ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ C/ ART. 1 º DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º, INCLUYENDO LOS ARTICULOS 5º, 6º, 10º DEL DECRETO 1579/2004 Y EL ART. 106 DE LA LEY 1626 DE LA FUNCION En la .-G udad de Asunción, Capital de la República del J?araguayJ a lo i::, O 0 días; del me, ,<;Je v .'o , del año dos mil vc,-"1 c...,rtestando en la 9:8-líih;Aüe os de la Corte Suprema dJusticia, los Excmos. Señores Ministros ae' .. Ja_í__Sala Constitucional, Doctores, CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, GUSTAVO SANTANDER DANS y VÍCTOR RÍOS OJEDA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º, 9º Y 10º DE LA LEY 2345/2003, INCLUYENDO LOS ARTICULOS 5º, 6º, 10º DEL DECRETO 1579/2004 Y EL ART. 106 DE LA LEY 1626 DE LA FUNCION PUBLICA, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ, por sus propios derechos y bajo P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: Considero que impera el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/20 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensio es d I sector público". Ello, de acuerdo con las consideraciones que siguen.--- evisa as las constancias de autos, se observa que a fs. 2 obra copia auten cada d la cedula de identidad de la accionante, en la que consta su fecha de 9 de marzo de 1954-, con lo que se comprueba que a la fecha cuenta umplidos, por lo que se encuentra sujeta a la jubilación obligatoria Com punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos a e señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la , rea del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y , ce ralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, speni J pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad human " En el ,J;:.-,- no ontexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los pod es ;,;J s:,,-<é 'gislati o, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, c/oordinaci n recípro o control. Ninguno de essee-eeaeres puede atribuirse, ni oior. ar a otro ni persona a una, individ I o e ective, facu des extraordinarias o la s a del Pod r Público. die , 1 fuera de le ". Todas estas caracterí ticas Justavo E. Santander Dans Ministro junghanns importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales.
Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.
202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).
En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.
Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º, INCLUYENDO LOS ARTICULOS 5º, 6º, 10º DEL DECRETO 1579/2004 Y EL ART. 106 DE LA LEY 1626 DE LA FUNCION , i t0rga al fu - temario por los años de permanencia y de servicios prestados a la <P. A ministracública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de .,... todo Pªiª yo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber / 9¡ '71?. _R-l R ... dentro de! sisema nacional de segridad social" . . . "el régi':'en de J b,I es de los tuncionenos y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual. derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc.
3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.
Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constit n mente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan propo cionali ad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y princ pios con titucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento or I cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el ce so a la f nción pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de s rv dores es atales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una ción de etiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del p rti ente ber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y uj to e la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la r ele marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.--
, rt f.iil:fal e, debe señalarse que subyace en esta cuestión el pro lema d la .iíl insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestaci n sustituti a el sal rio que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva 1 funcion io a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Ma , la referi ircunsta cia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este co piejo tema e las norm s de Seguridad Soci gran nuestro ordenamiento jurídico, y consonancia o no orla f, u las conside das más flexibles o equitati as, co Gustavo E. Santander Ministro Minist,t.o .CSJ. Mini,;no que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el A su turno, el Doctor RIOS OJEDA, dijo: 1. El Señor JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ AYALA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de profesional abogado, en calidad de funcionario. permanente del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, conforme instrumentales obrantes en autos, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", contra el Decreto Nº 1579/2004 y contra el Art. 106 de la Ley 1626 de la Función Publica, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.
2.- Alega el accionante se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 57, 86, y 88 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "(. . .) Que en la fecha he recibido una nota por la cual me comunican que por haber cumplido 65 años de edad el M. O.PC. iniciará los trámites correspondientes para desvincularme conculcando las normas constitucionales mencionadas precedentemente, obligándome contra mi voluntad a pasar a la inactividad laboral por la única razón de haber cumplido 65 años de edad (. .. )".
3. - De las instrumentales agregadas a autos surge que el accionante, a la fecha de la presentación de la acción, se encontraba con 65 años, edad límite para acogerse a la jubilación obligatoria y, por tanto considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/10 al señor JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ, procederé al 4.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.
5. -Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común -, Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad 6.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ C/ ART: 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º, INCLUYENDO LOS ARTICULO5º, 6º, 10º DEL DECRETO 1579/2004 Y EL ART. 106 DE LA LEY 1626 DE LA FUNCION .. '7Ahora-biri, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, e ructurádo coderecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la '.'-libEeconfi9uración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente ,orgó al lgislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste a- ,íl '' e debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, ent,enclo-que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
8.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato 9. - Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un 10.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplí s ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítim ment al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho 11.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no po í mos cali icaria de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional ntendi ento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho o para ayo de acceder a cargos en la Administración Pública.
12.- r último, en relación a la impugnación planteada contra los Arts. 5, 11 y 6/2000, se observa que el accionante se limita expresamente a mencion los, eo,ner vio alguno, lo cual impide su correspondiente consideració y r. ,e,' 1¡0 1 .- Por las consideraciones que anteceden, opino que correspon e i:.c RECHA R la presente Acción lnco j,tucionalidad. Levantar la edida caute r ispuesta n autos pm .. Nº 516 del 20 d marzo de 2020. Es mi v to.
--- Gustavo E. antander Dane M . . esar . 1e:,1::1 ung anns d Ministro Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos o¡« as Ministro A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 03/05/23 y he procedido a emitir mi voto en fecha 10/05/23. - El Sr. JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"4.252l1 O, modificado los Arts. 5, 8, y 18 de la Ley 2.345/03 y los Arts. 2, 3, 5, 6 y 1 O del Decreto Nº 1579/04, reglamentario de Ley 2345/03 y el Art. 106 de la El recurrente sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones De las constancias de autos surge que el recurrente acredita su calidad de funcionario del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. No obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad del mismo se evidencia que a la fecha en que se emite el presente este cuenta con 69 años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el El Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: Art. 9.EI aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley N 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO'; tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA ELARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 DE LA FUNCIONPUBLICA '; podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo -concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JOSE BENIGNO CUEVAS GOMEZ C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º, INCLUYENDO LOS ARTICULOS 5º, 6º, 10º DEL DECRETO 1579/2004 Y EL ART. 106 DE LA LEY 1626 DE LA FUNCION abso uto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la " cu 1,í'funcioñario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta.
En otros téri;n'i'nos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la ,, . tribución d/regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se En cuanto a la impugnación de los Arts. 5, 8 y 18 de la Ley Nº 2345/2003, los Arts. 2, 3, 5, 6, y 10 del Decreto Nº 1579/04 REGLAMENTARIO DE LA MISMA Y EL Art. 106 de la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública" debo manifestar que el recurrente se ha limitado a atacarlo de manera genérica y poco precisa, no habiendo expuesto los agravios concretos que la normativa cuestionada le causa, motivo por el cual esta Magistratura no podría expedirse al respecto, ya que se halla vedada la posibilidad de que la misma supla las omisiones de las partes.
En consecuencia y en atención a las consideraciones que anteceden, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Sr. JOSE BENIG O CUEVAS GOMEZ. Ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuest p el º 1516 de fecha 20 de octubre del 2020. ES MI VOTO.
Gustavo E. Santander Dans Ministro Ministro CSJ.
Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: t> ' Asunción, b'l de de 202 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la esar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. R, Oieda r Víctor tos 1 D Ministro