la fecha en que se emite el presente este cuenta con 67 años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.
EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º El aportan te que complete 62 (sesenta y des) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47 (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentara 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a las derechos que le otorga la Lev Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE CORTE SUPREMA oEJUSTIClA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO C/ ART 1 DE LA LEY Nº4252/10 MODIFICA TO RIA DE LOS ART Nº 3, 9Y 10DE LA LEY 2345/03 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2003.- Nº: 581 AÑO: JUB ACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626 o"DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por "/ . ciento) de sus aportes teeiizedos, ajustados por la variación del Índice de Precios al 91 p sumidor (IPC) del Banco Central del Perequey." .:.
Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier titulo, presten servicios Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador - en virtud al principio de reserva de ley- lafacultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
En atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO. Ordenar ellevantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I.Nº 795 del 2 Con lo que se .dio por terminado . acto, firmando SS.EE., todo por anle. mí, de que certifico, quedando acordad cia que inmediatamente sigue:
Ante mí: oda D Víctor Ríos 1e Ministro SENTENCIA NÚMERO: T% Asunción, 2,,- de ..
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por señora PETRONILA DE JESUS PEREIRA DE SAMUDIO, de conformidad a lo establecido en ORDENAR el lev tamiento de la Medida de Suspensión dispuesta por A.I. Nº l 5 de echa 2 de junio de 2021, dictada por esta Dr. Víctor Ríos Ojeda M1ütro