ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ISIDRO EMMANUEL RUIZ DIA.Z FERNANDEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY Nº : 'l. :,-r En la ciJad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Je,¡,,J.;dos días, del mes de -o/ 'iº , del año dos mil Jeíri;wah--o, estando en la Sala de Acuerdos , de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, :,,, ';-9C,,df-CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y, 'GUSTAVO ENRIQUE SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ISIDRO EMMANUEL RUIZ DIAZ FERNANDEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY Nº 4773/2012, Y LA NOTA RAP 1666/2021 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor ISIDRO EMMANUEL RUIZ DÍAZ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS dijo: El
Señor Isidro Emmanuel Ruiz Díaz Fernández, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de mayo del 2021, en razón de ser contarios a los Arts. 46, 4 7, 86, 95 La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la ,a licacion del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susc tibie de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de apo tes pres ribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo ten a deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o Que 1 accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada n r ativa razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja B n: aria a respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida p ra el fecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado , :,xtero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliad la : ªJª d Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido 1 calid 1;,,:,(C'de funci narios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos r quisitos a) que cu nt con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a labilación q ' es im rtante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legis a sobre 1 se ridad ocial dá dole un espectro obligatorio e .tégral para el trabajador depen iente y s Ciiar M. Diesel JC'nghanns Ministro CSJ.
Gustavo E. Santa Ministro Dr. Víctor íos Ojeda Ministro familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art.
11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - Art. 109 - ni comprende una vulneración al principio de igualdad - Art. 46 -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD t?r'1:llMA PROMOVIDA POR ISIDRO EMMANUEL RUIZ DIAZ 4 . USTIClA FERNANDEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 -.:, ª.t PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY Nº ,?c;ndo ":E.-imer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un 1.. szs ma obliga: o ... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la segurísocial es individual, tiene una repercusión social ... ". En el contexto de una --¡ ,,.sier grfi0crática- art. 1 - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés .part:-icu<1r .'.:..'.art. 128 -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza eI'goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como e/fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesta legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser con e as como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que lo trabaja ores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere Por ltimo, el recurrente ha impugnado la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de mayo d l 202ldic ada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al re pecto, c be destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de J ilacio s y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución d apor s de la afiliada por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá correr la suerte que el Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 precedentemente analizado.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las isp sici s normativas citadas y visto el Dictamen Fiscal Nº 71 O de fecha 17 de abril de 2023 ne a fs. 12/13, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad pitn'' a prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/0 UE 'loG-,JJSTI UYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILAC NE Y ';.,'-''"' ENSI ES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde e exige u a antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de I s aport j orr , consecuentemente la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de may del 2021, dictada por 1 Caja de Jubilaciones y Pensiones mpleados de Banco y Afin , dejand Gustavo E. Santander Dans Ministro 01eda Víctor tuo» Mimstro subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante de conformidad a lo
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO CÉSAR DIESEL
JUNGHANNS, DIJO: El señor Isidro Emmanuel Ruiz Díaz Fernández, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY y contra la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de mayo del 2021, dictada por la Caja de Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47, 86, Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a !ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3 º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura". - En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ISIDRO EMMANUEL RUIZ DIAZ FERNANDEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY Nº a5 e: "Co - onderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin 'iotrvperjudicad0: e el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones e;,' 're, En. la ndiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de ; Jif,-'ue implica n trato claramete discrminatorio hacia loaociados ba?carios que, corrro en el caso del accionante hayan sido desvmculados de la actividad bancana y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Isidro Emmanuel Ruiz Díaz Fernández, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109 de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de En cuanto a la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de mayo del 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución Nº 26, acta Nº 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y visto el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Isidro Emmanuel Ruiz Díaz Fernández, ello de 1.- El señor Isidro Emmanuel Ruiz Díaz Fernández, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de mayo del 2021. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su 2.- El a ante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 86, 95, 103, 109 y 137, e la C nstitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( .. ) la omi ián de evolver los aportes está generando un indebido favor a la CAJA DE U !LACIO ES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES en razón de que el dueño de mis aportes (señor ISIDRO EMMANUEL RUIZ DÍAZ FERNÁNDEZ). La ision de o devolverlos me ocasiona una "confiscación de bienes(. . .)".
El A 'culo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la olu ón de sus a ortes a los uncionarios ue cuenten con una anti üedad su erior a los ue no ten an derecho a la íubtlacián ue uesen des edidos de tados cesantes o Gustavo E. Sant-c.cMinistro R, Oieda D Víctor ws J Ministro 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5 .- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1º dice: "Art. 9.
(. .. ) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo. -- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes CORTE UPREMA USTlCIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ISIDRO EMMANUEL RUIZ DIAZ FERNANDEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY Nº 111 :- Comop tiernos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador ' fít 1eqU:iié;t, cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tíen.6 interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es q jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inca stituci nalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que ichos p eceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de s erechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien n s ejercit, en e termino pre 15 - e tal odo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la tera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de a C , cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el in rés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que 1q iera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se t1tiliza ll'"' ítO se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondient J, ,:' e gÚar o constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en/la norma: 17.- De ier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace r ferencia a ( .. ) ar lo más, también dijo la Corte que ren ad de los benefici s propio anns Gustavo E. Santander Dans Ministro , Ojeda Víctor Rios pr. nstro de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 de mayo del 2021, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que el art. 41 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar co a antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus té ñios, la Nota RAP Nº 1666/2021 de fecha 11 e m o cto, firmando SS.EE., todo por ante í, de qu ustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Asunción, l, de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la de 202 .- SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en - consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, así como la Nota RAP Nº 1666/2021 de fec a 1 de mayo del 2021 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Barre, y Afin s, con relación al señor ISIDRO EMMANU RUIZ DIAZ FERNANDEZ, de co ormidad a Ministro