ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: '"ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. , ituEi-1 YSENTENCIANÚMERO:c0uif")""ºe,,Íl!(.,(/t(A 'Í c.,va./-ro. ,E-rí ,la-'Ciu - <,Je Asunción, Capital de la República dePa!aguay, a los Ve) n:c!cs días del mes d , o/"" a-lo del año dos mil v "'wo.í"'O , estando en la Sala de de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/200 QUE MODF.LOS ARTS. 3º, 9º Y 10º DE LA LEY 2345/03", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Señora ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta la señora ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada a promover acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº4252/201 O que modifica los Arts. 3, 9 y 1 O de la Ley Nº2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal.
La accionante sostiene que la norma impugnada viola las disposiciones contenidas en los artículos 46, 47 y 57 de la Carta Magna, y que no existen argumentos legales que sostengan la posibilidad que a través de las normas atacadas de inconstitucionales pueda ser afectado su derecho al trabajo por haber alcanzado la edad de 65 años.
En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El eierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de sep ación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes pu e etr. uirse, i otorgar a otro. ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extr on inarias la suma del Poder Público. La dictadura está fuera " Todas e tas ca a terística tienen importantes derivaciones en los institutos que crea us atribuciones y deberes, en su finalidad y odo de Gustavo E. Santander ans Ministro ,oeda Vctor Ríos ., pr. Minstro ACCIÓN DE INCQNSTITUCIONALIDAD; - "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. - contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio E n ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no CORTE UPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. s1 ifica queco misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitu í.:., lidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
, ERO ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir ..910,-:em1itud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad societ: ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en .consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así cómo del Art. 101 de la Carta Magna, en . cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fiien una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 . . y el recambio die la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor p blico que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al ese so, co el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la e ecial protección e o p rs na de .la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. , 57 y 5 de la C.N.). or est razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser repr chada e Final ente, de e señal se que subyace en esta cuestión el problema de la eventu 1 insuficienci del ha r jubil rio pbr.a.c__como una prestación sustitutiva del salario qu s dejará d i p el Gsi, 'dad, lo que llev -, r.; t vo E Santander üans a.1rtii'íMm:ttm--ceesar M. Diesel JunghannsJUS a ..... I ro .f - R'os 1e Víctor 1 ACCIÓN DE INCQNSTITUCIONALIDAD: - "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. - - postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo 10tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito P o r todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción 1.- La Señora Alicia Paredes Vda de Bogado, por derecho propio, bajo patrocinio de Abogada a promover Acción de lnconstitucionalidad contra la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º 9º Y 10º DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 2.- Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 46, 47 y 57 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que no existen argumentos legales que sostengan la posibilidad de que a través de las normas atacadas de inconstitucionales, pueda ser afectada en su derecho al trabajo atendiendo a que se encuentra en total y plena capacidad física y psíquica para seguir atendiendo a sus pacientes, teniendo en cuenta que la misma es licenciada en Psicología y desempeña funciones en el Hospital Materno infantil de San Lorenzo, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Actualmente, cuenta con sesenta y ocho años de edad y le retirarán obligatoriamente de su cargo lo cual la perjudica ya que ésta limitación de edad, no 3.- De las instrumentales agregadas en autos, surge que a la fecha, que la accionante cuenta con sesenta y ocho años de edad, lo cual, actualmente es pasible de una inminente aplicación de la ley 4252/1 O, atendiendo a que es funcionaria permanente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo cual procederé al estudio de esta acción en base a 4. - Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 5. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración CORTE UPREMA ,JhlSTICIA Am ricana los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERE_Clj/f$!ICONÓMICOSOCIALES Y CUL URALES" . convenios de la OIT (en 1ep1a02, de norma rrururna de segundad social), el Convenio Multilateral de Segundad s ótt, Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
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6.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº . 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 7. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 8. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 9. - Además, debemos considerar que el límite: de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones.
posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo e I sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden cced r a un puesto de trabajo en la función pública.
Cesc1r M. Diesel Junghanns .. Mh1stro , Ojeda Víctor RWS ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: . "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS.
Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.
11. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 12. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 25/05/23 y he procedido a emitir mi voto en fecha 02/06/23.
Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por la señora ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/1 O "Que modifica los Arts. 3, 9y 1 O de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del La recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los principios De las constancias obrantes en autos, surge que la recurrente acredita la calidad de funcionaria de la Administración Pública, prestando funciones en el Hogar del Adolescente como licenciada en Psicología, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. No obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad de la recurrente, se evidencia que a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, contaría con sesenta y nueve años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.
En cuanto a las impugnaciones vertidas en relación al Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9º. El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria, El manto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley, La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecida por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta par ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades CORTE SUPREMA ' , , JUSTICIA 'l, diversas - , especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquello "q e se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilac(1;1 aun apelando a los derechos que IEi otorga la Ley Nº 3856/02 "QUE ESTABLECE LA/,MULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE -/:3 LACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay" ..: Ahora bien.' corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el . régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que las organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a las aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, baja cualquier titulo, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la CN. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verif vulneración constitucional alguna.
En consecuencia, e aten ión a las consideraciones que anteceden, visto el men de la Fiscalía G ral I Esta o, opino que no corresponde hacer lugar a la cció de lnconstitucion dad ro ovida I señora ALIDA PAREDES VDA DE BOGA9 . ES MI "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS.
Cesar M. Diesel .:nin'ghanns Gustavo E. Santander Dans Ministro csi. M;ni,,tro tn. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCQNSTITUCIONALIDAD: "ALIDA PAREDES VDA DE BOGADO C/ LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. SENTENCIA NÚMERO: S':)l.-f Asunción, de de 2.02¼- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
R' Ojeda D Víctor ,os . r. Ministro