ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR AMELIA CATALINA TORRES DE BORNE C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODF. LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LEY Nº ., :,,f1-t;p 1 iudad de Asunción, Capital dla República del Paraguay, a , del año dos mil , estand,-.; rt"la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores s, .'ff';,,-de la Sala Constitucional, Doctore, CESR MANUEL DIESEL JaNGftANNS, GUSTAVO SANTANDER DANS y VICTOR RIOS OJEDA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR AMELIA CATALINA TORRES DE BORNE C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LEY Nº 2345/2003, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Abg. Antonia Alonso Mostafá, en nombre y representación de la Señora Amelía Catalina P re vi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: La presente acción de inconstitucionalidad es incoada por la Abg. Antonia Alonso Mostafá, en nombre y representación de la Señora Amelía Catalina Torres de Borne, contra el Artículo 1 º de la Ley Nº 4252/2010 "Que modifica /os artículos 3º, 9º y 10º de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario ivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia repre entati a, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad hum na". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los po e es Le 'steiivo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, inación recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar ni a p rsona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma der A, blico. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen irnp ant derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atr.' u nes y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
0,JJ)P se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legis tivo y .9(?(, . nen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través df un sis ma , : ten s y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad d I sistem el '-'" tnperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades f ndamental s.
inguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, p ro tienen u a necesari interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen cie s atribucio es y compet ncias específicas, asig as jªs por la Constitución, en rma exclu va y excluyente que, po . lo, con ituyen su z na de reserva, vedada de l,a osi,bilidde ---=.:s;:; Dr. Victor Rws 0J da . Cesar M. Üil:? Junghanns MinfrtrD 1 liucavo E. Santander uans Minist'rCSJ. Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR AMELIA CATALINA TORRES DE BORNE C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LEY Nº ., é . rcÍlmoul ;e nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al aqellos ajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido s, t)aesde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar Va le apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona. de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.).
Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstanci , así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su ancia no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las ostulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que ponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de 1- .d. vo E Santander Dans Ministro Ministro CSJ.
' Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del escrito inicial de 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 57, 86, 88, 101, 102 y 103 todos de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "(. . .)Las leyes Nº 4252/201 O y 2345/2003 lesionan gravemente disposiciones constitucionales que resguardan /os derechos de aquellos funcionarios de la Administración Pública, al establecer la obligatoriedad de la jubilación, cumplidos /os Sesenta y Cinco años de edad, situación está que a todas luces es perjudicial a /os funcionarios con formación altamente técnica y que se han iniciados en la función 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que la parte accionante, a la fecha, cuenta con la edad de 67 años y por Decreto Nº 21645/98 se constata su calidad 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O a la señora Amelía Catalina Torres de Borne, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.
6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos /os 65 (sesenta y cinco) años de edad, la 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR AMELIA CATALINA TORRES DE BORNE C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LEY Nº : -n9cer'y ivzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la J:'>í-. -a, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las ét¡,as generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la Administración Pública.
13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta en autos. Es mi voto.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 26/04/23 y procedo a emitir mi A la cuestión planteada, se presenta la Abogada Antonia Alonso de Mostafá en representación de la Señora Amelia Catalina de Borne, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 Oº de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal Sistema de Refiere que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 46, 47, 57, 86, 88 y 102 de la Constitución Nacional. De los argumentos expuestos el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de eda ara ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 e la Le 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº . iesel J ghanns Mlhlstro,C.
jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior. pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal.
Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".
El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C. N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta.
En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se Por tanto, en atención a las consideraciones que anteceden, vist dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lu r a I Acción de lnconstitucionalidad promovida. En consecuencia, ordenar el le antami nto de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 367 de fecha 30 de ju 10 de 2020. E mi voto.-- Ante mGustavo E. Santander Oanbesar M. Oie-;el SENTENCIA J'ói¡Q8: 70"1 .
Asunción, l- de j ,.) i O de 202L( .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, 1. Sala Constitucional NO HACER LUGAR a la AMELIA CATALINA TORRES D LEVANTAR la medñía Nº 367 de fecha 30 de junde Gustavo E. Santande Dans Ante