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Acuerdo y Sentencia N° 707/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA C/ ART 1° DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF EL ART. 3, 9, 10 DE LA LEY N°2345/2003 Y NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT). AÑO:2019.- Nº: 1082.

Antecedente ART 1° DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF EL ART. 3, 9, 10 DE LA LEY N°2345/2003 Y NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA C/ ART 1 DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE , s' ; ''tRPY SENTENCIA NÚMERO: e, ,,.,-b:, i e Q 0qet0dacle Asunción, Capital de la República dePa_raguaX a los DIOS días del filesae ""ÍVI Q del año dos mil ve..,l'i1 (.,,V,o , estando en la Sala de 1 '. . 0la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Wl.tl t-e'ional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA C/ ART 1 º DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF EL ART. 3, 9, 10 DE LA LEY Nº2345/2003 Y NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT).", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Sergio Enrique Aranda Mujica, en nombre y representación del Señor PEDRO Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: El Abg. Sergio Enrique Aranda Mujica, en representación del señor PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345103 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" y la Nota del 5 de marzo de 2019, de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Refiere que los artículos impugnados por medio de esta acción de inconstitucionalidad infringen disposiciones contenidas en los Arts. 6, 46, 47, 57, 86, 88, 92, 95, 103 y 138 de la Gustavo E. Santander Dans Ministro E I agravio presentado en autos se vincula al Art. 1 de la Ley 4252/1 O en la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, dicho agravio hace exclusiva referencia al límite de EI marco normativo que fuera impugnado estipula expresamente cuanto sigue:

Art. 1 (Art. 9).- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculara, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.

Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 "DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del índice de Precios al A fin de aclarar los conceptos corresponde primeramente traer a colación la disposición constitucional vinculada al sistema o régimen de Jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos principalmente al Art. 103 de la Constitución Nacional:

"Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento En atención al artículo constitucional transcrito precedentemente, se advierte que la propia Ley Fundamental delega al Poder Legislativo la facultad de regular el sistema jubilatorio, así, lo relativo a dicha materia se constituye en lo que se denomina como reserva Con relación al límite de edad establecido para el ejercicio de la función pública, diseñado en el articulo impugnado, tal y como lo hemos señalado, se encuentra dentro de las atribuciones constitucionalmente otorgadas en virtud al Principio de Reserva de Ley. Este ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA C/ ART 1 DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE "'Jlio i:f definido por Miguel Carbonell como "la remisión que hace normalmente la ,c.fs. ,.iJstit. llsn y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la 9 . gjlle determinada materia En otras palabras, se está frente a una reserva de ley (j;{!r_a ti:16, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico", reserva que puede ser absoluta o relativa según los términos que utilice el texto constitucional al referirse a ella. En nuestro caso, vemos que la Constitución en el artículo 103 no establece límite alguno en la materia, ni especifica cuáles serán los aspectos jubilatorios reglados por ley, lo que significa que la reserva de ley es absoluta, en otras palabras, la Constitución entrega la potestad de creación, modificación, derogación y limitación de todos los aspectos jubilatorios a la ley. En tal sentido, la edad para fijada para régimen jubilatorio se encuentra establecida en virtud a las potestades con las que cuenta el Congreso por delegación constitucional, lo que equivale a decir que la disposición en la parte que fuera cuestionada por el accionante no es contrario a lo que dispone el 103 de la Ley Fundamental, sino que es consecuencia directa de su cumplimiento, por lo que mal podría declarárselo inconstitucional.

Particularmente considero que no puede entenderse como contrario a preceptos constitucionales, ello debido a la potestad constitucional conferida al Poder Administrador para señalar o fijar la edad en la cual el funcionario debiera jubilarse. Es decir, dentro de las facultades regladas a la Administración se subsume la de indicar el tope máximo para ejercer F in al mente, con relación a la impugnación a la Nota del 5 de marzo de 2019, se advierte que la parte accionante no expone ni desarrolla los agravios concretos generados por las disposiciones cuestionadas, se verifica más bien una impugnación genérica, esta circunstancia -falta de desarrollo de agravios- impide su consideración por esta Magistratura, que de ninguna manera puede suplir por inferencia la omisión apuntada.

Conforme a las circunstancias precedentemente descritas, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA.

1. Me adhiero al voto del Ministro Dr. Cesar Diesel, por el RECHAZO de la presente Acción de lnconstitucionalidad planteada por el Abg. Sergio Enrique Aranda Mujica, en representación del señor Pedro Alejandrino Cohene Mendoza, según testimonio de Poder General que acompaña, en contra del Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY N 2.345/03 "DE REFORMAY SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PEN 10 S DE CTOR PUBLICO"; y de la Nota del 05/03/2019 de la Dirección Gener de Personas, del Instituto Nacional del Desarrollo Rura y la Gustavo E. Santander Dans Ministro 3 Cesar M. Oiesl Ministro CSJ, 2. De acuerdo al escrito inicial de presentación de la acción, los agravios del impugnante van dirigidos a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y 3. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.

4. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad 5. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria", y actualmente según copia de cédula de identidad del señor Pedro Alejandro Cohene Cardozo, realizando el cálculo, podemos determinar 6. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.

7. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato constitucional.

8. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legitimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA C/ ART 1 DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE di'!gntrGj-ipn de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, "'que'com p:,:'corísecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el 9. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como 1 O. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la Administración Pública.

11.Ahora bien, referente a la Nota de fecha 05 de marzo de 2019, también cuestionada por esta vía, se observa que el accionante no expuso ni desarrollo los agravios generados por la misma, como tampoco se coligen fundamentos que expliquen concretamente por qué se considera que dicha disposición es contraria a la Constitución Nacional, y cuál es el agravio concreto que la misma genera a su 12. Ante Ja ausencia de agravio con 'respecto a la Nota emitida por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el estudio por parte de esta Sala Constitucional tanto se torna inocuo ante 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 19/04/23 y procedo a emitir mi voto en El Abogado Sergio Enrique Aranda Mujica en representación del Señor Pedro Alejandrino Cohene Mendoza, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/10 "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 10º de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pension de Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 23 5/200 "De)a R forma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal Sistema de Jubilaciones y Pensio es del S c 6r Públi o" y, la Nota del 05 de marzo del 2019, de la D. ión Nacional de es rrollo Ru y de la ierra Minis ro 5 El impugnante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones Consta en autos copia de la documentación que acredita que el recurrente reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº 2345/03.

EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º- El aportan te que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley La Tasa de Sustitución será del 47 (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad la jubilación será Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos s;r: 'erl¾s a;sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado ., cónsecuenciá-de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.

Finalmente, con relación a la impugnación de la Nota de fecha 05 de marzo del 2019, Si l rav.irte que la parte accionante no expone ni desarrolla agravios concretos generados or las disposiciones cuestionadas, se verifica más bien una impugnación genérica, esta circunstancia que releva a esta Magistratura de mayores consideraciones.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA C/ ART 1 DE LA LEY 4252 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE MODIF NOTA DEL 05/03/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor Pedro Alejandrino Cohene Mendoza. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A. l. Nº 3148 Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por a e mí, d que certifico, quedando acorda ent ci mediatamente sigue:

Ante mí: Dr.

SENTENCIA NÚMERO: 1-0 -=t Asunción, ¿., de ) J) i 0 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el abogado Sergio Enrique Aranda Mujica en representación del señor PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA, de conformidad a lo establecido en el exordio O RD E NAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de dispuesta por A. l. Nº 3148" echa 31 de diciembre de 2019, dictada por es esar M. Oiesél' Junghanns Ministro CSJ. Ante mí: