ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ASUNCIÓN CORONEL SANABRIA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252/10, QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º,9º Y A UR YTENCIA NÚMERO: S,'( '"-1 l"--vvfi,.v-t En la Ciudaé tíe Asunción, Capital de la República del paraguay, a los J .. J días del mes de Jv ,o del año dos mil ve'¡" kc...;,estando en la Sala de Acuerdos 1&1pGoSprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, : bfr-es CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUC:IONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ASUNCIÓN CORONEL SANABRIA C/ ART. 1DE LA LEY Nº4252/10, QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º,9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/03", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por María Asunción Coronel Sanabria por derecho propio y bajo patrocinio de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado al respecto del Art. 1º de la Ley Nº 4252/2010, que modifica los artículos 3º, 9º y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público". Ello, de acuerdo con las consideraciones que En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas 2do-por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1º define a la República del Paraguay, como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3º dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley".
Todas estas características tienen importantes derivaciones en los insti utas que ere misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo e f ncionami nto.
Como se mencionó supra, los tr_-deres del Est tienen el mismo ran --t-ea'lJ-Hi15rio entr ellos se da Gustavo E. Santander Dans --- Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente y que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.202 CN, la formación y sanción de las leyes (Art. 203 C.N), el juicio político (Art.225 CN), la designación de sus autoridades y empleados (Art.200 CN), la citación e interpelación (Art.193 CN), el voto de censura (Art.194 CN); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 CN, tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y de administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la IHV regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).
En consecuencia, a tenor la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de Ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de Ley Nº2345/03, modificado por la Ley Nº4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.
Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por Ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de CORTE - .. UPREMA ACCIÓN DE INCONSTTUCIONALIDD ' lUSTICIA PROMOVIDA POR MARIA ASUNCION .,,1){ CORONEL SANABRIA C/ ART. 1º DE LA LEY ... j B Nº4252/10, QUE MODIFICA LOS ARTS. 3,9Y : vst, más qh n agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los .,, años de permnencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado " por satisfecfiezederecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos úblico: (¼,tt'.101 CN) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" 1; cé'gln de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 CN) y dejar una núeva plaza, para igual derecho de otro paraguayo, en consonancia con el Art. 47 lnc. 3 de la CN, así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica ente el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y B5 de la CN), de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad, (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.
Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna conrespecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos, en el ámbito público, sin embargo, ésta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 CN), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47y 101 CN) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el goce del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la CN). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.
Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. 01eda Víctor Ríos Dr. r,-1nistro equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.
Corresponde además, el levantamiento de la medida de suspensión de efectos de la norma 1. La Señora María Asunción Coronel Sanabria, por sus propios derechos y bajo patrocinio de los Abogados Ramón Arguello y Julio César Coronel Vera, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 47, 86, 88, 94, 95 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: " ... se pretende que W.EE. haga lugar a esta acción .. ./// .. en la parte que establece la obligatoriedad de acogerse a la jubilación y así seguir trabajando para aumentar mi aporte a la caja de jubilaciones, y alcanzar de esta manera el aporte del 100hasta la fecha requerida para la 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que la parte accionante, a la fecha, cuenta con la edad de 68 años y conforme a las documentales acompañadas se constata su 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 Ley Nº 4252/1 O a la señora María Asunción Coronel Sanabria, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de CORTE , ? I z lUSTICIA PROMOVIDA POR MARIA ASUNCION /"' t.. CORONEL SANABRIA C/ ART. 1 º DE LA LEY '.Nº4252/10, QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º,9º Y . j . i .9eguridad S 1ial, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer ' la seguridad-; ocial como un derecho humano, con cobertura universal.
7. -En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel n.a;trJal e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que E!I constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión de la accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones.
Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo. de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los benef jubilato ios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de mbos gruos: 1 que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trab para con el st do y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la n ma mp gnada ar ntiza tan el derecho a la jubilación, co éñera1o al trabaj Gustavo E. Santander Dans Ministro O. da o-. vtetor Rios 1e Ministro 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 26/04/23, por lo que procedo a emitir mi La señora María Asunción Coronel Sanabria, promueve Acción de lnconstitucionalidad específicamente contra el Art. 1º de la ley Nº 4252/10 QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º, 9º y 1 Oº de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO".--- La accionante manifiesta que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad infringe las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 46, 47, 86, 88, 94, 95 Se constata a fojas veintitrés (23) de autos, que el accionante reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública, según Resolución Nº 284 de fecha 16 de setiembre de 2003, por el cual se nombra a la señora Maria Asunción Coronel Sanabria.
EI agravio presentado por la accionante se vincula al Art. 1 dela Ley 4252/1 O en la EI marco normativo que fuera impugnado estipula expresamente cuanto sigue: Art. 1 . (Art. 99).- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 "DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del indice de Precios al Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA ASUNCIÓN CORONEL SANABRIA CI ART. 1º DE LA LEY ., J . Nº4252/10, QUE MODIFICA LOS ARTS. 3º,9º Y 3 ., 'a , administraeión de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los 91 1 , La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualda e tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora Maria Asunción Coronel Sanabria. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A. 1 218 Dr. Victor Ríos Ojeda Mlnltro SENTENCIA NÚMERO: 6 Asunción, 0 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Gustavo E. San an r D 5 Ante Mi: Cesar M Mini tro O. da Dr. Víctor Ríos 1e Ministro