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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 557/2024

22 de mayo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HECTOR DIONISIO PERALTA MARTINEZ CI LEY Nº 425212010, QUE MODF. LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LEY Nº 234512003 EN SU ART. 1º EN RELEVANCIA EL ERT. 9º DE LA LEY 2345/03". Nº 425. AÑO 2019

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HECTOR DIONISIO PERAL TA MARTINEZ CI LEY Nº 9º Y 1 O DE LEY Nº 234512003 EN SU ART. 1º EN RELEVANCIA EL ERT. 9º DE ,1,. "'- E,n 1 (CJ Ciudad L de Asunción, Capital de . la República del ,. P.aaguay,f 1c?s 0e.,inT ' cXJdías, del mes de .rY"l o--¡p , del año ,. ,.dos mil -1):-J-, c,,ro , estando en la Sala de Acuerdos de Ía Corte Suprema de '--, Justicia. los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, GUSTAVO SANTANDER DANS y VÍCTOR RÍOS OJEDA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HECTOR DIONISIO PERALTA MARTINEZ CI LEY Nº 425212010, QUE MODF.

LOS ARTS. 3º, 9º Y 10 DE LEY Nº 234512003 EN SU ART. 1º EN RELEVANCIA EL ART. 9º DE LA LEY 2345103", :a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor HECTOR DIONISIO PERAL TA MARTINEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: el señor HECTOR DIONISIO PERAL TA MARTINEZ, Acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 1 O DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE A CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES Refiere que los artículos impugnados por medio de esta acción de inconstitucionalidad infringen posiciones contenidas en los Arts. 6, 46, 47,57 y 137 de Se constata a fojas tres (3) de autos, la Nota SGNº 25/2019 de fecha 14 de enero de , por medio de la cual la Dirección de Desarrollo de las Personas del Minister" de alud Pública y Bienestar Social peticiona al Director del Hospital Gener Pediát ico "Niños de Acosta Ñu", dependencia en la que el accionante presta ici , la doc mentación pertinente a los efectos de iniciar los trámites obligatorios 1 agr io presentado en autos se vincula al Art. 1 de la Ley 4252/1 O en la edifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, dicho agravio hace exclusiva refer n i l límite de edad .establecido para el ejercicio de la función pública.

marco normativo que fuera impugnado estipula expresamente cuanto sigue: rt. 9º).- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que on a ' os 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la ja I ión rdina I monto de la Dilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa e ,rció de la remuneración base) por la Remuneración ese, tal como se la defin se e el Artíc lo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siet p ciento) ara una antigüd veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete pu tos pare tual 81)or e éla año de s icio adicional hasta un tope de1 .Gustavo E. e, ander Dans""' Ministro ;,,,--- Cesar M. Diesel dunghanns MinistrocsJ. , . ne 01'eda D Victol '., Min1su-o por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 'CTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, partir de la fecha de la Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 "DE LA FUNCIÓN PUBLICA"; podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco A fin de aclarar los conceptos corresponde primeramente traer a colación la disposición constitucional vinculada al sistema o régimen de Jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos principalmente al Art. 103 de la Constitución Nacional: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.

La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".

En atención al artículo constitucional transcrito precedentemente, se advierte que la propia Ley fundamental delega al Poder Legislativo la facultad de regular el sistema jubilatorio, así, lo relativo a dicha materia se constituye en lo que se Con relación al límite de edad establecido para el ejercicio de la función pública, diseñado en el artículo impugnado, tal y como lo hemos señalado, se encuentra dentro de las atribuciones constitucionalmente otorgadas en virtud al Principio de Reserva de Ley. Este principio es definido por Miguel Carbonell como "la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. 'n otras palabras, se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico", reserva que puede ser absoluta o relativa según los términos que utilice el texto constitucional al referirse a ella. En nuestro caso, vemos que la Constitución en el artículo 103 no establece límite alguno en la materia, ni especifica cuáles serán los aspectos jubilatorios reglados por ley, lo que significa que la reserva de ley es absoluta, en otras palabras, la Constitución entrega la potestad de creación, modificación, derogación y limitación de todos los aspectos jubilatorios a la ley. En tal sentido, la edad fijada para el régimen jubilatorio se encuentra establecida en virtud a las potestades con las que cuenta el Congreso por delegación constitucional, lo que equivale a decir que la disposición en la parte que fuera cuestionada por el accionante no es contrario a lo que dispone el 103 de la Ley Fundamental, sino que es consecuencia directa de su cumplimiento, por lo que mal Conforme a las circunstancias precedentemente descritas, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor HECTOR DIONISIO PERAL TA 1. A su turno, el Doctor RÍOS OJEDA, dijo: me adhiero al voto del Ministro Dr. Cesar Diesel, por el RECHAZO de la presente Acción de lnconstitucionalidad planteada por el señor Héctor Dionisia Peralta ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HECTOR DIONISIO PERAL TA MARTINEZ C/ LEY Nº 9º Y 1 O DE LEY Nº 2345/2003 EN SU ART. 1º EN RELEVANCIA EL ERT. 9º DE 1, artíriez, p0Jus propios derechos y en causa propia, bajo patrocinio de .-AbogadosAe6 calidad de funcionario permanente del Ministerio de Salud :.- .t¡ Públic.,1BWnestar Social, conforme instrumentales obrantes en autos, en

ntra'-él Artículo 1 de la Ley NO. 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARflCULÓS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO"; y en ese sentido me permito 2. Manifiesta el accionante que las normas impugnadas lesionan los artículos 6, 46, 47 57 y 137 de la Constitución Nacional. Sosteniendo en lo medular de su escrito que: la disposición en cuestión, vulnera directamente sus derechos, considerando que a los 65, años(sesenta y cinco) años de edad, la Ley obliga acogerse a la Jubilación estableciendo una EDAD MAXIMA para ejercer funciones, y a la fecha, ha sido convocado para discutir su situación laboral, EMPLAZADO PARA GESTIONAR SU JUBILACION, en vista de. que ya posee la edad que establece la ley "como límite para ejercer. la función pública"; y que la aplicación de dicha ley causara un efecto negativo directo en su calidad de vida, un detrimento en su patrimonio, con lo cual quedará sin los medios económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y mucho menos la de su familia.

3. Cabe señalar que, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción, los agravios del accionante van dirigidos a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y 4. De acuerdo a la copia de la cédula de identidad del Señor Héctor Dionisia Peralta Martínez, obrante a fs. 2, podemos inferir que el mismo a la fecha cuenta con 70 (setenta) años de edad, es decir, pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O (Que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03), razón por la cual precederé al estudio de esta acción en los 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pi reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su eám ulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos eprese tantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconocíendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando 'todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la iubil ción", como derecho fundamental en la vida del trabajador.

forme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y trñcados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden in ernacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la 6 ... liafflción Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de DE ECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los onve ios de I OIT (en especial el 102, ele norma mínima de seguridad social), 1 Conv nio Multilateral de Seguridd Social del Mercado Comin Del Sur Merco ur, Convenio Multilateraí.Iberoamericano de Segurida Social, as como convenios bilater es de segu ad social, que tienden a reconocer 1 ....-:::;:;:::;seguridafd::sJiaun der-:::.echo hu iano, con cobertura un iv rsa 1.

ans. Cesar M. Oies ' nghar.,:/ ola vtctor zos Jeí Ministro..E.SJ. Dr. 1 Ministro 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria".

8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.-- 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato constitucional.

10. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad. Es mi voto.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HECTOR DIONISIO PERALTA MARTINEZ C/ LEY Nº I. " -- ¾,1.!,' -, ART. 1º EN RELEVANCIA EL ERT. 9º DE 'l... .. sutur I Doctor. SATANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar qut .E;-s. éiuJ!Jeron puestos a mi consideración en fecha 21/04/23 y procedo a <r s, l;rl'.6-HECTOR DIONISIO PERALTA MARTINEZ, promueve acción de inc-cYA lltli81onalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts.

3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector E I accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 46, 47, 57 y 137 de la Constitución Consta en autos copia de la documentación que acredita que el recurrente reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública.

EI Art. 1 .de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º. - El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando faTasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.

Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecidopor el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Indice de Precios al Consumidor Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art.

103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentrodel sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados público,. atendiendo a que los organismos autárquicos creados conese propósito acuerden a los, eoortentes y jubilados la administración de dichos entes bajo control. estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado . .:. La ley garantizará la actualización- de los haberesjubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".

El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor HECTOR DIONISIO tencia que inmediatamente sig Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro MERO SS VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovid por el Señor HECTOR DIONISIO PERAL TA MARTINEZ. :.

Gustavo E. Santander Dans -¼ Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro