:coRTE SUPREMA . DEJUSTICIA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, - ,, CUESTIONES En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS DIJO: El Abogado Fiscal Hernán Martínez desistió expresamente del Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observan en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los 'términos autorizados por los arts.113 y 404 del C.P.C. Corresponde en A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA MANIFIESTAN: Que se adhieren al voto de la Ministra preopinante, por los mismos A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ DICIENDO: Por la resolución recurrida, el Acuerdo y Sentencia Nº 78 de fecha 09 de mayo de 2023 el Tribunal de Cuentas Primera Sala resolvió: "1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por el Abg.
Carlos Sosa J en representación de Atilio Reguera González contra la Res. Nº 71800001203 y otra, . dictadas por u sec taria de Estado de Tributación y, en consecuencia, VOCAR la esolución Particular Nº 36 de fecha 13/06/2019 y la Q Q 203 de fecha 21109/2021, ambas dictadas por la COSTAS a la remitir copia a ARGUMENTOS DE LAS PÁRJ'ES AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA 1 Í A fs. 118/130 el Abogado Fiscal Hernán Martínez expresa agravios contra el Acuerdo y Sentencia recurrido manifestando -en resumen- que el Tribunal' sostuvo que la Fiscalización Puntual concluyó en 52 días hábiles y que 'debía concluir en 45 días hábiles; al respecto, alega que el Tribunal se equivoca porque la Fiscalización Puntual concluyó en Refiere que el plazomáximo para la realización de' una fiscalización puntual' es de 45 días hábiles, prorrogable excepcionalmente por un periodo igual, mediante R1 esolución de la Administración Tributaria. Asimismo, menciona que la concesión de una prórroga para presentar documentos suspende el cómputo del plazo de la fiscalización, y que en el caso de autos la Orden deFi'scalización fue notificada' e11 fecha 25'/07 /2b 16 y debe tenerse 'en cuenta que se le ha concedido a la parte actora una prórroga decinco días hábiles para 'la presentación de documentos. Así, dice que dicha concesión ha suspendido por cinco días hábiles el cómputo del plazo de la fiscalización, conforme a la nueva redacción del art 17-de la RG Nº 4, establecida por el art. 1 º de la RG Nº 25/2014. Finalmente, subraya que dentro del plazo de ,45 días hábiles, en fecha 10/10/2016 se suscribió el Acta.Final.
;-- Con base en lo expuesto concluye que el Tribunal se equivocó porque no computó correctamente el plazo, es decir, no sumó los días como debía hacerlo según las disposiciones normativas vigentes, legales y reglamentarias. Por lo tanto, afirma que en el caso de autos la Fiscalización Puntual fue realizada de conformidad con el plazo establecido de 45 días En otro orden de ideas, alega que no se produjo la perención ( cac;lucidad) del sumario administrativo. Entiende que la Ley Nº 4679/12 era una ley de carácter general y por ende, no aplicable a los procedimientos administrativos, que ya contaban a esa fecha con una ley especial. (Ley Nº 125/'91), la cual contiene su propio procedimiento, con sus respectivos plazos y consecuencias. Agrega que el plazo de perención o caducidad que estaba previsto en la Ley Nº 4679/12, específicamente en el art. 11, no era aplicable a los procedimientos administrativos de la SET, porque la misma cuenta con una ley especial, aplicable sobre la Culmina su escrito solicitando que la Sala Penal revoque la resolución recurrida y conforme en todos sus términos los actos administrativos impugnados en la presente CONTESTACXóN DE LA PARTE ACTORA A fs. 134/150 el Abogado Carlos Sosa Jovellanos, en representación de Atilio Manuel Reguera, contestó el traslado de los agravios de la adversa. En síntesis, argumentó que el plazo legal establecido para la fiscalización puntual, cuando no ha existido resolución fundada de la Administración Tributaria prorrogando dicho plazo por un periodo igual, no puede ser suspendido ni prorrogado tácitamente por ningún motivo, salvo por resolución de la y que la ley no contempla suspensiones o interrupciones delplazo, puesto que este término nb es procesal, sino que es un término .legal, mediante el cual se le concede, excepcionalmente, al Estado intervenir y fiscalizar una empresa privada que, sin dicha autorización legal, no podrían hacerlo y sólo pueden ejercer esa intervención y fiscalización a la empresa, única y Continúa diciendo que el ejercicio del poder estatal solo es permisible mediante autorización de la Ley y exclusivamente dentro del plazo legal establecido y que cualquier exceso se constituye en un acto arbitrario, que nulifica la actuación y todas las consecuencias emanadas del mismo. En el derecho público el , rincipio rector es que sólo puede realizarse lo legalmente autorizado y dentro del plazo e tablecido. Lo que no está autorizado está prohibido, en contrario al principio en el der cho privado, en el que todo lo que no está prohibido, está permitido, porque en este camp rige la autonomía de la voluntad. Es así que la fiscalización fue notificada en fecha 28 de ju io de 2016 y ha concluido con el acta final de inspección realizada en fecha 1 O de octubre de O 16, lo que, computando exclusivamente los días hábiles (tesis que no comparte), arroja un exceso en el plazo de la fiscalización . Con respecto a la caducidad del suma, io administrativo, indica que su contraparte sostiene la interpretación de que como la L Nº 125/91 no establece la caducidad del sumar,i9 1 adn:iinistrativo,: la Ley N? 4679/12 qu sí expresamente dispone la ca1ucidadde los sumarios y trámites administrativos transcurr dos seis meses de inactiidad procesal, o puede aplicarse a los sumarios administrativos egidos por la Ley Nº 125/91, pues siendo una ley especial la omisión de la perención jie unai stancia, está por encima de la ley general.
Dice que ello le res1;1lta increíble, pues la interpretación correcta es todo lo contrario.
Como la Ley Nro. 125/91 río contempla la cad cidad de instancia por inactividad procesal en un plazo determinado, la Ley Nro.4679/12 que establece la caducidad de todos los sumarios administrativos del Esta ' al y de tod s sus reparticiones públicas, disponiendo un plazo de' seis mese ías de inactividad preces 1, tiene aplicación obligatoria a los sumarios administrativos revistos en 1 /91tex o actualizado por Ley Nro. 2421/04, como lo tiene deterrni ado, la jurisp ....... bzrA.-4=r,s casos que A Ministra son aplicables a juicios en instancia judicial, como el hecho de que estando en estado de resolución no corre el plazo de caducidad en los juicos contenciosos administrativos. Esta disposición: legal del Código Procesal Civil se ha: pretendido aplicar a los sumarios administrativos cuando se trataba de caducidad, lo cual si es totalmente forzado e inaplicable en los sumarios administrativos ante la Subsecretaría del Estado de Tributación.
, Concluye su escrito solicitando el rechazo del recurso interpuesto por la parte de'mandada y, en consecuencia, la confirmación del Acuerdo y recurrido, .con imposición de A,NALISIS JURIDICO DEL qASO Como antecedentes de la cuestión en estudio tenemos que por Resolución Particular Nº 36 de fecha 13/06/,201:9 el Viceministro de Tributación resolvió determinar la obligación fiscal delcontribuyente Castor Arcadio Franco, calificando suco1 nducta como d6fraudación y sancionándolo con la aplicación de la multa equivalente al '125sobre los tributas 'no ingresados. Lue,go, por Resolución Particular Nº 71800Ó0 1203 de fecha 21/09/2021 el Viceministro de Tributación resolvió no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente, confirmando la Resolución Particular Nº 36/2019.
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Posteriormente el Abogado Carlos Sosa Jovellanos, en representación de la firma Afilio Manuel Reguera, planteó demanda contencioso administrativa contra los actos administrativos citados en el párrafo anterior. Por Acuerdo y Sentencia Nº 78 de fecha 09 de mayo de 2023 ,el Tribunal de Cuentas Primera Sala resolvió hacer lugar a la presente demanda revocando los actos administrativos impugnados.
El Tribunal de Cuentas consideró, en relación a, la Fiscalización Puntual, 'que la misma sobrepasó el plazo de 45 días previsto en el art. 31 de la Ley Nº 2421/04. Asimismo, consideró que la instancia administrativa caducó, a tenor de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Trámites Administrativos, motivos por los cuales resolvió hacer lugar a la demanda.-- El representante de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra el Acuerdo y Sentencia detallado más arriba. En su escrito de expresión de agravios mJncionó, en resumen, que la fiscalización puntual no sobrepasó el plazo legal, así como que nd caducó Conforme se desprende del análisis de los antecedentes administrativos, consta.que en fecha 27 .de agosto: de 2016 el juzgado de ' instrucción llamó autos ¡ para resolver.
Posteriormente, el Vioeministro de Tributación dictó la Resolución Particular Nº 36 .en fecha q junio de 2019, determinando las obligaciones de 1firma contribuyente.
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! Con resp 1ecto la caducidad, del sumario administrativo, la ,Ley Nf 4679/1¡1 "De trámites administrativos" dispone n el artículo 11: 1 "Se tehdrán por abandonadas las instancias n toda clase de trámites 4dministrativos, 1 inqlyendo!los sumarios administfativos y 'caducarán de '.derecho, si no se ista sucurso 1e,ntr;: de los .seis 1!1eses, rj,esde a :última actuacion ". El referido cuerpo legal! establece, igualmente, que, ','La peren 1 cion de inltancia JUICIO: "ATLIO NUEL REGPERA : ONZALE¡ ca lCQE;R I o nbVuso co½tra el. Esthd0, las municipblidaes toda aurdridad a minist ativ" r i25¡9 ¡ - no tab eyn - lbs1 t - ninudiJo, iCión bon ce nibnte all la r perencib dJ la instncia respectd de .losl trárilitbs i'sumariale , l le slon aplicables supletoriamente las disposiciones de la1 Ley Nº 4679/12, particularmente los dos En estas condiciones resulta categórico que, entre el llamado de autos de fecha 27/08/2016 y la Resolución de determinación del tributo, dictada en fecha 13/06/2019 transcurrió eq. exceso el plazo de caducidad del sumario previsto en la Ley de Trámites Administrativ 1os. Cabe agregar que el referido cuerpo legal dispone, igualmente, que "La perención de instancia tiene lugar incluso contra el Estado, las municipalidades y toda autoridad administrativa" (artículo 12). Así, el procedimiento administrativo llevado en la Subsecretaría de Estado de Tributación caducó de pleno derecho.
El artículo 196 de la Ley Nº 125/91 establece: "Actos de la Administración: Los actos de la Administración Tributaria se reputan legítimos, salvo prueba en contrario, siempre que cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativos a competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente. La Administración Tributaria podrá convalidar los actos anulables y subsanar los vicios de que adolezcan, a menos que se hubiere interpuesto recursos jurisdiccionales en contra de ellos". Conforme las constancias de autos, los actos adminitrativos impugnados en el presente juicio fueron dictados como consecuencia de un procedimiento administrativo viciado, ya que operó la caducidad de la Respecto a los demás argumentos esgrimidos por las partes, resulta aplicable lo dispuesto en la última parte, del inciso c) del artículo 159 del Código Procesal Civil, siendo ya tales argumentos inconducentes para resolver la cuestión, habida cuenta de todo lo ya En conclusión, consider orresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda y confirmar el fallo recurrido, con costas a la perdidosa de ismos fun Or, Manu Dojesú1; Ramír z Candi MINISTRO l. ir1anes O.
aro 1rfll J.,U"' Ministra A SU TURNO, EL MINISTRO MANUEL RAMÍREZ CANDIA, DIJO: Me adhiero al voto de la Ministra Preopinante MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS en el sentido de Confirmar el Acuerdo y Sentencia Nro. 78 de fecha 09 de mayo del 2023. Sin embargo, disiento en relación a las costas ya que considero que las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del¡ acto administrativo declarado irregular.
En el presente proceso, el' acto administrativo impugnado fue declarado nulo en esta instancia, por lo que se configura su carácter de acto administrativo irregular y el art. 106 de la Constitución Nacional en lo pertinente dispone que "Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables ... ". En efecto, cuando el acto administrativo declarado nulo por la autoridad competente, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad del acto administrativo, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo revocado. En este sentido, el autor Rafael Bielsa, ha expresado: "Si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, éstos seguirán gozando de la impunidad de sus actos irregulares, y el Estado, es decir, el tesoro público, cargará con las consecuencias de esos hechos. Con hacer responsable al Estado, lo que resulta es una incidencia injusta de esa responsabilidad en los administrados o contribuyentes, pues toda indemnización que el Estado paga, se resuelve en una carga para los contribuyentes honestos o no culpables de las faltas de los funcionarios". (BIELSA, RAFAEL; Estudios de Derecho Público, Tomo IV, Depalma, í, que lo certifico Asunción, A, t 1: VISTOS: Los méritos del Acuerdo'que antecede; la,
,---,.- CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 1 ' ACUERDO Y SENTENCIA Nº: SALA PENAL
RESUELVE:
ER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada cia, CONFIRM'-Cl-cuerdo y Sentencia Nº 78 de fecha 09 de mayo de rimera Sala, por los fundamentos expuestos en el Ante mí: g)5áí o . nes Dra. Ma. Carolm a Ministra